No habiéndose podido notificar a D. Miguel Martín Rancel, en la forma prevista en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, la Resolución dictada en el expediente tramitado por esta Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural con referencia nº 55/94-C, de conformidad con el apartado cuarto del antes mencionado artículo,
R E S U E L V O:
Primero.- Notificar a D. Miguel Martín Rancel la Resolución dictada por el Ilmo. Sr. Director Ejecutivo de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural nº 438, de fecha 15 de febrero, recaída en el expediente 55/94-C, y que dice textualmente:
Examinado el expediente administrativo de disciplina urbanística seguido frente a D. Miguel Martín Rancel, por la construcción ilegal en Zona de Servidumbre de Protección del Dominio Marítimo Terrestre de un cuarto-cueva de una planta y acondicionamiento exterior, en el lugar denominado "El Médano-La Guirrera", en el término municipal de Granadilla.
Vista la documentación obrante en el expediente y teniendo en cuenta los siguientes
ANTECEDENTES
Primero.- Con fecha 18 de julio de 1995, el Director de la Dirección General de Ordenación del Territorio dicta Resolución nº 1154, que ha devenido firme en el expediente administrativo sancionador y de restauración del orden jurídico infringido nº 55/94-C, por infracción administrativa a la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, consistente en la construcción no autorizada de un cuarto-cueva de una planta y acondicionamiento exterior, promovidas por D. Miguel Martín Rancel, con la advertencia expresa de que de no cumplimentar voluntariamente dicha orden, se procedería a la ejecución forzosa de la misma por parte de la Administración, conforme establece el artículo 95 de la Ley Procedimental 30/1992, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
Segundo.- Ha sido constatado por el Servicio Técnico de esta Agencia que hasta la fecha el expedientado no ha procedido a ejecutar voluntariamente la demolición ordenada.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I
Esta Agencia es competente para la tramitación y resolución de procedimientos sancionadores y de restauración por infracciones a la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, al tiempo de dictar la Resolución que ahora se ejecuta de conformidad con el entonces en vigor artículo 21.2 del Decreto 107/1995, de 26 de abril, por el que se aprobó el Reglamento Orgánico de la Consejería de Política Territorial y actualmente de conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional Única del Reglamento Orgánico de la Consejería de Política Territorial y Medio Ambiente, aprobado por Decreto 89/2000, de 22 de mayo, en relación con el artículo 9.3 del Decreto 189/2001, de 15 de octubre, por el que se aprueban los Estatutos de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.
II
Que los artículos 95 y 98 de la Ley Procedimental 30/1992, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, establecen que las Administraciones Públicas podrán proceder a la ejecución forzosa de los actos administrativos y a la ejecución subsidiaria cuando se trate de actos que, por no ser personalísimos, puedan ser realizados por sujeto distinto al obligado, a su costa. Siendo que en el presente caso se dan los presupuestos necesarios para dicha ejecución forzosa al no haber sido cumplida por el expedientado en el plazo voluntario concedido al efecto en la mentada Resolución.
En su virtud,
R E S U E L V O:
Primero.- Proceder a la ejecución forzosa, mediante ejecución subsidiaria, de la demolición de las obras no autorizadas consistentes en cuarto-cueva de una planta y acondicionamiento exterior, en el lugar denominado "El Médano-La Guirrera" del término municipal de Granadilla, promovidas por D. Miguel Martín Rancel, construidas en Zona de Servidumbre de Protección del Dominio Público Marítimo Terrestre y a tal efecto señalar como fecha de ejecución de dicha demolición los días siguientes a aquel en que por parte del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo que resulte competente, se dicte el preceptivo Auto de Entrada que autorice el acceso a la propiedad, debiéndose practicar consecuentemente, las gestiones y diligencias precisas para garantizar el correcto cumplimiento de la citada demolición.
Segundo.- Solicitar el correspondiente Auto de Entrada al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo que resulte competente, mediante el cual se autorice el acceso a la construcción objeto de la presente demolición.
Tercero.- Requerir a D. Miguel Martín Rancel para que, desde la notificación de la presente, proceda a la retirada de maquinaria, enseres y efectos personales o de otra índole que, de no proceder así, ello no impedirá ni suspenderá la ejecución del acto administrativo, que será llevado a cabo a su costa.
Cuarto.- Notificar la presente Resolución a los interesados y al Ayuntamiento de Granadilla.
Contra la presente Resolución no cabe interponer recurso alguno por tratarse de la ejecución de un acto administrativo anterior firme.
Segundo.- Remitir la presente Resolución al Servicio de Publicaciones e Información del Gobierno de Canarias, para su publicación en el Boletín Oficial de Canarias, y al correspondiente Ayuntamiento para su inserción en el tablón de edictos.
Santa Cruz de Tenerife, a 5 de julio de 2005.- El Director Ejecutivo, p.s., el Director General de Ordenación del Territorio (Acuerdo del Consejo de 16.6.05), Miguel Ángel Pulido Rodríguez.
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