No habiéndose podido notificar a D. José Gregorio Chinea Bethencourt en la forma prevista en el artículo 59.1 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, la Resolución dictada en el expediente tramitado por esta Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural con referencia 32/03-U, de conformidad con el apartado cuarto del antes mencionado artículo,
R E S U E L V O:
Primero.- Notificar a D. José Gregorio Chinea Bethencourt la Resolución dictada por el Ilmo. Sr. Director Ejecutivo de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural nº 3223, de fecha 22 de octubre de 2004, recaída en el expediente de referencia 32/03-U, y que dice textualmente:
"Por la que se impone multa y se acuerda demolición.
Examinado el expediente sancionador instruido por este Centro Directivo para la protección de la legalidad urbanística seguido frente a D. José Gregorio Chinea Bethencourt, por la ejecución de obras en Suelo Rústico, sin las preceptivas autorizaciones administrativas (Calificación Territorial y licencia municipal de obras) tal y como establecen los artículos 166 y 170 del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio de Canarias y la Ley de Espacios Naturales de Canarias, obras consistentes en la construcción de una edificación de unos 80 + 50 m2 construidos y tres plantas de altura destinada al uso residencial, en el lugar conocido por "La Vizcaína", en el término municipal de Valle Gran Rey.
Vistos el informe técnico y demás documentos obrantes en el expediente y teniendo en cuenta los siguientes
ANTECEDENTES
1.- Con fecha 6 de febrero de 2003, la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural dictó Resolución nº 224 por la que se acordó la suspensión de las obras, no habiéndose podido efectuar el precinto de la misma al encontrarse la citada vivienda terminada.
2.- Con fecha 18 de febrero de 2004 se informó por el Servicio Técnico que las obras se encuentran en lo que puede apreciarse desde el exterior terminadas y en uso, valorándose la misma en la cantidad de setenta y cuatro mil cincuenta y ocho euros con ochenta y un céntimos (74.058,81 euros).
3.- Con fecha 11 de agosto de 2004 se dictó la Resolución nº 2529 por la que se incoaba el correspondiente procedimiento sancionador al interesado como presunto responsable de una infracción que está tipificada conforme el artículo 202.3.b) del mencionado Decreto Legislativo 1/2000, y sancionada en el artículo 203 del mismo texto legal, con multa de 6.010,13 euros a 150.253,03 euros, en función de las circunstancias que concurran en el presente expediente todo lo cual fue notificado en dicha Resolución, con la advertencia expresa de que la misma sería considerada como propuesta de resolución si fuera reconocida por el interesado su responsabilidad, o no presentara alegación alguna, conforme a lo dispuesto en el artículo 19 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora.
4.- El interesado no ha presentado alegaciones dentro de los plazos legales contra la Resolución nº 2529 dictada por esta Agencia con fecha 11 de agosto de 2004 y notificada el siguiente día 25 de agosto de 2004 por la que se acuerda la incoación del presente expediente sancionador.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
I
Es competente para la incoación, tramitación y resolución del presente expediente la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 190.1.c) y 229 de la Ley 9/1999, refundida en el Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio de Canarias y la Ley de Espacios Naturales de Canarias, en relación con el artículo 19.3 del Decreto 189/2001, de 15 de octubre, por el que se aprueban los Estatutos de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.
II
Las actuaciones en Suelo Rústico requieren Calificación Territorial con carácter previo al otorgamiento de la igualmente preceptiva licencia municipal de obras, de conformidad con los artículos 27, 66, 166, 168 y 170 del citado Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo.
III
Los hechos anteriormente relacionados son presuntamente constitutivos de infracción urbanística, tipificada en el artículo 202 del citado Decreto Legislativo 1/2000, calificada de grave en el mismo artículo y sancionada en el artículo 203 del mismo Texto Legal con multa de 6.010,13 a 150.253,03 euros, al carecer las obras objeto de este expediente de las autorizaciones pertinentes, calificación territorial y licencia municipal de obras, no apreciándose en el presente supuesto circunstancias agravantes ni atenuantes de la responsabilidad sancionadora.
IV
De conformidad con el artículo 179 de dicho Decreto Legislativo, se procederá a la demolición de las obras objeto de este expediente y a reponer los terrenos al estado anterior a la infracción, en los siguientes supuestos:
a) Cuando se ubiquen o realicen en suelo urbanizable, cuya ordenación no se haya pormenorizado, o en Suelo Rústico, cuando siendo necesaria la calificación territorial, carezcan de la misma.
b) Cuando instada la legalización, ésta haya sido denegada.
c) Cuando no se haya instado la legalización en el plazo concedido al efecto y de la instrucción del procedimiento resulte la incompatibilidad de lo realizado y proyectado con las determinaciones de la ordenación ambiental, territorial y urbanística aplicables.
V
Han sido observados y cumplimentados todos los requisitos de procedimiento establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero), y el Reglamento para el ejercicio de la potestad sancionadora aprobada por el Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto.
En su virtud,
R E S U E L V O:
Primero.- Imponer una multa de setenta y cuatro mil cincuenta y ocho euros con ochenta y un céntimos (74.058,81 euros), a D. José Gregorio Chinea Bethencourt en calidad de promotor de las obras objeto de este procedimiento, de conformidad con el artículo 189 del mismo texto legal.
Segundo.- Ordenar el restablecimiento del orden jurídico infringido y de la realidad física alterada mediante la demolición de las referidas obras y a tal efecto requerir al interesado para que en el plazo de un mes, presente ante esta Agencia el correspondiente proyecto de demolición como primer trámite de la ejecución voluntaria, advirtiéndoles que de no cumplimentar el mencionado requerimiento, se procederá a la ejecución forzosa de la demolición, conforme a lo establecido en el artículo 96 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Tercero.- Advertir al interesado que si repone los terrenos al estado anterior a la comisión de la infracción, tendrá derecho a una reducción de la multa en un setenta y cinco por ciento, de la que haya impuesto o deba imponerse, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 182 del citado Decreto Legislativo.
Cuarto.- Notificar la presente Resolución al interesado y al Ayuntamiento de Valle Gran Rey.
El cumplimiento de las obligaciones económicas se hará efectivo en el tiempo y forma que se establezca en la notificación que le remitirá la Consejería de Hacienda a este fin, una vez sea firme la resolución en vía administrativa, de conformidad con lo establecido en la Resolución de 13 de agosto de 2002, por la que se da publicidad a la suscripción del Convenio entre la Consejería de Economía, Hacienda y Comercio del Gobierno de Canarias y la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, para la prestación del servicio de gestión de cobro de los ingresos de derecho público propios de la Agencia, tanto en período voluntario como en vía ejecutiva.
Contra el presente acto, que no agota la vía administrativa, cabe recurso de alzada ante el Consejero de Política Territorial y Medio Ambiente, en Rambla General Franco, 149, Edificio Mónaco, en el plazo de un mes desde la notificación de la presente resolución, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse."
Segundo.- Remitir la presente Resolución al Servicio de Publicaciones e Información del Gobierno de Canarias, para su publicación en el Boletín Oficial de Canarias, y al correspondiente Ayuntamiento para su inserción en el tablón de edictos.
Santa Cruz de Tenerife, a 17 de enero de 2005.- El Director Ejecutivo, Pedro Gómez Jiménez.
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