No habiéndose podido notificar a D. Ramón Liberato Herrera Piñero en la forma prevista en el artículo 59.1 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, la Resolución dictada en el expediente tramitado por esta Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural con referencia 6/02-U de conformidad con el apartado cuarto del antes mencionado artículo,
R E S U E L V O:
Primero.- Notificar a D. Ramón Liberato Herrera Piñero la Resolución de fecha 1 de agosto de 2005, recaída en el expediente con referencia 6/02-U, y que dice textualmente:
"Examinado el expediente sancionador instruido por la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural para la protección de la legalidad urbanística seguido frente a D. Ramón Herrera Piñero por realizar obras consistentes en la construcción de un almacén de unos 529 m2 en fase de estructura y cerramientos, sin contar con las autorizaciones pertinentes (preceptiva licencia urbanística ni la previa calificación territorial), tal y como establecen los artículos 166 y 170 del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias en el lugar denominado La Florida, en el término municipal de Arona, en la isla de Tenerife.
Vistos el informe técnico, y demás documentos obrantes en el expediente, y teniendo en cuenta los siguientes
ANTECEDENTES
Primero.- En el lugar denominado La Florida, en suelo clasificado como No Urbanizable Interés Agrícola Tipo C, en el término municipal de Arona, se realizaron obras consistentes en la construcción de un almacén de unos 529 m2 en fase de estructura y cerramientos, promovidas por D. Ramón Herrera Piñero, sin contar con las autorizaciones pertinentes (calificación territorial y licencia municipal de obras), tal y como establecen los artículos 27, 166, y 170 del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias.
Segundo.- Con fecha 22 de febrero de 2002, por Resolución nº 343 del Ilmo. Sr. Director Ejecutivo de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, notificado el siguiente día 11 de mayo de 2002 se acordó la suspensión y precinto de las citadas obras, instando al interesado para que solicite las preceptivas autorizaciones y requiriendo al Ayuntamiento de Arona para que incoe procedimiento sancionador en ejercicio de sus competencias sin que dicho requerimiento haya sido cumplimentado. Con fecha 17 de enero de 2003 se llevó a cabo la diligencia de precinto de las obras.
Tercero.- Con fecha 6 de septiembre de 2002 se dictó la Resolución nº 1659, por la que se resolvió el recurso de reposición contra la resolución de suspensión de obras no admitiéndose a trámite el mismo por extemporáneo.
Cuarto.- El pasado día 28 de julio de 2004 se efectuó informe técnico en donde se hizo constar expresamente que las obras se encontraban en el mismo estado que presentaban en octubre de 2001 cuando fueron denunciadas, habiéndose respetado la orden de precinto ejecutada en enero de 2003, valorándose las mismas en la cantidad de veinticinco mil novecientos dieciocho euros con cuatro céntimos (25.918,04 euros).
Quinto.- El 3 de marzo de 2005 se dictó la Resolución nº 714, por el Director Ejecutivo de esta Agencia en la que se acordó la incoación del correspondiente expediente sancionador contra D. Ramón Herrera Piñero, promotor de las antes citadas obras por la presunta comisión de una infracción urbanística tipificada y calificada de grave en el artículo 202.3.b) del Decreto Legislativo 1/2000 y sancionada en el artículo 203.1.b) con multa de 6.010,13 a 150.352,03 euros sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción del correspondiente expediente.
Dicha Resolución fue notificada al interesado el siguiente día 21 de abril de 2005.
Sexto.- Con fecha 3 de mayo de 2005 el interesado presentó escrito de alegaciones a la citada resolución de incoación en el que sucintamente expone las siguientes alegaciones:
- Que la construcción que se le imputa como ejecutada en la Resolución de 22 de febrero de 2002 se encontraba construida desde el año 1996 por lo que la misma ha de considerarse prescrita en los términos de infracción grave según la legislación de aplicación.
- Que asimismo se constata que la propia instrucción del expediente ha incurrido en caducidad por los siguientes motivos, primero porque ha transcurrido con creces el plazo de dos meses desde que se inició el procedimiento y se practicó la notificación en su persona todo lo cual debió dar lugar en aquel momento al archivo de las actuaciones con notificación legal procedente; y segundo porque de conformidad con lo establecido en el artº. 20.6 de la disposición legal anteriormente citada durante la instrucción del expediente y sin que hubiese caído resolución existieron pausas del mismo en períodos superiores a seis meses por causas imputables a la administración instructora. En tal sentido desde el 17 de enero de 2003 fecha en que se llevó a cabo según se indica la diligencia de precinto de la obra hasta la recepción de la resolución del Director Ejecutivo de la Agencia que motiva el presente escrito de alegaciones no se acometió por la Administración instructora actuación de clase alguna dirigida a la resolución del expediente.
- Que con fecha 28 de julio de 2004 se emite informe relativo a que la obra se encontraba en el mismo estado y en consecuencia habiéndose respetado el precinto practicado el 17 de enero de 2003.
- Que solicita el recibimiento a prueba del presente expediente en orden a acreditar que la construcción que se le imputa se encontraba ejecutada 5 años antes de la fecha en la que se le imputa la ejecución de las mismas en su integridad.
Séptimo.- En relación con las antes citadas alegaciones por el instructor del expediente se señaló que las mismas en modo alguno podían ser estimadas al no desvirtuar el hecho cierto y objetivo por el que se incoa el presente expediente, cual es, la inexistencia de los permisos necesarios para realizar las obras de las que trae causa el presente procedimiento.
Así en primer lugar, en cuanto a la pretendida antigüedad de la obra que se refiere de adverso en el sentido de que la misma se encuentra construida desde el año 1996 se ha de decir que en modo alguno puede ser cierta la misma por cuanto está suficientemente acreditado en el acta de denuncia de fecha 3 de octubre de 2001 que las obras de las que traen causa el presente procedimiento se encontraban en ese momento en ejecución, tal y como se constata igualmente de las fotografías anexas a la citad denuncia. A mayor abundamiento se ha de decir igualmente que consta el estado constructivo de la obra en la propia diligencia de precinto efectuada con fecha 17 de enero de 2003 en donde se hace constar expresamente que las obras se encuentran en fase de cerramiento y forjado de techo sin ejecutar, siendo ilustrativas de dicho estado las fotografías que se acompañan a la citada diligencia de precinto en donde se constata claramente que la obra se encuentra sin terminar. Por último es de destacar el informe técnico de fecha 28 de julio de 2004 en donde expresamente se hace constar en el apartado número relativo a la valoración de las obras que: "Se adjunta valoración técnica de las obras referida a la ejecución de un almacén en fase de estructura y cerramientos, según el estado que se aprecia en las fotografías de la última vivista de inspección efectuada en marzo de 2004 el cual no ha variado desde la ejecución material del precinto en enero de 2003."
A mayor abundamiento las obras son valoradas al 28% de su estado constructivo en la cantidad de veinticinco mil novecientos dieciocho euros con cuatro céntimos (25.918,04 euros).
Sentado lo anterior en modo alguno puede operar el instituto de la prescripción de la presunta infracción urbanística por cuanto el artº. 201 del TRLOTENC establece que para que empiece a computar el plazo de prescripción las obras tienen que estar totalmente terminadas, lo que no ocurre en el presente caso.
En cuanto a la alegación relativa al transcurso del plazo de dos meses desde que se inicia el procedimiento sancionador hasta que se le notifica, se ha de decir que nada más lejos de la realidad por cuanto la Resolución de incoación tiene fecha de 3 de marzo de 2005 y la notificación de la misma se realiza en la persona de su hija/empleada Dña. Virginia Herrera el siguiente día 21 de abril de 2005, por lo que queda claro que no han transcurrido los dos meses del artº. 6.2 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora.
Asimismo hay que señalar que la diligencia de precinto es el acto material que lleva aparejada la orden de suspensión que es una medida cautelar preceptuada en el artº. 176 del TRLOTENC independiente del procedimiento sancionador que se inicia con la Resolución de incoación de fecha 3 de marzo de 2005. Igualmente decir que consta en el expediente sendos seguimientos del precinte efectuados con fechas 27 de octubre de 2003 y 11 de marzo de 2004, lo cual hace ser incierta la afirmación de la contraparte relativa a que desde la fecha 17 de enero de 2003, fecha de la diligencia del precinto, por la Administración no se realizó ningún otro acto hasta la recepción de la resolución de incoación.
Por último señalar que no cabe el recibimiento a prueba del expediente por cuanto en primer lugar por el interesado no se concreta los medios de pruebas a practicar tal y como establece el artº. 16.1 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, y en segundo lugar decir que el extremo de la antigüedad de la obra ha quedado suficientemente acreditado en el sentido en el que ya ha quedado expuesto.
Asimismo por el Instructor del expediente se formuló como propuesta de resolución la imposición de una multa de veinticinco mil novecientos dieciocho euros con cuatro céntimos (25.918,04 euros), a D. Ramón Herrera Piñero como responsable de una infracción urbanística tipificada en el artº. 202.3.b) del TRLOTENC, consistentes en la construcción de un almacén de unos 529 m2 en fase de estructura y cerramientos en el lugar denominado La Florida en el término municipal de Arona.
Octavo.- Con fecha 22 de julio de 2005 el interesado presentó en el Cabildo escrito de alegaciones a la propuesta de resolución que fue remitida a este Centro Directivo con fecha 26 de julio de 2005 y en el que sucintamente expone:
- Que reitera lo manifestado en su escrito de alegaciones a la resolución de incoación relativo a la caducidad del expediente sancionador y prescripción de la infracción urbanística.
- En lo referente a la caducidad, manifiesta que la iniciación del expediente sancionador lo fue de oficio con ocasión del boletín de denuncia formalizado por los Agentes de Medio Ambiente de la Agencia con fecha 3 de octubre de 2001, que en ningún momento le fue notificado a esta parte siendo el acto siguiente dictado en el expediente la Resolución nº 343, de 22 de febrero de 2002 por la que se acuerda suspender la obra. En igual sentido reitera la caducidad del expediente administrativo sancionador incoado por infracción del artº. 20.6 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, ya que como consta en la relación de actos dictados en el expediente sancionador incoado han existido suspensiones del mismo por períodos superiores a seis meses por causas imputables a la Administración instructora.
- Relativo a la prescripción, se ha de decir que la propia Agencia reconoce expresamente en el informe obrante en el expediente de fecha 28 de julio de 2004 que en la parcela en cuestión según consultada la ortofoto disponible de GRAFCAN se comprueba que desde 1999 ya existía el cerramiento de la parcela.
La finalidad del citado cerramiento era la de ser un depósito de alimentos perecederos de una finca situado en Guargacho. Ello tiene gran importancia porque la realidad edificatoria anteriormente descrita ya existía desde 1996 como cerramiento con puerta y sin techo para una finalidad concreta incoándose el día 3 de octubre de 2001 expediente de infracción urbanística por denuncia pero en este caso porque se habían realizado los trabajos preparatorios para colocar un techo que nunca se construyó ni se hormigonó como así consta en los reportajes fotográficos de precinto y diligencias de seguimiento de precinto obrantes en el expediente.
La única imputación que se le puede hacer al denunciado es que realizó unos actos preparatorios para acometer la ejecución de un forjado que en ningún momento se materializó y que en la actualidad no se ha podido retirar ya que el lugar se encuentra precintado.
Que la construcción que se le imputa como ejecutada en la Resolución de 22 de febrero de 2002 se encontraba construida desde el año 1996 por lo que la misma ha de considerarse prescrita, lo que conlleva que el informe técnico de valoración sobre el supuesto ilícito urbanístico que se le imputa al denunciado es absolutamente incorrecto ya que no se ha realizado acto edificatorio alguno.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS
I.- Es competente para la incoación, tramitación y resolución del presente expediente la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 190.1.c) y 229 del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio de Canarias y la Ley de Espacios Naturales de Canarias en relación con el Decreto 189/2001, de 15 de octubre, por el que se aprueban los Estatutos de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.
II.- Las actuaciones en suelo rústico requieren calificación territorial con carácter previo al otorgamiento de la igualmente preceptiva licencia municipal de obras de conformidad con los artículos 27, 66, 166, y 170 del TRLOTENC.
III.- Las alegaciones del interesado no pueden modificar la determinación inicial de los hechos, ni su calificación, toda vez que:
No ha quedado desvirtuado el hecho cierto y objetivo por el que se incoa el presente procedimiento, consistentes en la inexistencia de los permisos necesarios para realizar las obras de las que trae causa este expediente.
Respecto a la caducidad del expediente sancionador se ha de decir que en modo alguno ha operado el referido instituto por cuanto el plazo de seis meses establecido en el artº. 20.6 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, empieza a computar desde la iniciación del procedimiento sancionador, el cual comienza con el acuerdo de iniciación establecido en el artº. 13 del citado Real Decreto 1.398/1993, en el presente supuesto comienza con la Resolución nº 714, de fecha 3 de marzo de 2005 por la que se acuerda incoar el expediente sancionador, notificado el siguiente día 21 de abril de 2005 a su hija Virginia Herrera, tal y como consta en la documentación obrante en el expediente administrativo, por lo que queda claro que no ha transcurrido el plazo de caducidad de este procedimiento sancionador.
Así, y en lo referente a la prescripción de la infracción urbanística tipificada de grave por el transcurso del plazo de dos años, se ha de decir que en cuanto a la pretendida antigüedad de la obra que se refiere de adverso en el sentido de que la misma se encuentra construida desde el año 1996 se reitera lo ya manifestado por la instrucción del procedimiento en el sentido de que en modo alguno puede ser cierta la misma por cuanto está suficientemente acreditado en el acta de denuncia de fecha 3 de octubre de 2001 que las obras de las que traen causa el presente procedimiento sancionador se encontraban en ese momento en ejecución, tal y como se constata igualmente de las fotografías anexas a la citada denuncia. A mayor abundamiento se ha de decir igualmente que consta el estado constructivo de la obra en la propia diligencia de precinto efectuada con fecha 17 de enero de 2003 en donde se hace constar expresamente que las obras se encuentran en fase de cerramiento y forjado de techo sin ejecutar, siendo ilustrativas de dicho estado las fotografías que se acompañan a la citada diligencia de precinto en donde se constata claramente que la obra se encuentra sin terminar. Por último el informe técnico de fecha 28 de julio de 2004 hace constar en el apartado relativo a la valoración de las obras que: "Se adjunta valoración técnica de las obras referida a la ejecución de un almacén en fase de estructura y cerramientos, según el estado que se aprecia en las fotografías de la última visita de inspección efectuada en marzo de 2004 el cual no ha variado desde la ejecución material del precinto en enero de 2003."
Asimismo no se puede obviar que las obras son valoradas al 28% de su estado constructivo en la cantidad de veinticinco mil novecientos dieciocho euros con cuatro céntimos (25.918,04 euros).
Sentado lo anterior en modo alguno puede operar el instituto de la prescripción de la presunta infracción urbanística por cuanto el artº. 201 del TRLOTENC establece que para que empiece a computar el plazo de prescripción las obras tienen que estar totalmente terminadas, lo que no ocurre en el presente caso que se encuentran en la actualidad sin finalizar.
IV.- Los hechos anteriormente relacionados son presuntamente constitutivos de infracción urbanística, tipificada y calificada de grave en el artículo 202.3 del citado Decreto Legislativo 1/2000, y sancionada en el artículo 203.1.b) con multa de 6.010,13 a 150.253,03 euros, en función de las circunstancias que concurran en el presente expediente, al carecer las obras objeto de este expediente de las autorizaciones pertinentes, calificación territorial y licencia municipal de obras.
V.- El artº. 164.2 TRLOTENC dispone que la potestad de protección de la ordenación es de ejercicio inexcusable, de forma que en ningún caso la Administración puede dejar de adoptar las medidas de restablecimiento del orden jurídico infringido, estableciéndole artº. 188.1.a) del TRLOTENC que toda acción u omisión tipificada como infracción dará lugar a la adopción de las medidas para el restablecimiento del orden jurídico perturbado. De conformidad con el artículo 179 del TRLOTENC se procederá a la reposición de las cosas al estado inmediatamente anterior a la comisión de la infracción, incluida la demolición, en los siguientes supuestos: a) Cuando se ubiquen o realicen en suelo urbanizable, cuya ordenación no se haya pormenorizado, o en suelo rústico, cuando siendo necesaria la calificación territorial carezcan de la misma (...)
En el caso que nos ocupa, es necesaria la calificación territorial (ex artículos 66.27 y 170.1 TRLOTENC) y se carece de la misma.
Por tanto, procede ordenar la reposición de las cosas al estado inmediatamente anterior a la infracción, mediante la demolición de las referidas obras.
VI.- Han sido observados y cumplimentados todos los requisitos de procedimiento establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, y en el Reglamento sobre procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado por el Real Decreto 1.389/1993, de 4 de agosto.
En su virtud,
R E S U E L V O:
Primero.- Imponer una multa de veinticinco mil novecientos dieciocho euros con cuatro céntimos (25.918,04 euros), a D. Ramón Herrera Piñero, en calidad de promotor de las obras consistentes en la construcción de un almacén de unos 529 m2 aproximadamente, en fase de estructura y cerramientos, de conformidad con el artículo 189 del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias.
Segundo.- Ordenar el restablecimiento del orden jurídico infringido y de la realidad física alterada mediante la demolición de las referidas obras y a tal efecto requerir al interesado para que en el plazo de un mes presente en esta Agencia el correspondiente proyecto de demolición como primer trámite de la ejecución voluntaria advirtiéndoles que de no cumplimentar el mencionado requerimiento se procederá a la ejecución forzosa de la demolición, conforme al artículo 96 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Común modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
Tercero.- Advertir al interesado que si repone los terrenos al estado anterior a la comisión de la infracción, tendrá derecho a una reducción de la multa en un 75%, de la que se haya impuesto o deba imponerse, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 182 del Decreto 1/2000, de 8 de mayo.
Cuarto.- Notificar la presente Resolución al interesado y al Ayuntamiento de Arona.
El cumplimiento de las obligaciones económicas se hará efectivo en el tiempo y forma que se establezca en la notificación que le remitirá la Consejería de Hacienda a este fin, una vez sea firme la resolución en vía administrativa, de conformidad con lo establecido en la Resolución de 13 de agosto de 2002, por la que se da publicidad a la suscripción del Convenio entre la Consejería de Economía, Hacienda y Comercio del Gobierno de Canarias y a la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, para la prestación del servicio de gestión de cobro de los ingresos de derecho público propios de la Agencia, tanto en período voluntario como en vía ejecutiva.
Contra el presente acto, que no agota la vía administrativa, cabe recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Política Territorial y Medio Ambiente, el cual podrá presentarse en las dependencias sitas en la Rambla General Franco, 149, Edificio Mónaco o en los registros previstos en la Ley de Procedimiento Administrativo 30/1992, modificada por la Ley 4/1999, en el plazo de un mes desde la notificación de la presente resolución y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse. "
Segundo.- Remitir la presente Resolución al Servicio de Publicaciones e Información del Gobierno de Canarias, para su publicación en el Boletín Oficial de Canarias, y al correspondiente Ayuntamiento para su inserción en el tablón de edictos.
Santa Cruz de Tenerife, a 31 de agosto de 2005.- El Director Ejecutivo, p.s., el Director General de Ordenación del Territorio (Acuerdo del Consejo de 16.6.05), Miguel Ángel Pulido Rodríguez.
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