BOC - 2003/222. Jueves 13 de Noviembre de 2003 - 4240

IV. ANUNCIOS - Otros anuncios - Consejería de Presidencia y Justicia

4240 - Dirección General de Administración Territorial y Gobernación.- Anuncio de 4 de noviembre de 2003, relativo a notificación de la Orden por la que se resuelve el recurso de alzada recaído en el expediente sancionador, incoado por este Centro Directivo, a Quintecas, S.L., titular del Restaurante Cofradía de Pescadores, por infracción a la normativa sobre el juego.- Expte. nº 88/2002.

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Habiendo sido intentada la notificación de la Orden, en el domicilio que figura en el expediente sancionador nº 88/2002, incoado por la Dirección General de Administración Territorial y Gobernación, a Quintecas, S.L., titular del Restaurante Cofradía de Pescadores, por infracción a la normativa sobre el juego, sin que haya podido practicarse al interesado, de conformidad con lo establecido en el artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99), se procede a su publicación.

Orden del consejero de presidencia e innovación tecnológica, por la que se resuelve el recurso de alzada interpuesto por la empresa quintecas, s.l., titular del establecimiento restaurante cofradía de pescadores, contra la resolución del viceconsejero de administración pública de fecha 25 de marzo de 2003, recaída en el expediente sancionador nº 88/2002, incoado a la recurrente por infracción a la normativa sobre el juego.

Examinado el expediente tramitado por esta Consejería, para la resolución del recurso de alzada interpuesto por el representante legal de la empresa Quintecas, S.L., titular del establecimiento Restaurante Cofradía de Pescadores, contra la Resolución del Viceconsejero de Administración Pública nº 49, de 25 de marzo de 2003, recaída en el expediente sancionador nº 88/2002, incoado a la recurrente por infracción a la normativa sobre el juego.

Vista la propuesta formulada por el Viceconsejero de Administración Pública.

Teniendo en cuenta los siguientes

I. ANTECEDENTES

Primero.- Con fecha 25 de marzo de 2003, fue dictada Resolución de la Viceconsejería de Administración Pública por la que se sanciona a la empresa Quintecas, S.L., titular del establecimiento Restaurante Cofradía de Pescadores, con dos multas de 100 euros cada una, lo que asciende a la cantidad de 200 euros, como responsable de la comisión de dos infracciones leves, previstas en el artículo 28.d) de la Ley 6/1999, de 26 de marzo, de los Juegos y Apuestas, al haberse probado que, en el momento de la visita de la inspección, el día 26 de septiembre de 2002, al establecimiento Restaurante Cofradía de Pescadores, sito en San Andrés, Avenida Marítima, Santa Cruz de Tenerife, se encuentran desconectadas y fuera de servicio las máquinas recreativas TF-B-23.299 y TF-B-22.748.

Segundo.- Contra dicha Resolución fue presentado por el interesado, con fecha 16 de abril de 2003, recurso de alzada alegando, en síntesis, que el hecho infractor no está tipificado en la Ley puesto que la suposición de que la instalación de una máquina implica su explotación no puede considerarse una prohibición ni un requisito, solicitando por ello la revocación de la resolución recurrida.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- Las competencias funcionales en esta materia se regulan por la Ley 6/1999, de 26 de marzo, de los Juegos y Apuestas, y en el Decreto 162/2001, de 30 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Segunda.- De conformidad con lo previsto en el artículo 6 del Decreto 116/2001, de 14 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Presidencia e Innovación Tecnológica, este Departamento es competente para resolver el recurso deducido.

Tercera.- En la tramitación de este expediente se ha observado el procedimiento previsto en los artículos 107 y concordantes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Cuarta.- En el recurso interpuesto se observan todos los requisitos de índole adjetiva y formal que hacen procedente su admisión a trámite, tales como la legitimación del recurrente y la interposición en el plazo legalmente establecido, de conformidad con los artículos 114 y siguientes de la citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Quinta.- Los hechos y fundamentos jurídicos alegados por la empresa recurrente y, consecuentemente, las pretensiones deducidas por la misma, han de ser desestimadas totalmente, al no desvirtuar, en modo alguno, la conformidad a Derecho del acto recurrido y del expediente tramitado, tal como se pasa a fundamentar a continuación:

a) Así no contradicen los hechos sancionados, pues ha quedado probado y no combatido que, en el momento de la visita de la inspección, el día 26 de septiembre de 2002, al establecimiento Restaurante Cofradía de Pescadores, sito en San Andrés, Avenida Marítima, Santa Cruz de Tenerife, se encuentran desconectadas y fuera de servicio las máquinas recreativas TF-B-23.299 y TF-B-22.748.

b) Las alegaciones formuladas, sin negar los hechos probados, se fundamentan en la falta de tipificidad en la Ley puesto que la suposición de que la instalación de una máquina implica su explotación no puede considerarse una prohibición ni un requisito. Dicha pretensión de la falta de tipicidad de la infracción imputada en la legislación vigente, carece de consistencia, como se fundamentará a continuación:

La empresa expedientada, ahora recurrente, ante la falta de justificación expresa de dicha infracción, fundamenta su oposición a la sanción, dentro de su legítimo derecho a la defensa, en la supuesta falta de cobertura normativa, todo ello sin base jurídica y rechazable por lo siguiente:

- Porque una mera lectura de los hechos infractores y de los preceptos infringidos denota la concordancia y subsunción de los mismos, puesto que, por una parte, el artículo 28.d) de la Ley 6/1999, de 26 de marzo, de los Juegos y Apuestas, tipifica indubitadamente el ilícito, esto es, en general, las acciones u omisiones que supongan el incumplimiento de los requisitos o prohibiciones establecidos en la presente Ley, reglamentos y demás disposiciones que la desarrollen, no tipificadas como faltas graves o muy graves y las normas infringidas vienen claramente recogidas, conforme a lo previsto en el artº. 129.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Así tenemos que, el citado Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar de la Comunidad Autónoma de Canarias, dispone que: "Artículo 62.- Condiciones de funcionamiento de las máquinas. 1. La instalación de las máquinas por la empresa operadora en los locales a que se refiere el presente Reglamento, supone su explotación, la cual podrá realizarse, cuando aquélla no sea titular de las actividades del local de instalación, en colaboración con el titular de la actividad desarrollada en el mismo, mediante la prestación de servicios por dichos titulares bajo cualquiera de las formas admitidas en derecho, que no interfiera en la explotación por la empresa operadora. 2. El horario de funcionamiento de las máquinas instaladas en los locales a que se refiere el presente Reglamento será el autorizado para dichos establecimientos."

Todo lo cual deja claro la tipicidad de la infracción.

Con respecto a que no constituye un requisito el hallarse en funcionamiento la máquina, hay que señalar que la explotación y funcionamiento de la máquina recreativa constituye un elemento esencial constitutivo de la misma, tal como se define tanto en el artículo 15 de la Ley: Máquinas de juego. 1. Son máquinas de juego, a los efectos de la presente Ley, los aparatos manuales o automáticos que, a cambio de un precio, permiten el mero pasatiempo o recreo del jugador o la obtención por éste de un premio.- Tipo "B" o recreativas con premio, que a cambio del precio de la partida o jugada, conceden al jugador un tiempo de uso o de juego y, eventualmente, un premio cuyo valor no podrá exceder en veinte veces del fijado como precio de la partida, como en el artículo 5 del Reglamento.- Máquinas de tipo "B" o recreativas con premio. 1. Son máquinas de tipo "B" aquellas que, a cambio del precio de la partida, conceden al usuario un tiempo de uso o de juego y, eventualmente, de acuerdo con el programa de juego, un premio en metálico. Luego, difícilmente una máquina parada o desconectada podrá conceder al usuario un tiempo de uso o de juego y, eventualmente, de acuerdo con el programa de juego, un premio en metálico.

Así tenemos que una máquina recreativa debidamente autorizada solamente tiene dos opciones legales: estar en funcionamiento en un local, salvo averías, con el único límite del horario de funcionamiento autorizado para ese local, o estar en un almacén de la empresa operadora titular de la máquina, puesto que en caso contrario, operaría su destrucción, desguace o exportación conforme a los supuestos previstos legalmente. No cabe por ello su mera exhibición fuera de los supuestos previstos en el artº. 15.4 del Reglamento, donde se prohíbe expresamente su explotación comercial.

Por otra parte, tenemos que constituye una obligación específica de las empresas operadoras, en cuanto propietarias de las máquinas, el mantener las máquinas, en todo momento, en perfectas condiciones de higiene, seguridad y funcionamiento y serán responsables de su mal servicio o de los daños que pudieran ocasionar salvo culpa o negligencia del propio usuario, lo que implica que la empresa operadora, a fin de eludir su responsabilidad, deberá poner en conocimiento de la Dirección General competente en materia de juegos todo lo concerniente a dicho funcionamiento y, en su caso las infracciones que se cometan.

Asimismo, hay que tener en cuenta que las medidas que pueda adoptar el titular del local en relación con el contrato verbal o escrito que tenga con la empresa operadora propietaria de las máquinas pueden ser todas aquellas que no supongan vulneración de las disposiciones legales establecidas al efecto voluntariamente asumidas mediante la suscripción del boletín de instalación de las máquinas, ya que desde el momento de la suscripción del Boletín de Instalación, por parte del titular del local (sin cuyo concurso no se hubiera autorizado la instalación) que conforme al artículo 32 del Reglamento de Máquinas Recreativas, es el documento administrativo por el que se materializará la autorización de instalación de máquinas de los tipos regulados en el presente Reglamento, para una empresa operadora por local, en establecimientos autorizados, el titular del local está obligado a cumplir las normas de derecho público administrativo especial establecidas al efecto, entre las que se encuentra el propio funcionamiento de la máquina instalada en ese local durante 5 años desde el diligenciamiento del boletín.

Ello implica también que la empresa recurrente actúa contra sus propios actos, lo cual supone la infracción del principio "venire contra factum propium non valet". Así si la empresa titular del local no está de acuerdo con las condiciones pactadas con la empresa titular de las máquinas operadoras, podrá no concertar su prórroga, antes de los tres meses últimos de la finalización de la vigencia de los boletines, conforme a lo previsto en el artº. 35.6 del susodicho Reglamento de Máquinas Recreativas.

En consecuencia, reuniendo el acto impugnado todos los requisitos legales y cumpliendo con los principios de legalidad, tipicidad y responsabilidad, procede la desestimación del recurso.

En el ejercicio de la competencia que tengo atribuida,

R E S U E L V O:

Desestimar el recurso de alzada interpuesto por la representación legal de la empresa Quintecas, S.L., titular del establecimiento Restaurante Cofradía de Pescadores, contra la Resolución del Viceconsejero de Administración Pública nº 49, de 25 de marzo de 2003, recaída en el expediente sancionador nº 88/2002, incoado a la recurrente por infracción a la normativa sobre el juego, confirmando dicho acto por ser totalmente conforme a derecho, debiéndose notificar la presente al recurrente, como interesado en el procedimiento, y con domicilio a tal efecto en Restaurante Cofradía de Pescadores, San Andrés, Avenida Marítima, Santa Cruz de Tenerife.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente de su notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso de Santa Cruz de Tenerife o ante el Juzgado de lo Contencioso de la Comunidad Autónoma de Canarias, en cuya circunscripción tenga su domicilio el recurrente.- Santa Cruz de Tenerife, a 1 de julio de 2003.- El Consejero de Presidencia e Innovación Tecnológica, en funciones, Julio Bonis Álvarez.

Santa Cruz de Tenerife, a 4 de noviembre de 2003.- La directora general de administración territorial y gobernación, p.s., el viceconsejero de administración pública (Orden nº 220, de 3.11.03), Fernando A. Martín-Mönkemöller Martín Spilker.



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