Habiendo sido intentada en repetidas ocasiones la notificación de la citada Orden del Consejero de Empleo y Asuntos Sociales, en el domicilio que figura en el expediente incoado por el Servicio Canario de Empleo, sin que haya sido recibido por el interesado, es por lo que, conforme a lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre de 1992, se hace saber a la misma que con fecha 3 de julio de 2003 fue efectuado requerimiento del tenor literal siguiente:
Orden por la que se resuelve recurso de alzada interpuesto por D. Fernando Javier Suárez Pérez, en nombre y representación propios, contra la Resolución del Director del Instituto Canario de Formación y Empleo nº 02-35/0215, de 30 de enero de 2002.
Visto el recurso de alzada interpuesto por D. Fernando Javier Suárez Pérez, con D.N.I. nº 42.872.120-M, en nombre y representación propios, con domicilio a efectos de notificaciones en la calle Albéniz, 6, c.p. 35005, Las Palmas de Gran Canaria, Gran Canaria, el día 13 de marzo de 2002 con registro de entrada en el ICFEM nº 96184 contra la Resolución nº 02-35/0215, de 30 de enero de 2002, del Director del ICFEM, relativa al expediente 96-22981 (anexo V)-Subvención Financiera para favorecer la constitución en trabajador autónomo. En aplicación de la normativa vigente, resulta:
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.- Al amparo del Decreto 69/1996, de 18 de abril (B.O.C. nº 55, de 6.5.96), por el que se regulan las bases para la concesión de las subvenciones con cargo al programa de 1996, D. Fernando Javier Suárez Pérez, en nombre y representación propios, presenta solicitud ante el ICFEM el día 20 de diciembre de 1996, con registro de entrada nº 22981, para la concesión de una subvención de las reguladas dentro del Programa de fomento al autoempleo, "Subvenciones Financieras", reguladas en el Capítulo II, Sección 2ª, del citado texto legal. Junto a la solicitud aporta documentación necesaria para la tramitación del expediente.
Segundo.- Mediante Resolución nº 345, de 22 de abril de 1997, se le concede al interesado la subvención solicitada, por un importe de nueve mil seiscientas veintiuna (9.621) pesetas, consistente en seis puntos del tipo de interés fijado por la entidad de crédito Banco Central Hispano Americano en el préstamo concedido al interesado para financiar los gastos de constitución como autónomo, advirtiéndosele que quedará sujeto a las actuaciones de justificación que se recogen en los resuelvos cuarto al octavo de la Resolución de concesión, recogidos igualmente en los artículos 18 al 27 del Decreto 69/1996, de 18 de abril.
Tercero.- Constatándose que el interesado no aporta documentación justificativa alguna, en los plazos y forma establecidos en la normativa referenciada y, por ende, el incumplimiento de la normativa aplicable en materia de justificación de subvenciones, mediante Resolución nº 35/0356, de 3 de marzo de 2000, con número de Registro de Salida 1507, de 9 de marzo de 2000, notificado al interesado en fecha 4 de abril de 2000, se inició de oficio procedimiento para el reintegro de subvención, al haber incurrido el beneficiario en la/s causa/s determinante/s del reintegro que en el citado acuerdo se mencionaba/n, con la indicación de que, en el plazo de diez días podía comparecer en el expediente, tomar audiencia y vista, proponer pruebas y alegar cuanto tuviera por conveniente en defensa de los derechos que pudieran corresponderle.
Cuarto.- El interesado, mediante escrito de fecha 10 de abril de 2000, aporta diversa documentación sobre la que pretende hacer valer su mejor derecho, entendiendo que no ha hecho un mal uso de la subvención concedida, cumpliendo ésta con su objetivo final.
Quinto.- Revisado el expediente, así como la diversa documentación aportada por el interesado a través de los diferentes trámites realizados, se procede a dictar Resolución por la que se pone fin al procedimiento administrativo de reintegro, Resolución nº 02-35/0215, de 30 de enero de 2002, notificada al interesado en fecha 13 de febrero de 2002 que, en el punto tercero de sus fundamentos de derecho, acuerda el reintegro de la subvención concedida a la entidad Fernando Javier Suárez Pérez, por incumplimiento de la normativa aplicable en materia de justificación de este tipo de subvenciones, y más concretamente por los siguientes motivos "El beneficiario de la subvención se da de alta como autónomo el día 20 de mayo de 1997 en la actividad de Ingeniero Técnico Industrial, teniendo la obligación de realizar dicha actividad que fundamentó la concesión de la subvención por un plazo de, al menos, tres años, tal y como establece el artículo 21 del Decreto 69/1996, de 18 de abril, es decir, la obligación se extendía hasta el 20 de mayo de 2000, como mínimo. Sin embargo, con fecha 10 de abril de 2000 y registro de entrada en el ICFEM nº 3719, el interesado aporta contrato de trabajo de duración determinada celebrado el día 6 de abril de 1998 con la empresa Canaragua, S.L., pasando por tanto a ser trabajador por cuenta ajena antes de los tres años exigidos por el artículo 21 del citado Decreto."
Sexto.- Mediante escrito de 13 de marzo de 2002, con número de registro de entrada 96184, y en uso del derecho que le asiste, el interesado presenta recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Empleo y Asuntos Sociales, solicitando se declare la nulidad del expediente, al haberse producido la caducidad de la instancia, toda vez que entre el Acuerdo de inicio de reintegro de 3 de marzo de 2000, y la Resolución de reintegro de 30 de enero de 2002, han transcurrido más de tres meses, todo ello en aplicación de los artículos 42 y 44 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
A dichos Antecedentes son de aplicación los siguientes,
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- Es competente para conocer del presente recurso el Consejero de Empleo y Asuntos Sociales, de conformidad con lo establecido en el artículo 114.1 de la citada Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en relación con el artículo 29.1.e) de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias (B.O.C. nº 96, de 1.8.90), y de conformidad con lo establecido en el artículo 18.4 de la Ley 12/2003, de 4 de abril, del Servicio Canario de Empleo (B.O.C. nº 80, de 28 de abril) y con la Disposición Transitoria Única del mismo texto legal.
Segundo.- A la vista de la documentación obrante en el expediente que nos ocupa, así como de las alegaciones vertidas por el interesado, se desprenden la siguientes conclusiones:
1. El interesado percibe una subvención de 57,82 euros (9.621 pesetas), subvención cuyo destino es sufragar seis puntos del tipo de interés del préstamo que el interesado ha solicitado a fin de constituirse como trabajador autónomo o por cuenta propia. Para ello, el interesado no sólo aporta copia del préstamo solicitado a la entidad bancaria, sino una relación de gastos que va a realizar y que va a financiar con dicho préstamo.
2. Entre las obligaciones del interesado, se encuentran, no sólo acreditar fehacientemente que ha realizado los gastos descritos, y que coincidirán en su importe global con el préstamo concedido, sino que, evidentemente, debe acreditar que ha permanecido en alta en el régimen de autónomos de la Seguridad Social durante un período de, al menos, tres años, desde su alta. Caso contrario, el interesado debe reintegrar la subvención concedida, pues no se cumplirían las condiciones necesarias para ser beneficiario de la misma, incumpliéndose un elemento esencial de la subvención.
3. Queda acreditado asimismo que el interesado no ha cumplido con las obligaciones impuestas en la normativa, en tanto y en cuanto sólo ha acreditado mantenerse en el régimen de autónomos hasta diciembre de 1997, cuando tal obligación se extendía hasta el 20 de mayo de 2000.
4. Partiendo de esta premisa, sin embargo el interesado alega, en fase de recurso, la existencia de caducidad en el procedimiento de reintegro iniciado mediante Acuerdo de fecha 3 de marzo de 2000, y resuelto mediante Resolución de fecha 30 de enero de 2002.
5. Sin embargo, entiende este centro Gestor no ser de aplicación a este caso lo establecido en los artículos 42 y 44 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y sí lo previsto en su artículo 92, regulador de los requisitos y efectos de la caducidad. Concretamente, el apartado 4º de este artículo establece "Podrá no ser aplicable la caducidad en el supuesto de que la cuestión suscitada afecte al interés general, o fuera conveniente suscitarla para su definición y esclarecimiento".
En efecto, queda acreditado que nos encontramos ante subvenciones públicas, con un remarcado interés social y general, y así se establece, no sólo en la normativa Autonómica aplicable, sino incluso en la normativa Comunitaria reguladora de las subvenciones con cargo a los Fondos Estructurales, como es el caso que nos ocupa.
El propio artículo 36 del Decreto 337/1997, de 19 de diciembre, regulador del régimen general de las ayudas y subvenciones de la Comunidad Autónoma Canaria, establece taxativamente que "Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de ingresos de Derecho Público (...)" y tal idea ha sido reiterada en todas las regulaciones llevadas a cabo sobre la misma materia.
Se trata de subvenciones de carácter público, sufragadas con dinero público, que persiguen un fin social y cuya no justificación implica un detrimento en las arcas públicas, toda vez que dichas cuantías no serán reintegradas por la Unión Europea, al no estar correctamente justificadas, pudiendo incluso poner en peligro futuras transferencias dinerarias con cargo a los Fondos Estructurales gestionados por los Estados miembros de la U.E.
Por consiguiente, y dado que ha quedado acreditado que el interesado no ha cumplido con las obligaciones inherentes a la subvención concedida, lo que ha quedado debidamente demostrado, debe ser este el hecho clave y decisorio a la hora de resolver sobre el reintegro de una subvención cuya cuantía no ha sido correctamente justificada por su beneficiario, entendiendo, eso sí, este Centro Gestor, que el interesado solo debe hacer frente al pago de los intereses legales de demora exigibles, por el tiempo transcurrido desde la fecha de abono de la subvención, hasta la fecha del Acuerdo de inicio de reintegro, habida cuenta del excesivo tiempo transcurrido entre éste y la Resolución final de reintegro adoptada, que en modo alguno es imputable al interesado, y ello a fin de evitar lo que sería un enriquecimiento injusto por parte de la Administración actuante.
Vistos los antecedentes mencionados, los artículos 114 al 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, la Ley 12/2003, de 4 de abril, del Servicio Canario de Empleo, y las demás normas de general y pertinente aplicación,
R E S U E L V O:
Primero.- Desestimar el recurso de alzada interpuesto por D. Fernando Javier Suárez Pérez, en nombre y representación propios, contra la Resolución nº 02-35/0215, de 30 de enero de 2000 del Director del ICFEM relativa al expediente 96-22981/S.E.- "Subvenciones Financieras", por los motivos consignados en los Fundamentos de Derecho de la presente.
Segundo.- Como consecuencia de ello, el interesado deberá proceder al reintegro de la subvención concedida, en cuantía que asciende a cincuenta y siete euros con ochenta y dos céntimos de euro (57,82 euros), viéndose disminuida la cantidad a reintegrar en concepto de intereses legales de demora, respecto los establecidos en la resolución objeto de recurso, quedando éstos en ocho euros con veintiún céntimos de euro (8,21 euros) devengados desde la fecha de pago de la subvención hasta la fecha de Acuerdo de inicio del procedimiento de reintegro, calculados aplicando el tipo de interés a que se refiere el artículo 36 del Real Decreto Legislativo 1.091/1988, de 23 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria, y sin perjuicio de que se practique nueva liquidación de intereses por el tiempo transcurrido desde la citada fecha, hasta la fecha de ingreso de la cantidad a reintegrar.
Tercero.- La obligación de reintegro establecida en esta resolución no exime al interesado de las demás responsabilidades en que haya podido incurrir como consecuencia del incumplimiento, y que se exigirán, en su caso, por los procedimientos que legalmente correspondan.
Cuarto.- El reintegro, que deberá ser realizado en el plazo de un mes a contar desde la fecha de notificación de la presente Resolución, y ser notificado al ICFEM (Servicio Canario de Empleo), habrá de efectuarse en la cuenta corriente que se indica:
Entidad: Caja Insular de Ahorros de Canarias. C/C/C: 2052/8130/24/3510002204.
Notifíquese la presente al interesado con la indicación de que contra la misma, al poner fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la interposición de cualquier otro recurso que se estime procedente.
Las Palmas de Gran Canaria, a 23 de septiembre de 2003.- La Directora, Juliana García Vega.
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