No habiéndose podido notificar a Dña. Michele Cabrol y D. Johann Weichselbaum en la forma prevista en el artículo 59.1 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, la Resolución dictada en el expediente tramitado por esta Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural con referencia 1512/02.C de conformidad con el apartado cuarto del antes mencionado artículo,
R E S U E L V O:
Primero.- Notificar a Dña. Michele Cabrol y D. Johann Weichselbaum la Resolución dictada por el Ilmo. Sr. Director Ejecutivo de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural nº 1141, de fecha 29 de julio de 2003, recaída en el expediente 1512/02.C y que dice textualmente:
"Examinado el expediente instruido por la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, para la reposición de la realidad física alterada frente a Dña. Michele Cabrol por la ejecución de diversas obras consistentes en la construcción de una vivienda unifamiliar aislada de dos plantas con una superficie aproximada de trescientos cincuenta y ocho metros cuadrados (358 m2), garajes y cuartos de anexos, así como diversos muros de cerramiento y una piscina, en el lugar denominado "Punta de la Tixera-La Chiquita", en el término municipal de Guía de Isora, que invaden la zona de protección del dominio público marítimo terrestre y carecen de la preceptiva autorización conforme a la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.
Vistos informe técnico y demás documentos obrantes en el expediente, y teniendo en cuenta los siguientes
ANTECEDENTES
Primero.- Realizadas las investigaciones y gestiones pertinentes ha sido suficientemente constatado por esta Agencia que las referidas obras carecen de amparo administrativo alguno para su instalación así como que tienen una antigüedad superior a cuatro años.
Segundo.- Asimismo se ha de hacer constar que con fecha 7 de abril de 1999 la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias dictó la sentencia nº 416, por la que confirmaba el acto administrativo por el que se denegaba la autorización de la Dirección General de Urbanismo conforme a la Ley 5/1987, de Ordenación del Suelo Rústico de Canarias, para la realización de las obras anteriormente mencionadas.
Tercero.- Con fecha 18 de mayo de 2001 se efectuó informe por el Servicio Técnico de esta Agencia en el que se valoran las obras en la cantidad de trescientos tres mil cuatrocientos sesenta y seis euros con setenta y cuatro céntimos (303.466,74 euros). Igualmente se consta en el expediente notificación remitida por la Demarcación de Costas de Tenerife informando que se ha comprobado la afección de las obras descritas anteriormente por la servidumbre de protección.
Cuarto.- Con fecha 28 de mayo de 2003 la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, por Resolución nº 867, notificada el día 1 de julio de 2003, acordó iniciar el oportuno expediente dirigido a la reposición de la realidad física alterada contra Dña. Michele Cabrol.
Quinto.- Al haber resultado infructuosa la notificación por vía postal de la resolución, la misma se realizó por los Agentes de Medio Ambiente adscritos a la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural. Según se hizo constar en el acta de notificación realizada por los citados Agentes de Medio Ambiente el receptor de la resolución es D. Richard Homor en calidad de empleado de mantenimiento de la vivienda denunciada, asimismo en el apartado de observaciones se reflejó expresamente lo siguiente: "D. Richard Homor nos comunica que la propiedad ya no pertenece a Michele Cabrol sino a Johann Weichselbaum con N.I.E. X-00773428-F, aportando fotocopia de su documentación e informando que se encuentra de viaje".
Sexto.- Dentro del plazo de audiencia concedido a la interesada para que aportara alegaciones, documentos o informaciones que tuviere por conveniente, la misma no se ha pronunciado al respecto.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
I.- La Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural es competente para la tramitación y resolución del presente procedimiento relativo a hechos que contravienen tanto la legislación urbanística en vigor (Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias) como a la vigente Ley de Costas, de conformidad con lo establecido en el artículo 190 del Decreto Legislativo 1/2000, así como lo dispuesto en la Disposición Adicional Única del Reglamento Orgánico de la Consejería de Política Territorial y Medio Ambiente, aprobado por Decreto 89/2000, de 22 de mayo, todo ello en relación con el artículo 19.3 del Decreto 189/2001, de 15 de octubre, por el que se aprueban los Estatutos de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.
II.- De las actuaciones previas practicadas se ha constatado que las obras descritas en el presente procedimiento no cuentan con título administrativo legitimante para su instalación en la zona de servidumbre de protección del dominio público marítimo terrestre, así como se ha determinado que las citadas infracciones a la Ley de Costas han prescrito dado que las construcciones cuentan con una antigüedad superior a cuatro años, tal y como demuestran las fotografías aéreas obrantes en el expediente, por lo que el plazo que establece la Ley de Costas para que opere el instituto de la prescripción ha transcurrido con creces; no obstante de conformidad con lo establecido en el artículo 92 de la vigente Ley de Costas y el artículo 176 de su Reglamento, a pesar de que las construcciones objeto del presente expediente han prescrito, en aplicación de los citados artículos 92 y 176, ha de exigirse la restitución de las cosas y su reposición a su estado anterior, cualquiera que sea el tiempo transcurrido.
Asimismo se ha de hacer constar que igualmente el artículo 180.2.b).2 del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, establece igualmente la inexistencia de limitación temporal para el ejercicio de la potestad de protección de la legalidad y restablecimiento del orden jurídico perturbado respecto a los actos de construcción y edificación en dominio público o en las zonas de protección o servidumbre del mismo.
Sentado lo anterior es por lo que procede incoar procedimiento de restauración de la realidad física alterada con carácter independiente.
III.- De conformidad con el artículo 177 del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, el restablecimiento del orden jurídico perturbado por un acto o un uso objeto de la suspensión o cualquier otro realizado sin la concurrencia de los presupuestos legales legitimantes de conformidad con este Texto Refundido, aun cuando no esté ya en curso de ejecución, tendrá lugar mediante la legalización del acto o uso suspendido o, en su caso la reposición a su estado originario de la realidad alterada, incluso mediante los sistemas de ejecución forzosa previstos en la legislación de procedimiento administrativo, con el fin de restaurar el orden infringido, y con cargo al infractor.
IV.- La responsabilidad de los hechos descritos tiene carácter objetivo por lo que la obligación de restitución del terreno a su estado anterior corresponde al promotor de las edificaciones entendiéndose por tal, de no mediar título en contrario al propietario del suelo en el que se han erigido las mismas, ello de conformidad con la presunción recogida en el artículo 359 del Código Civil que establece: "que todas las obras ... se presumen hechas por el propietario y a su costa, mientras no se pruebe lo contrario".
En el presente supuesto y a la vista de las manifestaciones recogidas en el acta de notificación efectuadas por el Sr. D. Richard Homor en calidad de empleado de mantenimiento, a pesar de que no se ha aportado al expediente ninguna prueba que verifique lo dicho por esa persona relativo al cambio de titularidad de la vivienda denunciada, y en aras a evitar cualquier tipo de indefensión en el presente procedimiento es por lo que se procederá, a efectos meramente informativos, a dar traslado de la presente Resolución a D. Johann Weichselbaum, sin que ello suponga la consideración de dicho señor como parte interesada en el presente procedimiento, hasta tanto, en su caso, se acredite dicha condición ante esta Agencia mediante los medios de prueba, a tal efecto, admitidos en derecho.
V.- Han sido observados y cumplimentados todos los requisitos de procedimiento establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
VI.- De conformidad con el artículo 20.2 del Decreto 189/2001, de 15 de octubre, por el que se aprueban los Estatutos de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, al no tratarse de un procedimiento sancionador, sino de restauración, las resoluciones de la Agencia agotarán la vía administrativa y, frente a las mismas, podrá interponerse recurso de reposición en los términos previstos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
En su virtud,
R E S U E L V O:
Primero.- Acordar la demolición de las obras de edificación de una vivienda unifamiliar aislada de dos plantas con una superficie aproximada de trescientos cincuenta y ocho metros cuadrados (358 m2), garajes y cuartos anexos, así como diversos muros de cerramiento y una piscina, objeto de este expediente, promovidas por Dña. Michele Cabrol responsable de conformidad con el artículo 189 del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, y a tal efecto requerir a la interesada para que en el plazo de un mes presente en esta Agencia el correspondiente proyecto de demolición, como primer trámite de la ejecución voluntaria de lo ordenado, advirtiéndole que de no cumplimentar el mencionado requerimiento, se procederá a la ejecución forzosa de la demolición, conforme al artículo 96 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
Segundo.- Notificar la presente Resolución a la interesada, a la Demarcación de Costas de Tenerife, a D. Johann Weichselbaum y al Ayuntamiento de Guía de Isora.
Se hace constar que el presente acto pone fin a la vía administrativa y por lo tanto, contra el mismo cabe interponer recurso potestativo de reposición ante este mismo órgano, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a la notificación del presente acto, o directamente cabe interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de 2 meses contados a partir del día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse."
Segundo.- Remitir la presente Resolución al Servicio de Publicaciones e Información del Gobierno de Canarias, para su publicación en el Boletín Oficial de Canarias, y al correspondiente Ayuntamiento para su inserción en el tablón de edictos.
Santa Cruz de Tenerife, a 5 de septiembre de 2003.- El Director Ejecutivo, Pedro Gómez Jiménez.
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