No habiéndose podido notificar a D. Pablo Paz Santos en la forma prevista en el artículo 59.1 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, la Resolución dictada en el expediente tramitado por esta Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural con referencia 318/01-U, de conformidad con el apartado cuarto del antes mencionado artículo,
R E S U E L V O:
Primero.- Notificar a D. Pablo Paz Santos la Resolución de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, de fecha 28 de julio de 2005, recaída en el expediente con referencia 318/01-U, y que dice textualmente:
"DECLARA PRESCRITA LA INFRACCIÓN
URBANÍSTICA Y SE ORDENA LA DEMOLICIÓN
Examinado el expediente sancionador instruido por esta Agencia seguido frente a D. Pablo Paz Santos por realizar obras consistentes en la construcción de una edificación de dos niveles de altura con destino de garaje en primer nivel y residencial en el segundo de unos 100 m2 de superficie total construida aproximada, sin contar con la preceptiva licencia urbanística ni la previa calificación territorial, tal y como establecen los artículos 166 y 170 del TRLOTENC, en el lugar denominado "El Jape-Arure", en el término municipal de Valle Gran Rey, en la isla de La Gomera.
Vistos el informe emitido por el Servicio Técnico de este Centro Directivo, y demás documentos obrantes en el expediente, y teniendo en cuenta los siguientes
ANTECEDENTES
1.- En el lugar denominado "El Jape-Arure", en suelo clasificado como Rústico, en el término municipal de Valle Gran Rey, se realizaron obras consistentes en la construcción de una edificación de dos niveles de altura con destina de garaje en primer nivel y residencial en el segundo, de unos 100 m2 de superficie total construida aproximada, promovidas por D. Pablo Paz Santos, sin contar con las autorizaciones pertinentes (calificación territorial y licencia municipal de obras), tal y como establecen los artículos 27, 166 y 170 del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias.
2.- Con fecha 13 de junio de 2001, por Resolución nº 989 del Ilmo. Sr. Director Ejecutivo de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, y notificada el siguiente día 29 de mayo de 2003, se acordó la suspensión y precinto de las citadas obras, requiriendo al Ayuntamiento de Valle Gran Rey para que incoase procedimiento sancionador en ejercicio de sus competencias sin que dicho requerimiento haya sido cumplimentado.
3.- Con fecha 29 de mayo de 2003 se efectuó la correspondiente diligencia negativa de precinto de las obras, al encontrarse las mismas finalizadas.
Con fecha 6 de agosto de 2003 se valoraron las obras por el Servicio Técnico en la cantidad de treinta y siete mil novecientos ochenta y nueve (37.989) euros.
4.- Asimismo se efectuó con fecha 14 de septiembre de 2004 nuevo informe técnico en el que se manifiesta que "no se ha producido variación alguna respecto al planeamiento en vigor (Normas Subsidiarias de Valle Gran Rey) encontrándose la citada edificación en suelo clasificado como Rústico de Protección, en el cual la edificación permitida para nueva planta será nula".
5.- El 11 de abril de 2005 se dictó la Resolución nº 1176 por el Director Ejecutivo de esta Agencia en la que se acordó la incoación del correspondiente expediente sancionador contra D. Pablo Paz Santos, promotor de las antes citadas obras por la presunta comisión de una infracción urbanística tipificada y calificada de grave en el artículo 202.3.b) del Decreto Legislativo 1/2000 y sancionada en el artículo 203.1.b) con multa de 6.010,13 a 150.352,03 euros sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción del correspondiente expediente.
Dicha Resolución se le notificó el siguiente día 18 de abril de 2005.
6.- Con fecha 20 de abril de 2005 el interesado presentó ante el Ayuntamiento de Valle Gran Rey escrito de alegaciones que fue remitido a este Centro Directivo con fecha de registro de entrada de 9 de mayo de 2005 y en el que sucintamente expone que:
- El expediente es nulo de pleno derecho por lo siguiente: 1) Se pone de manifiesto que se trata de una construcción de dos plantas hecho éste que no es cierto dado que el garaje fue construido hace más de 7 años cuando se ensanchó la Carretera General de Valle Gran Rey por parte de la Consejería de Obras Públicas del Gobierno de Canarias, como reposición de un anterior garaje salón que existía y fue afectado por dicho ensanche. Por lo tanto los hechos no se ajustan a la realidad. Con fecha 8 de abril se dictó la Resolución nº 1170 en la que se declara caducado el expediente sancionador que se abrió por esta misma obra contra D. Pablo Paz con expediente nº 296/99-U con fecha de inicio 24 de agosto de 2001. Hecho este que contradice todo lo manifestado en el expediente que se basa en la Resolución nº 989, de 13 de junio de 2001, notificada el 29 de mayo de 2003, además se trata de un expediente del año 2001, cuando estaba otro abierto sin dictar resolución hasta la fecha actual, de abril de 2005, por lo tanto estaba abierto y no se podía abrir otro mientras no recayera resolución sobre éste lo que es contrario al ordenamiento jurídico seguir dos procedimientos paralelos por una misma falta y no ajustado al ordenamiento jurídico, además de producir indefensión al interesado.
2) Que el artº. 205.1 del TRLOTENC establece que las infracciones muy graves prescriben a los cuatro años, las graves a los dos años y las leves al año. Así pues, en aplicación de los preceptos transcritos el procedimiento iniciado en virtud de la Resolución nº 1176 ha caducado al haber transcurrido con creces los plazos establecidos para su vigencia y demás informes en todo caso para su caducidad hecho que corrobora la Resolución nº 1170 en la que se declara la caducidad de dicho expediente no siendo ajustada a derecho la incoación de un nuevo expediente al haber transcurrido más de cinco años desde el expediente nº 296/99.
3) Que del contenido de las alegaciones anteriores se desprende en este caso que la resolución dictada no cumple el procedimiento y por lo tanto consideramos que es nula de pleno derecho tal y como establece el artº. 62.1 de la Ley 30/1992.
7.- En relación con las antes citadas alegaciones por el Instructor del expediente se señaló que las mismas en modo alguno pueden ser estimadas toda vez que no desvirtúan el hecho cierto y objetivo por el que se incoa el presente expediente, cual es, la inexistencia de los permisos necesarios para realizar las obras de las que trae causa el presente procedimiento.
En cuanto a la alegación relativa a que existe error en la determinación del objeto del presente procedimiento en el sentido alegado de adverso relativo a que se trata de la terminación de una segunda planta de unos 45 m2 ya que el garaje fue construido hace más de siete años, se ha de decir que de la documentación obrante en el expediente, en especial de los diferentes boletines de denuncias e informes técnicos, queda perfectamente acreditado que la primera planta destinada a salón garaje se encontraba en ejecución el día 23 de marzo de 1999, fecha de la denuncia suscrita por el Agente de Medio Ambiente del Cabildo de La Gomera. Asimismo consta expresamente en la diligencia de precinto de fecha 14 de junio de 1999 que "las obras se hallaban paralizadas en fase de remates". En cuanto a la segunda planta destinada a vivienda la misma se halla en ejecución el día 22 de marzo de 2001, tal y como consta en la denuncia efectuada por el Seprona en esa fecha. Por lo que en modo alguno se puede estimar la aseveración efectuada por el interesado relativa a que los hechos no se ajustan a la realidad.
Referente a la existencia de dos expedientes sancionadores abiertos por este Centro Directivo al interesado se ha de decir que ello no es causa de indefensión al mismo por cuanto el primer procedimiento sancionador con el número de expediente 296/99-U fue caducado por la Resolución nº 1170, de fecha 8 de abril de 2005 y notificada el siguiente día 18 de abril de 2005. Con ello se da cumplimiento con lo preceptuado en el artº. 20.6 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, en relación con lo establecido en el artº. 44.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
Igualmente con fecha 11 de abril de 2005 se inicia nuevo procedimiento sancionador dentro del expediente referenciado con el nº 318/01-U, de conformidad con lo establecido en el artº. 92.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que expresamente preceptúa que "La caducidad no producirá por sí sola la prescripción de las acciones del particular o de la Administración, pero los procedimientos caducados no interrumpirán el plazo de prescripción". Asimismo se ha de hacer mención entre otras, a la STS de 2 de junio de 2003 (B.O.E. nº 191, de 11.8.03), que establece expresamente que "La declaración de caducidad y archivo de actuaciones establecidas para procedimientos en que la Administración ejercite potestades sancionadoras (artº. 44.2 de la Ley 30/1992) no extinguen la acción de la Administración para ejercitar las potestades aludidas en ese precepto, siéndoles plenamente aplicable el artº. 92.3 de la misma ley".
Sentado lo anterior no ha lugar a estimar las alegaciones relativas a la nulidad del presente procedimiento sancionador.
Asimismo por el Instructor del expediente se formuló como propuesta de resolución la imposición de una multa de veintitrés mil novecientos ochenta y nueve (23.989,00) euros a D. Pablo Paz Santos como responsable de una infracción urbanística tipificada en el artículo 202.3.b) del TRLOTENC, consistentes en la construcción de una edificación de dos niveles de altura con destino de garaje en primer nivel y residencial en el segundo de unos 100 m2 de superficie total construida aproximada, en el lugar denominado "El Jape-Arure" en el término municipal de Valle Gran Rey en la isla de La Gomera, ordenando la medida del restablecimiento del orden jurídico infringido y de la realidad física alterada mediante la demolición de las antes citadas obras.
8.- Con fecha 27 de junio de 2005 el interesado presenta escrito de alegaciones contra la propuesta de resolución en el que, sucintamente, expone que:
- La propuesta de resolución no es motivada ni congruente con todas las cuestiones planteadas por el interesado no se hacen constar necesariamente los hechos especificándose los que se consideran probados y su exacta clasificación jurídica. Así no es congruente en concreto con la caducidad del procedimiento (artículos 201 y 205 del Decreto Legislativo 1/2000) dado que una vez transcurridos los plazos para ejercer la potestad sancionadora por unos hechos prescritos.
- Existe duplicidad de expedientes sancionadores, el nº 296/99-U que se declaró la caducidad el 8 de abril de 2005 y el nº 318/01 por el que se incoa nuevo expediente, siguiéndose dos expedientes por los mismos hechos al mismo tiempo causa de nulidad plena no se pueden abrir más de un procedimiento junto por un mismo hecho. No queda probado que en el mes de abril del año 2001 las obras no estuvieran concluidas dado que no existen en el expediente hechos como fotografías o valoraciones técnicas sino una manifestación de un agente que no es congruente.
- Que la vivienda está enclavada dentro de un núcleo de población consolidado estando en esta zona este tipo de vivienda por lo que entiende que dicha sanción no se justifica dado que se trata de una vivienda familiar sin ánimo de lucro.
- Que no existe la separación de órganos, los funcionarios instructores del expediente se hallan en una relación de dependencia jerárquica de la autoridad decisoria, lo que propicia la intervención de ésta en la labor del Instructor y en segundo lugar que los campos en que la potestad sancionadora se ejerce en masa la intervención decisoria de la autoridad decisoria es puramente formularia.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS
I.- Es competente para la incoación, tramitación y resolución del presente expediente la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 190.1.c) y 229 del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, en relación con el Decreto 189/2001, de 15 de octubre, por el que se aprueban los Estatutos de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.
II.- Las actuaciones en suelo rústico requieren calificación territorial con carácter previo al otorgamiento de la igualmente preceptiva licencia municipal de obras, de conformidad con los artículos 27, 66, 166, 168 y 170 del TRLOTENC.
III.- En cuanto a las alegaciones aducidas por el interesado hay que señalar:
Que las mismas en modo alguno pueden ser estimadas toda vez que no desvirtúan el hecho cierto y objetivo por el que se incoa el presente expediente, cual es, la inexistencia de los permisos necesarios para realizar las obras de las que trae causa el presente procedimiento.
En cuanto a la alegación relativa a la falta de motivación y de congruencia de la propuesta de resolución se ha de decir que en modo alguno puede ser cierta la citada aseveración por cuanto la misma se ajusta a derecho de forma indiscutible, así el artº. 18 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, establece expresamente el contenido de la propuesta de resolución en la que se ha de fijar de forma motivada los hechos, especificándose los que se consideren probados y su exacta calificación jurídica, se determinará la infracción que en su caso aquéllos constituyan y la persona o personas que resulten responsables especificándose la sanción que propone que se impongan y las medidas provisionales que se hubieran adoptado en su caso, por el órgano competente para iniciar el procedimiento o por el Instructor del mismo o bien se propondrá la declaración de no existencia de infracción o responsabilidad. Así la propuesta de resolución debe contener la responsabilidad o consecuencia sancionadora concreta imputada, no siendo suficiente una mera mención abstracta a dicha responsabilidad o consecuencia sancionadora.
Cuando la propuesta de resolución padece dicha insuficiencia sin que el pliego de cargos recogiera una mención concreta a dicha responsabilidad o consecuencia sancionadora, la sanción finalmente impuesta debe ser anulada (T.S. de 15.9.99).
Referente a la existencia de dos expedientes sancionadores abiertos por este Centro Directivo al interesado se ha de decir, tal y como ya quedó reflejado en la propuesta de resolución que ello no le puede producir indefensión al interesado por cuanto el primer procedimiento sancionador con el número de expediente 296/99-U fue caducado por la Resolución nº 1170, de fecha 8 de abril de 2005 y notificada el siguiente día 18 de abril de 2005. Con ello se da cumplimiento con lo preceptuado en el artº. 20.6 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, en relación con lo establecido en el artº. 44.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
Igualmente con fecha 11 de abril de 2005 se inicia nuevo procedimiento sancionador dentro del expediente referenciado con el nº 318/01-U, de conformidad con lo establecido en el artº. 92.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que expresamente preceptúa que "La caducidad no producirá por sí sola la prescripción de las acciones del particular o de la Administración, pero los procedimientos caducados no interrumpirán el plazo de prescripción". Asimismo se ha de hacer mención entre otras, a la STS de 2 de junio de 2003 (B.O.E. nº 191, de 11.8.03), que establece expresamente que "La declaración de caducidad y archivo de actuaciones establecidas para procedimientos en que la Administración ejercite potestades sancionadoras (artº. 44.2 de la Ley 30/1992) no extinguen la acción de la Administración para ejercitar las potestades aludidas en ese precepto, siéndoles plenamente aplicable el artº. 92.3 de la misma ley".
Sentado lo anterior no ha lugar a estimar las alegaciones relativas a la nulidad del presente procedimiento sancionador.
Respecto a la falta de separación de los órganos Instructor y sancionador alegada de adverso se ha de decir que el presente procedimiento ha cumplido escrupulosamente con el procedimiento establecido en la ley no habiéndose infringido precepto legal alguno así como con las garantías que ha de tener cualquier procedimiento administrativo. Así a pesar de la dependencia jerárquica que alega el interesado la misma no conculca la antes citada garantía procedimental de la separación entre las fases de instrucción y sancionadora puesto que se han encomendado a órganos distintos. Así no se puede dejar de mencionar numerosa jurisprudencia al respecto donde se pone de manifiesto que la estricta imparcialidad e independencia de los órganos del Poder Judicial no es por esencia predicable en la misma medida de un órgano administrativo (SSTC 22/1990, de 15 de febrero y 47/1983, de 31 de mayo). También el Tribunal Supremo ha reconocido la inaplicabilidad del referido derecho al ámbito administrativo sancionador (STS de 4.12.90). En definitiva encontrándose la organización administrativa informada no por el principio de independencia sino por el de jerarquía (artº. 103.1 C.E.) carece de sentido trasladar las garantías propias del personal judicial -con independencia orgánica e individual- a los funcionarios que conducen el procedimiento administrativo sancionador, dado que resulta en principio indiferente la separación o no de las funciones de investigación y decisión entre funcionarios pertenecientes a una misma organización y sometidos todos ellos al criterio jerárquico.
Por último y en cuanto a la prescripción de la infracción urbanística calificada de grave por el transcurso del plazo de dos años desde la total terminación de las mismas según establece el artº. 205.1 del TRLOTENC en relación con el artº. 201.1 del mismo cuerpo legal, se ha de establecer que ha transcurrido el transcurso del referido plazo, pues consta en el expediente administrativo las fotografías aportadas por el interesado en el escrito de alegaciones remitido por correos el 28 de agosto de 2001 a la resolución de incoación nº 1267, de fecha 10 de agosto de 2001, en el procedimiento sancionador nº 296/99-U, que fue caducado pero que consta anexado en el procedimiento nº 318/01-U con el carácter de antecedentes, mediante diligencia de fecha 8 de abril de 2005, encontrándose las obras terminadas, hecho éste corroborado por el informe técnico de fecha 7 de julio de 2005. Consiguientemente, al haber transcurrido el plazo establecido en la ley la infracción urbanística calificada de grave queda prescrita.
IV.- Los hechos anteriormente relacionados son presuntamente constitutivos de infracción urbanística, tipificada y calificada de grave en el artículo 202.3 del citado Decreto Legislativo 1/2000, y sancionada en el artículo 203.1.b) con multa de 6.010,13 a 150.253,03 euros.
En el presente supuesto al haber transcurrido el plazo de dos años desde la total terminación de las obras la infracción urbanística se encuentra prescrita.
V.- El artº. 164.2 del TRLOTENC dispone que la potestad de protección de la ordenación es de ejercicio inexcusable, de forma que en ningún caso la Administración puede dejar de adoptar las medidas de restablecimiento del orden jurídico infringido, estableciendo el artº. 188.1.a) del TRLOTENC que toda acción u omisión tipificada como infracción dará lugar a la adopción de las medidas para el restablecimiento del orden jurídico perturbado. De conformidad con el artº. 179 del TRLOTENC, se procederá a la reposición de las cosas al estado inmediatamente anterior a la comisión de la infracción incluida la demolición, en los siguientes supuestos: a) Cuando se ubiquen o realicen en suelo urbanizable, cuya ordenación no se haya pormenorizado, o en suelo rústico cuando siendo necesaria la calificación territorial carezcan de la misma (...).
En el caso que nos ocupa, es necesaria la calificación territorial (ex artículos 66, 27 y 170.1 del TRLOTENC) y se carece de la misma y a mayor abundamiento, resulta evidente la incompatibilidad de lo realizado y proyectado con las determinaciones de la ordenación ambiental, territorial y urbanística aplicables: la vivienda se ha edificado en suelo rústico no categorizado por el planeamiento urbanístico municipal vigente como asentamiento rural o asentamiento agrícola por lo que se ha vulnerado el artículo 66.7 del TRLOTENC que exige entre otros requisitos que las viviendas de nueva planta que se construyan en suelo rústico se hallen situadas en terrenos categorizados expresamente por el planeamiento vigente como asentamiento rural o como asentamiento agrícola.
Por tanto, procede ordenar la reposición de las cosas al estado inmediatamente anterior a la infracción, mediante la demolición de las referidas obras.
VI.- Han sido observados y cumplimentados todos los requisitos de procedimiento establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, y en el Reglamento sobre procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado por el Real Decreto 1.389/1993, de 4 de agosto.
En su virtud,
R E S U E L V O:
Primero.- Declarar prescrita la infracción urbanística por la que se incoó el presente expediente consistente en la construcción en suelo rústico de una edificación de dos niveles de altura con destino de garaje en primer nivel y residencial en el segundo de unos 100 m2 de superficie total construida aproximada en el lugar conocido por "El Jape-Arure" en el término municipal de Valle Gran Rey en la isla de La Gomera, sin contar con la preceptiva calificación territorial promovidas por D. Pablo Paz Santos.
Segundo.- Ordenar el restablecimiento del orden jurídico infringido y de la realidad física alterada mediante la demolición de las referidas obras y a tal efecto requerir al interesado para que en el plazo de un mes presente en esta Agencia el correspondiente proyecto de demolición como primer trámite de la ejecución voluntaria advirtiéndoles que de no cumplimentar el mencionado requerimiento se procederá a la ejecución forzosa de la demolición, conforme al artículo 96 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
Tercero.- Notificar la presente Propuesta de Resolución al interesado y al Ayuntamiento de Valle Gran Rey.
Contra el presente acto que no agota la vía administrativa, cabe recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Política Territorial y Medio Ambiente, el cual podrá presentarse en las dependencias sitas en la Rambla General Franco, 149, Edificio Mónaco, o en los registros previstos en la Ley de Procedimiento Administrativo 30/1992, modificada por la Ley 4/1999, en el plazo de un mes desde la notificación de la presente resolución, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse."
Segundo.- Remitir la presente Resolución al Servicio de Publicaciones e Información del Gobierno de Canarias, para su publicación en el Boletín Oficial de Canarias, y al correspondiente Ayuntamiento para su inserción en el tablón de edictos.
Santa Cruz de Tenerife, a 18 de octubre de 2005.- El Director Ejecutivo, la Jefa de Servicio de Vigilancia Territorial y Ambiental y Actuaciones Previas (Resolución nº 681, de 1.3.05), Marta Martín Ballester.
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