BOC - 2004/163. Martes 24 de Agosto de 2004 - 2733

IV. ANUNCIOS - Otros anuncios - Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial

2733 - Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 11 de agosto de 2004, del Director Ejecutivo, sobre notificación a D. Friedrich Otto Meckbach y a Dña. Petra Burow Meckbach, interesados en el expediente nº 636/01.U; D. Hubert Gay, interesado en el expediente 836/04.U; D. Cristian Roth y Dña. Britgit Exter, interesados en el expediente 866/04.U y Dña. Gregoria Pérez Sánchez, interesada en el expediente 823/04.U.

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Por la que se acuerda publicar resoluciones:

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y habiendo intentado las notificaciones de las personas interesadas en los respectivos procedimientos sin que éstas se hayan podido practicar,

R E S U E L V O:

Primero.- Hacer pública, a efectos de notificación, la resolución nº 2002, de 24 de junio de 2004, del Director de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, por la que se incoa el procedimiento sancionador nº 636/01-U, que se transcribe a continuación:

"Vistos los datos obrantes en esta Agencia y teniendo en cuenta los siguientes,

ANTECEDENTES

Único.- En el lugar denominado Tancajote (Pozo de Las Calcosas, parcelas números 21 y 22 de la Montaña de Artiniasa) del término municipal de Valverde, en Suelo Rústico de Protección Paisajística, se han venido realizando obras consistentes en la ejecución de una vivienda y otros elementos vinculados a la misma, tales como el pavimento y murado exterior y un aljibe (número de referencia 1532/00, ficha nº 37 del Plan Especial de edificios disconformes con la ordenación en el término municipal de Valverde), llevadas a cabo, en calidad de promotores, por D. Friedrich Otto Meckbach (provisto de carta de identidad alemana nº 6610074062 y número de pasaporte X-2318184-Z) y Dña. Petra Burow Meckbach. Las indicadas obras se han venido ejecutando careciendo del preceptivo título legitimante para construir en suelo rústico: la calificación territorial, exigida por los artículos 27 y 170 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo (en adelante TRLoTENC) (antes autorización para la construcción en suelo rústico, exigida por el artículo 9 de la derogada -por la Ley 9/1999, de 13 de mayo, de Ordenación del Territorio- Ley 5/1987, de 7 de abril, sobre Ordenación Urbanística del Suelo Rústico de la Comunidad Autónoma de Canarias).

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Es competente para la incoación, tramitación y resolución del presente expediente la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 190.1.c) y 229 del TRLoTENC, en relación con el artículo 19.3 de los Estatutos de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, aprobados por Decreto 189/2001, de 15 de octubre.

II.- Los hechos anteriormente relacionados son presuntamente constitutivos de la infracción tipificada y calificada de muy grave en el artículo 202.4.a) TRLoTENC: infracción calificada como grave en el artículo 202.3.b) TRLoTENC (realización de obras careciendo del preceptivo título legitimante para construir en suelo rústico: la calificación territorial, exigida por los artículos 27 y 170 del TRLoTENC, antes autorización para la construcción en suelo rústico, exigida por el artículo 9 de la derogada -por la Ley 9/1999, de 13 de mayo, de Ordenación del Territorio- Ley 5/1987, de 7 de abril, sobre Ordenación Urbanística del Suelo Rústico de la Comunidad Autónoma de Canarias) que afecta a Suelo Rústico Protegido por Razones Ambientales (ya que el suelo rústico de protección paisajística es una de las subcategorías de la protección ambiental: artículo 55.a).2 TRLoTENC).

III.- Según el artículo 189.1.a).1 del TRLoTENC, serán responsables las personas físicas o jurídicas que infrinjan lo prevenido en este Texto Refundido y, en especial, en la obras ejecutadas sin la concurrencia de los presupuestos legales para su legitimidad, los promotores y constructores. Establece a su vez el artículo 193 del TRLoTENC, que las multas que se impongan a los distintos responsables de una misma infracción tienen entre sí carácter independiente.

IV.- El artículo 203.1.c) TRLoTENC sanciona las infracciones muy graves con multa de 150.253,03 euros a 601.012,1 euros. Según el artículo 196.1 del TRLoTENC, cuando en el procedimiento se aprecie alguna circunstancia agravante, atenuante o mixta, la multa deberá imponerse por cuantía de la mitad superior o inferior de la correspondiente escala, respectivamente. Indica también el artículo 196.1 TRLoTENC que el importe de la sanción se fijará en función de la ponderación de la incidencia de dichas circunstancias atenuantes, agravantes o mixtas en la valoración global de la infracción. No constando la concurrencia de circunstancia atenuante, agravante o mixta alguna, y sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción del expediente, pudiera proceder el imponer multa por la mitad de la referida escala: 375.632,57 euros.

V.- El artículo 164.2 TRLoTENC dispone que la potestad de protección de la ordenación es de ejercicio inexcusable, de forma que en ningún caso la Administración puede dejar de adoptar las medidas de restablecimiento del orden jurídico infringido, las cuales deberán ordenarse aun cuando no proceda exigir la responsabilidad por infracción al TRLoTENC (179.3 TRLoTENC), estableciendo el artículo 188.1.a) del TRLoTENC que toda acción u omisión tipificada como infracción dará lugar a la adopción por las Administraciones Públicas competentes de las medidas para el restablecimiento del orden jurídico perturbado. De conformidad con el artículo 179 del TRLoTENC, se procederá a la reposición de las cosas a su estado anterior a la presunta infracción, incluida la demolición, en los siguientes supuestos:

a) Cuando se ubiquen o realicen en suelo urbanizable, cuya ordenación no se haya pormenorizado, o en suelo rústico, cuando siendo necesaria la calificación territorial, carezcan de la misma.

b) Cuando instada la legalización, ésta haya sido denegada.

c) Cuando no se haya instado la legalización en el plazo concedido al efecto y de la instrucción del procedimiento resulte la incompatibilidad de lo realizado y proyectado con las determinaciones de la ordenación ambiental, territorial y urbanística aplicables.

En su virtud,

R E S U E L V O:

a) Incoar expediente sancionador a D. Friedrich Otto Meckbach y a Dña. Petra Burow Meckbach, en calidad de promotores de las obras objeto del presente procedimiento, como presuntos responsables de la infracción descrita en la presente resolución al Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo (TRLoTENC).

b) Nombrar Instructora a Dña. Carlota Pérez Miranda, quien podrá ser recusada en los casos y formas previstos en los artículos 28 y 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

c) Significar al interesado que dispone de un plazo de quince (15) días contados a partir de la notificación de la presente Resolución para aportar cuantas alegaciones, documentos o informaciones estime convenientes y, en su caso, proponer prueba, concretando los medios de que pretenda valerse, según establece el artículo 16.1 del Reglamento de Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora, aprobado por Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto.

d) Advertirle que si reconociera su responsabilidad o no presentase alegaciones en el referido plazo de quince días, se podrá entender concluida la instrucción del expediente, considerándose el presente escrito como propuesta de resolución, a cuyo efecto dispondrá de un plazo de audiencia de quince (15) días para alegar cuanto considere conveniente en su defensa, así como presentar los documentos e informaciones que estime pertinentes ante el instructor del procedimiento, todo ello en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 8, 13.2, 18 y 19 del referido Reglamento de Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora.

e) Advertirle que, al concurrir los supuestos contemplados en el fundamento de derecho V, se procederá a reponer las cosas al estado inmediatamente anterior a la presunta infracción, incluida, en su caso, la demolición. No obstante, si el responsable, por sí mismo y en los términos dispuestos por la Administración, llevara a cabo la reposición de la realidad física alterada, tendrá derecho a una reducción en un setenta y cinco por ciento de la multa que se haya impuesto o deba imponerse, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 182 del TRLoTENC.

A los efectos de los apartados anteriores, el expediente relativo al procedimiento sancionador que ahora se inicia se encuentra a disposición de los interesados en esta Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, sita en la Rambla General Franco, 149, Edificio Mónaco, semisótano, de Santa Cruz de Tenerife, en orden a garantizar el principio de acceso permanente al mismo, consagrado en los artículos 35 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y 3 del Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora, teniendo los interesados derecho a conocer en cualquier momento del procedimiento su estado de tramitación y a acceder y obtener copia de los documentos contenidos en el mismo.

Notifíquese la presente Resolución a la persona nombrada instructora, así como a los interesados y al Ayuntamiento."

Segundo.- Hacer pública, a efectos de notificación, la Resolución nº 2003, de 24 de junio de 2004, del Director de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, por la que se incoa el procedimiento sancionador nº 836/04-U, que se transcribe a continuación:

"Vistos los datos obrantes en esta Agencia y teniendo en cuenta los siguientes,

ANTECEDENTES

Único.- En el lugar denominado Tancajote (Artiniasa, Pozo de Las Calcosas), del término municipal de Valverde, en Suelo Rústico de Protección Paisajística, se han venido realizando diversas obras, llevadas a cabo, en calidad de promotor, por D. Hubert Gay (número de pasaporte: 9.248.042.339). Las indicadas obras se han venido ejecutando careciendo del preceptivo título legitimante para construir en suelo rústico: la calificación territorial, exigida por los artículos 27 y 170 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo (en adelante TRLoTENC) (antes autorización para la construcción en suelo rústico, exigida por el artículo 9 de la derogada -por la Ley 9/1999, de 13 de mayo, de Ordenación del Territorio- Ley 5/1987, de 7 de abril, sobre Ordenación Urbanística del Suelo Rústico de la Comunidad Autónoma de Canarias). Las referidas obras se relacionan a continuación:

1. Vivienda (sita en: Artiniasa, Pozo de las Calcosas, 44; número de referencia 1530/00; ficha nº 39 del Plan Especial de edificios disconformes con la ordenación en el término municipal de Valverde -en adelante, P.E.V.-).

2. Vivienda (sita en: Artiniasa, Pozo de las Calcosas, 42; número de referencia 1535/00; ficha nº 40 P.E.V.).

3. Vivienda (sita en: Artiniasa, Pozo de las Calcosas, 40; número de referencia 1536/00; ficha nº 41 P.E.V.).

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Es competente para la incoación, tramitación y resolución del presente expediente la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 190.1.c) y 229 del TRLoTENC, en relación con el artículo 19.3 de los Estatutos de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, aprobados por Decreto 189/2001, de 15 de octubre.

II.- La realización, careciendo de las respectivas calificaciones territoriales (antes autorizaciones para la construcción en suelo rústico), de las tres obras descritas en el antecedente primero, son hechos presuntamente constitutivos de tres infracciones tipificadas y calificadas de muy graves en el artículo 202.4.a) TRLoTENC: infracciones calificadas como graves en el artículo 202.3.b) TRLoTENC (realización de obras careciendo del preceptivo título legitimante para construir en suelo rústico) que afectan a Suelo Rústico Protegido por Razones Ambientales (ya que el suelo rústico de protección paisajística es una de las subcategorías de la protección ambiental: artículo 55.a).2 TRLoTENC).

III.- Según el artículo 189.1.a).1 del TRLoTENC, serán responsables las personas físicas o jurídicas que infrinjan lo prevenido en este Texto Refundido y, en especial, en las obras ejecutadas sin la concurrencia de los presupuestos legales para su legitimidad, los promotores y constructores. Establece a su vez el artículo 193 del TRLoTENC, que las multas que se impongan a los distintos responsables de una misma infracción tienen entre sí carácter independiente.

IV.- El artículo 203.1.c) TRLoTENC sanciona las infracciones muy graves con multa de 150.253,03 euros a 601.012,1 euros. Según el artículo 196.1 del TRLoTENC, cuando en el procedimiento se aprecie alguna circunstancia agravante, atenuante o mixta, la multa deberá imponerse por cuantía de la mitad superior o inferior de la correspondiente escala, respectivamente. Indica también el artículo 196.1 TRLoTENC que el importe de la sanción se fijará en función de la ponderación de la incidencia de dichas circunstancias atenuantes, agravantes o mixtas en la valoración global de la infracción. No constando la concurrencia de circunstancia atenuante, agravante o mixta alguna, dado que el artículo 194.1 TRLoTENC establece que se impondrá a los responsables de dos o más infracciones las multas correspondientes a cada una de las cometidas, y sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción del expediente, pudiera proceder el imponer, por cada una de las tres infracciones presuntamente cometidas, multa por la mitad de la referida escala (375.632,57 euros), resultando un total de 1.126.897,71 euros (375.632,57 x 3).

V.- El artículo 164.2 TRLoTENC dispone que la potestad de protección de la ordenación es de ejercicio inexcusable, de forma que en ningún caso la Administración puede dejar de adoptar las medidas de restablecimiento del orden jurídico infringido, las cuales deberán ordenarse aun cuando no proceda exigir la responsabilidad por infracción al TRLoTENC (179.3 TRLoTENC), estableciendo el artículo 188.1.a) del TRLoTENC que toda acción u omisión tipificada como infracción dará lugar a la adopción por las Administraciones Públicas competentes de las medidas para el restablecimiento del orden jurídico perturbado. De conformidad con el artículo 179 del TRLoTENC, se procederá a la reposición de las cosas a su estado anterior a la presunta infracción, incluida la demolición, en los siguientes supuestos:

a) Cuando se ubiquen o realicen en suelo urbanizable, cuya ordenación no se haya pormenorizado, o en suelo rústico, cuando siendo necesaria la calificación territorial, carezcan de la misma.

b) Cuando instada la legalización, ésta haya sido denegada.

c) Cuando no se haya instado la legalización en el plazo concedido el efecto y de la instrucción del procedimiento resulte la incompatibilidad de lo realizado y proyectado con las determinaciones de la ordenación ambiental, territorial y urbanística aplicables.

En su virtud,

R E S U E L V O:

a) Incoar expediente sancionador a D. Hubert Gay (número de pasaporte: 9.248.042.339), en calidad de promotor de las tres obras objeto del presente procedimiento, como presunto responsable de las tres infracciones descritas en la presente resolución al Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo (TRLoTENC).

b) Nombrar Instructora a Dña. Carlota Pérez Miranda, quien podrá ser recusada en los casos y formas previstos en los artículos 28 y 29 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

c) Significar al interesado que dispone de un plazo de quince (15) días contados a partir de la notificación de la presente resolución para aportar cuantas alegaciones, documentos o informaciones estime convenientes y, en su caso, proponer prueba, concretando los medios de que pretenda valerse, según establece el artículo 16.1 del Reglamento de Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora, aprobado por Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto.

d) Advertirle que si reconociera su responsabilidad o no presentase alegaciones en el referido plazo de quince días, se podrá entender concluida la instrucción del expediente, considerándose el presente escrito como propuesta de resolución, a cuyo efecto dispondrá de un plazo de audiencia de quince (15) días para alegar cuanto considere conveniente en su defensa, así como presentar los documentos e informaciones que estime pertinentes ante el instructor del procedimiento, todo ello en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 8, 13.2, 18 y 19 del referido Reglamento de Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora.

e) Advertirle que, al concurrir los supuestos contemplados en el fundamento de derecho V, se procederá a reponer las cosas al estado inmediatamente anterior a las presuntas infracciones, incluida, en su caso, la demolición. No obstante, si el responsable, por sí mismo y en los términos dispuestos por la Administración, llevara a cabo la reposición de la realidad física alterada, tendrá derecho a una reducción en un setenta y cinco por ciento de la multa que se haya impuesto o deba imponerse, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 182 del TRLoTENC.

A los efectos de los apartados anteriores, el expediente relativo al procedimiento sancionador que ahora se inicia se encuentra a disposición de los interesados en esta Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, sita en la Rambla General Franco, 149, Edificio Mónaco, semisótano, de Santa Cruz de Tenerife, en orden a garantizar el principio de acceso permanente al mismo, consagrado en los artículos 35 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y 3 del Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora, teniendo los interesados derecho a conocer en cualquier momento del procedimiento su estado de tramitación y a acceder y obtener copia de los documentos contenidos en el mismo.

Notifíquese la presente resolución a la persona nombrada instructora, así como a los interesados y al Ayuntamiento."

Tercero.- Hacer pública, a efectos de notificación, la resolución nº 2206, de 8 de julio de 2004, del Director de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, por la que se incoa el procedimiento sancionador nº 866/04-U, que se transcribe a continuación:

"Vistos los datos obrantes en esta Agencia y teniendo en cuenta los siguientes,

ANTECEDENTES

Único.- En el lugar denominado Tancajote (Artiniasa, Pozo de las Calcosas, Montaña Bermeja), del término municipal de Valverde, en suelo rústico de protección paisajística, se han venido realizando obras consistentes en la ejecución de una vivienda y otros elementos vinculados a la misma, tales como el pavimento exterior, garaje, terraza y pista de acceso (número de referencia: 344/99), llevadas a cabo, en calidad de promotores, por D. Cristian Roth (pasaporte nº 1671026575) y Dña. Britgit Exter (pasaporte nº 5655482). Las indicadas obras se han venido ejecutando careciendo del preceptivo título legitimante para construir en suelo rústico: la calificación territorial, exigida por los artículos 27 y 170 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo (en adelante TRLoTENC) (antes autorización para la construcción en suelo rústico, exigida por el artículo 9 de la derogada -por la Ley 9/1999, de 13 de mayo, de Ordenación del Territorio- Ley 5/1987, de 7 de abril, sobre Ordenación Urbanística del Suelo Rústico de la Comunidad Autónoma de Canarias).

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Es competente para la incoación, tramitación y resolución del presente expediente la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 190.1.c) y 229 del TRLoTENC, en relación con el artículo 19.3 de los Estatutos de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, aprobados por Decreto 189/2001, de 15 de octubre.

II.- Los hechos anteriormente relacionados son presuntamente constitutivos de la infracción tipificada y calificada de muy grave en el artículo 202.4.a) TRLoTENC: infracción calificada como grave en el artículo 202.3.b) TRLoTENC (realización de obras careciendo del preceptivo título legitimante para construir en suelo rústico: la calificación territorial, exigida por los artículos 27 y 170 del TRLoTENC, antes autorización para la construcción en suelo rústico, exigida por el artículo 9 de la derogada -por la Ley 9/1999, de 13 de mayo, de Ordenación del Territorio- Ley 5/1987, de 7 de abril, sobre Ordenación Urbanística del Suelo Rústico de la Comunidad Autónoma de Canarias) que afecta a suelo rústico protegido por razones ambientales (ya que el suelo rústico de protección paisajística es una de las subcategorías de la protección ambiental: artículo 55.a).2) TRLoTENC).

III.- El artículo 203.1.c) TRLoTENC sanciona las infracciones muy graves con multa de 150.253,03 a 601.012,1 euros. Según el artículo 196.1 del TRLoTENC, cuando en el procedimiento se aprecie alguna circunstancia agravante, atenuante o mixta, la multa deberá imponerse por cuantía de la mitad superior o inferior de la correspondiente escala, respectivamente. Indica también el artículo 196.1 TRLoTENC que el importe de la sanción se fijará en función de la ponderación de la incidencia de dichas circunstancias atenuantes, agravantes o mixtas en la valoración global de la infracción. No constando la concurrencia de circunstancia atenuante, agravante o mixta alguna, y sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción del expediente, pudiera proceder el imponer multa por la mitad de la referida escala: 375.632,57 euros.

IV.- El artículo 164.2 TRLoTENC dispone que la potestad de protección de la ordenación es de ejercicio inexcusable, de forma que en ningún caso la Administración puede dejar de adoptar las medidas de restablecimiento del orden jurídico infringido, las cuales deberán ordenarse aun cuando no proceda exigir la responsabilidad por infracción al TRLoTENC (179.3 TRLoTENC), estableciendo el artículo 188.1.a) del TRLoTENC que toda acción u omisión tipificada como infracción dará lugar a la adopción por las Administraciones Públicas competentes de las medidas para el restablecimiento del orden jurídico perturbado. De conformidad con el artículo 179 del TRLoTENC, se procederá a la reposición de las cosas a su estado anterior a la presunta infracción, incluida la demolición, en los siguientes supuestos:

a) Cuando se ubiquen o realicen en suelo urbanizable, cuya ordenación no se haya pormenorizado, o en suelo rústico, cuando siendo necesaria la calificación territorial, carezcan de la misma.

b) Cuando instada la legalización, ésta haya sido denegada.

c) Cuando no se haya instado la legalización en el plazo concedido al efecto y de la instrucción del procedimiento resulte la incompatibilidad de lo realizado y proyectado con las determinaciones de la ordenación ambiental, territorial y urbanística aplicables.

En su virtud,

R E S U E L V O:

a) Incoar expediente sancionador a D. Cristian Roth y Dña. Britgit Exter, en calidad de promotores de las obras objeto del presente procedimiento, como presuntos responsables de la infracción descrita en la presente Resolución al Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo (TRLoTENC).

b) Nombrar Instructora a Dña. Carlota Pérez Miranda, quien podrá ser recusada en los casos y formas previstos en los artículos 28 y 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

c) Significar al interesado que dispone de un plazo de quince (15) días contados a partir de la notificación de la presente resolución para aportar cuantas alegaciones, documentos o informaciones estime convenientes y, en su caso, proponer prueba, concretando los medios de que pretenda valerse, según establece el artículo 16.1 del Reglamento de Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora, aprobado por Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto.

d) Advertirle que si reconociera su responsabilidad o no presentase alegaciones en el referido plazo de quince días, se podrá entender concluida la instrucción del expediente, considerándose el presente escrito como propuesta de resolución, a cuyo efecto dispondrá de un plazo de audiencia de quince (15) días para alegar cuanto considere conveniente en su defensa, así como presentar los documentos e informaciones que estime pertinentes ante el instructor del procedimiento, todo ello en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 8, 13.2, 18 y 19 del referido Reglamento de Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora.

e) Advertirle que, al concurrir los supuestos contemplados en el fundamento de derecho IV, se procederá a reponer las cosas al estado inmediatamente anterior a la presunta infracción, incluida, en su caso, la demolición. No obstante, si el responsable, por sí mismo y en los términos dispuestos por la Administración, llevara a cabo la reposición de la realidad física alterada, tendrá derecho a una reducción en un setenta y cinco por ciento de la multa que se haya impuesto o deba imponerse, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 182 del TRLoTENC.

A los efectos de los apartados anteriores, el expediente relativo al procedimiento sancionador que ahora se inicia se encuentra a disposición de los interesados en esta Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, sita en la Rambla General Franco, 149, Edificio Mónaco, semisótano, de Santa Cruz de Tenerife, en orden a garantizar el principio de acceso permanente al mismo, consagrado en los artículos 35 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y 3 del Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora, teniendo los interesados derecho a conocer en cualquier momento del procedimiento su estado de tramitación y a acceder y obtener copia de los documentos contenidos en el mismo.

Notifíquese la presente Resolución a la persona nombrada Instructora, así como a los interesados y al Ayuntamiento."

Cuarto.- Hacer pública, a efectos de notificación, la resolución nº 2015, de 24 de junio de 2004, del Director de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, por la que se incoa el procedimiento sancionador nº 823/04-U, que se transcribe a continuación:

"Vistos los datos obrantes en esta Agencia y teniendo en cuenta los siguientes,

ANTECEDENTES

Único.- En el lugar denominado Camino los Loros, del término municipal de Arafo, en suelo clasificado como Rústico, se han venido realizando obras consistentes en la construcción de una vivienda y otros elementos vinculados a la misma, tales como un muro de cerramiento exterior y un cuerpo edificatorio anexo, promovidas por Dña. Gregoria Pérez Sánchez (D.N.I. nº 15.071.177), careciendo del preceptivo título legitimante para construir en suelo rústico: la calificación territorial, exigida por los artículos 27 y 170 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo (en adelante TRLoTENC) (antes autorización para la construcción en suelo rústico, exigida por el artículo 9 de la derogada -por la Ley 9/1999, de 13 de mayo, de Ordenación del Territorio- Ley 5/1987, de 7 de abril, sobre Ordenación Urbanística del Suelo Rústico de la Comunidad Autónoma de Canarias).

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Es competente para la incoación, tramitación y resolución del presente expediente la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 190.1.c) y 229 del TRLoTENC, en relación con el artº. 19.3 del Decreto 189/2001, de 15 de octubre, por el que se aprueban los Estatutos de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.

II.- Los hechos anteriormente relacionados son presuntamente constitutivos de la infracción tipificada y calificada de grave en el artº. 202.3.b) TRLoTENC (realización de obras careciendo del preceptivo título legitimante para construir en suelo rústico: la calificación territorial, exigida por los artículos 27 y 170 del TRLoTENC, antes autorización para la construcción en suelo rústico, exigida por el artículo 9 de la derogada -por la Ley 9/1999, de 13 de mayo, de Ordenación del Territorio- Ley 5/1987, de 7 de abril, sobre Ordenación Urbanística del Suelo Rústico de la Comunidad Autónoma de Canarias).

III.- El artículo 203.1.b) del TRLoTENC sanciona las infracciones graves con multa de 6.010,13 a 150.253,03 euros. Según el artículo 196.1 del TRLoTENC, cuando en el procedimiento se aprecie alguna circunstancia agravante, atenuante o mixta, la multa deberá imponerse por cuantía de la mitad superior o inferior de la correspondiente escala, respectivamente. Indica también el artículo 196.1 TRLoTENC que el importe de la sanción se fijará en función de la ponderación de la incidencia de dichas circunstancias atenuantes, agravantes o mixtas en la valoración global de la infracción. No constando la concurrencia de circunstancia atenuante, agravante o mixta alguna, y sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción del expediente, pudiera proceder el imponer multa por la mitad de la referida escala: 78.000 euros.

IV.- El artº. 164.2 TRLoTENC dispone que la potestad de protección de la ordenación es de ejercicio inexcusable, de forma que en ningún caso la Administración puede dejar de adoptar las medidas de restablecimiento del orden jurídico infringido, las cuales deberán ordenarse aun cuando no proceda exigir la responsabilidad por infracción al TRLoTENC (179. 3 TRLoTENC), estableciendo el artº. 188.1.a) del TRLoTENC que toda acción u omisión tipificada como infracción dará lugar a la adopción por las Administraciones Públicas competentes de las medidas para el restablecimiento del orden jurídico perturbado. De conformidad con el artículo 179 del TRLoTENC, se procederá a la reposición de las cosas a su estado anterior a la presunta infracción, incluida la demolición, en los siguientes supuestos:

a) Cuando se ubiquen o realicen en suelo urbanizable, cuya ordenación no se haya pormenorizado, o en suelo rústico, cuando siendo necesaria la calificación territorial, carezcan de la misma.

b) Cuando instada la legalización, ésta haya sido denegada.

c) Cuando no se haya instado la legalización en el plazo concedido el efecto y de la instrucción del procedimiento resulte la incompatibilidad de lo realizado y proyectado con las determinaciones de la ordenación ambiental, territorial y urbanística aplicables.

La actuación objeto del presente procedimiento no sólo carece de la necesaria calificación territorial, sino que resulta jurídicamente inviable que la obtenga, de acuerdo con las determinaciones actualmente vigentes de la ordenación ambiental, territorial y urbanística, al resultar incompatible lo realizado con tales determinaciones, ya que la referida vivienda está situada en suelo rústico no calificado por el planeamiento como asentamiento rural ni como asentamiento agrícola, por lo que vulnera el artículo 66.7.a) del TRLoTENC, que exige que las viviendas de nueva planta en suelo rústico necesariamente se sitúen en terrenos calificados expresamente por el planeamiento de aplicación como asentamiento rural o como asentamiento agrícola.

Por tanto, procederá ordenar la reposición de las cosas al estado inmediatamente anterior a la comisión de la infracción, mediante la demolición de las referidas obras.

En su virtud,

R E S U E L V O:

a) Incoar expediente sancionador a Dña. Gregoria Pérez Sánchez, en calidad de promotora de las obras objeto del presente procedimiento, como presunta responsable de la infracción al Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, descrita en la presente Resolución.

b) Nombrar Instructora a Dña. Carlota Pérez Miranda, quien podrá ser recusada en los casos y formas previstos en los artículos 28 y 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

c) Significar al interesado que dispone de un plazo de quince (15) días contados a partir de la notificación de la presente resolución para aportar cuantas alegaciones, documentos o informaciones estime convenientes y, en su caso, proponer prueba, concretando los medios de que pretenda valerse, según establece el artículo 16.1 del Reglamento de Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora, aprobado por Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto.

d) Advertirle que si reconociera su responsabilidad o no presentase alegaciones en el referido plazo de quince días, se podrá entender concluida la instrucción del expediente, considerándose el presente escrito como propuesta de resolución, a cuyo efecto dispondrá de un plazo de audiencia de quince (15) días para alegar cuanto considere conveniente en su defensa, así como presentar los documentos e informaciones que estime pertinentes ante el instructor del procedimiento, todo ello en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 8, 13.2, 18 y 19 del referido Reglamento de procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora.

e) Advertirle que, al concurrir los supuestos contemplados en el fundamento de derecho IV, se procederá a reponer las cosas al estado inmediatamente anterior a la presunta infracción, incluida, en su caso, la demolición. No obstante, si el responsable, por sí mismo y en los términos dispuestos por la Administración, llevara a cabo la reposición de la realidad física alterada, tendrá derecho a una reducción en un setenta y cinco por ciento de la multa que se haya impuesto o deba imponerse, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 182 del TRLoTENC.

A los efectos de los apartados anteriores, el expediente relativo al procedimiento sancionador que ahora se inicia se encuentra a disposición de los interesados en esta Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, sita en la Rambla General Franco, 149, Edificio Mónaco, semisótano, de Santa Cruz de Tenerife, en orden a garantizar el principio de acceso permanente al mismo, consagrado en los artículos 35 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y 3 del Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora.

Notifíquese la presente Resolución a la persona nombrada instructora, así como a los interesados y al Ayuntamiento."

Quinto.- Remitir el presente anuncio al Servicio de Publicaciones del Gobierno de Canarias, para su publicación en el Boletín Oficial de Canarias y, para su inserción en el tablón de edictos, al Ayuntamiento y en su caso, al Consulado o Sección Consular de la Embajada correspondiente.

Santa Cruz de Tenerife, a 11 de agosto de 2004.- El Director Ejecutivo, Pedro Gómez Jiménez.



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