No habiéndose podido notificar a D. Rubens Gregorio Domínguez en la forma prevista en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, la Resolución dictada en el expediente tramitado por esta Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural con referencia 1443/02-U, de conformidad con el apartado cuarto del antes mencionado artículo,
R E S U E L V O:
Primero.- Notificar a D. Rubens Gregorio Domínguez la Propuesta de Resolución dictada por la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, de fecha 15 de julio de 2005, recaída en el expediente con referencia 1443/02-U, y que dice textualmente:
"El Instructor del procedimiento sancionador seguido frente a usted, ha adoptado en el día de la fecha el siguiente acuerdo:
Examinado el expediente instruido por esta Agencia para la protección de la legalidad urbanística seguido frente a D. Rubens Gregorio Cabrera Domínguez, por la ejecución sin las preceptivas autorizaciones administrativas de obras en Suelo Rústico, consistentes en la construcción de una vivienda de unos 245 m2 aproximadamente, en el lugar denominado "Las Bermudas 18-Valle San Lorenzo", en el término municipal de Arona.
Vistos informe técnico, y demás documentos obrantes en el expediente, y teniendo en cuenta los siguientes
1. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS
Primero.- Con fecha 3 de septiembre de 2002, la Dirección General de la Guardia Civil (Seprona), denuncia obras consistentes en la edificación de una vivienda unifamiliar de unos 245 m2 de superficie aproximadamente, careciendo de la preceptiva calificación territorial, siendo el denunciado D. Rubens Gregorio Cabrera Domínguez.
Segundo.- Como consecuencia de lo anterior, la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural dicta Resolución nº 2235, de fecha 21 de noviembre de 2002, notificada el día 14 de diciembre de 2002, por la que se acuerda suspender dichas obras y se le requiere a D. Rubens Gregorio Cabrera Domínguez, para que en el plazo de tres meses inste la legalización de las obras. Habiéndose llevado a efecto con fecha 27 de octubre de 2003 seguimiento de precinto, en donde se comprueba que las obras han continuado incumpliéndose con el precinto de las mismas, de fecha 25 de febrero de 2003, por lo que se dicta Resolución nº 169, de fecha 22 de enero de 2004, acordándose imponer multa coercitiva.
Tercero.- Con fecha 11 de abril de 2005, se emite el correspondiente informe técnico, comprobándose los hechos denunciados por la Guardia Civil (Seprona), donde se hace constar:
1º) Que las obras denunciadas consisten en la construcción de una edificación de una vivienda unifamiliar de dos plantas con una superficie de 245 m2 aproximadamente, encontrándose en fase de acabados exteriores, por lo que se confirma que éstas no se encuentran terminadas.
2º) El Plan General de Ordenación vigente en el municipio de Arona, clasifica dicho suelo como No Urbanizable de interés tipo Agrícola tipo B.
Cuarto.- Con fecha 22 de abril de 2005, la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural dictó Resolución nº 1374, notificada el día 6 de mayo de 2005, por la que se acordó incoar el oportuno expediente sancionador.
Quinto.- Transcurrido el plazo habilitado en la incoación del procedimiento sancionador para que el interesado presente alegaciones contra la misma, D. Rubens Gregorio Cabrera Domínguez, no ha presentado alegación alguna.
2. FUNDAMENTOS JURÍDICOS
A) La acción administrativa sancionadora, a la vista de los antecedentes obrantes en el expediente, se fundamenta en lo siguiente:
1.- D. Rubens Gregorio Cabrera Domínguez está realizando obras consistentes en la construcción de una vivienda de unos 245 m2 aproximadamente, en el lugar denominado "Las Bermudas 18-Valle San Lorenzo", en el término municipal de Arona, sin las autorizaciones preceptivas, lo que infringe los artículos 27, 66, 166, 168 y 170 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo (en adelante TRLoTCENC), que establece que las actuaciones en suelo rústico requieren calificación territorial con carácter previo al otorgamiento de la igualmente preceptiva licencia municipal de obras.
2.- Dichas obras incumplen con lo preceptuado en el artículo 66.7.a), al no estar ubicadas las mismas en un asentamiento rural o agrícola, el uso residencial es disconforme con la normativa y con el P.G.O.U. vigente.
B) Procede estimar cometida la infracción relacionada anteriormente y en el presente caso se observa que concurren las siguientes circunstancias modificativas de la sanción:
- La circunstancia atenuante prevista en el artículo 198.a) del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, por ausencia de intención de causar daño tan grave a los intereses públicos afectados.
- La circunstancia mixta prevista en el artículo 199.a) del TRLoTCENC, en su consideración de atenuante en atención al grado de conocimiento de la normativa legal y de las técnicas de obligatoria observancia por razón de oficio.
- La circunstancia mixta prevista en el artículo 199.b) del TRLoTCENC, en su consideración como agravante en atención a la ausencia u obtención de beneficio por la infracción, en función de la valoración de la obra, las obras contenidas en el presente expediente sancionador ascienden a una cuantía de 169.694,20 euros, según informe técnico de fecha 18 de abril de 2005, emitido por esta Agencia.
Conforme al artículo 196 del citado Texto Refundido cuando en el procedimiento se aprecie alguna circunstancia agravante o atenuante, la multa deberá imponerse por una cuantía de la mitad superior o inferior de la correspondiente escala, respectivamente, fijándose la misma, en función de la ponderación de la incidencia de dichas circunstancias en la valoración global de la infracción. En base a ello se propone la imposición de una multa de 51.500 euros.
3. CONCLUSIONES
lº) HECHO PROBADO.
Los días 3 de septiembre de 2002 y 11 de abril de 2005, se constata que D. Rubens Gregorio Cabrera Domínguez, está realizando obras consistentes en la construcción de una vivienda de dos plantas con una superficie de 245 m2 aproximadamente, sin las preceptivas autorizaciones administrativas de obras.
2º) CALIFICACIÓN.
El hecho probado es constitutivo de infracción urbanística, tipificada en el artículo 202.3.b) del TRLoTCENC, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, calificada de grave en el mismo artículo, al carecer las obras objeto de este expediente de las autorizaciones pertinentes, calificación territorial y licencia municipal de obras.
3º) RESPONSABLE.
Es responsable de la antedicha infracción D. Rubens Gregorio Cabrera Domínguez, con D.N.I. 43361058-D, con domicilio en Las Bernardas, 26, Valle San Lorenzo, Arona.
4º) SANCIÓN QUE CORRESPONDE Y MEDIDAS QUE SE PROCEDE ADOPTAR.
Por la infracción del citado hecho multa de 51.500 euros y de conformidad con el artículo 179 del TRLoTCENC, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, se procederá a la demolición de las obras objeto de este expediente, en los siguientes supuestos:
a) Cuando se ubiquen o realicen en suelo urbanizable, cuya ordenación no se haya pormenorizado, o en suelo rústico, cuando siendo necesaria la calificación territorial, carezcan de la misma.
b) Cuando instada la legalización, ésta haya sido denegada.
c) Cuando no se haya instado la legalización en el plazo concedido al efecto y de la instrucción del procedimiento resulte la incompatibilidad de lo realizado y proyectado con las determinaciones de la ordenación ambiental, territorial y urbanística aplicables.
4. ÓRGANO COMPETENTE
Es competente para la incoación, tramitación y resolución del presente expediente la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 190.1.c).3 y 229 del TRLoTCENC, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, en relación con el Decreto 189/2001, de 15 de octubre, por el que se aprueban los Estatutos de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.
Visto, que han sido observados y cumplimentados todos los requisitos de procedimiento establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, y en el Reglamento sobre procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado por el Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, y en virtud de lo expuesto, el Instructor propone la siguiente
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
Primero.- Imponer una multa de cincuenta y un mil quinientos euros a D. Rubens Gregorio Cabrera Domínguez, en calidad de promotor, de conformidad con el artículo 189 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo.
Segundo.- Acordar la demolición de las obras objeto de este expediente para la reposición del terreno al estado anterior a la comisión de la infracción.
Tercero.- Advertir al interesado que si repone los terrenos al estado anterior a la comisión de la infracción, tendrá derecho a una reducción de la multa en un setenta y cinco por ciento, de la que se haya impuesto o deba imponerse, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 182 del TRLoTCENC, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000.
Notifíquese la propuesta de resolución al interesado.
De todo lo cual se le da a usted traslado, concediéndole un plazo de quince días hábiles contados a partir del día siguiente a la recepción del presente, para que pueda alegar cuanto considere conveniente en su defensa ante esta Agencia (sita en la Rambla General Franco, 149, Edificio Mónaco, semisótano), pudiendo Vd. o persona con poder bastante tomar vista del expediente y solicitar copias de documentos del mismo y presentar los documentos e informaciones que estime pertinente, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 19 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto.
Adjunto se acompaña, relación de los documentos obrantes en el procedimiento, a los efectos establecidos en el artículo 19.1 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto.
RELACIÓN DE LOS DOCUMENTOS OBRANTES
EN EL EXPEDIENTE Nº 1443/02-U
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 19.1 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, a continuación se relacionan los documentos obrantes en el expediente de referencia, a fin de que los interesados puedan obtener las copias de lo que estimen conveniente, teniendo en cuenta lo previsto por la Dirección General de Tributos en su Resolución de 24 de enero de 2005, por la que se informa sobre el importe actualizado de las cuantías fijas de las tasas de la Comunidad Autónoma de Canarias para el año 2005.
- Denuncia del Seprona de fecha 7 de octubre de 2002 con fotografías y planos.
- Resolución nº 2235, de fecha 21 de noviembre de 2002, con acuse de recibo.
- Nota de régimen interno al Servicio Técnico de fecha 23 de enero de 2003.
- Diligencia de precinto de fecha 25 de febrero de 2003 con fotografías.
- Incumplimiento de precinto de fecha 27 de octubre de 2003.
- Escrito de Unelco-Endesa de fecha 11 de noviembre de 2003.
- Resolución nº 169 por la que se impone multa coercitiva.
- Oficio al Ayuntamiento de Arona de fecha 17 de febrero de 2004, remitiendo Resolución nº 169 con acuse de recibo.
- Informe del Ayuntamiento remitiendo la notificación debidamente diligenciada con entrada de 16 de marzo de 2004.
- Remisión de cargo de liquidación de multa coercitiva de fecha 11 de octubre de 2004.
- Nota de régimen interno al Servicio Técnico de fecha 10 de marzo de 2005.
- Informe Técnico y Valoración de fecha 18 de abril de 2005.
- Resolución nº 1374, de fecha 22 de abril de 2005, por la que se acuerda incoar expediente sancionador."
Segundo.- Remitir la presente Resolución al Servicio de Publicaciones e Información del Gobierno de Canarias, para su publicación en el Boletín Oficial de Canarias, y al correspondiente Ayuntamiento para su inserción en el tablón de edictos.
Santa Cruz de Tenerife, a 11 de agosto de 2005.- El Director Ejecutivo, p.s., el Director General de Ordenación del Territorio (Acuerdo del Consejo de 16.6.05), Miguel Ángel Pulido Rodríguez.
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