BOC - 2005/133. Viernes 8 de Julio de 2005 - 2393

IV. ANUNCIOS - Otros anuncios - Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial

2393 - Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 28 de junio de 2005, del Director Ejecutivo, sobre notificación a D. Teodoro González Pérez interesado en el expediente nº 1166/03-U.

Descargar en formato pdf

No habiéndose podido notificar a D. Teodoro González Pérez en la forma prevista en el artículo 59.1 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, la Resolución dictada en el expediente tramitado por esta Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural con referencia 1166/03-U, de conformidad con el apartado cuarto del antes mencionado artículo,

R E S U E L V O:

Primero.- Notificar a D. Teodoro González Pérez la Resolución dictada por el Ilmo. Sr. Director Ejecutivo de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural nº 2103, de fecha 10 de junio de 2005, recaída en el expediente con referencia 1166/03-U, y que dice textualmente:

Examinado el expediente instruido por esta Agencia para la protección de la legalidad urbanística seguido frente a D. Teodoro González Pérez, por la ejecución sin las preceptivas autorizaciones administrativas de obras en Suelo Rústico, consistentes en la construcción de una ampliación de vivienda en una segunda planta, y caja de escalera en azotea, en el lugar denominado Redondo, en el término municipal de Icod de los Vinos.

Vistos informe técnico y demás documentos obrantes en el expediente, y teniendo en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES

Primero.- Con fecha 9 de marzo de 2005, la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, por Resolución nº 793, notificada el día 21 de marzo de 2005, acordó incoar el oportuno expediente sancionador a D. Teodoro González Pérez.

Segundo.- Con fecha 4 de mayo de 2005, por el Instructor del expediente se formuló como propuesta de resolución la imposición de una multa de treinta mil euros, a D. Teodoro González Pérez, como responsable de una infracción urbanística, por la ejecución sin las preceptivas autorizaciones administrativas de obras en Suelo Rústico, objeto del expediente, así como acordar la demolición de las obras ilegalmente construidas.

Tercero.- Con referencia al citado expediente, el día 19 de marzo de 2004, D. Teodoro González Pérez, presenta escrito de alegaciones en el que, sucintamente, expone que:

- La ampliación cuya ejecución es objeto de este expediente se corresponde a la segunda planta de una edificación iniciada en el año 1991, y terminada en el año 1996, debidamente enfoscada y pintada contándose con licencia urbanística y de primera utilización para la planta baja o salón y cuya ejecución se continuó posteriormente, de buena fe, obras que el PGO en tramitación autorizará, siendo desde entonces el edificio el domicilio del interesado y de su familia, aportando certificado del Ayuntamiento, fotografías del estado de la vivienda, justificante de pago de la licencia urbanística, justificante de pago de suministro de agua, y licencia de primera ocupación, de recogida de basuras, y de luz.

- En la actualidad el suelo se califica de no urbanizable general, por lo que la Dirección General de Urbanismo denegó la autorización para la legalización de la ampliación.

- El Plan General de Ordenación de Icod de los Vinos pendiente en la actualidad de aprobación definitiva, prevé la calificación del suelo como rústico de asentamiento tradicional rural, de edificación residencial aislada para dos plantas de altura. Por lo que podrán ser legalizables las obras objeto del presente expediente.

- La vivienda se encuentra en el Censo de edificaciones no amparadas por licencia, procediendo suspender cautelarmente el acuerdo de demolición, a la espera de la posible legalización de la vivienda.

- La infracción ha prescrito, tanto para su sanción como para acordar su restablecimiento, por el tiempo transcurrido desde que las obras se terminaron en 1997 cuando se inscribieron en el Censo, y porque la caducidad de los expedientes administrativos no interrumpirán el plazo de prescripción, artº. 92.3 de la Ley 30/1992.

- Se vulnera el principio de proporcionalidad contenido en el artículo 196 del TRLoTCENC, pues pese a reconocer la existencia de tres circunstancias atenuantes y ninguna agravante, no se ha impuesto la sanción en su grado mínimo, no habiendo tenido intención de cometer infracción con el exceso ejecutado en la idea siempre de que le iba a ser autorizado, es la primera vez que incurre en una infracción de esta naturaleza y los limitados recursos económicos del interesado.

- El expediente adolece de graves vicios de nulidad por aplicación de lo dispuesto en el artº. 62.1.a) y 2 de la Ley 30/1992.

- Solicitando el archivo del procedimiento, subsidiariamente la reducción de la sanción en su grado mínimo y la suspensión del restablecimiento.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

I.- Es competente para la incoación, tramitación y resolución del presente expediente la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 190.1.c).3 y 229 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, en relación con el Decreto 189/2001, de 15 de octubre, por el que se aprueban los Estatutos de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.

II.- Las actuaciones en suelo rústico requieren calificación territorial con carácter previo al otorgamiento de la igualmente preceptiva licencia municipal de obras, de conformidad con los artículos 27, 66, 166, 168 y 170 del TRLoTCENC, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, antes mencionado.

III.- Examinadas las alegaciones presentadas por el interesado es de reseñar lo siguiente:

- Las obras objeto del presente expediente se han ejecutado sin los títulos habilitantes exigidos, la calificación territorial y la licencia municipal, presupuesto que constituye el tipo de la infracción, señalado en el artículo 202.3.b) del TRLoTCENC. El hecho de que las obras pudieran ser en un futuro legalizables no exime al interesado de la responsabilidad administrativa en la que pudiera haber incurrido al ejecutar las obras sin las autorizaciones preceptivas y ello sin entrar a valorar si el suelo es o no legalizable porque aunque las obras fuesen en la actualidad legalizables, tampoco se podrían haber ejecutado sin contar con los citados títulos.

- Han sido observados y cumplimentados todos los requisitos del procedimiento establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y en el Reglamento sobre procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora aprobado por Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, procediendo la tramitación del presente expediente sancionador al carecer las obras de las autorizaciones exigidas en el TRLoTCENC, conforme a lo establecido en el artículo 202.3.b).

- En relación con la posible prescripción de la infracción que mantiene el interesado, señalar que en virtud de lo establecido en el artículo 205 del TRLoTCENC, las infracciones graves prescriben a los dos años, comenzando a correr el plazo para la prescripción desde la total terminación de las obras, tal y como señala el artículo 201.1 in fine del citado Texto Refundido, encontrándose las obras en ejecución en el momento de la última visita de inspección realizada con fecha 5 de octubre de 2004, por el Servicio Técnico de este Organismo, las obras estaban en ejecución, en el mismo estado que en la última inspección de fecha 19 de diciembre de 2002, a falta de carpintería exterior, ventanas y enfoscado de las paredes interiores, tal y como se constata en el reportaje fotográfico que se incorporó al expediente, por lo que no se puede sostener que en modo alguno las obras hayan prescrito, pues conforme la normativa urbanística en vigor ya señalada, el plazo para dicha prescripción no puede comenzar a correr hasta la total terminación de las mismas, cosa que en octubre de 2004, aún no había ocurrido, por lo que procede la tramitación del oportuno procedimiento sancionador por la construcción ejecutada, y el acuerdo de la medida de restablecimiento pues no han transcurrido los plazos legales para su acuerdo.

- Toda vez que los justificantes y documentos aportados por el interesado no acreditan la antigüedad de las obras objeto del presente expediente esto es, la ampliación de la segunda planta y caja de escalera de azotea, constatándose por las fotografías que se incorporan en el expediente la no finalización de las obras en la última visita de inspección realizada en fecha 5 de octubre de 2004.

- El hecho de que las obras pudieran ser legalizables en el futuro tras la modificación del Plan General de Ordenación Urbana, aún en tramitación, no extingue la infracción administrativa en la que se incurrió al acometer las obras sin la obtención de los títulos habilitantes, que determina el artículo 202.3.b) del citado Texto Refundido, por lo que no procede la suspensión de la sanción, toda vez que si efectivamente las obras se legalizaran en un futuro, este hecho se tendría en cuenta a los solos efectos de no ejecutar la demolición de las obras que pudiera llegar a acordarse.

- La inscripción de la vivienda en el censo de edificaciones no amparadas por licencia regulado por el Decreto 11/1997, de 31 de enero, produce como efecto que quede en suspenso la demolición a la espera de la posible legalización de la vivienda, tal y como así viene establecido en los artículos 6, 7 y 8 del citado Decreto, pero en modo alguno comporta la legalización de la misma de forma automática.

En el presente supuesto al estar incluida la vivienda objeto de este expediente en el Catálogo de Edificaciones que prevé a su vez la D.A. 1ª del TRLoTCENC, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, habilita al interesado para solicitar la autorización del uso al que se destine conforme a los requisitos relacionados en la citada Disposición Adicional y previa realización de las obras que sean precisas al efecto. El procedimiento para la autorización, según establece la ley, será el previsto para la obtención de licencias municipales de obra.

- En cuanto al hecho de que la multa es desproporcionada y excesiva señalar que el artº. 203.1.b) del TRLoTENC sanciona las infracciones graves con multa de 6.010,13 euros a 150.253,03 euros. Según el artículo 196.1 del TRLoTENC, cuando en el procedimiento se aprecie alguna circunstancia agravante, atenuante o mixta, la multa deberá imponerse por cuantía de la mitad superior o inferior de la correspondiente escala, respectivamente. Indica también el artículo 196.1 del TRLoTENC que el importe de la sanción se fijará en función de la ponderación de la incidencia de dichas circunstancias atenuantes, agravantes o mixtas en la valoración global de la infracción, habiéndose apreciado en el presente procedimiento la circunstancia atenuante prevista en el artº. 198.a) del TRLoTCENC, por la ausencia de causar daño tan grave a los intereses públicos afectados, la circunstancia atenuante prevista en el artículo 198.c) en función de la paralización de las obras, la circunstancia mixta en su consideración como atenuante prevista en el artº. 199.a) en función del grado de conocimiento de la normativa legal y de las técnicas de obligatoria observancia por razón de oficio, profesión o actividad habitual, se propuso la imposición de una multa por el importe de 30.000 euros, guardando así la debida proporción entre la gravedad del hecho constitutivo de la presunta infracción y la sanción en su caso aplicada y atendiendo a la naturaleza de los perjuicios causados, tal y como exige el artículo 131.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por lo que la multa es plenamente conforme al principio de proporcionalidad que impone la debida relación entre el ilícito cometido y la sanción impuesta, teniendo ésta la debida congruencia con la entidad de la infracción cometida. Ahora bien, vista la valoración de las obras realizadas por el Servicio Técnico de 48.167 euros, procede apreciar la circunstancia mixta en su consideración como atenuante, prevista en el artículo 199.b) del citado Texto Refundido por la ausencia de beneficio obtenido por la infracción, debiéndose reducir la sanción a 16.000 euros, en función de las atenuantes y circunstancias mixtas apreciadas en el presente expediente sancionador.

IV.- Los hechos anteriormente relacionados son constitutivos de infracción urbanística, tipificada en el artículo 202.3.b) del reiterado TRLoTCENC aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, calificada de grave en el mismo artículo y sancionada en el artículo 203.1.b) del mismo texto legal con multa de 6.010,12 a 150.253,03 euros en función de las circunstancias que concurran en el presente expediente, al carecer las obras objeto de este expediente de las autorizaciones pertinentes, calificación territorial y licencia municipal de obras.

V.- De conformidad con el artículo 179 del TRLoTCENC, se procederá a la demolición de las obras objeto de este expediente, en los siguientes supuestos:

a) Cuando se ubiquen o realicen en suelo urbanizable, cuya ordenación no se haya pormenorizado, o en suelo rústico, cuando siendo necesaria la calificación territorial, carezcan de la misma.

b) Cuando instada la legalización, ésta haya sido denegada.

c) Cuando no se haya instado la legalización en el plazo concedido al efecto y de la instrucción del procedimiento resulte la incompatibilidad de lo realizado y proyectado con las determinaciones de la ordenación ambiental, territorial y urbanística aplicables.

VI.- Han sido observados y cumplimentados todos los requisitos de procedimiento establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y en el Reglamento sobre procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado por el Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto.

En su virtud,

R E S U E L V O:

Primero.- Imponer una multa de dieciséis mil (16.000) euros por la realización de los hechos cometidos por D. Teodoro González Pérez, en calidad de promotor-titular del suelo, de conformidad con el artículo 189 del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo.

Segundo.- Acordar la demolición de las obras objeto de este expediente para la reposición del terreno al estado anterior a la comisión de la infracción. Si bien esta medida quedará en suspenso a la espera de la posible legalización de la vivienda tal y como establecen los artículos 6, 7 y 8 del Decreto 11/1997, de 31 de enero, por el que se regula la constitución del censo de edificaciones no amparadas por licencia.

Tercero.- Advertir al interesado que si repone los terrenos al estado anterior a la comisión de la infracción, tendrá derecho a una reducción de la multa en un setenta y cinco por ciento, de la que se haya impuesto o deba imponerse, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 182 del TRLoTENC.

Cuarto.- Notificar la presente Resolución a los interesados y al Ayuntamiento. El cumplimiento de las obligaciones económicas se hará efectivo en el tiempo y forma que se establezca en la notificación que le remita la Consejería de Economía y Hacienda a este fin, una vez sea firme la resolución en vía administrativa, de conformidad con lo establecido en la Resolución de 13 de agosto de 2002, por la que se da publicidad al Convenio suscrito entre la Consejería de Economía, Hacienda y Comercio del Gobierno de Canarias y la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, para la prestación del servicio de gestión de cobro de los ingresos de derecho público propios de la Agencia, tanto en período voluntario como en vía ejecutiva.

Contra el presente acto, que no agota la vía administrativa, cabe recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Medio Ambiente y Ordenación Territorial, el cual podrá presentarse en las dependencias sitas en la Rambla General Franco, 149, Edificio Mónaco, o en los registros previstos en la Ley de Procedimiento Administrativo 30/1992, modificada por la Ley 4/1999, en el plazo de un mes desde la notificación de la presente Resolución, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.

Quinto.- Remitir la presente Resolución al Servicio de Publicaciones e Información del Gobierno de Canarias, para su publicación en el Boletín Oficial de Canarias, y al correspondiente Ayuntamiento para su inserción en el tablón de edictos.

Santa Cruz de Tenerife, a 28 de junio de 2005.- El Director Ejecutivo, p.s., el Director General de Ordenación del Territorio (Acuerdo del Consejo de 16.6.05), Miguel Ángel Pulido Rodríguez.



© Gobierno de Canarias