Providencia de 9 de diciembre de 2003, del Jefe de Servicio de Carreteras y Transportes del Decreto de la Presidencia de este Excmo. Cabildo Insular de Tenerife resolutorio de recurso de alzada planteado en expediente sancionador de transportes nº TF-41864-O-99.
Dando cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 59, apartado 4º, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero, sobre notificación a interesado intentada y no practicada,
D I S P O N G O:
Notificar al recurrente que se cita el Decreto de la Presidencia de este Excmo. Cabildo Insular de Tenerife resolutorio del recurso de alzada planteado en el expediente sancionador de transportes nº TF-41864-O-99.
Contra este Decreto, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados desde el día de la publicación del presente Decreto, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo.
La Presidencia de este Excmo. Cabildo Insular, con fecha 2 de octubre de 2001, ha dictado, entre otros el siguiente Decreto:
"Visto escrito presentado por D. Antonio Perdomo Mesa, por el que se interpone recurso de alzada contra la resolución dictada por el Sr. Consejero Insular del Área de Carreteras, Vivienda y Transportes de fecha 28 de julio de 2000 recaída en el expediente de referencia, y,
Resultando: que con fecha y hora 16 de julio de 1999, 17,00, por agente de la policía local del Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna se formuló denuncia contra el vehículo matrícula TF-9493-BS, del que es titular D. Antonio Perdomo Mesa, por carecer de tarjeta de transporte de viajeros con conductor en vehículo autotaxi.
Resultando: que el día 10 de julio de 2000, se notificó al interesado la citada denuncia y la incoación del expediente sancionador nº TF-41864-O-1999, mediante su publicación en el Boletín Oficial de Canarias nº 85.
Resultando: que por el expedientado no se presentó descargo alguno en defensa de sus intereses.
Resultando: que por el Consejero del Área de Carreteras, Vivienda y Transportes se dictó resolución, que ahora se impugna, de fecha 28 de julio de 2000, que venía a sancionar a D. Antonio Perdomo Mesa, con multa que ascendía a 100.000 pesetas por infracción de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, y Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre, Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, artículos 90 y 140.a), en relación con el artº. 141.o) de la Ley 16/1987, de 30.7, artículos 109 y 197.a), en relación con el artº. 198.p) del Real Decreto 1.211/1990, de 28.9 (B.O.E. de 25.10.90) y en base al artículo 143 de la Ley 16/1987 y artículo 201 del Real Decreto 1.211/1990.
Notificándose dicha Resolución en fecha 20 de septiembre de 2000, mediante su publicación en el Boletín Oficial de Canarias nº 126.
Resultando: que con fecha 27 de abril de 2001, D. Antonio Perdomo Mesa, interpuso recurso de alzada, en súplica de que se deje sin efecto la Resolución y sanción impuesta, alegando, en síntesis, que si no poseía tarjeta de transportes en dicho momento fue porque en esos momentos todavía estaba en trámites de otra tarjeta para otro vehículo el que debido a un choque se quedó destrozado y no pudo terminar el mismo y tuvo que sacar un vehículo nuevo, lo que puede comprobarse en los expedientes de transportes, los que le conllevaron a anular el mismo por este vehículo y empezar de nuevo con el papeleo, que como saben, tarda meses en arreglar. Presenta dicha documentación el día 27 de marzo de 2000 y debido al problema que le acarreó en lo personal y en lo económico la sustitución de dicho vehículo, que era nuevo, por éste, fue por lo que se retrasó un poco dicha tarjeta, pero fue presentada, aportando copia simple de solicitud de sustitución de vehículo adscrito a tarjeta V.T. a favor del vehículo denunciado, de fecha 27 de marzo de 2000.
Considerando: que no obstante el carácter extemporáneo del recurso interpuesto el día 27 de abril de 2001 (Registro de Entrada nº 16095), habiendo sido notificada la resolución sancionadora impugnada el día 20 de septiembre de 2000, según constancia documental en el expediente sancionador, transcurriendo en exceso el plazo de un mes que para la interposición del recurso ordinario se establece en el artículo 115 de la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, resulta procedente entrar a conocer del contenido del mismo, a la vista de las alegaciones y pruebas aportadas, que alteran substancialmente la calificación de las infracciones cometidas, y, en consiguiente, la cuantía de la sanción impuesta.
Considerando: teniendo en cuenta que si bien resulta probado que el vehículo matrícula TF-9493-BS carecía en la fecha de la denuncia de la preceptiva autorización de transportes de servicio discrecional de viajeros en vehículo turismo (V.T.), sin embargo, se puede afirmar, a la vista de la documentación aportada por el dicente en copia anexa al recurso interpuesto y a la obrante en los archivos de este Cabildo Insular de Tenerife, concretamente, en el expediente de cambio de titularidad de la autorización de transportes de servicio público interurbano en vehículos turismo (V.T.) del vehículo matrícula TF-7117-AN y sustitución simultánea por el vehículo matrícula TF-9493-BS, que si bien el reclamante había completado la aportación de documentación al referido expediente en fecha posterior a la denuncia, no obstante los documentos que le faltaban tenían fecha anterior a la misma, en consecuencia, se puede considerar que en esa fecha se reunían los requisitos exigidos por la normativa reguladora para la obtención del correspondiente título habilitante, y en base a lo expuesto y dado que el interesado había solicitado el mencionado cambio de titularidad de la autorización de transportes y sustitución simultánea por el vehículo denunciado en fecha posterior a la denuncia, procede estimar en parte el recurso de alzada interpuesto, previa modificación de la Resolución sancionadora impugnada, rebajando la cuantía de la sanción impuesta a veinticinco mil (25.000) pesetas, recalificando la infracción como leve a la normativa de transportes vigente, en base a lo dispuesto en los artículos 142.a) de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres y 199.a) del Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre, Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres.
Por la presente, vistos los preceptos citados, concordantes y demás de general y pertinente aplicación, en base a lo anteriormente expuesto y de conformidad con lo establecido en el artículo 22 del Reglamento Orgánico de esta Corporación Insular, vengo en estimar en parte el recurso de alzada interpuesto por D. Antonio Perdomo Mesa, modificando la Resolución del Consejero Insular del Área de Carreteras, Vivienda y Transportes, de fecha 28 de julio de 2000, en el sentido de rebajar la cuantía de la sanción impuesta a veinticinco mil (25.000) pesetas (150,25 euros).
Contra este Decreto, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente a su notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo."
Santa Cruz de Tenerife, a 9 de diciembre de 2003.- El Jefe de Servicios de Transportes, Pedro Luis Campos Albarrán.
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