BOC - 2005/196. Miércoles 5 de Octubre de 2005 - 3550

IV. ANUNCIOS - Otros anuncios - Consejería de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías

3550 - Secretaría General Técnica.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 23 de septiembre de 2005, que notifica la Orden de 27 de julio de 2005, por la que se resuelve el recurso potestativo de reposición interpuesto por D. Juan Carlos Ramos Quintana en el expediente SM/104/03/LP, de subvención para la creación de nuevas empresas en Canarias, acogido a la Orden de 7 de febrero de 2003.

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Habiendo sido intentada la notificación de la presente Resolución en el domicilio que figuraba en el expediente tramitado por la Dirección General de Comercio sin que haya sido recibida por el recurrente interesado, y de conformidad con lo establecido en el artículo 59, apartado 5º, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

R E S U E L V O:

1º) Notificar D. Juan Carlos Ramos Quintana, la Resolución de 27 de julio de 2005 (libro 01, nº orden 315/05), que figura como anexo de esta Resolución, por la que se resolvió el recurso potestativo de reposición interpuesto por D. Juan Carlos Ramos Quintana, en el expediente SNC/104/03/LP, de subvención para la creación de nuevas empresas en Canarias, en virtud de convocatoria realizada por Orden de 7 de febrero de 2003.

2º) Remitir al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria la presente Resolución para su publicación en el tablón de edictos.

Las Palmas de Gran Canaria, a 23 de septiembre de 2005.- El Secretario General Técnico, Juan González Fontes.

A N E X O

Orden de la Consejera de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías de fecha 27 de julio de 2005, por la que se resuelve el recurso potestativo de reposición interpuesto por D. Juan Carlos Ramos Quintana en el expediente SM/104/03/LP, de subvención para la creación de nuevas empresas en Canarias, acogido a la Orden de 7 de febrero de 2003.

Visto el recurso potestativo de reposición interpuesto por D. Juan Carlos Ramos Quintana, en el expediente SNC/104/03/LP, de subvención para la creación de nuevas empresas en Canarias, en virtud de convocatoria realizada por Orden de 7 de febrero de 2003, y teniendo en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Mediante Orden de 7 de febrero de 2003, se convoca la concesión de subvenciones directas a proyectos de creación de nuevas empresas en Canarias, y se aprueban las bases que regirán la misma en el año 2003 (B.O.C. nº 33, de 18.3.03).

Segundo.- Con fecha de 18 de marzo de 2003 el interesado solicita expresamente acogerse a los beneficios establecidos en la citada Orden.

Tercero.- Mediante Resolución de 15 de abril de 2003 (B.O.C. nº 87, de 8.5.03) cumpliendo lo estipulado en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común así como lo previsto en la base octava de la convocatoria, una vez recibidas las distintas solicitudes, se requiere al interesado para que aporte copia compulsada del D.N.I. y que corrija el apartado 13 relativo al plan de financiación, por no coincidir con el presupuesto.

Cuarto.- Mediante Orden de 19 de junio de 2003, se resuelve la convocatoria para la concesión de subvenciones directas a los proyectos de creación de nuevas empresas en Canarias, realizada por Orden de 7 de febrero de 2003 (B.O.C. nº 131, de 9.7.03) y se tiene por desistido a D. Juan Carlos Ramos Quintana por los motivos expuestos en el anexo III (base octava no aporta la documentación requerida en el B.O.C. nº 87, de 8.5.03) no aporta D.N.I., no compulsa D.N.I.; no corrige punto 13 plan financiación: no coincide con presupuesto).

Cuarto.- Consta en el expediente escrito de entrada del interesado subsanado la documentación requerida en el Boletín Oficial de Canarias y presentado en la Dirección General de Promoción Económica con fecha de 21 de marzo de 2003 (Registro de entrada nº 2497) que no fue remitido a la Dirección General de Comercio hasta el 23 de julio de 2003 (R. salida nº 4445), y recibido en este Centro Directivo el 11 de agosto de 2003 (R. entrada nº 2020).

Quinto.- Que con fecha 21 de julio de 2003 D. Juan Carlos Ramos Quintana presenta escrito calificado de oficio como recurso potestativo de reposición en el expediente de referencia, entendiendo que ha habido algún error por motivos que desconocen ya que aportó la documentación requerida el 21 de marzo de 2003 y solicitan se subsane el error que pudiera haberse dado.

Sexto.- Con fecha 22 de marzo de 2005 se confiere trámite de audiencia al recurrente en relación con la propuesta de resolución de la Dirección General de Comercio. Habiendo transcurrido el plazo de 15 días hábiles conferido al efecto el recurrente no ha formulado alegaciones.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Que en relación con los requisitos de admisibilidad del presente recurso no cabe formular ningún tipo de pronunciamiento en contrario, por cuanto que el escrito de impugnación se ha interpuesto en tiempo y forma, siendo la Consejería de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías el Departamento competente para su conocimiento, en virtud de los artículos 5 y 9.g) del Decreto 241/2003, de 11 de julio, del Presidente, por el que se determinan el número, denominación y competencias de las Consejerías, del que resulta la asunción de competencias en materia de gestión del sistema de incentivos regionales comerciales por la citada Consejería de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías, así como el artículo 11 del Decreto 123/2003, de 17 de julio, por el que se determina la estructura central y periférica, así como las sedes de las Consejerías del Gobierno de Canarias.

Segundo.- El recurso interpuesto desvirtúa las circunstancias que motivaron la desestimación de la subvención, ya que revisadas las actuaciones se constata que el interesado completó la documentación el 21 de marzo de 2003, esto es, con anterioridad incluso al requerimiento del Boletín Oficial de Canarias en el Registro de la Dirección General de Promoción Económica, y que por causa imputable a ese Órgano, la documentación no se recibió en el órgano competente para resolver el expediente (Dirección General de Comercio) hasta el 8 de agosto de 2003. Por tal circunstancia, la Dirección General de Comercio no tuvo conocimiento hasta esa fecha de que el interesado había subsanado correctamente su solicitud, y con fecha de 19 de junio de 2003 se dicta la Orden por la que se resuelve la convocatoria para la concesión de subvenciones directas a los proyectos de creación de nuevas empresas y se le tiene por desistido por no aportar la documentación requerida.

Tercero.- La base octava de la Orden de 7 de febrero de 2003 establece que "El órgano competente para la instrucción del procedimiento será la Dirección General correspondiente en función de la actividad empresarial a incentivar, la cual recibida la solicitud, examinará si reúne los requisitos exigidos y si se acompaña a la misma la preceptiva documentación, requiriéndose en caso contrario al interesado para que, en el plazo de diez (10) días subsane, y/o complete los documentos y/o datos que deben presentarse según se indica en la anterior base, advirtiéndose de que si así no lo hiciera se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 42, de conformidad con lo establecido en el artículo 71.1 ambos de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

La notificación de los mencionados requerimientos, a tramitar por el Órgano Gestor con anterioridad a la resolución de concesión, se llevarán a cabo mediante su publicación en el Boletín Oficial de Canarias, conforme a lo dispuesto en el artículo 59.5.b) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero."

Conforme a la base segunda de la citada Orden los órganos competentes para la tramitación de las solicitudes eran las Direcciones Generales de Comercio y la Dirección General de Promoción Económica, en función de la actividad a incentivar. Siendo la actividad de la nueva empresa principalmente comercial (como resulta del epígrafe del I.A.E. 659.2 que se declara, y que según el Real Decreto Legislativo 1.175/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueban las tarifas y la instrucción del impuesto sobre Actividades Económicas, corresponde a "Comercio al por menor de muebles de oficina y de máquinas y equipos de oficina"), correspondía dirigir la solicitud a la Dirección General de Comercio. Sin embargo, la solicitud del recurrente indujo a error a la Administración, al consignar que la actividad de la empresa era de "servicios" y dirigir posteriormente la documentación que faltaba a la Dirección General de Promoción Económica.

Cuarto.- El artículo 41 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común establece que "los titulares de las unidades administrativas y el personal al servicio de las Administraciones Públicas que tuviesen a su cargo la resolución o el despacho de los asuntos, serán responsables directos de su tramitación y adoptarán las medidas oportunas para remover los obstáculos que impidan, dificulten o retrasen el ejercicio pleno de los derechos de los interesados o el respeto a sus intereses legítimos, disponiendo lo necesario para evitar y eliminar toda anormalidad en la tramitación de procedimientos".

De lo anterior resulta que, en cualquier caso, y con independencia del error del interesado en el órgano al que remitió la documentación, es imputable a la Administración el retraso en el envío de ésta a la Dirección General de Comercio, que era el Órgano competente para resolver el procedimiento. En virtud de dicho retraso este Centro Directivo desconocía en el momento de dictar resolución, que el interesado había completado la documentación el 18 de marzo de 2003 en el Registro de la Dirección General de Promoción Económica, esto es, con anterioridad incluso al requerimiento del Boletín Oficial de Canarias (B.O.C. nº 87, de 8.5.03).

Teniendo en cuenta lo anteriormente señalado, la Orden de 19 de junio de 2003, por la que se tiene por desistido al solicitante por incumplimiento de la base octava al no aportar la documentación requerida en el Boletín Oficial de Canarias incurre en vicio determinante anulabilidad conforme al artículo 63 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Por ello procede retrotraer las actuaciones, declarando completa la solicitud y llevar a cabo la valoración el proyecto de inversión al objeto de verificar si el recurrente cumple con los requisitos previstos en la convocatoria para ser beneficiario de la subvención solicitada.

Quinto.- Admitida la solicitud y declarada completa, se retrotraen las actuaciones y se valora el proyecto de inversión conforme a los criterios contenidos en la base octava de la convocatoria, resultando la siguiente puntuación total:

Ver anexos - página 19480

exto.- De conformidad con la base octava, apartado dos, de la Orden de 7 de febrero de 2003 que regula la convocatoria "Cada Centro Directivo, en función de la actividad empresarial a incentivar, clasificará los expedientes subvencionables en orden decreciente de puntuación obtenida, conforme a los criterios de valoración establecidos en el apartado anterior". Y según la base tres "A igualdad de puntuación tendrán preferencia quienes propongan crear mayor número de puestos de trabajo." Asimismo la base décima, apartado dos establece "La concesión de las subvenciones está limitada por la dotación económica de la convocatoria, por lo que una vez se agote la misma procederá la denegación".

De ello resulta que la puntuación obtenida por el beneficiario que ocupó la primera posición y que se publicó en la Orden de 19 de junio de 2003 (B.O.C. nº 131, de 9.7.03) fue de 83 puntos con un porcentaje de subvención del 50%, siendo la puntuación obtenida por el beneficiario que ocupó la última posición de 70 puntos, con la creación de 3 puestos de trabajo y un porcentaje de subvención del 42,17%. Se constata que en la citada Orden resultaron desestimadas cinco solicitudes en Las Palmas y dos en Tenerife, todas ellas con 70 puntos y niveles inferiores de creación de empleo, que resultaron desestimadas por insuficiencia de dotación presupuestaria, conforme a la base décima, apartado segundo. Se constata asimismo que ninguno de los solicitantes que obtuvieron 55 puntos resultaron beneficiarios. Por todo ello se concluye que la puntuación obtenida por el recurrente no habría generado el nacimiento del derecho a la subvención por aplicación de las bases octava, apartado dos y décima, apartado dos.

Vista la Propuesta de Resolución de la Dirección General de Comercio, y en uso de las facultades que me atribuye el artículo 5 del Decreto 337/1997, de 19 de diciembre, por el que se establece el régimen general de ayudas y subvenciones de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C. nº 170, de 31.12.97), modificado por el Decreto 103/2000, de 12 de junio,

R E S U E L V O:

Primero.- Estimar parcialmente el recurso potestativo de reposición interpuesto por D. Juan Carlos Ramos Quintana en el expediente SM/104/03/LP contra la Orden de 19 de junio de 2003 por la que se resuelve la convocatoria para la concesión de subvenciones directas a los proyectos de creación de nuevas empresas en Canarias, realizada por Orden de 7 de febrero de 2003, considerando completa su solicitud, procediéndose a valorar el proyecto de inversión y asignarle una puntuación de 55 puntos.

Segundo.- Desestimarlo en lo que se refiere a la concesión de la subvención solicitada, ya que de la valoración practicada resulta una puntuación inferior al último de los solicitantes que obtuvo la condición de beneficiario, por lo que la solicitud habría resultado desestimada por "Insuficiencia de dotación presupuestaria" (base décima, apartado dos) de la Orden de 7 de febrero de 2003.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la correspondiente Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al de su notificación y sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.- La Consejera de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías, María Luisa Tejedor Salguero.



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