No teniendo constancia esta Dirección General del domicilio de las personas físicas y jurídicas que se relacionan, y siendo preciso notificarles la Resolución recaída en el expediente incoado contra las mismas, por infracción a la normativa en materia de consumo y conforme al artículo 59, apartado 4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
R E S U E L V O:
1.- Notificar a las personas físicas y jurídicas que se citan, la Resolución recaída en el expediente que les ha sido instruido por infracción a la legislación en materia de consumo.
Los interesados podrán interponer recurso de alzada contra la Resolución del expediente, que no agota la vía administrativa, en el plazo de un mes, contado a partir de la fecha de la publicación de la presente Resolución, ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo del Gobierno de Canarias y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.
El pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía y Hacienda.
2.- Remitir al Ayuntamiento de las poblaciones que se citan, la correspondiente Resolución para su publicación en el tablón de edictos.
VISTO EL EXPEDIENTE Nº: 38/182/2002.
INSTRUIDO A: Jesús Ramón González Navarro.
D.N.I.-N.I.F.: 43789791E.
MOTIVACIÓN
(Artº. 54 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común).
REFERENCIA DE HECHOS: el día 15 de febrero de 2002, un Inspector de esta Dirección General, realiza una inspección en el establecimiento de rótulo Comercial González, del que es titular Jesús Ramón González Navarro, con domicilio en la Avenida de Isora, 78, término municipal de Guía de Isora y extiende el acta 5967 para comprobar la Campaña Nacional de inspección y control de productos industriales, constatándose que tiene expuesto para su venta al público un accesorio de automóvil, tapacubos, que carece de envase y que presenta en el propio artículo los siguientes datos de etiquetado: G3; AIR; 13". Este hecho es constitutivo de infracción en materia de consumo, al comercializar un producto industrial careciendo de los datos de etiquetado informativo relativos a las características esenciales del producto, instrucciones, advertencias o recomendaciones sobre instalación, uso y mantenimiento, nombre o la razón social o la denominación del fabricante o del envasador o transformador o de un vendedor, establecidos en la CE y, en todo caso, su domicilio así como el lugar de procedencia.
FUNDAMENTOS DE DERECHO: resulta aplicable el artº. 7 del Real Decreto 1.465/1988 (B.O.E. nº 294), por el que se aprueba el Reglamento de etiquetado, presentación y publicidad de los productos industriales destinados a su venta directa a los consumidores y usuarios, en concordancia con el artº. 3.3.4 del Real Decreto 1.945/1983, por el que se regulan las infracciones y sanciones en materia de defensa al consumidor y de la producción agroalimentaria y el artº. 13 de la Ley 26/1984, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (B.O.E. nº 176).
CUESTIONES PLANTEADAS EN EL EXPEDIENTE: el interesado en escrito presentado en el registro de entrada de la Dirección General de Consumo provisto de nº 7015, de fecha 22 de agosto de 2002, sucintamente, manifiesta:
"... Que se considera excesiva la propuesta de sanción, en cuanto:
- Ante la variedad de mercaderías expuestas en mi establecimiento de venta al público, solamente se ha detectado un artículo sin etiquetado, y ello conforme se recoge en el Acta de Inspección, la que se designa como Doc. dos por esta parte, y en los propios antecedentes de la resolución notificada, la que se designa por esta parte como Doc. uno, documentos a los que remito.
- El escaso valor de la mercancía, 4 euros, lo que no guarda relación con el importe de la sanción propuesta, 180 euros.
- Que sea esta la primera vez que se propone una sanción de esta naturaleza al administrado, por lo que ni existe gravedad en la infracción ni reincidencia en éste.
En base a dos principios generales que orientan todo ordenamiento sancionador, como son:
- el principio de proporcionalidad ...
- el principio in dubio pro reo, ...
que la inspección, se produce algunos días antes de que el administrado proceda a dar la baja a su actividad mercantil, la que se produce el día 28 de febrero del corriente, según se acredita con la copia de la baja en el Impuesto de Actividades Económicas mod. 845, ...
Solicita ... se declare la improcedencia de la propuesta de sanción, en cuanto que, de los referidos hechos no se deducen indicios suficientes para que la actuación del administrado sea constitutiva de infracción y, en consecuencia, se resuelva a favor del archivo definitivo del expediente ..."
CONTESTACIÓN A LAS CUESTIONES Y VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS PRACTICADAS: no se desvirtúan en modo alguno los hechos imputados en el Acuerdo de inicio, por lo que no procede eximir de responsabilidad al interesado, por cuanto que se ha de mantener una mínima diligencia en el correcto etiquetado de los productos industriales que se exhiben para su venta. En todo caso, se han tenido en consideración los criterios previstos en los artículos 35 y 36 de la Ley 26/1984, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, para determinar el importe de la sanción impuesta en relación al hecho imputado.
Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo por el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.C. nº 154),
R E S U E L V O:
Imponer a Jesús Ramón González Navarro la sanción de multa de ciento ochenta (180) euros.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de 1 mes desde su notificación, conforme a lo previsto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Santa Cruz de Tenerife, a 17 de diciembre de 2002.- El Director General de Consumo, Gonzalo Olarte Cullen.
VISTO EL EXPEDIENTE Nº: 38/189/2002.
INSTRUIDO A: Flashbike, S.L.
D.N.I.-N.I.F.: B38591129.
MOTIVACIÓN
(Artº. 54 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común).
REFERENCIA DE HECHOS: el día 6 de febrero de 2002, un Inspector de esta Dirección General, realiza una inspección en el establecimiento de rótulo del que es titular Flahsbike, S.L., con domicilio en la calle San Francisco Javier, esquina a la calle de San Francisco, 55, término municipal de Santa Cruz de Tenerife y extiende el acta 5625 para comprobar la Campaña Nacional de inspección y control de productos industriales, constatándose que tiene expuesto para su venta al público un accesorio de automóvil, con los siguientes datos de etiquetado: Sonic II moorcycle, remote alarm all 12V, Sonic II 1000; 3 wires only; diy simple remote. Todas las leyendas están expresadas en idioma extranjero. Asimismo se presenta en el envase un esquema de montaje de la alarma al sistema eléctrico de la motocicleta, con indicaciones en idioma extranjero; made in Taiwán. No figura ningún otro dato. Este hecho es constitutivo de infracción en materia de consumo, al comercializar un producto industrial careciendo de los datos de etiquetado informativo relativos a la denominación del artículo, las características esenciales del producto, nombre o la razón social o la denominación del fabricante o del envasador o transformador o de un vendedor, establecidos en la CE y, en todo caso, su domicilio así como el lugar de procedencia; todo ello en lengua española.
FUNDAMENTOS DE DERECHO: resulta aplicable el artº. 7 del Real Decreto 1.465/1988 (B.O.E. nº 294), por el que se aprueba el Reglamento de etiquetado, presentación y publicidad de los productos industriales destinados a su venta directa a los consumidores y usuarios, en concordancia con el artº. 3.3.4 del Real Decreto 1.945/1983, por el que se regulan las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria y el artº. 13 de la Ley 26/1984, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (B.O.E. nº 176).
CUESTIONES PLANTEADAS EN EL EXPEDIENTE: existe constancia en actuaciones de que el Acuerdo de iniciación fue publicado en el Boletín Oficial de Canarias nº 9, de 15 de enero de 2003, y en el tablón de edictos del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, sin que en el plazo de quince días concedido al efecto formulara alegaciones.
Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo por el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.C. nº 154),
R E S U E L V O:
Imponer a Flashbike, S.L. la sanción de multa de ciento ochenta (180) euros.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de 1 mes desde su notificación, conforme a lo previsto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Santa Cruz de Tenerife, a 16 de mayo de 2003.- El Director General de Consumo, Gonzalo Olarte Cullen.
VISTO EL EXPEDIENTE Nº: 38/352/2002.
INSTRUIDO A: American Cars Canarias, S.L.
D.N.I.-N.I.F.: B35350925.
MOTIVACIÓN
(Artº. 54 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común).
REFERENCIA DE HECHOS: el día 28 de febrero de 2002, un Inspector de esta Dirección General, realiza una inspección en el establecimiento de cambio de divisa, del que es titular American Cars Canarias, S.L., con domicilio en el Centro Comercial Pueblo Canario, local 451, en San Eugenio, término municipal de Adeje y extiende el acta 6233 para comprobar la reclamación nº 85/02 formulada por el Sr. Ahmed Vall Abdel Asís, con documento de identidad nº X-3091102-V, relativa a la comisión de supuestas irregularidades en la prestación de un servicio de envío monetario, al no recibirlo el destinatario.
Personado el Inspector actuante comprueba que no se anuncia a la vista del público el precio del servicio de envío de dinero, hecho que es constitutivo de infracción en materia de consumo por vulnerar el derecho de información.
FUNDAMENTOS DE DERECHO: resulta aplicable el artº. 34, apartado 5, de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), general para la defensa de los consumidores y usuarios, en relación con el artículo 3º, apartado 3.3.4 del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con el artº. 6 del Decreto 2.807/1972, de 15 de septiembre (B.O.E. nº 247), por el que se regula la publicidad y marcado de precios en la venta al público de artículos al por menor.
CUESTIONES PLANTEADAS EN EL EXPEDIENTE: existe constancia en el expediente que la notificación del Acuerdo de iniciación, fue intentada por el servicio de correos y telégrafos, siendo rehusada por interesado con fecha 22 de julio de 2002.
Es por lo que, de acuerdo con lo previsto en el artº. 59.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, se tiene por efectuado el trámite y se continúa con el procedimiento.
Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo por el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.C. nº 154),
R E S U E L V O:
Imponer a American Cars Canarias, S.L. la sanción de multa de cuatrocientos cincuenta (450) euros.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de 1 mes desde su notificación, conforme a lo previsto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Santa Cruz de Tenerife, a 10 de diciembre de 2002.- El Director General de Consumo, Gonzalo Olarte Cullen.
VISTO EL EXPEDIENTE Nº: 38/459/2002.
INSTRUIDO A: Tenerife Cars, S.L.
D.N.I.-N.I.F.: B38453841.
MOTIVACIÓN
(Artº. 54 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común).
REFERENCIA DE HECHOS: el día 26 de abril de 2002, un Inspector de esta Dirección General, realiza una inspección en el establecimiento del que es titular Tenerife Car, S.L. Unipersonal, con domicilio en Polígono Industrial Las Andoriñas, término municipal de San Miguel de Abona y extiende el acta nº 8763 procediendo a comprobar la reclamación nº 57/2002, formulada por D. Ángel García Marrero, siendo motivo de la misma las presuntas irregularidades cometidas por esta empresa por no reparar su vehículo con cargo a la garantía de una reparación anterior, que a juicio del reclamante fue defectuosa y dio lugar a nuevas anomalías en el automóvil.
Personado el Inspector actuante se concede al compareciente en acta un plazo de 10 días para que remita a esta Dirección General Consumo los siguientes documentos:
1.- Escrito de alegaciones sobre las razones que originaron la no aplicación de la garantía de reparación.
2.- Resguardos de depósitos emitidos con ocasión de las entradas del vehículo en el taller en el año 2001.
Transcurrido el plazo otorgado sin que tal documentación se haya remitido se incurre en infracción en materia de consumo, al no atender a la solicitud de los Servicios de Inspección.
FUNDAMENTOS DE DERECHO: resulta aplicable el artículo 5º, apartado 5.1, en relación con el artº. 14.1 del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria y en concordancia con el artº. 34.8 de la Ley 26/1984, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (B.O.E. nº 176).
CUESTIONES PLANTEADAS EN EL EXPEDIENTE: el interesado en escrito con registro de entrada de la Dirección General de Consumo provisto de nº 544708 de fecha 6 de noviembre de 2002, sucintamente, manifiesta:
"Que como antecedente, y con todo nuestro respeto y agradecimiento por el interés mostrado por Vds. En el presente asunto indicar que Tenerife Cars, S.L., no está adscrito al sistema de arbitraje por lo que no estamos sometidos a la resolución de conflictos mediante esta modalidad voluntaria y a la vez obligatoria una vez que se admite, que es el arbitraje.
Que no está de acuerdo con el contenido de la reclamación por entender que la reclamación carece de sentido y no tiene ningún tipo de fundamento.
Que el reclamante acude a nuestras instalaciones a reparar su vehículo Marca Fiat, matrícula 2593 BK el día 1 de julio de 2001. Dicha reparación se efectuó por solicitud del reclamante y se abonó la correspondiente factura. Adjuntamos como documento nº 1, copia de dicha factura.
Que, el 25 de septiembre también de 2001 acude el reclamante a nuestro taller, con un problema totalmente diferente a ajeno a la primera reparación. Se adjunta como documento nº 2 copia de la hoja de resguardo de esta fecha. Manteniendo nuestra empresa la buena fe comercial que impregna nuestras relaciones con los clientes, procedimos por deferencia hacia el Sr. García, a realizar la pertinente reparación de manera totalmente gratuita, aún conociendo que los daños estaban al margen de la cobertura de la garantía.
Que habiendo quedado el cliente satisfecho -como es lógico- por el trato recibido al repararle el vehículo de manera gratuita, el día 31 de diciembre de 2001 vuelve el cliente por tercera vez a acudir a nuestras instalaciones con el coche totalmente destrozado y con una serie de problemas y averías (caja de cambios, escape ...) distintos a la primera reparación. Lógicamente, le indicamos que si le reparábamos el vehículo con todos los destrozos que tenía, debería abonar las correspondientes cantidades por los distintos conceptos que se determinasen. Se adjunta como documento nº 3, copia del resguardo de depósito de esta fecha.
Al indicar tal circunstancia al reclamante, y después de haberlo consultado con nuestro Concesionario (Flick Tenerife) y confirmar que los daños del vehículo en nada tenían que ver con esa primera reparación, se lo indicamos para señalarle que de reparar el vehículo tendría, que abonar las pertinentes cantidades. Cuestión esta última que no aceptó.
Que llegados a este punto, no tenemos ningún tipo de responsabilidad derivada de la primera reparación.
Por todo lo expuesto, tenga por presentado este escrito dentro del plazo conferido al efecto, y por realizadas las pertinentes alegaciones a la reclamación planteada solicitando dejar exento de responsabilidad a Tenerife Cars, S.L., dado que su proceder ha sido correcto y diligente en todo momento."
CONTESTACIÓN A LAS CUESTIONES Y VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS PRACTICADAS: no se desvirtúan en modo alguno los hechos imputados en el Acuerdo de inicio, por lo que no procede eximir de responsabilidad al interesado, dado que éste parece confundir el motivo por el que se inicia el presente expediente, que en nada tiene que ver con las reparaciones efectuadas en el vehículo del reclamante, sino con la falta de colaboración del interesado con los Servicios de Inspección. Pues se solicitó en acta nº 8763, documentación a esa empresa, documentación que no fue remitida a esta Administración, impidiendo así la comprobación de los hechos objeto de reclamación e incurriendo por tanto en infracción en materia de consumo.
Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo por el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.C. nº 154),
R E S U E L V O:
Imponer a Tenerife Cars, S.L. la sanción de multa de seiscientos (600) euros.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de 1 mes desde su notificación, conforme a lo previsto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Santa Cruz de Tenerife, a 4 de abril de 2003.- El Director General de Consumo, Gonzalo Olarte Cullen.
VISTO EL EXPEDIENTE Nº: 38/533/2002.
INSTRUIDO A: Comercial Alcachofa, S.L.
D.N.I.-N.I.F.: B38570022.
MOTIVACIÓN
(Artº. 54 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común).
REFERENCIA DE HECHOS: el día 17 de mayo de 2002, un Inspector de esta Dirección General, realiza una inspección en el establecimiento del que es titular Comercial Alcachofa, S.L., con domicilio en calle Pérez Zamora, esquina Ingram, término municipal del Puerto de la Cruz y extiende el acta nº 8875, comprobando que el citado establecimiento expone para su venta al público en escaparate exterior 20 artículos textiles, camisas, blusas, pantalones, faldas, todos ellos de distintos modelos y carentes de su preceptivo precio de venta al público.
La referida omisión es constitutiva de infracción en materia de consumo.
FUNDAMENTOS DE DERECHO: resulta aplicable, el artº. 34, apartado 5, de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), general para la defensa de los consumidores y usuarios, en relación con el artículo 3º, apartado 3.3.4 del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con los artículos 3 y 4 del Real Decreto 3.423/2000, de 15 de diciembre, por el que se regula la indicación de precios de los productos ofrecidos a los consumidores y usuarios (B.O.E. nº 311), en concordancia con los artículos 1, 2 y 3 del Decreto 2.807/1972, de 15 de septiembre (B.O.E. nº 247), por el que se regula la publicidad y marcado de precios en venta al público de artículos al por menor.
CUESTIONES PLANTEADAS EN EL EXPEDIENTE: existe constancia en actuaciones de que el Acuerdo de iniciación fue notificado al interesado el día 21 de noviembre de 2002 mediante carta certificada con aviso de recibo, sin que en el plazo de quince días concedido al efecto formulara alegaciones.
Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo por el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.C. nº 154),
R E S U E L V O:
Imponer a Comercial Alcachofa, S.L., la sanción de multa de trescientos (300) euros.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de 1 mes desde su notificación, conforme a lo previsto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Santa Cruz de Tenerife, a 13 de mayo de 2003.- El Director General de Consumo, Gonzalo Olarte Cullen.
VISTO EL EXPEDIENTE Nº: 38/546/2002.
INSTRUIDO A: Prestige Electronics, S.L.
D.N.I.-N.I.F.: B38541462.
MOTIVACIÓN
(Artº. 54 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común).
REFERENCIA DE HECHOS: el día 23 de mayo de 2002, un Inspector de esta Dirección General, realiza una inspección en el establecimiento del que es titular Pretige Electronics, S.L., con domicilio en Flor de Pascua, 3, término municipal de Santiago del Teide y extiende el acta nº 9529, comprobando que el citado establecimiento expone para su venta en escaparate cerrado y sin su P.V.P. visible al público, 5 casetes, 4 binoculares, 10 cámaras de fotos, 15 cámaras de vídeo, 5 discman y 4 minidisc.
La referida omisión es constitutiva de infracción en materia de consumo.
FUNDAMENTOS DE DERECHO: resulta aplicable, el artº. 34, apartado 5 de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), general para la defensa de los consumidores y usuarios, en relación con el artículo 3º, apartado 3.3.4 del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con los artículos 3 y 4 del Real Decreto 3.423/2000, de 15 de diciembre, por el que se regula la indicación de precios de los productos ofrecidos a los consumidores y usuarios (B.O.E. nº 311), en concordancia con los artículos 1, 2 y 3 del Decreto 2.807/1972, de 15 de septiembre (B.O.E. nº 247), por el que se regula la publicidad y marcado de precios en venta al público de artículos al por menor.
CUESTIONES PLANTEADAS EN EL EXPEDIENTE: existe constancia en actuaciones de que el Acuerdo de iniciación fue notificado al interesado el día 7 de marzo de 2003 mediante carta certificada con aviso de recibo, sin que en el plazo de quince días concedido al efecto formulara alegaciones.
Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo por el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.C. nº 154),
R E S U E L V O:
Imponer a Prestige Electronics, S.L. la sanción de multa de mil ochocientos (1.800) euros.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de 1 mes desde su notificación, conforme a lo previsto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Santa Cruz de Tenerife, a 7 de mayo de 2003.- El Director General de Consumo, Gonzalo Olarte Cullen.
Santa Cruz de Tenerife, a 2 de octubre de 2003.- La Directora General de Consumo, Concepción Pérez González.
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