No habiéndose podido practicar la notificación a D. Francisco Javier Ramos Brito de la Resolución del Ilmo. Sr. Director Ejecutivo de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural nº 3587, de fecha 25 de octubre de 2005, en los términos del apartado primero del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; de conformidad con el apartado cuarto del citado artículo,
R E S U E L V O:
Notificar a D. Francisco Javier Ramos Brito la Resolución de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, de fecha 25 de octubre de 2005, recaída en el expediente instruido en esta Agencia por infracción de la legalidad urbanística con referencia IU 116/00, y cuya parte dispositiva dice textualmente:
Primero.- Imponer a D. Francisco Javier Ramos Brito multa de treinta mil (30.000) euros, como responsable directo en calidad de promotor de una infracción consistente en la realización de obras de construcción de almacén y depósito de agua sin ajustarse a las condiciones de las autorizaciones concedidas (licencia otorgada por la Comisión de Gobierno en sesión celebrada el día 23 de agosto de 2002), así como ejecución de obras de amurallamiento, corral para ganado y cerramiento, en el lugar denominado Tefia-Paso Alto, en el término municipal de Puerto del Rosario, en suelo clasificado como rústico, sin la cobertura formal de las preceptivas autorizaciones administrativas (calificación territorial y licencia urbanística), exigibles de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 27, 166 y 170 del TRLOTC y ENC, tipificada y clasificada como grave en el artº. 202.3.b) del TRLOTC y ENC, y sancionada en el citado artº. 203.1.b) del TRLOTC y ENC con multa.
Segundo.- Imponer, de acuerdo con lo dispuesto en el artº. 178.3 del TRLOTC y ENC, mientras no se formule efectivamente la solicitud pertinente de legalización de las obras de amurallamiento, de hasta doce multas coercitivas sucesivas por plazo de un mes e importe, en cada ocasión, del cinco por ciento del coste de las obras, en su caso, y como mínimo, de 601,01 euros.
Tercero.- Ordenar el restablecimiento del orden jurídico perturbado:
- Mediante la reposición de la realidad física alterada por las obras de amurallamiento al estado inmediatamente anterior a la comisión de la infracción, dado que nos encontramos ante actuaciones en suelo rústico es necesaria calificación territorial y se carece de la misma, con la advertencia de que agotadas sin efecto las multas coercitivas previstas en el artº. 178.3 del TRLOTC y ENC, procederá la ejecución forzosa de las obras de reposición de las cosas a la situación anterior con cargo al infractor.
- Dejar pendiente la adopción de la medida de restablecimiento del orden jurídico perturbado procedente respecto a las obras de almacén y depósito de agua no ajustadas a las condiciones de las autorizaciones concedidas, y las obras de corral para ganado y cerramiento de patio anexo a la vivienda, hasta que recaiga resolución en el procedimiento de legalización que en su caso se inste o se agoten sin efectos las multas coercitivas previstas en el artº. 178.3 del TRLOTC y ENC.
Cuarto.- Notificar la presente resolución a los herederos y demás interesados.
El cumplimiento de las obligaciones económicas se hará efectivo en el tiempo y forma que se establezca en la notificación que le remitirá la Consejería de Economía y Hacienda a este fin, una vez sea firme la presente Resolución en vía administrativa, de conformidad con lo establecido en la Resolución de 13 de agosto de 2002, por la que se da publicidad a la suscripción del Convenio entre la Consejería de Economía, Hacienda y Comercio del Gobierno de Canarias y la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, para la prestación del servicio de gestión de cobro de los ingresos de derecho público propios de la Agencia, tanto en período voluntario como en vía ejecutiva.
Contra el presente acto cabe interponer recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Medio Ambiente y Ordenación Territorial, en el plazo de un mes, a partir del día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de cualquier otro que estime procedente en Derecho.
Remitir la presente resolución al Servicio de Publicaciones e Información del Gobierno de Canarias y al correspondiente Ayuntamiento para su inserción en el tablón de edictos.
Las Palmas de Gran Canaria, a 4 de noviembre de 2005.- El Director Ejecutivo, Pedro Gómez Jiménez.
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