Habiendo sido intentada la notificación de la presente Resolución en el domicilio que figuraba en el expediente tramitado por esta Secretaría General Técnica sin que haya sido recibida por el recurrente interesado, y de conformidad con lo establecido en el artículo 59, apartado 5º, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
R E S U E L V O:
1º) Notificar a D. Pablo Jorge Frías Tejera, la Resolución de 10 de diciembre de 2003 (libro 01, nº orden 266/03), que figura como anexo de esta Resolución, por la que se resolvió el recurso de alzada interpuesto por D. Javier Sánchez Paz, en representación de la Compañía Endesa Distribución Eléctrica, S.L., contra la Resolución del Viceconsejero de Desarrollo Industrial e Innovación Tecnológica, de fecha 27 de junio de 2003, relativa a expediente sancionador, con referencia ES-SIETFE 04/03.
2º) Remitir al Ayuntamiento de El Rosario la presente Resolución para su publicación en el tablón de edictos.
Las Palmas de Gran Canaria, a 26 de febrero de 2004.- El Secretario General Técnico, Ángel A. Montesdeoca García.
A N E X O
Orden del Consejero de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías, de fecha 10 de diciembre de 2003, por la que se resuelve el recurso de alzada interpuesto por D. Javier Sánchez Paz, en representación de la Compañía Endesa Distribución Eléctrica, S.L., contra Resolución del Viceconsejero de Desarrollo Industrial e Innovación Tecnológica, de fecha 27 de junio de 2003, recaída en el expediente sancionador, con referencia ES-SIETFE 04/03.
Visto el recurso de alzada interpuesto por D. Javier Sánchez Paz, en representación de la Compañía Endesa Distribución Eléctrica, S.L., contra la Resolución del Viceconsejero de Desarrollo Industrial e Innovación Tecnológica, de fecha 27 de junio de 2003, relativa a expediente sancionador, con referencia ES-SIETFE 04/03, y teniendo en cuenta los siguientes,
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.- El día 4 de septiembre de 2001, tuvo entrada en esta Consejería escrito presentado por D. Pablo Jorge Frías Tejera, solicitando se exigiera a la compañía Unelco la retirada del tendido eléctrico que, unilateralmente, instaló sobre una finca de su propiedad, en el término municipal de Fasnia, sin su autorización. Adjunta fotografías del tendido eléctrico en cuestión.
Segundo.- Con fecha 12 de septiembre de 2001, se remite a la empresa Unelco la citada reclamación, concediéndole un plazo de diez días para que presentara informe al respecto. El día 23 de octubre de 2001, la compañía Unelco presenta informe en el que viene a manifestar que la instalación de referencia se trata de la línea aérea de media tensión entre los Centros de Transformación "Sabina alta" y "La Zarza", autorizándose su puesta en marcha el 16 de julio de 1973, y ejecutada para la electrificación del Barrio Sabina Alta, a solicitud del Ayuntamiento de Fasnia, encontrándose en situación reglamentaria, así como que el reclamante solicitó a Unelco la modificación del trazado de la línea, motivada por la construcción de un salón agrícola, a quien se le pasó un presupuesto de desvío una vez facilitado por el interesado la ubicación de los nuevos apoyos. Se acompaña fotocopia de escrito de Unelco dirigido a D. Pablo Jorge Frías Tejera, de fecha 5 de julio de 2001, en el que se le comunica que, de acuerdo con su petición de desvío y visto la ubicación de los apoyos se le remitía el estudio de dicho desvío y el presupuesto de la obra, por importe de 3.178.873 pesetas.
Tercero.- Con fecha 12 de noviembre de 2001, D. Pablo Jorge Frías Tejera presenta escrito en el que manifiesta que el tendido eléctrico objeto de la reclamación fue modificado por orden judicial, según sentencia de la Audiencia Provincial, de fecha 12 de abril de 1996, que condenó a Unelco a la modificación del citado tramo a instancias de un vecino de la zona que se consideraba perjudicado por el tendido original, llevándose a cabo esta modificación, por parte de UNELCO, de forma arbitraria, sin los preceptivos permisos de los propietarios por donde ahora transcurre el nuevo tendido. Se adjunta fotocopia de sentencia de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, de fecha 12 de abril de 1996.
Cuarto.- El día 13 de mayo de 2002 se remite a la compañía Unelco el último escrito presentado por D. Pablo Jorge Frías Tejera, solicitándole informe al respecto, con la indicación de que se incluyese la aprobación que acredite, en su caso, la modificación del trazado y los planos de la situación actual del trazado objeto de reclamación.
Con fecha de entrada 6 de junio de 2002, la empresa Unelco presenta informe en el que vuelve a manifestar que la instalación citada corresponde a la línea aérea de media tensión, entre los Centros de Transformación "Sabina Alta" y "La Zarza", que ha sido tramitada ante esta Administración, y que se encontraba en conversaciones con el reclamante a fin de alcanzar la solución más satisfactoria para ambas partes. Se adjunta escrito de Unelco, de fecha 6 de mayo de 2002, dirigido a D. Pablo Jorge Frías Tejera conteniendo presupuesto estimado para realizar los trabajos (14.314,49 euros más I.G.I.C.) en relación a su solicitud de desvío de la red.
Quinto.- Mediante escrito de fecha 9 de julio de 2002, se requiere a la empresa Unelco para que en el plazo de diez días presente documento que acredite el consentimiento del reclamante para la ubicación en el terreno de su propiedad de las instalaciones de media tensión que transcurren por el mismo y además, se solicita, nuevamente, la petición de aportar documento que acredite la legalización y aprobación de la modificación del trazado. Ante la falta de contestación por parte de la compañía Unelco, el día 6 de septiembre de 2002, se reitera el escrito de petición de documentación citado, con la advertencia de que en caso de no presentar los documentos solicitados, podría ser constitutivo de infracción administrativa grave.
Con fecha 4 de octubre de 2002, Unelco presenta escrito en el que manifiesta que ha llegado a un acuerdo para ejecutar el desvío propuesto, estando pendiente de que el reclamante le facilite los permisos de los propietarios afectados por la modificación prevista para poder iniciar los trámites administrativos correspondientes. Se acompaña escrito de Unelco, de fecha 2 de octubre de 2002, dirigido a D. Pablo Jorge Frías Tejera, en el que solicita le facilite las autorizaciones correspondientes para la colocación de los apoyos y vanos de la modificación planteada, con el fin de iniciar los trámites administrativos para ejecutar los trabajos previstos.
Sexto.- Mediante escrito de fecha 8 de octubre de 2002, se indica a la compañía Unelco que no ha dado debida respuesta a lo instado, y se le requiere para que, en un plazo de diez días, remita la autorización solicitada. Al citado requerimiento, la empresa Unelco, presenta el día 7 de noviembre de 2002 escrito en el que manifiesta que no han podido localizar las autorizaciones solicitadas al no encontrar en sus archivos el expediente de la obra, y reitera que ha llegado a un acuerdo para ejecutar el desvío propuesto, estando pendiente únicamente de que D. Pablo Jorge Frías Tejera le facilite los permisos de los propietarios afectados por la modificación para iniciar los trámites administrativos correspondientes.
Séptimo.- Con fecha 11 de diciembre de 2002 se reitera, nuevamente, a la empresa Unelco la aportación de los documentos requeridos, indicándole que se acuerda abrir un período de prueba de diez días a fin de que presente o solicite la práctica de cuantas pruebas considere oportunas. Con la misma fecha, se remite copia de este escrito a D. Pablo J. Frías Tejera, informándole que, independientemente de los acuerdos a los que puedan llegar entre ambas partes, el expediente se incoa de oficio y la resolución que en su día se dicte será de obligado cumplimiento para las partes.
El día 18 de febrero de 2003 se presenta, por parte de Unelco, escrito en el que viene a manifestar que no ha podido localizar el expediente relativo al trazado de referencia, así como que ha llegado a un acuerdo para ejecutar desvío de la red, adjuntando fotocopia de escrito (sin firma, ni identificación de su autor) que dice ser de D. Pablo Jorge Frías Tejera facilitando una relación de propietarios afectados por las distintas alternativas planteadas para realizar la modificación prevista.
Octavo.- Con fecha 28 de febrero, el Jefe de Sección de Alta Tensión de la Dirección General de Industria y Energía emite Propuesta de Resolución sobre la reclamación planteada, según la cual viene a proponer:
- Que la empresa Endesa Distribución Eléctrica, S.L. proceda a retirar el tramo de línea que transcurra o afecta a los terrenos propiedad de D. Jorge Frías Tejera, tramitando y realizando dicha modificación conforme está establecido en las vigentes normas reguladoras.
- Que de forma previa al inicio de las obras de modificación de la línea, Unelco Endesa deberá acreditar, de forma fehaciente, que cuenta con la autorización de los titulares de derechos afectados siendo esta empresa la que debe recabar las mencionadas autorizaciones.
- Se inicie expediente sancionador a la empresa distribuidora.
Con fecha 6 de marzo de 2003, el Director General de Industria y Energía dicta Resolución nº 2723 por la que se acepta íntegramente la propuesta del técnico, acordando remitir a los interesados y elevar al Viceconsejero de Desarrollo Industrial e Innovación Tecnológica la propuesta de expediente sancionador formulada.
Noveno.- El día 21 de abril de 2003, la Compañía Endesa Distribución Eléctrica, S.A. interpone recurso de alzada contra la Resolución precedente, habiendo sido desestimado mediante Resolución del Viceconsejero de Industria y Nuevas Tecnologías, de fecha 3 de noviembre de 2003.
Décimo.- Por Resolución nº 144, del Viceconsejero de Desarrollo Industrial e Innovación Tecnológica, de fecha 13 de marzo de 2003, se acordó la iniciación de un expediente sancionador a la empresa Endesa Distribución Eléctrica, S.L., por la presunta comisión de hechos que suponen infracciones, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria.
- Realizar una modificación de la línea de media tensión que discurre entre los Centros de Transformación Sabina Alta y La Zarza, careciendo dichas obras de la correspondiente y preceptiva autorización administrativa y autorización de proyecto de ejecución. Infracción de lo preceptuado en el artículo 31.3.a) de la Ley 21/1992, de 16 de julio, en relación con los artículos 12, 13 y 30 del Decreto 26/1996, de 9 de febrero.
- Poner en servicio la instalación de referencia sin que se hubiera otorgado la preceptiva autorización de puesta en marcha y sin que se hubiera realizado la autorización administrativa y aprobación del proyecto. Infracción de lo preceptuado en el artículo 31.2.b) de la Ley 21/1992, de 16 de julio, en relación con los artículos 12, 15, 16, 19 y 30 del Decreto 26/1996, de 9 de febrero.
- El que la instalación transcurra por los terrenos propiedad de D. Pablo Jorge Frías Tejera sin contar con su autorización. Infracción de lo preceptuado en el artículo 31.3.a) de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, en relación con los artículos 13.c) y 30 del Decreto 26/1996, de 9 de febrero.
- No facilitar la información requerida por la Administración. Infracción de lo preceptuado en el artículo 31.2.d) de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, en relación con los artículos 5.c) y e), 12 y 16.b) Ley 11/1997, de 2 de diciembre, del Sector Eléctrico Canario y artículo 29 del Decreto 26/1996, de 9 de febrero.
Undécimo.- El día 25 de abril de 2003, la Compañía Endesa Distribución Eléctrica, S.L. presenta alegaciones al Acuerdo adoptado mediante Resolución nº 144, del Viceconsejero de Desarrollo Industrial e Innovación Tecnológica, de fecha 13 de marzo de 2003, de apertura de expediente sancionador por la presunta comisión de hechos que suponen infracciones, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, según las cuales:
- A fin de acomodar la instalación al contenido de la sentencia de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, de fecha 12 de abril de 1996, hubo de acometerse la modificación de su trazado, y se entendió que su ejecución era adecuada a las autorizaciones otorgadas por los propietarios del suelo por el que la red discurría. Sin embargo, la modificación resultó afectar a la propiedad de D. Pablo Jorge Frías Tejera, quien, disconforme con tal afección, formuló la denuncia de la que trae causa este procedimiento.
- La empresa Endesa Distribución Eléctrica, S.L. ha facilitado cuanta información le ha sido solicitada, que es toda la información de que dispone, sin que pueda imputársele resistencia en permitir o facilitar a la Administración el acceso a la información requerida. Otra cosa es que lo que se solicite sea un informe autoinculpatorio o la entrega de pruebas de culpabilidad, bajo la velada promesa de que de no confesarse culpable o de no aportar pruebas inculpatorias se le sancionará por desobediencia.
- La empresa entendió que la modificación efectuada no estaba sujeta a autorización administrativa, por no afectar, en modo alguno, a aspectos sustanciales del proyecto, procediéndose de acuerdo con el artículo 16 del Decreto Territorial 26/1996, de 9 de febrero, por el que se simplifican los procedimientos administrativos aplicables a las instalaciones, en cuya virtud, las variaciones no sustanciales del proyecto no quedan sujetas a autorización administrativa.
- Es doctrina consolidada del Tribunal Supremo que no forma parte de la legalidad administrativa el control de la titularidad del espacio sobre el que se ejecutan las instalaciones eléctricas, pues se trata de una cuestión de estricto carácter civil, cuyo conocimiento corresponde, en exclusiva, a la jurisdicción ordinaria.
- El Derecho Administrativo Sancionador, al que deben aplicarse, aunque con matices, los principios inspiradores del Derecho Penal, es de interpretación restrictiva, por lo que se distorsiona cuando no existe una directa relación entre el hecho cometido y la norma sancionadora que el mismo aplica.
Duodécimo- Con fecha 3 de junio de 2003, el Instructor del procedimiento sancionador formula Propuesta de Resolución, la cual es notificada al interesado al día siguiente, concediéndole un plazo de 15 días a fin de que pueda formular alegaciones y presentar documentos e informaciones que estime pertinentes.
Mediante escrito presentado el día 19 de junio de 2003, la Compañía Endesa Distribución Eléctrica, S.L. viene a manifestar en síntesis, lo siguiente:
- La primera alegación reproduce literalmente las manifestaciones realizadas en el escrito presentado al Acuerdo de inicio de expediente sancionador.
- Se enumeran los distintos requerimientos enviados a la empresa expedientada y las contestaciones a los mismos, manifestando respecto de la documentación no aportada, que no se disponía de ella, por lo que no puede ser objeto de sanción la negativa a facilitar lo que no se tiene.
- La expedientada mantiene que la modificación efectuada no estaba sujeta a autorización administrativa, invocando para ello el artículo 16 del Decreto 26/1996, de 9 de febrero, y las Instrucciones Técnico Complementarias MI BT 041 y MIE RAT 20.3.
- Al tratarse de una modificación irrelevante del trazado de un tendido ya existente, no precisa proyecto, y por tanto, tampoco de autorización administrativa.
- La Compañía obró con la convicción de hacerlo de acuerdo a Derecho, y sólo razones de discrepancia interpretativa sobre el alcance y contenido de los preceptos reguladores han motivado la incoación del expediente sancionador de referencia.
- Es doctrina del Tribunal Supremo, el que no forma parte de la legalidad administrativa el control de la titularidad del espacio sobre el que se ejecutan las instalaciones eléctricas, pues se trata de una cuestión de estricto carácter civil, cuyo conocimiento corresponde, en exclusiva, a la jurisdicción ordinaria. No puede esgrimirse el artículo 13 del Decreto 26/1996, pues no puede atribuir competencias a la Administración en ámbitos que permanecen en la esfera del Derecho privado, sino que es puramente procedimental, y tiene razón de ser en tanto nos encontremos en el procedimiento simplificado de autorización contemplado en el Reglamento.
- La expedientada manifiesta que esta Administración contradice el criterio de interpretación restrictiva, al ampliar el ámbito objetivo de las normas sancionadoras, al incluir en sus supuestos de hecho circunstancias que nada tienen que ver con el tipo sancionador ni con el interés jurídico que aquéllas pretenden tutelar.
Decimotercero.- Por Resolución del Viceconsejero de Desarrollo Industrial e Innovación Tecnológica, de fecha 27 de junio de 2003, se resuelve
- Imponer a la empresa Endesa Distribución Eléctrica, S.L. una sanción de multa de dos mil (2.000) euros por la primera de las infracciones imputadas (realizar una modificación de la línea de media tensión que discurre entre los Centros de Transformación Sabina Alta y la Zarza, careciendo dichas obras de la correspondiente y preceptiva autorización administrativa y autorización del proyecto de ejecución), calificada como leve; una sanción de multa de veinticuatro mil (24.000) euros por la segunda de las infracciones imputadas (poner en servicio la instalación citada sin que se hubiera otorgado la preceptiva autorización de puesta en marcha y sin la autorización administrativa y aprobación del proyecto de la misma), calificada como grave; y una sanción de multa de dos mil (2.000) euros por la tercera de las infracciones imputadas (no contar con la autorización del titular afectado), calificada como leve.
Decimocuarto.- Con fecha 31 de julio de 2003, D. Javier Sánchez Paz, en representación de la Compañía Endesa Distribución Eléctrica, S.L. interpone recurso de alzada contra la Resolución precedente, en base a los siguientes fundamentos
1) Que a fin de acomodar la instalación al contenido de la sentencia de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, de 12 de abril de 1996, hubo de acometerse la modificación de su trazado, entendiéndose que su ejecución era adecuada a las autorizaciones otorgadas por los propietarios del suelo por el que la red discurría. Sin embargo, la modificación resultó afectar a la propiedad de D. Pablo Jorge Frías Tejera, quien disconforme con tal afección, formuló la denuncia de la que trae causa este procedimiento, y con el que ha logrado una solución amistosa.
2) Que la finalidad perseguida por el expediente sancionador no se corresponde con ninguna de las concretadas por el artículo 2 de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria. Si la tutela de la propiedad privada queda fuera del ámbito de aplicación de la Ley 21/1992, sus preceptos sancionadores no pueden invocarse para castigar supuestas infracciones del derecho de propiedad. El Derecho Administrativo sancionador es de interpretación restrictiva, por lo que se distorsiona cuando no existe una directa relación entre el hecho cometido y la norma sancionadora.
3) Que es doctrina del Tribunal Supremo la de que no forma parte de la legalidad administrativa el control de la titularidad del espacio sobre el que se ejecutan las instalaciones eléctricas, pues se trata de una cuestión de estricto carácter civil, cuyo conocimiento corresponde, en exclusiva, a la jurisdicción ordinaria. Nuestro ordenamiento jurídico administrativo, en cuestión de competencias, se sustenta en el criterio de atribución expresa, contemplado en el artículo 12.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y no se puede esgrimir el artículo 13 del Decreto 26/1996, porque resulta inhábil para efectuar la atribución competencia, y además porque tiene su ubicación sistemática específica en el procedimiento simplificado de autorización.
4) Que la Resolución impugnada entiende que el desvío producido debe considerarse sustancial al afectar a nuevos propietarios, escapándose de los objetivos estrictos perseguidos por las normas aplicadas, que no son otros que la garantía de la seguridad y calidad de las instalaciones industriales autorizadas, en ningún caso la tutela de derechos patrimoniales. En este caso, la instalación no ha sido sometida a alteración sustancial de tipo alguno, pues no se modifican las referencias técnicas que atañen a las condiciones de seguridad y calidad industrial.
5) Que, por lo expuesto, se ha entendido que la modificación efectuada no estaba sujeta a autorización administrativa, por no afectar, en modo alguno, a aspectos sustanciales del proyecto. El Decreto 2.617/1966, sobre autorización administrativa de instalaciones eléctricas, no incluía, en su ámbito de aplicación, las meras modificaciones en instalaciones eléctricas, y la Instrucción Técnico Complementaria MIE-RAT 20.3 señala que para la realización de ampliaciones y modificaciones no importantes de instalaciones construidas de acuerdo con el Reglamento, no se precisará autorización administrativa ni presentación de proyecto.
6) Que, por el mismo motivo expresado en la consideración anterior, no puede exigirse tampoco autorización de puesta en marcha, pues ésta va siempre referida a obras eléctricas que precisan de proyecto de ejecución que haya de someterse a autorización administrativa. Se modifica el trazado de una instalación preexistente, que no tenía que ser puesta en servicio, pues en servicio estaba.
7) Que, se trata de un error de Derecho, en la comprensión de una materia cuya complejidad se presta a mantener posturas divergentes, pues no se ha puesto en duda la seguridad de las obras de desvío efectuadas.
8) Que el artículo 62 de la Ley 30/1992 previene la nulidad de pleno derecho para los actos de las Administraciones Públicas que lesionen el contenido esencial de los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional para los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido; y el artículo 63 de la misma Ley previene la nulidad relativa para los actos de la Administración que incurran en cualquier infracción del ordenamiento, incluida la desviación de poder.
Decimoquinto.- El Servicio de Instalaciones Energéticas de la Dirección General de Industria y Energía, emite Informe de fecha 15 de septiembre de 2003 en el que señala, esencialmente, que el recurso de alzada interpuesto por la empresa Endesa Distribución Eléctrica, S.L. no ha aportado ningún argumento nuevo o prueba que pueda hacer cambiar el sentido de la resolución recurrida, y por tanto, de la multa impuesta en el expediente sancionador.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- En relación a los requisitos de admisibilidad del presente recurso, no se formula ningún pronunciamiento en contrario, por cuanto el mismo se ha interpuesto dentro del plazo de un mes establecido en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificado por la Ley 4/1999, de 13 de enero; la parte recurrente tiene plena legitimación activa para promover el recurso, y el órgano competente para su resolución es el Consejero de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías, de conformidad con el artículo 12 del Decreto 212/1991, de 11 de septiembre, de organización de los Departamentos de la Administración Autonómica de Canarias.
Segundo.- Respecto a las alegaciones realizadas por el recurrente, cabe señalar lo siguiente:
1. Por lo que concierne al primer motivo esgrimido, nada nuevo aporta la recurrente que pueda desvirtuar lo resuelto, pues se han reproducido las alegaciones vertidas en la contestación a la Propuesta de Resolución, y que fueron recogidas y consideradas en la Resolución del expediente sancionador que ahora se recurre, en las que se reconoce, expresamente, uno de los hechos imputados como es el que la modificación afectó a los terrenos de D. Pablo Jorge Frías Tejera y que él mismo no había autorizado el paso de la línea por su propiedad.
2. En cuanto a las alegaciones realizadas en el segundo punto del recurso, hay que manifestar que es incierto que la Resolución recurrida se fundamente, exclusivamente, en la intervención administrativa, en el control y vigilancia de la propiedad privada. Las dos primeras infracciones motivo de sanción parten del hecho de que la expedientada modificó una línea de distribución sin autorización administrativa, y puso en servicio dicha modificación sin la preceptiva autorización de puesta en marcha. Sin necesidad de entrar a valorar si la modificación es sustancial o no por el hecho de que afectara a un tercero, es evidente que el legislador ha pretendido, en todo momento, que cualquier modificación o ampliación de una línea de distribución, ya sea que esa modificación se produzca durante la ejecución de la línea o una vez puesta en servicio, sea sometida al control administrativo, y en el caso concreto que nos ocupa, en una línea de distribución de menos de 30 kv.
- Si la línea se modifica durante la instalación o su implantación, el artículo 16 del Decreto 26/1996, de 9 de febrero, por el que se simplifican los procedimientos administrativos aplicables a las instalaciones eléctricas, prevé que las modificaciones que se efectúen se harán constar en el certificado de Dirección de Obra; con ello se garantiza el control de la Administración, la cual no dará la puesta en servicio de la instalación si las modificaciones no se ajustan a la normativa de aplicación, o si son modificaciones sustanciales, se volverá a otorgar nueva autorización administrativa, según establece el citado precepto.
- Si la línea se modifica una vez ejecutada y puesta en servicio, entonces opera lo dispuesto en los artículos 12 y 13 del citado Decreto 26/1996, de 9 de febrero, que obliga a la autorización administrativa y autorización del proyecto. El citado artículo 12 viene a establecer que: "La implantación, ampliación o reforma de estas instalaciones requerirá autorización administrativa de la Consejería de Industria y Comercio, a cuyo efecto se seguirá el procedimiento abreviado que se describe en los artículos 13 y siguientes". Por su parte, el artículo 13 de la misma norma declara: "El titular de la instalación presentará en la Consejería de Industria y Comercio una instancia en la cual solicitará la autorización administrativa, y la aprobación del proyecto de la instalación, a la que acompañará la siguiente documentación: ...".
- No hay que olvidar que si se tratara de cualquier otro tipo de línea de distribución, operaría el mismo sistema de control administrativo, previsto en los artículos 20 y 21 del Decreto 26/1996, de 9 de febrero, así como el Título VII del Real Decreto 1.955/2000.
- Artículo 20 del Decreto 26/1996, de 9 de febrero: "Son instalaciones de interconexión y/o distribución conectadas de más de 30 kv, aquellas instalaciones eléctricas de tensión superior a 30 kv afectas al servicio público de electricidad, con independencia de su titular, uso o destino".
- Artículo 21 del Decreto 26/1996, de 9 de febrero: "La instalación, ampliación o reforma de estas instalaciones requerirá autorización administrativa y aprobación de los proyectos correspondientes, y se tramitarán de acuerdo con lo establecido en el Decreto 2.617/1966, de 20 de octubre, sobre autorización de instalaciones eléctricas, con las siguientes modificaciones: ...".
La tercera de las infracciones imputadas, tal como se reflejó en la propuesta de resolución y en la Resolución recurrida, no parte de forma expresa de un intento de tutela de la propiedad privada, sino de que la expedientada faltó a uno de los requisitos impuestos en las normas administrativas de aplicación, y ello aparece tipificado como infracción administrativa, independientemente de que, de forma implícita, se pueda estar defendiendo o no la propiedad privada, lo cual puede obedecer a la naturaleza misma del trámite administrativo conculcado por la expedientada.
Las infracciones cometidas por la empresa Endesa Distribución Eléctrica, S.L. entran dentro del ámbito de aplicación de la Ley 21/1992, de 16 de julio, puesto que su artículo 1º determina que el objeto de la misma es establecer las bases de ordenación del sector industrial, y es evidente que una forma de ordenar dicho sector es estableciendo los requisitos que han de cumplir las industrias para ejercer una determinada actividad o para ejecutar y poner en marcha cualquier tipo de instalaciones, regulándose las infracciones a las materias reguladas en la Ley en su artículo 30, y la clasificación de las infracciones en su artículo 31.
Citando el mismo artículo que la recurrente, el artículo 2 de la Ley 21/1992, de 16 de julio, establece que el objeto de la Ley se concreta, entre otros fines, en la responsabilidad industrial, responsabilidad que viene regulada en el Título V de dicha Ley, tal como expresamente se reseña en el apartado cuatro de la exposición de motivos de la citada norma. En aplicación de este fin, la Administración, con el presente procedimiento ha exigido la responsabilidad que la empresa eléctrica tiene por los hechos imputados, los cuales han sido perfectamente tipificados.
3. Por lo que concierne al tercer punto del recurso planteado, la mayor parte de las alegaciones vertidas son una reproducción literal de las ya expresadas en la contestación a la propuesta de Resolución, y por tanto, recogidas y debidamente contestadas en la Resolución que ahora se recurre.
La recurrente se equivoca cuando afirma que la Administración ha esgrimido como título competencial el artículo 13 del Decreto 26/1996, de 9 de febrero, puesto que el expediente sancionador se inicia por Acuerdo del Viceconsejero de Desarrollo Industrial e Innovación Tecnológica, en uso de las competencias que le son atribuidas por el artículo 38 del Decreto 116/2001, de 14 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Presidencia e Innovación Tecnológica, así como por el artículo 11.2 del Decreto 212/1991, de 11 de septiembre, de organización de los Departamentos de la Administración Autonómica de Canarias, resolviéndose por el mismo órgano, en base a las competencias citadas.
Si a lo que se refiere la recurrente es que los hechos sancionados se sustentan sólo en el artículo 13 del Decreto 26/1996, de 9 de febrero, de carácter reglamentario y sólo utilizable para los procedimientos simplificados de autorización de instalaciones eléctricas, también se equivoca, puesto que los hechos que se le imputaron están perfectamente tipificados en la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria [artículos 31.2.b) y 31.3.a)]. No olvidemos que el Decreto 26/1996, de 9 de febrero, establece en su artículo 31 que: "En los casos de infracciones a las disposiciones recogidas en el presente Decreto, previa instrucción del oportuno expediente, la Consejería de Industria y Comercio podrá imponer las sanciones pertinentes, al amparo de la Ley 40/1994, de 30 de diciembre, de ordenación del Sistema Eléctrico Nacional y de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria".
El hecho de que la empresa eléctrica llegara a un acuerdo amistoso con el propietario afectado, en nada desvirtúa los hechos acontecidos. La recurrente instaló en la propiedad del reclamante un tendido eléctrico de media tensión, sin el consentimiento del mismo, situación que se mantuvo hasta incluso después de que D. Pablo Jorge Frías Tejera (afectado) presentara la correspondiente reclamación ante esta Administración. En este punto, no hay que olvidar que Endesa Distribución Eléctrica pretendió, incluso puesta ya la reclamación que el reclamante no sólo costeara el traslado de la línea, sino que obtuviera los permisos de los propietarios afectados por el citado traslado, cuando ambas cuestiones eran de obligación exclusiva de la empresa eléctrica, trasladando así sus obligaciones a terceros, lo que provocó no sólo el consiguiente perjuicio para el reclamante, sino una dejación de las obligaciones que las normas de aplicación imponen a las compañías eléctricas.
4. En cuanto a las alegaciones cuarta, quinta, sexta y séptima expuestas en el recurso, éstas vienen a constituir una reproducción literal de las manifestaciones vertidas por la empresa expedientada en la contestación a la propuesta de Resolución, y ya tomadas en consideración en la Resolución que ahora se recurre, por lo que no se aporta nada nuevo que pueda entrar a valorarse y pueda desvirtuar lo ya resuelto. No obstante, hay que manifestar que, incluso el hecho de que la modificación fuera o no sustancial, en nada influiría en la necesidad de obtener la correspondiente autorización administrativa, autorización de proyecto y puesta en servicio, de conformidad con lo previsto en los artículos 12 y 13 del Decreto 26/1996, de 9 de febrero.
Ahora bien, hay que aclarar que la modificación que se realizó sí tenía carácter sustancial, puesto que la reforma efectuada, además de afectar a la propiedad de un tercero, se llevó a cabo sin cumplir con lo establecido en el artículo 13.c) del Decreto 26/1996, de 9 de febrero (modificado por Decreto 196/2000, de 16 de octubre), según el cual: "El titular de la instalación presentará en la Consejería de Industria y Comercio una instancia en la cual solicitará la autorización administrativa y la aprobación del proyecto de la instalación, a la que acompañará la siguiente documentación: ... c) Documentos que acrediten fehacientemente la titularidad de los terrenos en los que se ubican las instalaciones objeto de proyecto junto a la obtención de permisos de los particulares titulares de derechos y bienes afectados. En el caso de que los mencionados permisos contengan condicionantes, el titular hará constar la aceptación de aquéllos. Si el titular no pudiera presentar la totalidad de dichos documentos, expondrá los motivos que lo impiden y solicitará que se aplique al expediente el trámite ordinario previsto en el artículo 21 del presente Decreto". En el supuesto de que se optara por el trámite ordinario, el citado artículo 21 establece que: "La instalación, ampliación o reforma de estas instalaciones requerirá autorización administrativa y aprobación de los proyectos correspondientes, y se tramitarán de acuerdo con lo establecido en el Decreto 2.617/1966, de 20 de octubre, sobre autorización de instalaciones eléctricas, ...". Dado que el Decreto 2.617/1966, de 20 de octubre, fue derogado expresamente por el Real Decreto 1.955/2000, de 1 de diciembre, es en este último donde se recoge el procedimiento ordinario previsto en el artículo 21 del mentado Decreto 26/1996, de 9 de febrero, por lo que habrá que acudir al Título VII, Capítulo V, artículos 140 y siguientes del Real Decreto 1.955/2000, en referencia a los trámites de declaración de utilidad pública y expropiación forzosa. En el supuesto que nos ocupa, y a colación de la normativa indicada, es de reseñar que el recurrente no acreditó el permiso de los particulares titulares de derechos afectados (permiso de D. Pablo Jorge Frías Tejera), por lo que debió entonces acudir al trámite ordinario, es decir tuvo que haber solicitado la declaración de utilidad pública a efectos expropiatorios, sin que tampoco este trámite se hubiera realizado.
Por otro lado, el hecho de realizar una modificación del trazado de la línea implica, necesariamente, que la Administración tiene que comprobar si dicha modificación está técnicamente bien ejecutada (nuevos apoyos, cálculos mecánicos, etc.), como en cualquier instalación de nueva ejecución. Esto es lo que no se pudo comprobar en el caso que nos ocupa, pues la recurrente modificó la línea sin dar cuenta de ello a ninguna Administración. Téngase en cuenta también que, si la modificación se hubiera efectuado durante la construcción misma de la línea, la Administración la hubiera controlado, al menos, en el certificado final de la obra (artículo 16 del Decreto 26/1996, de 9 de febrero), y en el supuesto de no ajustarse a los requisitos impuestos por las normas de aplicación, se hubiera denegado la puesta en servicio de la instalación.
Además, el hecho de si la modificación es o no sustancial, no es algo que la empresa distribuidora de energía eléctrica pueda decidir unilateralmente, sino que corresponde a la Administración dicha valoración, contrastando con la normativa de aplicación y verificando si se cumple o no con los requisitos exigidos por la misma. Lo contrario sería tanto como permitir que las empresas eléctricas pudieran realizar en las líneas de distribución todas las modificaciones que consideraran convenientes o necesarias aduciendo, según su parecer, que son modificaciones no sustanciales, y sin intervención alguna por parte de la Administración.
5. Por lo que concierne a las alegaciones vertidas en el octavo punto del recurso, en el cual la recurrente hace referencia a las previsiones contenidas en los artículos 62 y 63 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sobre nulidad de pleno derecho y nulidad relativa, respectivamente, de los actos de las Administraciones Públicas, sin llegar a concretar qué acto/s de la Administración/es son el/los que se encuentra/n viciado/s, procede manifestar que ante la indeterminación producida, sólo cabe argumentar que, por lo que respecta al procedimiento sancionador seguido, se ha cumplido con todos los trámites dispuestos en el Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, como consecuencia de la comisión, por parte de la empresa Endesa Distribución Eléctrica, S.L., de dos infracciones calificadas de leves y una infracción grave, de conformidad con lo previsto en la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, y con la atribución competencia para la incoación y resolución del expediente sancionador dada por el Decreto 116/2001, de 14 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la entonces Consejería de Presidencia e Innovación Tecnológica, así como por el Decreto 212/1991, de 11 de septiembre, de organización de los Departamentos de la Administración Autonómica de Canarias.
Tercero.- Esta Consejería de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías es el órgano competente en la resolución del presente recurso, al amparo de lo previsto en el artículo 12 del Decreto 212/1991, de 11 de septiembre, de organización de los Departamentos de la Administración Autonómica de Canarias.
VISTOS
La Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria; Decreto 26/1996, de 9 de febrero, por el que se simplifican los procedimientos administrativos aplicables a las instalaciones eléctricas; el Decreto 196/2000, de 16 de octubre, por el que se modifica el Decreto 26/1996, de 9 de febrero; el Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora; el Decreto 212/1991, de 11 de septiembre, de organización de los Departamentos de la Administración Autonómica de Canarias; el Decreto 241/2003, de 11 de julio, del Presidente, por el que se determinan el número, denominación y competencias de las Consejerías; el Decreto 178/2003, de 23 de julio, por el que se determina la estructura central y periférica de las Consejerías de Presidencia y Justicia y de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías; el Decreto 116/2001, de 14 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Presidencia e Innovación Tecnológica; la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y demás normativa de aplicación general.
Por todo ello, en el ejercicio de la competencia que legalmente tengo atribuida,
R E S U E L V O:
Desestimar el recurso de alzada interpuesto por D. Javier Sánchez Paz, en representación de la Compañía Endesa Distribución Eléctrica, S.L., contra la Resolución del Viceconsejero de Desarrollo Industrial e Innovación Tecnológica, de fecha 27 de junio de 2003, relativa a expediente sancionador por la comisión de dos infracciones administrativas leves y una grave, manteniendo la misma en todos sus términos.
Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, cabe recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Las Palmas del Tribunal Superior de Justicia de Canarias o ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias en cuya circunscripción tenga su domicilio el recurrente, a interponer en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente de su notificación, y sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.- El Consejero de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías, Luis Soria López.
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