Habiendo sido intentada la notificación de la presente Orden Departamental en el domicilio que figuraba en el expediente incoado por el correspondiente Centro Directivo de esta Consejería sin que haya sido recibida por el recurrente interesado, y de conformidad con lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
R E S U E L V O:
1.- Notificar a las personas físicas y jurídicas que se citan, las Órdenes que figuran como anexo de esta Resolución de la Dirección General de Consumo.
2.- Remitir a los Ayuntamientos de las poblaciones que se citan, las correspondientes Resoluciones para su publicación en el tablón de edictos.
Orden de fecha 2 de julio de 2002, por la que se resuelve el recurso de alzada interpuesto por D. José Manuel Álvarez Pérez, contra la Resolución de la Dirección General de Consumo de fecha 3 de noviembre de 2000, por imposición de sanción por infracción administrativa a la normativa en materia de consumo.
Visto el recurso de alzada interpuesto por D. José Manuel Álvarez Pérez, expediente nº 35-479/2000, contra la Resolución de la Dirección General de Consumo, de fecha 3 de noviembre de 2000, por la que se impone al recurrente una sanción de setenta y cinco mil (75.000) pesetas, cuatrocientos cincuenta euros con setenta y seis céntimos (450,76 euros) por infracción a la normativa vigente en materia de consumo, y teniendo en cuenta los siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.- Por Resolución de fecha 3 de noviembre de 2000, del Director General de Consumo se acuerda sancionar a D. José Manuel Álvarez Pérez, con la imposición de una multa de setenta y cinco mil (75.000) pesetas, cuatrocientos cincuenta euros con setenta y seis céntimos (450,76 euros) por infracción a la normativa vigente en materia de consumo.
Segundo.- La Resolución impugnada deviene de la actuación inspectora de fecha 4 de abril de 2000, que originó el levantamiento del acta de inspección nº 2464, determinante de la incoación de procedimiento sancionador por la Dirección General de Consumo, por infringir, los hechos denunciados, la normativa sustantiva en materia de consumo. Estos hechos son los siguientes:
Personados los inspectores en el establecimiento del recurrente comprobaron que tenían expuestos para su venta a granel al público, en conos y cucuruchos, 8 variedades de helados, en un frigorífico ...
Estos helados carecían del preceptivo marcado de precio de venta al público.
Tercero.- La Dirección General de Consumo informa sobre las actuaciones practicadas dando traslado de las mismas, junto con la propuesta de desestimación del recurso presentado.
A los anteriores hechos les son de aplicación los siguientes
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- Es competente para resolver el Consejero del Departamento, al tratarse de la impugnación de una resolución que no pone fin a la vía administrativa; conforme a lo dispuesto en el artículo 114.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en la modificación introducida por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y lo dispuesto en el artículo 29.1.e) de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias, en relación con lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo.
Segundo.- Por D. José Manuel Álvarez Pérez, se interpone, en tiempo y forma, recurso de alzada contra la mencionada Resolución de fecha 3 de noviembre de 2000, alegando, en síntesis lo siguiente:
Que por motivos ajenos dicha nevera tuvo una serie de problemas técnicos la cuál se tuvo que mandar a reparar y, por consiguiente, se facilitó una nueva nevera hasta el arreglo de la primera, con lo cuál la nevera inspeccionada carecía de los etiquetados pertinentes por ser provisional hasta que la primera estuviese a punto.
Tercero.- Las alegaciones vertidas por el recurrente no desvirtúan la realidad de los hechos ni, consecuentemente, la calificación de las sanciones, sin que se aporte prueba alguna bastante en contrario que pueda desvirtuar la presunción de veracidad que supone el acta de inspección, conforme a los artículos 137.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y 17 del Real Decreto 1.945/1993, de 22 de julio.
Debe tomarse en consideración que el artículo 27.1.a) de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, declara la responsabilidad del vendedor por los productos que tenga expuestos para su venta al público en cuanto al origen, identidad e idoneidad de los mismos, de acuerdo con su finalidad y con las normas que los regulan.
Cuarto.- Los hechos sancionados resultan subsumibles en los tipos legales contenidos en las siguientes normas: artº. 34, apartado 5 de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, en relación con el artículo 3º, apartado 3.3.4 del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con los artículo 2 y 8 del Real Decreto 2.160/1993, de 10 de diciembre, por el que se regula la indicación de precios de los productos ofrecidos a los consumidores y usuarios (B.O.E. nº 29, de 3 de febrero), en concordancia con los artículos 1 y 3 del Decreto 2.807/1972, de 15 de septiembre (B.O.E. nº 247), por el que se regula la publicidad y marcado de precios en la venta al público de artículos al por menor.
Vistos la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; la Ley Territorial 11/1994, de 26 de julio, de ordenación sanitaria de Canarias; y demás disposiciones de pertinente y general aplicación,
R E S U E L V O:
Primero.- Desestimar el recurso de alzada interpuesto por D. José Manuel Álvarez Pérez contra la Resolución de la Dirección General de Consumo, de fecha 3 de noviembre de 2000, por la que se impone al recurrente una sanción de setenta y cinco mil (75.000) pesetas, cuatrocientos cincuenta euros con setenta y seis céntimos (450,76 euros), por infracción a la normativa vigente en materia de consumo, por encontrarla aquélla conforme a derecho; confirmándola, por tanto, en todos sus extremos.
Segundo.- Notificar la presente Orden al interesado, indicándose que contra la misma, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Las Palmas de Gran Canaria, o bien al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de la circunscripción que corresponda a su domicilio, en el plazo de dos meses desde su notificación, sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.- Santa Cruz de Tenerife, a 2 de julio de 2002.- El Consejero de Sanidad y Consumo, José Rafael Díaz Martínez.
Las Palmas de Gran Canaria, a 16 de octubre de 2003.- La Directora General de Consumo, Concepción Pérez González.
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