BOC - 2003/248. Lunes 22 de Diciembre de 2003 - 4806

IV. ANUNCIOS - Otros anuncios - Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación

4806 - Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 28 de noviembre de 2003, relativo a notificación a D. José Miguel Torres Santana de la Resolución de 4 de agosto de 2003, por la que se resuelve el expediente sancionador S-002/2003.

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Intentada por dos veces, sin que haya podido ser practicada en el domicilio calle Saucillo, 56, 35009-Las Palmas de Gran Canaria indicado por el interesado, la notificación de la Resolución del Ilmo. Sr. Viceconsejero de Pesca de fecha 4 de agosto de 2003, por la que se resuelve el expediente sancionador S-002/2003 incoado a D. José Miguel Torres Santana, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se procede a su notificación mediante su publicación en el Boletín Oficial de Canarias, siendo su tenor literal el siguiente:

Resolución de la Viceconsejería de Pesca de fecha 4 de agosto de 2003, por la que se resuelve el expediente sancionador S-002/2003, incoado a D. José Miguel Torres Santana.

Visto el expediente sancionador reseñando, incoado a D. José Miguel Torres Santana, según denuncia extendida por los guardias civiles del Servicio de Protección de la Naturaleza (patrulla Seprona Santa María de Guía), con números de D.N.I. 7.943.460 y 43.760.543, según escrito de la Dirección General de la Guardia Civil de fecha 27 de enero de 2003, que tuvo entrada en el Registro General de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación con fecha 3 de febrero de 2003, con motivo de haberse observado la comisión de hechos constitutivos de infracciones administrativas, por vulneración de la legislación vigente, en materia de etiquetado y documentos relacionados con la primera venta de los productos pesqueros desembarcados en los puertos de la Comunidad Autónoma de Canarias, se dicta la presente Resolución en base a los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Al prestar servicio la patrulla Seprona de Santa María de Guía, formada por los Guardias Civiles mencionados, a la altura de la entrada de Arucas por Cardones, en el término municipal de Arucas (Las Palmas), el día 25 de enero de 2003, siendo las 11,50 horas, se apreció circulando al camión isotermo con placas de matrícula GC-6707-BK, procediéndose a ordenar su parada a fin de inspeccionar el habitáculo destinado a la carga, constatando los siguientes hechos:

1º) El transporte de pescado fresco, que según manifestaciones del propio transportista se trataba de cuatrocientos kg de chicharros (Trachurus suareus), cuarenta kg de salmonetes (Mullus surmuletus), sesenta kg de chopas (Spondyliosoma cantharus) y veinte kg de lisas (Liza aurata), todos ellos de tallas permitidas y divididos en cajas de plástico blanco, las cuales carecían de cualquier tipo de etiquetas identificativas.

2º) Preguntado D. José Miguel Torres Santana por la procedencia de dichos pescados, manifiesta que proceden de la Cofradía de Pescadores de Agaete y requerido el correspondiente "Documento de Transporte", manifiesta carecer de cualquier tipo de documento, ya que la cofradía no expide ninguno y que cuando compra en la Cofradía de Pescadores de Arguineguín le entregan únicamente una factura indicando la cantidad de kilos y clase de pescado, y que carece de cualquier otro dato o sello. No presenta ningún tipo de documentos o etiquetas.

Segundo.- Que el denunciado es D. José Miguel Torres Santana, con D.N.I. nº 42.740.816P, con domicilio en la calle Saucillo, 56, 35009-Las Palmas Gran Canaria.

Tercero.- Que al interesado le fue notificada la resolución del Ilmo. Sr. Viceconsejero de Pesca, de fecha 7 de marzo de 2003, por la que se acordó la iniciación del presente expediente sancionador, mediante carta certificada con aviso de recibo en la persona de Dña. Ana Hernández Pacheco (D.N.I. nº 78.510.717X), el día 18 de marzo de 2003, haciéndole saber su derecho a presentar escrito de alegaciones, en los términos establecidos en el artículo 16 del Real Decreto 1.398/1993, que aprueba el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora (B.O.E. de 9 de agosto), y demás de general aplicación.

Cuarto.- Haciendo uso de tal derecho se presentó por el interesado, escrito de descargos, en el que exponiendo los argumentos de oposición que a su interés convenía, terminaba solicitando dejar sin efecto las sanciones propuestas.

Quinto.- Por el Instructor del expediente se procedió a dictar la correspondiente propuesta de resolución con fecha 1 de agosto de 2003, confirmando los hechos denunciados, así como la sanción propuesta, respecto de la primera infracción y dejando sin efecto la segunda infracción.

Sexto.- En la iniciación e instrucción del presente expediente sancionador se han observado las prescripciones contenidas en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. de 27 de noviembre), Real Decreto 1.398/1993 y demás de general aplicación.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- La competencia para la resolución del presente expediente sancionador le viene atribuida a esta Viceconsejería de Pesca, en virtud de lo dispuesto en el artículo 12 del Decreto 328/1999, de 2 de diciembre (B.O.C. nº 170, de 20 de noviembre), que aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación.

Segundo.- Respecto de la infracción recogida en el apartado 1º del primer antecedente de hecho, el artículo 4 del Real Decreto 331/1999, de 26 de febrero, de normalización y tipificación de los productos de la pesca, frescos, refrigerados y cocidos (B.O.E. de 18 de marzo), dispone que todos los productos pesqueros, refrigerados o cocidos deberán llevar en el envase o embalaje correspondiente, y en lugar bien visible, la etiqueta especificada en el anexo I del citado Real Decreto, cuyas dimensiones mínimas han de ser 14 centímetros de longitud por 4 centímetros de altura, en la que en caracteres legibles e indelebles se contemplen como mínimo las especificaciones contenidas en el citado artículo. Recoge, asimismo, que la citada etiqueta ha de constar en el envase o embalaje en su primera puesta a la venta, teniendo que acompañar al producto en las diversas fases de comercialización desde la primera venta o puesta en el mercado hasta el consumidor final, incluyendo el transporte y distribución.

La etiqueta debe emitirse, por tanto, en el momento en que se produce el acto de primera venta, siendo responsable de ello la lonja, en el caso de que la operación se realice en tal tipo de instalación. Si la venta, por el contrario, se produce por medio de un tercero diferente a la lonja, como ocurre en el caso presente, será éste el responsable de la emisión de la etiqueta como realizador de la primera venta. En ningún caso esto exime al comprador de responsabilidad, que como tenedor siguiente del producto debe cerciorarse o comprobar que el mismo cumple con las especificaciones contenidas en el Real Decreto 331/1999 y que no incurre en falta al portar una mercancía no acorde con las especificaciones reglamentarias exigibles en cada caso, adquiriendo, por tanto, toda la responsabilidad al adueñarse de aquélla.

El denunciado no cuestiona la falta de etiquetado de los productos frescos transportados, siendo irrelevantes las razones exculpatorias aducidas en su escrito de descargos, para exonerarle de su responsabilidad, como ha quedado razonado, habiendo entrado en vigor el citado Real Decreto con fecha 18 de septiembre de 1999, según lo recogido en su Disposición Final única.

Tercero.- El artículo 7 del Real Decreto 331/1999 establece que las responsabilidades, así como las sanciones a imponer por las infracciones cometidas contra lo dispuesto en dicha norma, estarán sometidas a lo recogido en la Disposición Final Segunda de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y en el Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio, por el que se regulan las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria (B.O.E. de 15 de julio).

La falta de etiquetado, constituye, pues, una infracción al artículo 3, apartado 3.3.4 del Real Decreto 1.945/1983, al establecer como tal "el incumplimiento de las disposiciones que regulen el marcado, etiquetado y envasado de productos, así como la publicidad sobre bienes y servicios y sus precios".

La citada infracción se califica y tipifica, preceptivamente, como leve en el artículo 6.2 del Real Decreto 1.945/1983, y se impone por cuantía de 150,00 euros, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 del mismo.

Cuarto.- En relación con la segunda infracción, esto es, el no contar con el correspondiente "Documento de Transporte" exigido en la Orden de 4 de junio de 2002, de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación del Gobierno de Canarias (B.O.C. nº 81, de 17 de junio), procede acoger favorablemente las alegaciones del titular de empresa y dejar sin efecto, por tanto, la infracción denunciada, así como la sanción propuesta, ante el imposible cumplimiento de lo previsto en el artículo 2 de la Orden citada, dado que en la fecha de producirse el hecho infractor (25 de enero de 2003), la Viceconsejería de Pesca del Gobierno de Canarias no había procedido a expedir autorización administrativa alguna para la apertura y funcionamiento de lonjas o establecimientos, que se dedicasen a la primera venta de los productos pesqueros desembarcados en la Comunidad Autónoma de Canarias.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general aplicación, esta Viceconsejería de Pesca,

R E S U E L V E:

Primero.- Imponer a D. José Miguel Torres Santana (D.N.I. nº 42.740.817D) una sanción pecuniaria por importe de ciento cincuenta (150,00) euros por la primera infracción.

Segundo.- Dejar sin efecto la segunda infracción denunciada, así como la sanción propuesta, según lo razonado en el apartado cuarto de los fundamentos de derecho.

Notifíquese la presente Resolución al interesado, haciéndole saber que contra la misma, que no es definitiva en vía administrativa, cabe interponer recurso de alzada en el plazo de un mes, a contar a partir del día siguiente aquél que tenga lugar la notificación, ante el Excmo. Sr. Consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, recurso que podrá presentarse en esta Viceconsejería de Pesca o en el citado órgano superior jerárquico, sin perjuicio de cualquier otro que pueda interponerse. En el caso de que en el plazo de tres meses, contados a partir de la fecha de interposición del recurso, no se hubiera podido dar trámite a la notificación de la resolución recaída en el mismo, se podrá entender desestimado dicho recurso.

De no ser de su interés interponer dicho recurso, el ingreso del importe de la sanción deberá hacerse efectivo mediante su ingreso en la c/c nº 0049/1848/78/2710196066 del Banco Santander-Central-Hispano, debiendo remitir, en este caso, a esta Viceconsejería, copia del resguardo emitido por la citada entidad bancaria o fotocopia debidamente compulsada, para constancia e incorporación al presente expediente sancionador, o en su defecto, en la forma y plazos indicados en la carta de pago que le será remitida a su domicilio, mediante carta certificada con aviso de recibo, por la Consejería de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias.

Las Palmas de Gran Canaria, a 28 de noviembre de 2003.- El Viceconsejero de Pesca, Gonzalo Angulo González.



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