BOC - 2005/058. Martes 22 de Marzo de 2005 - 923

IV. ANUNCIOS - Otros anuncios - Consejería de Infraestructuras, Transportes y Vivienda

923 - Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 9 de marzo de 2005, que notifica a D. Inocencio Antonio Almenara González la Orden de 28 de octubre de 2003, por la que se declara tener por desistido al solicitante y se procede al archivo de actuaciones del expediente relativo a la ayuda excepcional solicitada para paliar los daños causados en viviendas y/o enseres como consecuencia del temporal de lluvias acaecido el 31 de marzo de 2002, en los municipios de Santa Cruz de Tenerife y San Cristóbal de La Laguna.

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Habiéndose intentado notificar a D. Inocencio Antonio Almenara González la Orden Departamental de fecha 28 de octubre de 2003, por la que se declara tener por desistido al solicitante y se procede al archivo de actuaciones del expediente relativo a la ayuda excepcional solicitada para paliar los daños causados en viviendas y/o enseres como consecuencia del temporal de lluvias acaecido el 31 de marzo de 2002, en los municipios de Santa Cruz de Tenerife y San Cristóbal de La Laguna, resultando infructuosa su entrega, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,

R E S U E L V O:

Notificar a D. Inocencio Antonio Almenara González, la Orden Departamental de la Consejería de Infraestructuras, Transportes y Vivienda de fecha 28 de octubre de 2003, cuyo tenor literal es el siguiente:

"Vista la solicitud de ayudas por daños sufridos en vivienda y/o enseres presentada por D. Inocencio Antonio Almenara González, provista del D.N.I./N.I.F. 42.935.011, por la que se incoa el expediente administrativo de referencia.

Visto el informe-propuesta evacuado por la Oficina de Ayuda a los Damnificados del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

Vista la Propuesta de Resolución formulada por el Ilmo. Sr. Director General de Vivienda.

ANTECEDENTES

Primero.- Con fecha 19 de abril de 2002, D. Inocencio Antonio Almenara González presentó en el Registro de Entrada del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife "solicitud de ayuda para unidades familiares o de convivencia económica para hacer frente a situaciones de emergencia o catástrofe", sin aportar más documentación.

Segundo.- Con fecha 31 de mayo de 2002, los Servicios Técnicos del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife emiten un informe del que se desprende que las características del inmueble desaconsejan su reparación o reconstrucción, debiéndose proceder a su demolición con realojamiento del titular del mismo.

Tercero.- El 21 de noviembre de 2002, la Oficina de Ayuda a los Damnificados del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife notifica al interesado escrito de subsanación de defectos apreciados en su solicitud, recibiendo éste el cuerpo del documento pero negándose a firmar su recibo, tal y como consta acreditado en la nota marginal estampada en la notificación y que se encuentra unida al expediente administrativo del que trae causa esta Propuesta. Hasta el momento, el solicitante no ha subsanado los defectos apreciados en la mencionada solicitud.

Cuarto.- El 4 de abril de 2003 la Oficina de Ayuda a los Damnificados del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, en un intento de lograr que el interesado compareciere en el procedimiento, notifica debidamente a éste la apertura del trámite de audiencia previsto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre; transcurriendo el plazo de audiencia de diez días otorgados al efecto, sin que el mismo hubiere realizado alegación alguna.

Quinto.- El 20 de mayo de 2003, la Oficina de Ayuda a los Damnificados de la Entidad Local antes mencionada, dicta informe-propuesta de denegación de la solicitud objeto de este procedimiento administrativo.

De todo lo anterior se deducen los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- En cuanto a la competencia para resolver el procedimiento administrativo para la concesión de ayudas excepcionales destinadas a paliar los daños causados en las viviendas y enseres como consecuencia del temporal de lluvias acaecido el día 31 de marzo de 2002, es competente la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Aguas del Gobierno de Canarias, previa autorización del Consejero de Economía, Hacienda y Comercio, de conformidad con lo establecido en el artículo 6 de la Orden Interdepartamental de 29 de mayo de 2002 y en la Orden de delegación de la Consejería de Empleo y Asuntos Sociales de fecha 25 de abril de 2002. La remisión hecha a la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Aguas ha de entenderse realizada a la Consejería de Infraestructuras, Transportes y Vivienda, tal y como se prevé en el artículo 3 del Decreto 241/2003, de 11 de julio, del Presidente, por el que se determinan el número, denominación y competencias de las Consejerías del Gobierno de Canarias.

Respecto a la competencia para la instrucción del procedimiento, ésta corresponde a los Ayuntamientos de los municipios afectados, de conformidad con lo previsto en el artículo 5, apartado 1º, de la Orden Interdepartamental de 29 de mayo de 2002.

Segundo.- En cuanto al procedimiento, se han observado las prescripciones legales establecidas en la Orden Interdepartamental de 29 de mayo de 2002, que desarrolla el Decreto territorial 39/2002, de 8 de abril, y en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, reguladora del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Tercero.- Respecto al fondo del asunto, el objeto del expediente administrativo incoado a instancia del interesado tiene por finalidad la concesión de ayudas excepcionales destinadas a paliar los daños causados en las vivienda y/o enseres como consecuencia del temporal de lluvias acaecido el día 31 de marzo de 2002 en los municipios de Santa Cruz de Tenerife y San Cristóbal de La Laguna.

Cuarto.- En lo que a la causa de denegación de la solitud respecta, el artículo 71, apartado 1º, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, reguladora del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, establece que "si la solicitud de iniciación no reúne los requisitos (...), se requerirá al interesado para que, en un plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 42". Por tanto, se configura la inactividad de los interesados como una forma de finalización del procedimiento, previa resolución de la administración en la que ha de constar la "declaración de la circunstancia que concurra en cada caso, con indicación de los hechos producidos y las normas aplicables", de conformidad con el artículo 42, apartado 1º, párrafo 2º, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. En el caso que nos ocupa, estamos ante un procedimiento iniciado a solicitud del interesado en el que éste ha de aportar la documentación necesaria para acreditar las circunstancias personales que han de originar el derecho a la ayuda y que constan en la solicitud que aquel firmó en su momento. Sin embargo, a pesar de los reiterados llamamientos de la Administración instructora para que el solicitante subsane los defectos apreciados, éste ha hecho caso omiso y se ha mantenido en una actitud pasiva, transcurriendo, con creces, el plazo previsto en el mencionado artículo 71 de la Ley de Régimen Jurídico, motivo por el cual procede entenderlo desistido de su petición.

Quinto.- En cuanto al trámite de audiencia al interesado, el mismo se ha efectuado con arreglo a lo previsto en el artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, reguladora del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Vistas las normas que se citan y las disposiciones complementarias de aplicación, este Consejero, en el uso de las atribuciones conferidas,

R E S U E L V E:

Única.- Tener por desistido a D. Inocencio Antonio Almenara González respecto a su solicitud de ayuda excepcional solicitada para paliar los daños causados en viviendas y enseres como consecuencia del temporal de lluvias acaecido el 31 de marzo de 2002, en los municipios de Santa Cruz de Tenerife y San Cristóbal de La Laguna, y proceder a su archivo, puesto que, debidamente notificado el escrito de subsanación de defectos, el interesado no ha procedido a enmendar las carencias de su solicitud.

Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al de su notificación, o, potestativamente, recurso de reposición ante el Excmo. Consejero de Infraestructuras, Transportes y Vivienda, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la recepción de la mencionada notificación, tal y como se establece en los artículos 109, 110 y 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Común -modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero-, y en las disposiciones de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa; todo ello, sin perjuicio de que la interesada pueda ejercitar cualquier otro que estime oportuno."

Santa Cruz de Tenerife, a 9 de marzo de 2005.- El Director, Jerónimo Fregel Pérez.



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