No habiéndose podido notificar a D. Domingo Ramos Acosta en la forma prevista en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, la Resolución dictada en el expediente tramitado por esta Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural con referencia 746/03-U, de conformidad con el apartado cuarto del antes mencionado artículo,
R E S U E L V O:
Primero.- Notificar a D. Domingo Ramos Acosta la Resolución dictada por el Ilmo. Sr. Director Ejecutivo de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural nº 2083, de fecha 10 de junio de 2005, recaída en el expediente con referencia 746/03-U, y que dice textualmente:
"Examinado el expediente sancionador instruido por este Centro Directivo para la protección de la legalidad urbanística seguido frente a D. Domingo Ramos Acosta, por la ejecución de obras en suelo rústico, sin las preceptivas autorizaciones administrativas (calificación territorial y licencia municipal de obras) tal y como establecen los artículos 166 y 170 del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, obras consistentes en la construcción de una vivienda unifamiliar de una planta de altura de aproximadamente 100 m2 de superficie, en el lugar conocido por "Huerta Bicho", en el término municipal de Tacoronte.
Vistos el informe técnico, y demás documentos obrantes en el expediente y teniendo en cuenta los siguientes
ANTECEDENTES
1.- Con fecha 5 de septiembre de 2003, la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural dictó Resolución nº 1277, notificada el siguiente día 10 de diciembre de 2003 por la que se acordó la suspensión y precinto de las obras, instando al interesado para que solicite las preceptivas autorizaciones sin que dicho requerimiento haya sido cumplimentado.
2.- Con fecha 9 de febrero de 2004, se efectuó el precinto de las obras habiéndose llevado a efecto con fechas 6 de abril de 2004 y 26 de octubre de 2004 sendos seguimientos de precinto en donde se comprueba que las obras de edificación de la vivienda se encontraban en el mismo estado que cuando se llevó a cabo la diligencia de precinto.
Con fecha 21 de enero de 2005, se valoraron las obras al 75% de su estado constructivo en la cantidad de treinta y seis mil setecientos cuarenta y cinco euros con ochenta céntimos (36.745,80 euros).
3.- Con fecha 3 de marzo de 2005, se dictó la Resolución nº 709, por la que se incoaba el correspondiente procedimiento sancionador al interesado como presunto responsable de una infracción está tipificada conforme el artículo 202.3.b) del mencionado Decreto Legislativo 1/2000, y sancionada en el artículo 203 del mismo texto legal, con multa de 6.010,13 euros a 150.253,03 euros, en función de las circunstancias que concurran en el presente expediente todo lo cual fue notificado en dicha Resolución, con la advertencia expresa de que la misma sería considerada como propuesta de resolución si fuera reconocida por el interesado su responsabilidad, o no presentara alegación alguna, conforme a lo dispuesto en el artículo 19 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora.
Con fecha 8 de abril de 2005, se dictó la Resolución nº 1151, por la que se acuerda publicar la Resolución nº 709, de incoación del presente procedimiento sancionador, al haberse intentado su notificación por vía postal siendo infructuosos los dos intentos correspondientes.
El pasado día 18 de abril de 2005 salió publicada la antes citada Resolución en el Boletín Oficial de Canarias.
4.- El interesado no ha presentado alegaciones dentro de los plazos legales contra la Resolución nº 709, dictada por esta Agencia con fecha 3 de marzo de 2005, por la que se acuerda la incoación del presente expediente sancionador.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
I.- Es competente para la incoación, tramitación y resolución del presente expediente la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 190.1.c) y 229 de la Ley 9/1999, refundida en el Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, en relación el artículo 19.3, del Decreto 189/2001, de 15 de octubre, por el que se aprueban los Estatutos de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.
II.- Las actuaciones en suelo rústico requieren Calificación Territorial con carácter previo al otorgamiento de la igualmente preceptiva licencia municipal de obras, de conformidad con los artículos 27, 66, 166, 168 y 170 del citado Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo.
III.- Los hechos anteriormente relacionados son presuntamente constitutivos de infracción urbanística, tipificada en el artículo 202 del citado Decreto Legislativo 1/2000, calificada de grave en el mismo artículo y sancionada en el artículo 203 del mismo Texto Legal con multa de 6.010,13 a 150.253,03 euros, al carecer las obras objeto de este expediente de las autorizaciones pertinentes, calificación territorial y licencia municipal de obras, no apreciándose en el presente supuesto circunstancias agravantes ni atenuantes de la responsabilidad sancionadora.
IV.- De conformidad con el artículo 179 de dicho Decreto Legislativo, se procederá a la demolición de las obras objeto de este expediente y a reponer los terrenos al estado anterior a la infracción, en los siguientes supuestos:
a) Cuando se ubique o realicen en suelo urbanizable, cuya ordenación no se haya pormenorizado, o en suelo rústico, cuando siendo necesaria la calificación territorial, carezcan de la misma.
b) Cuando instada la legalización, ésta haya sido denegada.
c) Cuando no se haya instado la legalización en el plazo concedido al efecto y de la instrucción del procedimiento resulte la incompatibilidad de lo realizado y proyectado con las determinaciones de la ordenación ambiental, territorial y urbanística aplicables.
V.- Han sido observados y cumplimentados todos los requisitos de procedimiento establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero), y el Reglamento para el ejercicio de la potestad sancionadora aprobada por el Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto.
En su virtud,
R E S U E L V O:
Primero.- Imponer una multa de treinta y seis mil setecientos cuarenta y cinco euros con ochenta céntimos (36.745,80 euros), a D. Domingo Ramos Acosta en calidad de promotor de las obras objeto de este procedimiento, de conformidad con el artículo 189 del mismo texto legal.
Segundo.- Ordenar el restablecimiento del orden jurídico infringido y de la realidad física alterada mediante la demolición de las referidas obras y a tal efecto requerir al interesado para que en el plazo de un mes, presente ante esta Agencia el correspondiente proyecto de demolición como primer trámite de la ejecución voluntaria, advirtiéndoles que de no cumplimentar el mencionado requerimiento, se procederá a la ejecución forzosa de la demolición, conforme a lo establecido en el artículo 96 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Tercero.- Advertir al interesado que si repone los terrenos al estado anterior a la comisión de la infracción, tendrán derecho a una reducción de la multa en un setenta y cinco por ciento, de la que haya impuesto o deba imponerse, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 182 del citado Decreto Legislativo.
Cuarto.- Notificar la presente Resolución al interesado y al Ayuntamiento de Tacoronte.
El cumplimiento de las obligaciones económicas se hará efectivo en el tiempo y forma que se establezca en la notificación que le remitirá la Consejería de Economía y Hacienda a este fin, una vez sea firme la resolución en vía administrativa, de conformidad con lo establecido en la Resolución de 13 de agosto de 2002, por la que se da publicidad a la suscripción del Convenio entre la Consejería de Economía, Hacienda y Comercio del Gobierno de Canarias y la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, para la prestación del servicio de gestión de cobro de los ingresos de derecho público propios de la Agencia, tanto en período voluntario como en vía ejecutiva.
Contra el presente acto, que no agota la vía administrativa, cabe recurso de alzada ante el Consejero de Política Territorial y Medio Ambiente, en Rambla General Franco, 149, Edificio Mónaco, en el plazo de un mes desde la notificación de la presente resolución, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse."
Segundo.- Remitir la presente Resolución al Servicio de Publicaciones e Información del Gobierno de Canarias, para su publicación en el Boletín Oficial de Canarias, y al correspondiente Ayuntamiento para su inserción en el tablón de edictos.
Santa Cruz de Tenerife, a 15 de julio de 2005.- El Director Ejecutivo, p.s., el Director General de Ordenación del Territorio (Acuerdo del Consejo de 16.6.05), Miguel Ángel Pulido Rodríguez.
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