BOC - 2005/125. Martes 28 de Junio de 2005 - 2227

IV. ANUNCIOS - Administración Local - Cabildo Insular de Gran Canaria

2227 - ANUNCIO de 10 de junio de 2005, por el que se notifica la Resolución recaída en el recurso de reposición interpuesto por D. Juan Carlos Santana Ojeda contra resolución de procedimiento sancionador en materia de transportes terrestres nº GC-101045-O-04.

Descargar en formato pdf

Intentada la notificación personal al interesado y no habiéndose podido practicar, de conformidad con el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su redacción modificada por la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, se inserta anuncio relativo a notificación de la Resolución recaída en el recurso de reposición interpuesto contra la resolución de procedimiento sancionador en materia de transportes terrestres por D. Juan Carlos Santana Ojeda, con fecha 22 de marzo de 2005.

Rfa: procedimiento sancionador nº GC-101045-O-04.

Por medio del presente anuncio se le comunica que el Consejo de Gobierno Insular de esta Corporación, en sesión de fecha 21 de abril de 2005 ha resuelto el recurso interpuesto en el expediente sancionador referenciado, con el siguiente tenor literal:

"Examinados el procedimiento y el recurso de reposición, se han apreciado los siguientes

HECHOS

Primero.- El interesado ha interpuesto recurso de reposición con fecha 22 de marzo de 2005, contra la Resolución del Consejero de Turismo y Transportes de fecha 2 de febrero de 2005 que resolvió el procedimiento sancionador referenciado, sancionándole por infracción leve en materia de transportes terrestres.

Segundo.- El recurrente fundamenta su pretensión manifestando, en síntesis, que en el momento de la sanción tenía solicitada y concedida la tarjeta de transportes, la cual no le había sido entregada por retraso de la Comunidad Autónoma de Canarias. Solicita la práctica de la prueba consistente en la aportación por el Agente denunciante de las pruebas del hecho denunciado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- La materia objeto de recurso es competencia de este Cabildo Insular, de conformidad con lo establecido en la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias y el Decreto 159/1994, de 21 de julio, de transferencias de funciones de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias a los Cabildos Insulares en materia de transportes terrestres y por cable.

Segundo.- Artículos 54.1.b) y 113 y concordantes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Tercero.- Examinados los requisitos de admisibilidad del recurso, relativos a la legitimación, forma y plazo para su interposición, se aprecia su cumplimiento.

Cuarto.- Las cuestiones planteadas por el recurrente se examinan a continuación:

1ª) El recurrente, que no formuló alegaciones en el plazo de quince días conferido en el Pliego de Cargos que -tras intentarse y no haberse podido practicar la notificación por Correo- fue notificado mediante publicación de anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas de fecha 27 de diciembre de 2004, manifiesta que en el momento de la sanción tenía solicitada y concedida la tarjeta de transportes, pero que no le había sido entregada por retraso de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Tales manifestaciones efectuadas en recurso, las cuales no se acompañan de los documentos que el recurrente dice adjuntar; sin perjuicio de lo dispuesto en el artº. 112.1.2º pfo. de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (LRJAP-PAC), plantean la necesidad de efectuar consulta al Sistema de Información de Transportes (Sitran), al objeto de comprobar si el vehículo sancionado se encuentra autorizado por la Comunidad Autónoma de Canarias.

Tras efectuar dicha consulta al Sitran, no consta que el vehículo sancionado tenga autorización de ámbito nacional.

2ª) En cuanto a las restantes cuestiones que plantea, es de aplicación el mentado artº. 112.1.2º pfo. de la LRJAP-PAC, por cuanto en el expediente sancionador constan las pruebas precisas. En este sentido, la denuncia formulada por el Agente de la Autoridad (artº. 137.3 de la LRJAP-PAC), en la que consta de forma expresa la realización de un transporte de material de construcción y escoyola. Asimismo obra en el expediente el Informe de la Jefatura Provincial de Tráfico, del que se desprende que el vehículo es de la titularidad del imputado. Finalmente, los Archivos del Servicio de Transportes, en los que no consta que el vehículo sancionado estuviera autorizado para realizar transporte de mercancías.

Las pruebas señaladas son suficientes para atribuirle la realización de un transporte privado complementario de mercancías sin autorización administrativa.

Por todo lo cual, la resolución impugnada se estima conforme a derecho y, en consecuencia, procede confirmarla.

En su virtud, el Consejo de Gobierno Insular, de acuerdo con la atribución conferida por el artº. 127.1.l) en relación con la Disposición Adicional Decimocuarta de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, modificada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local, y con el artº. 73.a) del Reglamento Orgánico del Cabildo de Gran Canaria (B.O.P. de 24.2.92), en su redacción modificada en Acuerdo Plenario de fecha 31 de enero de 2000,

ACUERDA:

Desestimar la pretensión formulada en el recurso de reposición interpuesto por D. Juan Carlos Santana Ojeda, con fecha 22 de marzo de 2005, contra la resolución del procedimiento sancionador nº GC-101045-O-04, confirmando y manteniendo la resolución del Consejero de Turismo y Transportes, que impone una sanción de 400 euros."

Contra esta Resolución, que es firme en vía administrativa, podrá Vd. interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias, de conformidad con los artículos 8 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Las Palmas de Gran Canaria, a 10 de junio de 2005.- El Vicesecretario General, Órgano de Apoyo al Consejo de Gobierno Insular (Decreto nº 9, de 15.3.04), Sergio Ramírez Rivero.



© Gobierno de Canarias