Providencia de 9 de diciembre de 2003, del Jefe de Servicio de Carreteras y Transportes de la Resolución del Consejero de Carreteras, Vivienda y Transportes de este Excmo. Cabildo Insular de Tenerife resolutoria del recurso extraordinario de revisión planteado en el expediente sancionador de transportes nº TF-42215-O-99.
Dando cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 59, apartado 4º, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, sobre notificación a interesado intentada y no practicada,
D I S P O N G O:
Notificar al recurrente que se cita la Resolución del Consejero de Carreteras, Vivienda y Transportes de este Excmo. Cabildo Insular de Tenerife resolutoria del recurso extraordinario de revisión planteado en el expediente sancionador de transportes nº TF-42215-O-99.
Contra esta Resolución, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados desde el día de la publicación de la presente, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo.
"El Consejero del Área de Carreteras, Vivienda y Transportes de este Excmo. Cabildo Insular, con fecha 22 de octubre de 2001, ha dictado, entre otros la siguiente Resolución:
"Visto escrito presentado por D. José Reyes Hernández Castañeda, en nombre y representación de Dña. Otilia Acosta Padrón, por el que se interpone recurso extraordinario de revisión contra la resolución dictada por el Sr. Consejero Insular del Área de Carreteras, Vivienda y Transportes de fecha 7 de septiembre de 2000 recaída en el expediente de referencia, y,
Resultando: que con fecha y hora 29 de septiembre de 1999, 16,40, por la Guardia Civil de Tráfico se formuló denuncia contra el vehículo compuesto por la cabeza tractora matrícula TF-9388-AB, y el semirremolque matrícula V-000721-R, del que es titular Dña. Otilia Acosta Padrón, por circular transportando material de ferretería (número de albarán 52333), material de pienso de granja biona (número factura 65802) y menage Pío Coronado, con un vehículo cuya inspección técnica ha vencido.
Resultando: que el día 16 de agosto de 2000 se notificó al interesado la citada denuncia y la incoación del expediente sancionador nº TF-42215-O-1999, mediante su publicación en el Boletín Oficial de Canarias nº 2000/107.
Resultando: que por el expedientado no se presentó descargo alguno en defensa de sus intereses.
Resultando: que por el Consejero del Área de Carreteras, Vivienda y Transportes se dictó resolución, que ahora se impugna, de fecha 7 de septiembre de 2000 que venía a sancionar a Dña. Otilia Acosta Padrón, con multa que ascendía a 250.000 pesetas, por infracción de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres y Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre, Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, artículos 90 y 140.a) Ley 16/1987, artículos 41 y 197.a) Real Decreto 1.211/1990 (B.O.E. de 8.10.90) y en base al artículo 143 de la Ley 16/1987 y artículo 201 Real Decreto 1.211/1990.
Notificándose dicha Resolución en fecha 13 de noviembre de 2000, mediante su publicación en el Boletín Oficial de Canarias nº 2000/149.
Resultando: que con fecha 11 de mayo de 2001, D. José Reyes Hernández Castañeda, en nombre y representación de Dña. Otilia Acosta Padrón, interpuso recurso extraordinario de revisión, en súplica de que se deje sin efecto la Resolución y sanción impuesta, alegando, en síntesis, que adjunta copia cotejada de la autorización de transporte de servicio público de mercancías para vehículos pesados del vehículo denunciado con fecha de autorización por el Excmo. Cabildo Insular de El Hierro 1 de agosto de 1993 válida hasta el 31 de marzo de 2002.
Considerando: que el presente recurso observa los requisitos de índole objetiva determinantes de su admisión a trámite, tales como capacitación, legitimación suficiente, e interposición en plazo.
Considerando: el recurso de revisión, previsto en los artículos 118 y 119 de la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, tiene carácter extraordinario por cuanto que sólo se admite en los supuestos del citado artículo 118 y contra actos firmes, es decir, en principio inatacables, pero que, por la gravedad de las circunstancias concurrentes en su emisión, porque pueda plantearse duda racional acerca de su validez a la vista de los documentos incorporados al expediente, o por acontecimientos acaecidos con posterioridad al acto, la Ley permite su impugnación. Esta naturaleza excepcional se manifiesta en la enumeración taxativa que hace el legislador respecto a las causas en las que únicamente puede fundarse y que precisamente por ese carácter excepcional han de ser interpretadas restrictivamente, por lo que se habla de la imposibilidad de "imprimir a la norma unas directrices más amplias" y de "la necesidad de que se puntualicen los motivos en que se base la pretensión", causas entre las que se encuentra aquella en la que parece fundamentar el recurrente el recurso de revisión interpuesto, artículo 118.1.2ª, "Que aparezcan o se aporten documentos de valor esencial para la resolución del asunto que, aunque sean posteriores, evidencien el error de la resolución recurrida".
Teniendo en cuenta que de la documentación aportada por el recurrente junto al escrito de interposición de recurso y de la información documental obrante en el expediente de autorización del vehículo denunciado, resulta debidamente acreditado que en la fecha de la denuncia, el vehículo matrícula TF-9388-AB contaba con autorización de transporte de servicio público de mercancías para vehículos pesados, a tenor de la documentación aportada por el recurrente, copia cotejada del referido título habilitante, con fecha de autorización inicial por el Excmo. Cabildo Insular de El Hierro el 1 de agosto de 1993, válida hasta el 31 de marzo de 2002, en consecuencia, al haber destruido esa prueba documental la presunción de veracidad de los hechos constatados en la denuncia por el agente de la autoridad, procede estimar el recurso de revisión interpuesto, previa revocación de la Resolución sancionadora impugnada, al no poder considerar que se da el tipo legal de la infracción prevista en los artículos que sirvieron de fundamento a la misma.
Por la presente, vistos los preceptos citados, concordantes y demás de general y pertinente aplicación, en base a lo anteriormente expuesto y de conformidad con lo establecido en los artículos 118 y 119 de la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, vengo en estimar el recurso extraordinario de revisión interpuesto por D. José Reyes Hernández Castañeda, en nombre y representación de Dña. Otilia Acosta Padrón, dejando sin efecto la Resolución del Consejero Insular del Área de Carreteras, Vivienda y Transportes, de fecha 7 de septiembre de 2000.
Contra este Resolución, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados a partir del siguiente a su notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo."
Santa Cruz de Tenerife, a 9 de diciembre de 2003.- El Jefe de Servicios de Transportes, Pedro Luis Campos Albarrán.
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