BOC - 2005/120. Martes 21 de Junio de 2005 - 2147

IV. ANUNCIOS - Administración Local - Cabildo Insular de Tenerife

2147 - ANUNCIO de 9 de junio de 2005, relativo a notificación del Decreto que resuelve el recurso de alzada planteado en el expediente sancionador nº TF-40987-04 en materia de transportes.

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Providencia de 8 de junio de 2005, del Jefe de Servicio de Carreteras y Transportes del Decreto de la Presidencia de este Excmo. Cabildo Insular de Tenerife resolutorio del recurso de alzada planteado en el expediente sancionador de transportes nº TF-40987-04.

Dando cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 59, apartado 4º, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, sobre notificación a interesado intentada y no practicada,

D I S P O N G O:

Notificar al recurrente que se cita el Decreto de la Presidencia de este Excmo. Cabildo Insular de Tenerife de fecha 15 de abril de 2005, resolutorio del recurso de alzada planteado en el expediente sancionador de transportes nº TF-40987-04.

La cuantía de la sanción deberá ser ingresada en la cuenta corriente de CajaCanarias nº 2065 0000 01 1114005082, haciendo constar en el documento de ingreso el número del expediente referenciado en el asunto al inicio del documento y presentando copia justificativa del mismo en el Área de Transportes de este Cabildo Insular, personalmente o por correo. Para ello dispondrá de un plazo en el supuesto de recibir la notificación entre los días 1 y 15 de cada mes ambos inclusive, dispondrá hasta el día 20 del mes siguiente para realizar el ingreso. Caso de que dicho plazo expire entre los días 16 y el último de cada mes, ambos inclusive, dispondrá hasta el día cinco (5) del segundo mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. Si vencidos los plazos de ingreso no se hubiere satisfecho la deuda, se procederá a su cobro por la vía administrativa de apremio con el recargo correspondiente al 20% del débito.

Contra este Decreto, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados desde el día de la publicación del presente Decreto, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo.

"Visto escrito presentado por la entidad mercantil Envasadora Venezolana Canaria, S.L., por el que se interpone recurso de alzada contra la resolución dictada por el Sr. Consejero Insular del Área de Carreteras y Transportes de fecha 20 de diciembre de 2004 recaída en el expediente de referencia, y,

Resultando: que con fecha y hora 31 de marzo de 2004, 11,00, por la Guardia Civil de Tráfico se formuló denuncia contra el vehículo matrícula 2874-CPB, del que es titular Envasadora Venezolana Canaria, S.L. por circular con un vehículo transportando bebidas refrescantes, careciendo de tarjeta de transportes.

No ostenta distintivos de transportes.

El conductor no acredita TC2.

No se acredita por el conductor relación laboral con el titular.

Resultando: que el día 25 de noviembre de 2004 se publicó la incoación del expediente sancionador nº TF-40987-O-2004 en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma nº 230, de 2004.

Resultando: que por el expedientado no se presentó descargo alguno en defensa de sus intereses.

Resultando: que por el Consejero del Área de Carreteras y Transportes se dictó resolución, que ahora se impugna, de fecha 20 de diciembre de 2004, que venía a sancionar a Envasadora Venezolana Canaria, S.L. con multa que ascendía a 400,00 euros, por infracción de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres y Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre, Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, artículos 142.25 y 141.13, en relación con la LOTT, artículos 47 y 103 de la LOTT, artículos 41 y 158 del ROTT y en base al artículo 143.1.c) de la Ley 16/1987 y artículo 201 del Real Decreto 1.211/1990.

Notificándose dicha Resolución en fecha 28 de diciembre de 2004.

Resultando: que con fecha 19 de enero de 2005, la entidad mercantil Envasadora Venezolana Canaria, S.L. interpuso recurso de alzada, en súplica de que se deje sin efecto la Resolución y sanción impuesta, alegando, en síntesis, que el vehículo 2874-CPB fue adquirido por esa entidad mercantil en virtud de contrato de uso en régimen de arrendamiento no financiero (autorenting) a la compañía mercantil Santander Central Hispano Lease, S.A.

Considerando: que el presente recurso observa los requisitos de índole objetiva determinantes de su admisión a trámite, tales como capacitación, legitimación suficiente, e interposición en plazo.

Considerando: que el artículo 1 del Decreto 6/2002, de 28 de enero, sobre otorgamiento, modificación y extinción de autorizaciones de transporte público y privado complementario de viajeros y mercancías, en vigor en la fecha de la denuncia, prevé la obligación de contar con una autorización administrativa a cada vehículo que se dedique a los transportes referidos, obligación que viene confirmada por los artículos 47 y 103.1 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres y 41.1 y 158 del Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre, Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, para el supuesto de los transportes privados complementarios de mercancías en vehículos ligeros, constituyendo su incumplimiento, en el supuesto de vehículo ligero, una infracción leve a la normativa de transportes, debidamente tipificada en el artº. 142.25, en relación con el artº. 141.13 de la Ley 29/2003, de 8 de octubre, sobre mejora de las condiciones de competencia y seguridad en el mercado de transporte por carretera, por la que se modifica parcialmente la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres.

Considerando: del análisis de los elementos probatorios consignados en el expediente sancionador que examinamos, queda suficientemente acreditado que el vehículo 2847-CPB realizaba en el momento de ser denunciado un transporte privado complementario de mercancías en vehículo ligero sin autorización de transportes y sin acreditar la reunión del conjunto de los requisitos reglamentarios para el otorgamiento de la misma, habiendo incurrido la entidad expedientada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 138.1.b) de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, en responsabilidad administrativa, sin que lo alegado o aportado por la entidad recurrente haya desacreditado la presunción de veracidad "iuris tantum" de los hechos infractores consignados en el boletín de denuncia (artículos 137.3 y 46.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común), formulado por agentes de la policía local del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, que, de conformidad con lo establecido en el artículo 32.2 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, prestan la cooperación necesaria a los miembros de la inspección de transporte terrestre para un eficaz cumplimiento de sus funciones, habida cuenta que, a tenor del informe sobre antecedentes totales del vehículo procedente de la base de datos de la Jefatura Provincial de Tráfico de Santa Cruz de Tenerife, se acredita que la entidad mercantil interesada es la titular del vehículo denunciado, independientemente de que la forma de adquirir dicha propiedad haya sido mediante contrato de arrendamiento financiero con opción a compra, forma prevista como disposición del vehículo en el artículo 8.3.c) del Decreto 6/2002, de 28 de enero, sobre otorgamiento, modificación y extinción de autorizaciones de transporte público y privado complementario de viajeros y mercancías; sin que lo argumentado por la recurrente constituya causa alguna de inimputabilidad de responsabilidad en la comisión de la infracción denunciada consignada en el artículo 194.2 del Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre, Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, habida cuenta que el límite de la culpa, como presupuesto para determinar la responsabilidad en la comisión de la infracción denunciada, reside en el deber de informarse según las obligaciones de cada profesión y en la diligencia debida en su actuación.

Considerando: en relación a las argumentaciones esgrimidas por el recurrente relativas a la falta de proporcionalidad de la sanción impuesta, teniendo en cuenta que la potestad sancionadora de la Administración es del tipo reglada, de aplicación del tipo legal al hecho infractor, así, en la graduación de la sanción que se impone a cada tipo, el órgano administrativo debe, dentro de los criterios de graduación que concreta el legislador en las normas sancionadoras (artículo 143 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres) buscar, en atención a las circunstancias que operan en cada caso, de entre las sanciones posibles, la más proporcionada al desvalor antijurídico del comportamiento cometido, así, la infracción cometida por el sujeto expedientado es considerada por el artículo 141.13, en relación con el artº. 142.25 de la Ley 29/2003, de 8 de octubre, sobre mejora de las condiciones de competencia y seguridad en el mercado de transporte por carretera, por la que se modifica parcialmente la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, como de carácter leve, encontrándose la cuantía de la sanción impuesta, por su comisión, dentro de los límites fijados por el artículo 143.1.c) para este tipo de infracciones, señalando, por demás, que la proporcionalidad es principio informador y de aplicación general a la actividad administrativa, como así es reconocido en el artículo 131 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Por la presente, vistos los preceptos citados, concordantes y demás de general y pertinente aplicación, en base a lo anteriormente expuesto y de conformidad con lo establecido en el artículo 22 del Reglamento Orgánico de esta Corporación Insular, vengo en desestimar el recurso de alzada interpuesto por la entidad mercantil Envasadora Venezolana Canaria, S.L. confirmando la Resolución del Consejero Insular del Área de Carreteras y Transportes, de fecha 20 de diciembre de 2004, que determinó la imposición de una sanción de cuatrocientos (400,00) euros manteniéndose, en consecuencia, en todos sus pronunciamientos."

Santa Cruz de Tenerife, a 9 de junio de 2005.- El Jefe de Servicios de Transportes, Pedro Luis Campos Albarrán.



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