Desconociéndose el domicilio de D. Juan Agustín Hidalgo Barroso al objeto de notificar la Orden Departamental de fecha 4 de julio de 2005, por la que se deniega la ayuda excepcional solicitada para paliar los daños causados en viviendas y/o enseres como consecuencia del temporal de lluvias acaecido el 31 de marzo de 2002, en los municipios de Santa Cruz de Tenerife y San Cristóbal de La Laguna, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, este organismo
R E S U E L V E:
Notificar a D. Juan Agustín Hidalgo Barroso, la Orden Departamental de la Consejería de Infraestructuras, Transportes y Vivienda de fecha 4 de julio de 2005, cuyo tenor literal es el siguiente:
"Vista la solicitud de ayudas por daños sufridos en vivienda y/o enseres presentada por D. Juan Agustín Hidalgo Barroso, provisto del D.N.I./N.I.F. 41.951.610-R, por la que se incoa el expediente administrativo de referencia.
Visto el Informe-Propuesta evacuado por la Oficina de Ayuda a los Damnificados del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.
Vista la Propuesta de Resolución formulada por el Ilmo. Sr. Director del Instituto Canario de la Vivienda.
ANTECEDENTES
Primero.- Con fecha 15 de abril de 2002, D. Juan Agustín Hidalgo Barroso, presentó en el Registro de Entrada del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife "solicitud de ayuda para unidades familiares o de convivencia económica para hacer frente a situaciones de emergencia o catástrofe", junto con diversos documentos.
Segundo.- Una vez analizada la solicitud y la documentación aportada por el solicitante, no se puede comprobar que el mismo sea propietario de la vivienda afectada, tratándose de una herencia yacente, además no constituye su domicilio habitual y permanente, consistiendo en todo caso en una segunda vivienda.
Tercero.- Con fecha 13 de septiembre de 2002, los Servicios Técnicos del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife emiten informe en el que cuantifican los daños ocasionados en la vivienda objeto de la solicitud de ayuda.
Cuarto.- El 22 de noviembre de 2002, la Oficina de Ayuda a los Damnificados de la entidad local antes mencionada, dicta Informe-Propuesta en el que entiende que la solicitud de ayudas presentada por el interesado ha de ser desestimada puesto que la vivienda afectada por las lluvias no es domicilio habitual y permanente tratándose en todo caso de una segunda vivienda no ocupada, y por otra parte, la titularidad no está debidamente acreditada, siendo herencia yacente.
Quinto.- El 8 de abril de 2005, después de varios intentos de notificación por parte de la Oficina de Ayuda a los Damnificados del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, se publica en el Boletín Oficial de Canarias anuncio por el que se hace pública la Resolución de 15 de marzo de 2005 del Director del Instituto Canario de la Vivienda, relativa a notificación del trámite de audiencia dirigido a D. Juan Agustín Hidalgo Barroso previsto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. Transcurriendo el plazo de 10 días previsto al efecto sin que se hubiere presentado alegación alguna.
De todo lo anterior se deducen los siguientes
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- En cuanto a la competencia para resolver el procedimiento administrativo para la concesión de ayudas excepcionales destinadas a paliar los daños causados en las viviendas y enseres como consecuencia del temporal de lluvias acaecido el día 31 de marzo de 2002, es competente la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Aguas del Gobierno de Canarias, previa autorización del Consejero de Economía, Hacienda y Comercio, de conformidad con lo establecido en el artículo 6 de la Orden Interdepartamental de 29 de mayo de 2002 y en la Orden de delegación de la Consejería de Empleo y Asuntos Sociales de fecha 25 de abril de 2002. La remisión hecha a la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Aguas ha de entenderse realizada a la Consejería de Infraestructuras, Transportes y Vivienda, tal y como se prevé en el artículo 3 del Decreto 241/2003, de 11 de julio, del Presidente, por el que se determinan el número, denominación y competencias de las Consejerías del Gobierno de Canarias.
Respecto a la competencia para la instrucción del procedimiento, ésta corresponde a los Ayuntamientos de los municipios afectados, de conformidad con lo previsto en el artículo 5, apartado 1º, de la Orden Interdepartamental de 29 de mayo de 2002.
Segundo.- En cuanto al procedimiento, se han observado las prescripciones legales establecidas en la Orden Interdepartamental de 29 de mayo de 2002, que desarrolla el Decreto territorial 39/2002, de 8 de abril, y en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, reguladora del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Tercero.- Respecto al fondo del asunto, el objeto del expediente administrativo incoado a instancia del interesado tiene por finalidad la concesión de ayudas excepcionales destinadas a paliar los daños causados en las viviendas y/o enseres como consecuencia del temporal de lluvias acaecido el día 31 de marzo de 2002 en los municipios de Santa Cruz de Tenerife y San Cristóbal de La Laguna.
Cuarto.- El artículo 3, apartado 1º, letra a), de la Orden Interdepartamental de 29 de mayo de 2002, establece, como uno de los requisitos necesarios para poder ser perceptor de las ayudas destinadas a paliar los daños ocasionados en inmuebles, que el beneficiario sea "propietario de la vivienda afectada y que la misma constituya el domicilio habitual y permanente de su unidad familiar o, estando ocupada en arrendamiento u otro título, constituya el domicilio habitual y permanente de otra unidad familiar", distinta a la de aquél. Además, la letra b) del citado precepto determina que "ninguno de los miembros de la unidad familiar que ocupa la vivienda afectada" puede ser "propietario de otra vivienda no ocupada en los términos municipales a los que se refiere la presente Orden". En este sentido, y como se deduce de los antecedentes administrativos, el interesado tiene fijado su domicilio habitual y permanente en otro inmueble distinto al afectado por las lluvias torrenciales del 31 de marzo de 2002, por otra parte no acredita debidamente ser titular de la propiedad del inmueble afectado, al tratarse de una herencia yacente, por lo que no ostenta capacidad suficiente para ser beneficiario de las ayudas contenidas en la mencionada Orden por el concepto de "ayudas por daños en las viviendas".
Quinto.- En cuanto al trámite de audiencia al interesado, éste se ha efectuado con arreglo a lo previsto en el artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, reguladora del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Vistas las normas que se citan y las disposiciones complementarias de aplicación, este Consejero, en el uso de las atribuciones conferidas,
R E S U E L V E:
Única.- Denegar a D. Juan Agustín Hidalgo Barroso la ayuda excepcional solicitada para paliar los daños causados en viviendas y/o enseres como consecuencia del temporal de lluvias acaecido el 31 de marzo de 2002, en los municipios de Santa Cruz de Tenerife y San Cristóbal de La Laguna, al no constituir la vivienda afectada por las lluvias su domicilio habitual y permanente y, además, no acreditar debidamente la titularidad del inmueble afectado, tal y como se determina en las precedentes consideraciones jurídicas.
Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al de su notificación, o, potestativamente, recurso de reposición ante el Excmo. Consejero de Infraestructuras, Transportes y Vivienda, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la recepción de la mencionada notificación, tal y como se establece en los artículos 109, 110 y 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común -modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero-, y en las disposiciones de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa; todo ello, sin perjuicio de que el interesado pueda ejercitar cualquier otro que estime oportuno."
Santa Cruz de Tenerife, a 19 de julio de 2005.- El Director, Jerónimo Fregel Pérez.
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