No habiéndose podido practicar la notificación a D. Antonio Bolaños Pérez, de la Resolución nº 3321, de fecha 25 de octubre de 2004, en los términos del apartado primero del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; de conformidad con el apartado cuarto del citado artículo
R E S U E L V O:
Notificar a D. Antonio Bolaños Pérez, la Resolución nº 3321, de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, de fecha 25 de octubre de 2004, recaída en el expediente instruido en esta Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural por infracción de la legalidad urbanística con referencia I.M. 131/00, y cuya parte dispositiva dice textualmente:
"Primero.- Declarar la inexistencia de responsabilidad por extinción de la personalidad de D. Antonio Bolaños Pérez, respecto de las actuaciones de vertidos de tierra, ubicados en suelo clasificado como rústico, sin la preceptiva calificación territorial y demás títulos habilitantes, exigibles conforme a lo establecido en el artículo 170 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado mediante Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo.
Segundo.- Ordenar a los herederos de D. Antonio Bolaños Pérez, el restablecimiento del orden jurídico perturbado, mediante la reposición de las cosas al estado anterior a la comisión de la infracción y, a tal efecto, requerir a los herederos para que en el plazo de un mes presenten, ante la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, el correspondiente proyecto de demolición, como primer trámite de la ejecución voluntaria de lo ordenado, advirtiéndole que el incumplimiento de tal requerimiento, dará lugar, mientras dure, a la imposición de hasta doce sucesivas multas coercitivas por plazos de un mes e importe mínimo de 601,01 euros. Advertir que, en todo caso, transcurrido el plazo de cumplimiento voluntario derivado de la última multa coercitiva impuesta, sin que se cumplimentase el antedicho requerimiento, esta Administración ejecutará subsidiariamente la orden de reposición, con cargo al infractor, conforme a lo dispuesto en los artículos 95 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Tercero.- Notificar la presente resolución a los herederos y demás interesados.
Contra el presente acto cabe interponer recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Medio Ambiente y Ordenación Territorial, en el plazo de un mes, a partir del día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de cualquier otro que estime procedente en Derecho.
Remitir la presente propuesta de resolución al Servicio de Publicaciones e Información del Gobierno de Canarias y al correspondiente Ayuntamiento, para su inserción en el tablón de edictos."
Las Palmas de Gran Canaria, a 26 de octubre de 2004.- El Director Ejecutivo, Pedro Gómez Jiménez.
© Gobierno de Canarias