BOC - 2005/132. Jueves 7 de Julio de 2005 - 2359

IV. ANUNCIOS - Otros anuncios - Consejería de Infraestructuras, Transportes y Vivienda

2359 - Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 20 de junio de 2005, del Director, que notifica a los herederos de Dña. María Dolores Gutiérrez Hernández la Orden Departamental de 6 de junio de 2005, por la que se declara terminado el procedimiento por causas sobrevenidas y se procede al archivo de actuaciones del expediente relativo a la ayuda excepcional solicitada para paliar los daños causados en viviendas y/o enseres como consecuencia del temporal de lluvias acaecido el 31 de marzo de 2002, en los municipios de Santa Cruz de Tenerife y San Cristóbal de La Laguna.

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Desconociéndose quiénes son los herederos de Dña. María Dolores Gutiérrez Hernández, al objeto de notificarles la Orden Departamental de fecha 6 de junio de 2005, por la que se declara terminado el procedimiento por causas sobrevenidas y se procede al archivo de actuaciones del expediente relativo a la ayuda excepcional solicitada para paliar los daños causados en viviendas y/o enseres como consecuencia del temporal de lluvias acaecido el 31 de marzo de 2002, en los municipios de Santa Cruz de Tenerife y San Cristóbal de La Laguna, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, este organismo

R E S U E L V E:

Notificar a los herederos de Dña. María Dolores Gutiérrez Hernández, la Orden Departamental de fecha 6 de junio de 2005, cuyo tenor literal es el siguiente:

"Visto el informe emitido por el Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna en el expediente administrativo incoado a instancia de Dña. María Dolores Gutiérrez Hernández, provista del D.N.I./N.I.F. 42936060-M, relativo a la concesión de ayudas excepcionales destinadas a paliar los daños causados en viviendas y/o enseres como consecuencia de las lluvias torrenciales acaecidas en los municipios de Santa Cruz de Tenerife y San Cristóbal de La Laguna el 31 de marzo de 2002.

Vista la propuesta de resolución formulada por el Ilmo. Sr. Director del Instituto Canario de la Vivienda.

ANTECEDENTES

Primero.- Con fecha 19 de abril de 2002, Dña. María Dolores Gutiérrez Hernández, presentó en el Registro de Entrada del Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna "solicitud de ayuda para unidades familiares o de convivencia económica para hacer frente a situaciones de emergencia o catástrofe", junto con diversos documentos.

Segundo.- Una vez analizada la solicitud y la documentación aportada por la solicitante, no se puede comprobar que la misma sea propietaria de la vivienda dañada.

Tercero.- Con fecha 30 de abril de 2002, los Servicios Técnicos del Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna emiten informe en el que cuantifican los daños ocasionados en la vivienda.

Cuarto.- Con fecha 26 de julio de 2002, la Intervención Delegada de la Consejería de Infraestructuras, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias informa negativamente el expediente ya que la solicitante no acredita la condición de propietaria de la vivienda, debiendo aportar la escritura pública de propiedad o cualquier otro documento que acredite dicha condición, dado que el documento aportado en su momento para tal fin figura a nombre de Dña. Saturnina Cáceres Hernández.

Quinto.- Una vez devuelto el expediente por parte del Instituto Canario de la Vivienda a la Oficina de ayudas a los damnificados del Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna, este organismo notifica debidamente a la solicitante la apertura del trámite de audiencia previsto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre; transcurriendo el plazo de audiencia de diez días otorgados al efecto, sin que la interesada hubiere realizado alegación alguna.

Sexto.- No obstante lo anterior, el 21 de enero de 2004, la Oficina de ayudas a los damnificados de la entidad local antes mencionada, dicta nuevo Informe-Propuesta en el que se entiende que la solicitud de ayudas presentada por la interesada ha de ser estimada proponiendo una ayuda de 27.500,00 euros.

Séptimo.- El 12 de abril de 2005, se publica en el Boletín Oficial de Canarias la Resolución de 22 de marzo de 2005, del Director del Instituto Canario de la Vivienda, relativa a la advertencia de caducidad del procedimiento con archivo de actuaciones dirigido a los herederos de Dña. María Dolores Gutiérrez Hernández, en relación a la solicitud de ayuda excepcional para paliar los daños causados en la vivienda y/o enseres como consecuencia del temporal de lluvias acaecido el 31 de marzo de 2002, al tener conocimiento del fallecimiento de su titular y no haberse subsanado el defecto citado en el punto cuarto; transcurriendo el plazo de audiencia de diez días otorgados al efecto, sin que los interesados hubieren realizado alegación alguna.

De todo lo anterior se deducen los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- En cuanto a la competencia para resolver el procedimiento administrativo para la concesión de ayudas excepcionales destinadas a paliar los daños causados en las viviendas y enseres como consecuencia del temporal de lluvias acaecido el día 31 de marzo de 2002, es competente la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Aguas del Gobierno de Canarias, previa autorización del Consejero de Economía, Hacienda y Comercio, de conformidad con lo establecido en el artículo 6 de la Orden Interdepartamental de 29 de mayo de 2002 y en la Orden de delegación de la Consejería de Empleo y Asuntos Sociales de fecha 25 de abril de 2002. La remisión hecha a la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Aguas ha de entenderse realizada a la Consejería de Infraestructuras, Transportes y Vivienda, tal y como se prevé en el artículo 3 del Decreto 241/2003, de 11 de julio, del Presidente, por el que se determinan el número, denominación y competencias de las Consejerías del Gobierno de Canarias.

Respecto a la competencia para la instrucción del procedimiento, ésta corresponde a los Ayuntamientos de los municipios afectados, de conformidad con lo previsto en el artículo 5, apartado 1º, de la Orden Interdepartamental de 29 de mayo de 2002.

Segundo.- En cuanto al procedimiento, se han observado las prescripciones legales establecidas en la Orden Interdepartamental de 29 de mayo de 2002, que desarrolla el Decreto territorial 39/2002, de 8 de abril, y en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, reguladora del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Tercero.- Respecto al fondo del asunto, el objeto del expediente administrativo incoado a instancia de la interesada tiene por finalidad la concesión de ayudas excepcionales destinadas a paliar los daños causados en las viviendas y/o enseres como consecuencia del temporal de lluvias acaecido el día 31 de marzo de 2002 en los municipios de Santa Cruz de Tenerife y San Cristóbal de La Laguna.

Cuarto.- El artículo 3, apartado 1º, letra a), de la Orden Interdepartamental de 29 de mayo de 2002, establece, como uno de los requisitos necesarios para poder ser perceptor de las ayudas destinadas a paliar los daños ocasionados en inmuebles, que el beneficiario sea "propietario de la vivienda afectada y que la misma constituya el domicilio habitual y permanente de su unidad familiar o, estando ocupada en arrendamiento u otro título, constituya el domicilio habitual y permanente de otra unidad familiar, distinta a la de aquél". En este sentido, y como se deduce de los antecedentes administrativos, la interesada no acreditó en su momento la titularidad de la propiedad del inmueble afectado, por lo que, no ostenta capacidad suficiente para ser beneficiaria de las ayudas contenidas en la mencionada Orden por el concepto de "ayudas por daños en las viviendas".

Por otra parte, el artículo 87.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, reguladora del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, establece: "También producirá la terminación del procedimiento la imposibilidad material de continuarlo por causas sobrevenidas. La resolución que se dicte deberá ser motivada en todo caso". El presente procedimiento tiene por objeto el reconocimiento de una ayuda extraordinaria para paliar los daños sufridos en vivienda y/o enseres a favor de la solicitante, con ocasión de las lluvias del 31 de marzo de 2002; de modo que el fallecimiento de aquélla, sin más interesados acreditados en el expediente, y como circunstancia sobrevenida durante su tramitación, produce la imposibilidad material de continuar con el procedimiento, por lo que procede adoptar resolución que ponga fin al mismo.

Quinto.- En cuanto al trámite de audiencia a los posibles herederos, éste se ha efectuado con arreglo a lo previsto en el artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, reguladora del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Vistas las normas que se citan y las disposiciones complementarias de aplicación, este Consejero, en el uso de las atribuciones conferidas,

R E S U E L V E:

Única.- Declarar terminado el presente procedimiento administrativo por causas sobrevenidas que determinan la imposibilidad material de su continuación y proceder a su archivo.

Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al de su notificación, o, potestativamente, recurso de reposición ante el Excmo. Consejero de Infraestructuras, Transportes y Vivienda, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la recepción de la mencionada notificación, tal y como se establece en los artículos 109, 110 y 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común -modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero-, y en las disposiciones de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa; todo ello, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno."

Santa Cruz de Tenerife, a 20 de junio de 2005.- El Director, Jerónimo Fregel Pérez.



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