BOC - 2005/143. Viernes 22 de Julio de 2005 - 2617

IV. ANUNCIOS - Otros anuncios - Consejería de Turismo

2617 - Dirección General de Ordenación y Promoción Turística.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 11 de julio de 2005, sobre notificación de Resoluciones de expediente sancionador, así como los cargos que se imputan a titulares de empresas y actividades turísticas de ignorado domicilio.

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Habiéndose intentado por esta Dirección General sin haberse podido practicar, la notificación de la Resolución recaída en el expediente incoado con motivo de denuncias o Actas de Inspección formuladas contra los titulares de empresas y actividades turísticas que se relacionan, conforme al artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y siendo preciso su notificación a los efectos de que aleguen lo que a su derecho convenga,

R E S U E L V O:

1.- Notificar a los titulares de los establecimientos y actividades turísticas que se citan, la Resolución recaída en el expediente que les ha sido instruido por infracción a la legislación en materia turística.

2.- Remitir al Ayuntamiento de las poblaciones que se citan, la presente Resolución para su publicación en el tablón de edictos correspondiente.

Las Palmas de Gran Canaria, a 11 de julio de 2005.- El Director General de Ordenación y Promoción Turística, Raimundo Domínguez de Vera.

1) Libro nº 1 de Órdenes de la Consejería de Turismo, folio 217, nº 48.

Orden de fecha 29 de junio de 2005, del Consejero de Turismo del Gobierno de Canarias, recaída en el expediente sancionador nº 2005/008, instruido a Grupo de Inversiones y Explotaciones Acuario, S.L., titular de la explotación turística del establecimiento denominado Hotel Acuario.

Examinado el expediente sancionador tramitado por el Servicio de Inspección y Sanciones, instruido a Grupo de Inversiones y Explotaciones Acuario, S.L., por Resolución de iniciación del Director General de Ordenación y Promoción Turística, de 7 de febrero de 2005, como consecuencia del acta de inspección nº 8882, de 30 de septiembre de 2004.

Vista la propuesta formulada por el Instructor del expediente sancionador consignado.

Teniendo en cuenta los siguientes

I. ANTECEDENTES

1º) El 30 de septiembre de 2004, se personó en el establecimiento de referencia, sito en Urbanización Parque Las Flores, 36, término municipal de Puerto de la Cruz, el Servicio de Inspección de esta Dirección General, levantando al efecto el acta nº 8882 en la que esencialmente se hace constar que se presenta Libro de Inspección diligenciado el 12 de noviembre de 2003 en el que consta: número de unidades alojativas 31, número de plazas 58. Se comprueba que este hotel explota al día de hoy 80 unidades alojativas con un total de 170 plazas: 1 habitación de una cama, 68 habitaciones con dos camas y 11 habitaciones con dos camas más una tercera en c/u.

Se requiere a la empresa para que en el plazo de diez días presente mediante escrito que haga referencia a este número de acta, en la dirección que figura a pie de esta acta en Santa Cruz de Tenerife, la siguiente documentación:

1.- Documento que acredite que este establecimiento cumple con las medidas de seguridad y protección contra incendios establecidas en la legislación vigente: Decreto 305/1996 y concordantes.

2.- Documentos que acrediten el correcto estado de todas las instalaciones eléctricas del hotel y en concreto el certificado de revisión periódica de las instalaciones eléctricas de baja tensión emitido por un organismo de control autorizado por esta Administración Autonómica.

3.- Contrato de mantenimiento de las instalaciones eléctricas.

Se advierte a esta empresa que no atender el presente requerimiento puede ser constitutivo de infracción administrativa sancionable según se reseña en la Ley 7/1995.

2º) El 7 de febrero de 2005 se ordenó la iniciación de expediente sancionador, que lleva el nº 2005/008, formulándose los hechos imputados y nombrándose al Instructor y Secretario del procedimiento, habiéndose notificado mediante su publicación en el Boletín Oficial de Canarias de 13 de mayo de 2005.

3º) La titular consignada no presentó alegaciones ni aportó prueba alguna que desvirtuase los hechos imputados, por lo que según lo previsto en el artículo 9.4 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionador en materia turística y de la inspección de turismo (B.O.C. nº 103, de 21.8.96), se considera la citada Resolución de inicio de Propuesta de Resolución del expediente.

4º) Los siguientes hechos:

- Explotar 49 unidades alojativas en el complejo de referencia careciendo de la pertinente autorización de la Administración turística canaria.

- Incumplimiento de las medidas de seguridad y protección contra incendios en establecimientos turísticos alojativos, establecidas en los Decretos 305/1996, de 23 de diciembre, y 39/1997, de 20 de marzo.

Se considera probado en virtud del acta de inspección nº 8882, de 30 de septiembre de 2004.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- Las actuaciones practicadas en el presente expediente sancionador han sido de conformidad con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99), de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95), así como con el Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo (B.O.C. nº 103, de 21 de agosto).

Segunda.- En la tramitación del expediente se han observado las formalidades de rigor.

Tercera.- Las pruebas que obran en el expediente son tenidas en cuenta a la hora de emitir la presente Resolución.

Cuarta.- En el momento de ponderar la sanción se ha tenido en cuenta el principio de proporcionalidad que establece el artículo 131 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), así como los criterios que se regulan en el artículo 79.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95).

Quinta.- Debe estimarse la responsabilidad administrativa de la empresa expedientada, en base a que los hechos probados constituyen infracciones previstas en:

- Artículo 4 del Decreto 149/1986, de 9 de octubre, de Ordenación de Establecimientos Hoteleros (B.O.C. números 129, de 27.10.86 y 138, de 17.11.86), en relación con el artículo 13 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95).

- Decreto 305/1996, de 23 de diciembre, sobre medidas de seguridad y protección contra incendios en establecimientos turísticos alojativos (B.O.C. nº 1, de 1.1.97), modificado por el Decreto 39/1997, de 20 de marzo (B.O.C. nº 44, de 7.4.97), y el Decreto 20/2003, de 10 de febrero (B.O.C. nº 39, de 26.2.03).

Dichos hechos vienen tipificados en:

- Artículo 75.1 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95), el 1er hecho infractor.

- Artículo 75.8, en relación con el 76.19 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95), modificada por la Ley 19/2003, de 14 de abril, por la que se aprueban las Directrices de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 73, de 15.4.03), el 2º hecho infractor.

Calificados como: muy grave y grave.

En el ejercicio de la comparecencia que tengo atribuida para resolver el presente expediente sancionador, de acuerdo con el artº. 80.1.b) de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19 de abril), y artº. 3.3.k) del anexo del Decreto 84/2004, de 29 de junio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Turismo (B.O.C. nº 138, de 19.7.04),

R E S U E L V O:

Imponer la sanción de multa de noventa mil (90.000) euros por el primer hecho infractor y dieciocho mil (18.000) euros por el segundo hecho infractor, a Grupo de Inversiones y Explotaciones Acuario, S.L., con C.I.F. nº B-38.448.205, titular de la explotación turística del establecimiento denominado Hotel Acuario.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso potestativo de reposición, ante el Excmo. Sr. Consejero de Turismo, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su notificación, o directamente recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente de su notificación, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Superior de Justicia de Canarias en cuya circunscripción tenga su domicilio el recurrente o en función de la sede del órgano que dictó el acto impugnado a elección del recurrente, sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse, haciéndole saber que, en el caso de presentar recurso de reposición, no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta la resolución expresa del recurso de reposición o se produzca la desestimación presunta del mismo, según lo estipulado en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 285, de 27 de noviembre, y B.O.E. nº 12, de 14.1.99).

En el caso de que el recurrente sea un representante y no se haya acreditado dicha representación, deberá aportar Escritura de Poder para dejar constancia fidedigna, bien con copia simple notarial o previo cotejo o compulsa de la fotocopia con su original, a tenor de lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99).

Una vez firme la presente Orden, se procederá a dar cumplimiento a lo dispuesto en el artº. 17.7 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo, en relación con el artº. 81.4 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, referente a la publicación de la sanción y anotación en el Registro General de Empresas, Actividades y Establecimientos Turísticos.- Las Palmas de Gran Canaria, a 29 de junio de 2005.- El Consejero de Turismo, Manuel Fajardo Feo.



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