Providencia de 15 de octubre de 2003, del Jefe de Servicio de Carreteras y Transportes de la Resolución del Consejero del Área de Carreteras y Transportes de este Excmo. Cabildo Insular de Tenerife resolutorio del recurso extraordinario de revisión planteado en expediente sancionador de transportes nº TF-41976-O-97.
Dando cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 59, apartado 4º, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero, sobre notificación a interesado intentada y no practicada,
D I S P O N G O:
Notificar al recurrente que se cita la Resolución del Consejero del Área de Carreteras y Transportes de este Excmo. Cabildo Insular de Tenerife resolutorio del recurso extraordinario de revisión planteado en el expediente sancionador de transportes nº TF-41976-O-97.
Contra esta Resolución, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados desde el día de la publicación de la presente Resolución, ante el Juzgado de lo Contencioso-administrativo.
"El Consejero del Área de Carreteras y Transportes de este Excmo. Cabildo Insular, con fecha 28 de agosto de 2003, ha dictado, entre otros la siguiente Resolución:
"Visto escrito presentado por Dña. María Carmen Montero González, por el que se interpone recurso extraordinario de revisión contra la resolución dictada por el Sr. Consejero Insular del Área de Desarrollo Económico, Industria, Transportes y Comercio de fecha: 15 de enero de 1999 recaída en el expediente de referencia, y,
Resultando: que con fecha y hora 28 de noviembre de 1997, 13,55 por la Guardia Civil de Tráfico se formuló denuncia contra el vehículo matrícula: TF-3047-AF, del que es titular Dña. María Carmen Montero González por:
Circular con el vehículo transportando productos de refrescos entre el Puerto de la Cruz y El Rosario, careciendo de la correspondiente autorización administrativa de transportes.
Resultando: que el día 9 de diciembre de 1998 se publicó la incoación del expediente sancionador nº TF-41976-O-1997 en el Boletín Oficial de Canarias nº 154.
Resultando: que por la expedientada no se presentó descargo alguno en defensa de sus intereses.
Resultando: que por el Consejero Insular del Área de Desarrollo Económico, Industria, Transportes y Comercio se dictó resolución, que ahora se impugna, de fecha 15 de enero de 1999 que venía a sancionar a Dña. María Carmen Montero González con multa que ascendía a 300,51 euros, por infracción de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres y Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre, Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, artículos 103 y 141.b) de la Ley 16/1987, de 30 de julio, artículos 158 y 198.b) del Real Decreto 1.211/1990 y en base al artículo 143 de la Ley 16/1987 y artículo 201 del Real Decreto 1.211/1990.
Publicándose dicha Resolución en Boletín Oficial de Canarias nº 103, de 2 de agosto de 1999.
Resultando: que con fecha 4 de julio de 2003, Dña. María Carmen Montero González interpuso recurso extraordinario de revisión, en súplica de que se deje sin efecto la Resolución y sanción impuesta, alegando, en síntesis, que el vehículo fue vendido a D. Isabelino Siverio Felipe, con domicilio en Santa Cruz de Tenerife, calle Alcalde Mandillo Tejera, bloque 1, 1º A, sin que éste llevara a efecto la transferencia a su favor ante la Jefatura Provincial de Tráfico, habiendo procedido a su posterior baja definitiva por desguace. Que se han llevado a efecto el embargo de sus bienes por concepto de sanciones, aportando, como fundamento a sus argumentaciones copias simples de la siguiente documentación; contrato privado de venta del vehículo denunciado, de fecha 10 de julio de 1996, figurando la recurrente como vendedora y como comprador la persona enunciada en el recurso.
Considerando: que el presente recurso observa los requisitos de índole objetiva determinantes de su admisión a trámite, tales como capacitación, legitimación suficiente, e interposición en plazo.
Considerando: el recurso de revisión, previsto en los artículos 118 y 119 de la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común tiene carácter extraordinario por cuanto que sólo se admite en los supuestos del citado artículo 118 y contra actos firmes, es decir, en principio inatacables, pero que, por la gravedad de las circunstancias concurrentes en su emisión, porque pueda plantearse duda racional acerca de su validez a la vista de los documentos incorporados al expediente, o por acontecimientos acaecidos con posterioridad al acto, la Ley permite su impugnación. Esta naturaleza excepcional se manifiesta en la enumeración taxativa que hace el legislador respecto a las causas en las que únicamente puede fundarse y que precisamente por ese carácter excepcional han de ser interpretadas restrictivamente, por lo que se habla de la imposibilidad de "imprimir a la norma unas directrices más amplias" y de "la necesidad de que se puntualicen los motivos en que se base la pretensión", causas entre las que se encuentra aquella en la que parece fundamentar el recurrente el recurso de revisión interpuesto, artículo 118.1.2ª, "Que aparezcan o se aporten documentos de valor esencial para la resolución del asunto que, aunque sean posteriores, evidencien el error de la resolución recurrida".
Teniendo en cuenta que, según lo dispuesto en el artículo 130.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común: "Sólo podrán ser sancionados por hechos constitutivos de infracción administrativa las personas físicas y jurídicas que resulten responsables de los mismos aún a título de simple inobservancia." Y, concretamente, en referencia al régimen sancionador del transporte por carretera, el artículo 130.1.b) de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres: "La responsabilidad administrativa por las infracciones de las normas reguladoras de los transportes y actividades auxiliares del mismo, regulados en esta Ley, corresponderá: en las infracciones cometidas con ocasión de transportes o actividades realizados sin la cobertura del correspondiente título administrativo, a la persona física o jurídica titular de la actividad, o propietario del vehículo", y dado que a tenor de la documentación aportada en anexo al recurso de revisión interpuesto, contrato de venta del vehículo denunciado de la recurrente a un nuevo titular, se constata que al tener fecha anterior a la denuncia, en esa fecha éste era el responsable material de la infracción cometida a la normativa de transportes vigente, y así, en evitación de toda posible inseguridad jurídica, en base a lo dispuesto en los artículos 63.2 y 113.2 de la referida norma procedimental, resulta procedente revocar la resolución sancionadora, previa estimación de las argumentaciones esgrimidas por la recurrente.
Por la presente, vistos los preceptos citados, concordantes y demás de general y pertinente aplicación, en base a lo anteriormente expuesto y de conformidad con lo establecido en los artículos 118 y 119 de la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, vengo en estimar el recurso extraordinario de revisión interpuesto por Dña. María Carmen Montero González dejando sin efecto la Resolución del Consejero Insular del Área de Desarrollo Económico, Industria, Transportes y Comercio de fecha 15 de enero de 1999.
Contra esta Resolución, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados a partir del siguiente a su notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo."
Santa Cruz de Tenerife, a 15 de octubre de 2003.- El Jefe de Servicios de Transportes, Pedro Luis Campos Albarrán.
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