Intentada la notificación personal al interesado y no habiéndose podido practicar, de conformidad con el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su redacción modificada por la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, procede insertar anuncio relativo a notificación de la Resolución recaída en el recurso de reposición interpuesto en el procedimiento sancionador en materia de transportes terrestres por D. Jorge José Barranco Casanova con fecha 12 de septiembre de 2005.
Rfa. procedimiento sancionador nº GC-100110-O-05.
Por medio del presente anuncio se le comunica que el Consejo de Gobierno Insular de esta Corporación, en sesión de fecha 6 de octubre de 2005, ha resuelto el recurso interpuesto en el expediente sancionador antes referenciado, con el siguiente tenor literal:
"Examinados el procedimiento y el recurso de reposición, se han apreciado los siguientes
HECHOS
Primero.- El interesado ha interpuesto recurso de reposición, presentado a través de la entidad Correos y Telégrafos, Oficina Principal, con fecha 12 de septiembre de 2005, contra la Resolución recaída en el procedimiento sancionador antes referenciado, dictada por el Consejero de Turismo y Transportes con fecha 18 de julio de 2005, y notificada con fecha 11 de agosto de 2005, por la cual se resolvió sancionarle por infracción leve en materia de transporte terrestre.
Segundo.- El recurrente fundamenta su pretensión anulatoria del acto recurrido manifestando, en síntesis, que cuando fue objeto de control realizaba un transporte privado particular no sujeto a autorización administrativa. Que del contenido de la resolución se desprende vulneración del artº. 20.4 del R.P.E.P.S., toda vez que no contiene valoración de las pruebas que la fundamentan ni motivación sobre la cuantía de la sanción. Que asimismo el acuerdo de incoación no contiene advertencia sobre las consecuencias de no efectuar alegaciones al mismo.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- La materia objeto de recurso es competencia de este Cabildo Insular, de conformidad con lo establecido en la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias y el Decreto 159/1994, de 21 de julio, de transferencias de funciones de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias a los Cabildos Insulares en materia de transportes terrestres y por cable.
Segundo.- Artículos 54.1.b) y 113 y concordantes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
Tercero.- Examinados los requisitos de admisibilidad del recurso, relativos a la legitimación, forma y plazo para su interposición, se aprecia su cumplimiento.
Cuarto.- Sobre las cuestiones planteadas por el recurrente son procedentes las siguientes consideraciones:
1ª)Tras el examen del expediente a la vista de las manifestaciones del recurrente, cabe decir que consta en el mismo la denuncia, en la cual se refiere como hecho denunciado: "circular transportando la carga de un toldo de 4,18 m y 2 lonas, desde Guanarteme hasta la calle Suárez Naranjo, 87 (Las Palmas), careciendo de tarjeta de transportes. El conductor no acredita relación laboral con el titular del vehículo". Asimismo consta informe de la Jefatura de Tráfico, del que se desprende que el vehículo es del titular sancionado. Y los propios Archivos de este Servicio de Transportes, en los que no consta que el vehículo sancionado esté provisto de autorización, ni que ésta haya sido solicitada en ningún momento. Igualmente, que el acuerdo de incoación del procedimiento se le notificó personalmente, y que el imputado no formuló alegaciones en oposición al mismo.
Que las actuaciones señaladas, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artº. 137.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (LRJAP y PAC), en relación con el artº. 211 del Reglamento que desarrolla la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, aprobado por Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre (ROTT), constituyen prueba suficiente para atribuirle la infracción por realizar un transporte sin autorización administrativa.
Que las pruebas expuestas no han quedado desvirtuadas por las meras alegaciones en contrario del recurrente.
2ª)Que, en cuanto a la tramitación del procedimiento, se observa el cumplimiento de las disposiciones que lo rigen en virtud del principio de especialidad en la aplicación de las normas (artº. 203 y siguientes del citado ROTT).
3ª)Sobre la proporcionalidad en la imposición de la sanción, cabe decir que los hechos denunciados resultaron calificados como infracción grave tipificada en el artº. 141.13 de la LOTT, sancionable con multa de 1.001 a 1.500 euros [artº. 143.1.e) de la LOTT]; sin embargo, en la resolución sancionadora se observa que, en razón a la condición de vehículo ligero, le fue aplicada la circunstancia atenuante prevista en el artº. 142.25 de la LOTT.
Por todo lo cual, la resolución recurrida se considera ajustada a derecho.
En su virtud, el Consejo de Gobierno Insular, de acuerdo con la atribución conferida por el artº. 127.1.l), en relación con la Disposición Adicional Decimocuarta de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, modificada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local, y con el artº. 73.a) del Reglamento Orgánico del Cabildo de Gran Canaria (B.O.P. de 24.2.92), en su redacción modificada en Acuerdo Plenario de fecha 31 de enero de 2000.
ACUERDA:
Desestimar la pretensión formulada en el recurso de reposición interpuesto por D. Jorge José Barranco Casanova, presentado a través de la entidad Correos y Telégrafos, Oficina Principal, con fecha 12 de septiembre de 2005, contra la resolución del procedimiento sancionador nº GC-100110-O-2005, confirmando y manteniendo la Resolución del Consejero de Turismo y Transportes que impuso la sanción de 400,00 euros."
Contra esta Resolución, que es firme en vía administrativa, podrá Vd. interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias, de conformidad con los artículos 8 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Las Palmas de Gran Canaria, a 14 de noviembre de 2005.- El Vicesecretario General, Órgano de Apoyo al Consejo de Gobierno Insular (Decreto nº 9, de 15.3.04), Sergio Ramírez Rivero.
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