BOC - 2003/200. Martes 14 de Octubre de 2003 - 3734

IV. ANUNCIOS - Otros anuncios - Consejería de Empleo y Asuntos Sociales

3734 - Servicio Canario de Empleo.- Anuncio de 23 de septiembre de 2003, de la Directora, por el que se hace pública la Orden que resuelve el recurso de alzada interpuesto por D. Fernando Javier Suárez Pérez, en nombre y representación propios, contra la Resolución de 20 de febrero de 2002.- Expte. nº 22.982/96.

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Habiendo sido intentada en repetidas ocasiones la notificación de la citada Orden del Consejero de Empleo y Asuntos Sociales, en el domicilio que figura en el expediente incoado por el Servicio Canario de Empleo, sin que haya sido recibido por el interesado, es por lo que, conforme a lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre de 1992, se hace saber a la misma que con fecha 2 de julio de 2003 fue efectuado requerimiento del tenor literal siguiente:

Orden por la que se resuelve recurso de alzada interpuesto por D. Fernando Javier Suárez Pérez, en nombre y representación propios, contra la Resolución del Director del Instituto Canario de Formación y Empleo nº 02-35/0412, de 20 de febrero de 2002.

Visto el recurso de alzada interpuesto por D. Fernando Javier Suárez Pérez, con D.N.I. nº 42.872.120-M, en nombre y representación propios, con domicilio a efectos de notificaciones en la calle Albéniz, 6, c.p. 35005, Las Palmas de Gran Canaria, Gran Canaria, el día 31 de mayo de 2002, con registro de entrada en el ICFEM nº 231108, contra la Resolución nº 02-35/0412, de 20 de febrero de 2002, del Director del ICFEM relativa al expediente 96-22.982/S.E. (anexo VI)-Rentas de subsistencia para nuevos autónomos. En aplicación de la normativa vigente, resultan los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Al amparo del Decreto 69/1996, de 18 de abril (B.O.C. nº 55, de 6.5.96), por el que se regulan las bases para la concesión de las subvenciones con cargo al programa de 1996, D. Fernando Javier Suárez Pérez, en nombre y representación propios, presenta solicitud ante el ICFEM el día 20 de diciembre de 1996, con número de registro de entrada 22982, para la concesión de una subvención de las reguladas dentro del Programa de fomento al autoempleo, "Subvenciones de Rentas de Subsistencia", reguladas en el Título I, Capítulo II, Sección 3ª, del citado texto legal. Junto a la solicitud aporta la documentación necesaria para la tramitación del expediente.

Segundo.- Mediante Resolución del Director del Instituto Canario de Formación y Empleo nº 979, de fecha 10 de septiembre de 1997, se resuelve conceder a la entidad Fernando Javier Suárez Pérez, la subvención solicitada, por un importe de quinientas mil (500.000) pesetas, con el objetivo de garantizar a los desempleados que se constituyan en autónomos, durante el inicio de la actividad, unos ingresos mínimos o rentas de subsistencia, advirtiéndosele que quedará sujeto a las actuaciones de justificación que se recogen en los resuelvos cuarto y quinto de la Resolución de concesión, recogidos igualmente en los artículos 18 al 23 y 28 al 29 del Decreto 69/1996, de 18 de abril, citado.

Tercero.- Constatándose que, a la vista de la documentación obrante en el expediente de referencias, se deriva el incumplimiento de la normativa de justificación aplicable a este tipo de subvenciones, mediante Resolución nº 35/0357, de 3 de marzo de 2000, con número de Registro de Salida 1508, de 9 de marzo de 2000, notificado al interesado en fecha 4 de abril de 2000, se inició de oficio procedimiento para el reintegro de subvención, al haber incurrido el beneficiario en la/s causa/s determinante/s del reintegro que en el citado acuerdo se mencionaba/n, con la indicación de que, en el plazo de diez días podía comparecer en el expediente, tomar audiencia y vista, proponer pruebas y alegar cuanto tuviera por conveniente en defensa de los derechos que pudieran corresponderle.

Cuarto.- El interesado, mediante escrito de fecha 10 de abril de 2000, presenta escrito de alegaciones, en el que manifiesta que tuvo que abandonar el ejercicio de la profesión como autónomo, por dificultades económicas, encontrando trabajo por cuenta ajena, pero que entiende que la subvención cumplió con la finalidad perseguida, que no era otra que la obtención de una ocupación continuada.

Quinto.- Revisado el expediente, así como la diversa documentación aportada por el interesado a través de los diferentes trámites realizados, se procede a dictar Resolución por la que se pone fin al procedimiento administrativo de reintegro, Resolución nº 02-35/0412, de 20 de febrero de 2002, notificada al interesado en fecha 13 de mayo de 2002 que, en el punto tercero de sus fundamentos de derecho, acuerda el reintegro de la subvención concedida a la entidad Fernando Javier Suárez Pérez, por incumplimiento de la normativa aplicable en materia de justificación de subvenciones, y más concretamente, de forma extractada, por los siguientes motivos: "El interesado se da de alta como autónomo en fecha 20 de mayo de 1997, teniendo la obligación de realizar dicha actividad por un plazo de al menos 3 años, tal y como establece el artículo 21 del Decreto 69/1996, es decir, la obligación se extendía hasta el 20 de mayo de 2000, como mínimo.

Sin embargo, con fecha 10 de abril de 2000, el interesado presenta copia de contrato de trabajo por cuenta ajena, de duración determinada, de fecha 6 de abril de 1998 con la Empresa Canaragua, S.L., dándose de baja en el régimen de trabajadores autónomos antes del cumplimiento de la tercera anualidad justificable."

Por todo ello se resuelve el reintegro de la subvención concedida, 3.005,06 euros, más 652,26 euros, en concepto de intereses legales de demora.

Sexto.- Mediante escrito de fecha 31 de mayo de 2002, con número de registro de entrada 231108, y en uso del derecho que le asiste, el interesado presenta recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Empleo y Asuntos Sociales, alegando, de forma exclusiva y sin entrar a valorar el incumplimiento denunciado, la caducidad del Procedimiento de reintegro, toda vez que entre el inicio de tal procedimiento, de fecha 3 de marzo de 2000, y la resolución de reintegro que lo pone fin, de fecha 20 de febrero de 2002, han transcurrido más de tres meses, en cumplimento de lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

A dichos antecedentes de hecho son de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Es competente para conocer del presente recurso el Consejero de Empleo y Asuntos Sociales, de conformidad con lo establecido en el artículo 114.1 de la citada Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en relación con el artículo 29.1.e) de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias (B.O.C. nº 96, de 1.8.90), y de conformidad con lo establecido en el artículo 18.4 de la Ley 12/2003, de 4 de abril, del Servicio Canario de Empleo (B.O.C. nº 80, de 28 de abril) y con la Disposición Transitoria Única del mismo texto legal.

Segundo.- A la vista de la documentación obrante en el expediente que nos ocupa, así como de las alegaciones vertidas por el interesado, se desprenden las siguientes conclusiones:

Al respecto del incumplimiento denunciado en la resolución objeto del presente recurso, el mismo no merece más comentarios, siendo evidente el mismo, en aplicación de la normativa aplicable.

Ello nos debe llevar a una conclusión que sí tendrá importancia a la hora de dilucidar la cuestión de la caducidad, planteada por el interesado en su escrito de recurso.

Efectivamente, nos encontramos ante subvenciones de carácter público, sufragadas con el fin de perseguir una finalidad social y de interés general indiscutible, más si cabe en el caso que nos ocupa, donde lo que se persigue es coadyuvar a la subsistencia del nuevo trabajador autónomo en los momentos iniciales de su actividad, donde se presupone que los ingresos no van a ser excesivamente altos.

Se trata asimismo de subvenciones cofinanciadas por la Unión Europea, con cargo a los Fondos Estructurales destinados a tal fin, imponiéndose una normativa de justificación que asegura el cumplimento de las finalidades perseguidas por tales Fondos. La acreditación del cumplimentado de tales finalidades, que se lleva a cabo a través de la necesaria justificación de cada uno de los expedientes, realizada por los beneficiarios, permitirá la recuperación de los fondos, adelantados por la Comunidad Autónoma Canaria, por parte de la Unión Europea.

A sensu contrario, una falta de justificación de las subvenciones concedidas, no sólo implicará la no recuperación de los fondos entregados, con el consiguiente detrimento de las arcas públicas, sino la puesta en tela de juicio de la idoneidad de los programas subvencionados, pudiéndose comprometer la aprobación de futuras líneas de actuación económica por parte de la Unión Europea.

Una correcta gestión y justificación de las subvenciones resulta por ello esencial, convirtiéndose en una cuestión que afecta al interés general, pues tal es el interés que tienen las subvenciones públicas concedidas y por conceder.

Por todo ello, entendemos que resulta de aplicación al presente caso, lo establecido en el artículo 92.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, citada, que establece "Podrá no ser aplicable la caducidad en el supuesto de que la cuestión suscitada afecte al interés general, o fuera conveniente suscitarla para su definición o esclarecimiento".

Dicha interpretación se encuentra avalada por reiterada Jurisprudencia [cítese como ejemplo la Sentencia del Tribunal Supremo de 16 de junio de 1998 (RJ 1998/6322)], que establece "La LRJ-PAC, no regula específicamente la caducidad por paralización del procedimiento imputable a la Administración. Los artículos 71 y 92 de dicha Ley, sí se refieren a la caducidad por causa imputable al interesado, y en este caso cabe, incluso, su no aplicación en los supuestos a los que se refiere el artículo 92.4 de la LRJPAC".

Por otra parte, el propio artículo 36.4 del Decreto 337/1997, de 19 de diciembre, regulador del régimen general de ayudas y subvenciones en la Comunidad Autónoma Canaria, considera que las cantidades a reintegrar en concepto de subvención pública, tendrán la consideración de ingresos de Derecho Público.

Por lo tanto, las implicaciones negativas que, sobre el interés general tiene la no justificación de las cantidades entregadas en concepto de subvención pública, resultan del todo punto evidentes, y nos deben llevar a velar por dicho interés, cuya defensa resulta preferente sobre el interés particular.

Todo ello partiendo de la base de que el retraso a la hora de resolver el procedimiento, ha sido motivado por el enorme número de procedimientos abiertos, y la complejidad de los mismos, fácilmente contrastable.

Ahora bien, lo dicho no obsta que la administración realice las actuaciones pertinentes para lograr que el interesado no soporte más perjuicio que el estrictamente necesario. Ello nos debe llevar a una cuantificación restrictiva de los intereses legales de demora aplicables, de forma y manera que el interesado sólo debe responder por el plazo de tiempo transcurrido entre el abono de la subvención, y el inicio del procedimiento de reintegro. Todo el tiempo transcurrido con posterioridad, no le resulta imputable, y por tanto no debe ser tenido en cuenta a la hora de su determinación final.

Vistos los antecedentes mencionados, los artículos 114 al 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, la Ley 12/2003, de 4 de abril, del Servicio Canario de Empleo, y las demás normas de general y pertinente aplicación,

R E S U E L V O:

Primero.- Desestimar el recurso de alzada interpuesto por D. Fernando Javier Suárez Pérez, en nombre y representación propios, contra la Resolución nº 02-35/0412, de 20 de febrero de 2002, del Director del ICFEM, relativa al expediente 96-22.982/S.E.-"Rentas de Subsistencia", por los motivos consignados en los Fundamentos de Derecho de la presente.

Segundo.- Como consecuencia de ello, el interesado deberá proceder al reintegro de la subvención concedida, en cuantía que asciende a tres mil cinco euros con seis céntimos (3.005,06 euros), más trescientos sesenta y tres euros con ochenta y dos céntimos (363,82 euros), en concepto de intereses legales de demora, viéndose dicha cuantía disminuida respecto de la consignada en la Resolución objeto de recurso, devengados desde la fecha de pago de la subvención hasta la fecha de inicio del procedimiento de reintegro, y calculados aplicando el tipo de interés a que se refiere el artículo 36 del Real Decreto Legislativo 1.091/1988, de 23 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria, sin perjuicio de que se practique nueva liquidación de intereses por el tiempo transcurrido desde la citada fecha, hasta la fecha de ingreso de la cantidad a reintegrar.

Tercero.- La obligación de reintegro establecida en esta resolución no exime al interesado de las demás responsabilidades en que haya podido incurrir como consecuencia del incumplimiento, y que se exigirán, en su caso, por los procedimientos que legalmente correspondan.

Cuarto.- El reintegro, que deberá ser realizado en el plazo de un mes a contar desde la fecha de notificación de la presente Resolución, y ser notificado al ICFEM (Servicio Canario de Empleo), habrá de efectuarse en la cuenta corriente que se indica:

Entidad: Caja Insular de Ahorros de Canarias. C/C/C: 2052/8130/24/3510002204.

Notifíquese la presente al interesado con la indicación de que contra la misma, al poner fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la interposición de cualquier otro recurso que se estime procedente.

Las Palmas de Gran Canaria, a 23 de septiembre de 2003.- La Directora, Juliana García Vega.



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