Las Palmas de Gran Canaria, a trece de junio del año dos mil uno.
Visto el recurso de casación en interés de la Ley que pende ante esta Sala, interpuesto por el Letrado de la Comunidad Autónoma de Canarias, en la representación que por su cargo ostenta, contra la sentencia dictada en 17 de mayo de 2000, por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número Tres de Santa Cruz de Tenerife, recaída en el recurso nº 26/99, sobre sanción administrativa.
FALLAMOS:
Que estimando el recurso de casación en interés de la Ley interpuesto por el Letrado de la Comunidad Autónoma de Canarias contra la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número Tres de Santa Cruz de Tenerife, de 17 de mayo de 2000, y respetando la situación jurídica particular derivada del fallo impugnado, debemos declarar y declaramos gravemente dañosa y errónea tal sentencia y, al propio tiempo, declaramos como doctrina correcta que en el artículo 47.23 de la Ley Territorial 4/1994, de 25 de abril, está tipificada la conducta del comerciante que se niegue a que el Inspector de comercio compruebe o examine la "zona de ventas" del establecimiento mercantil a los fines de obtener información, sin hacer expresa imposición de costas.
Publíquese la presente sentencia en el Boletín Oficial de Canarias, a partir de cuya inserción vinculará a todos los Jueces de lo Contencioso-Administrativo con sede en el territorio de esta Comunidad.
Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en el Boletín Oficial de Canarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
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