Siendo ignorado el paradero de D. Manuel González Díaz, como representante de Dña. Juana Venancia Díaz Hernández, a efectos de notificación de la Orden Departamental de fecha 14 de noviembre de 2005, por la que se deniega la ayuda excepcional solicitada para paliar los daños causados en viviendas y/o enseres como consecuencia del temporal de lluvias acaecido el 31 de marzo de 2002, en los municipios de Santa Cruz de Tenerife y San Cristóbal de La Laguna, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, este organismo
R E S U E L V E:
Notificar a D. Manuel González Díaz, como representante de Dña. Juana Venancia Díaz Hernández, la Orden Departamental de fecha 14 de noviembre de 2005, cuyo tenor literal es el siguiente:
"Vista la solicitud de ayudas por daños sufridos en vivienda y/o enseres presentada por Dña. Juana Venancia Díaz Hernández, provista del D.N.I./N.I.F. nº 42051188, por la que se incoa el expediente administrativo de referencia.
Visto el Informe-Propuesta evacuado por la Oficina de Ayudas a los Damnificados del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.
Vista la Propuesta de Resolución formulada por el Ilmo. Sr. Director del Instituto Canario de la Vivienda.
ANTECEDENTES
Primero.- Con fecha 20 de mayo de 2002, Dña. Juana Venancia Díaz Hernández presentó en el Registro de Entrada del Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna, "solicitud de ayuda para unidades familiares o de convivencia económica para hacer frente a situaciones de emergencia o catástrofe", junto con diversos documentos.
Segundo.- Una vez analizada la solicitud y la documentación aportada por la solicitante, no se puede comprobar que la misma sea propietaria de la vivienda afectada, no constituyendo ésta su domicilio habitual y permanente.
Tercero.- Con fecha 29 de abril de 2002, los Servicios Técnicos del Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna emiten Informe en el que cuantifican los daños ocasionados en vivienda y/o enseres.
Cuarto.- El 13 de junio de 2002, la entidad local antes mencionada, dentro de la relación de afectados por el temporal, propone la ayuda económica de 27.500 euros a favor de Dña. Juana V. Díaz Hernández como propietaria que opta por la indemnización.
Quinto.- Dada la contradicción existente entre la declaración jurada de que la vivienda afectada es el domicilio habitual y permanente de la solicitante y la certificación expedida por D. Antonio María Hernández Hernández como Presidente de la fundación Hogar Santa Rita donde se establece que Dña. Juana Venancia Díaz Hernández reside desde el 22 de octubre de 2001 en el Centro Hogar Santa Rita del Puerto de la Cruz, es por lo que en reiteradas ocasiones se solicita por parte del Instituto Canario de la Vivienda al Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna como órgano instructor, aclaración de dicha situación.
Sexto.- El 6 de abril de 2005, el Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna emite Informe en el que entiende que la solicitud de ayudas presentada por la interesada ha de ser desestimada al no constituir, la vivienda afectada por las lluvias, domicilio habitual y permanente de la unidad familiar de la solicitante.
Séptimo.- El 3 de agosto de 2005, el Instituto Canario de la Vivienda notifica debidamente a la solicitante la apertura del trámite de audiencia previsto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, transcurriendo el plazo de audiencia de 10 días sin que hasta la fecha hubiere realizado alegación alguna.
De todo lo anterior se deducen los siguientes
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- En cuanto a la competencia para resolver el procedimiento administrativo para la concesión de ayudas excepcionales destinadas a paliar los daños causados en las viviendas y enseres como consecuencia del temporal de lluvias acaecido el día 31 de marzo de 2002, es competente la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Aguas del Gobierno de Canarias, previa autorización del Consejero de Economía, Hacienda y Comercio, de conformidad con lo establecido en el artículo 6 de la Orden Interdepartamental de 29 de mayo de 2002 y en la Orden de delegación de la Consejería de Empleo y Asuntos Sociales de fecha 25 de abril de 2002. La remisión hecha a la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Aguas ha de entenderse realizada a la Consejería de Infraestructuras, Transportes y Vivienda, tal y como se prevé en el artículo 3 del Decreto 241/2003, de 11 de julio, del Presidente, por el que se determinan el número, denominación y competencias de las Consejerías del Gobierno de Canarias.
Respecto a la competencia para la instrucción del procedimiento, ésta corresponde a los Ayuntamientos de los municipios afectados, de conformidad con lo previsto en el artículo 5, apartado 1º, de la Orden Interdepartamental de 29 de mayo de 2002.
Segundo.- En cuanto al procedimiento, se han observado las prescripciones legales establecidas en la Orden Interdepartamental de 29 de mayo de 2002, que desarrolla el Decreto territorial 39/2002, de 8 de abril, y en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, reguladora del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Tercero.- Respecto al fondo del asunto, el objeto del expediente administrativo incoado a instancia de la interesada tiene por finalidad la concesión de ayudas excepcionales destinadas a paliar los daños causados en las viviendas y/o enseres como consecuencia del temporal de lluvias acaecido el día 31 de marzo de 2002 en los municipios de Santa Cruz de Tenerife y San Cristóbal de La Laguna.
Cuarto.- El artículo 3, apartado 1º, letra a), de la Orden Interdepartamental de 29 de mayo de 2002, establece, como uno de los requisitos necesarios para poder ser perceptor de las ayudas destinadas a paliar los daños ocasionados en inmuebles, que el beneficiario sea "propietario de la vivienda afectada y que la misma constituya el domicilio habitual y permanente de su unidad familiar o, estando ocupada en arrendamiento u otro título, constituya el domicilio habitual y permanente de otra unidad familiar", distinta a la de aquél. En este sentido, y como se deduce de los antecedentes administrativos, la interesada tiene fijado su domicilio habitual y permanente en otro inmueble distinto al afectado por las lluvias torrenciales de 31 de marzo de 2002, por lo que no ostenta la condición suficiente para ser beneficiaria de las ayudas contenidas en la mencionada Orden.
Quinto.- En cuanto al trámite de audiencia a la interesada, éste se ha efectuado con arreglo a lo previsto en el artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, reguladora del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Vistas las normas que se citan y las disposiciones complementarias de aplicación, este Consejero, en el uso de las atribuciones conferidas,
R E S U E L V E:
Única.- Denegar a Dña. Juana Venancia Díaz Hernández la ayuda excepcional solicitada para paliar los daños causados en viviendas y/o enseres como consecuencia del temporal de lluvias acaecido el 31 de marzo de 2002, en los municipios de Santa Cruz de Tenerife y San Cristóbal de La Laguna, al no constituir, la vivienda afectada por las lluvias, su domicilio habitual y permanente tal y como se determina en los anteriores fundamentos de derecho.
Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al de su notificación, o, potestativamente, recurso de reposición ante el Excmo. Consejero de Infraestructuras, Transportes y Vivienda, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la recepción de la mencionada notificación, tal y como se establece en los artículos 109, 110 y 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común -modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero- y en las disposiciones de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa; todo ello, sin perjuicio de que la interesada pueda ejercitar cualquier otro que estime oportuno."
Santa Cruz de Tenerife, a 28 de noviembre de 2005.- El Director, Jerónimo Fregel Pérez.
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