BOC - 2003/171. Miércoles 3 de Septiembre de 2003 - 3371

IV. ANUNCIOS - Otros anuncios - Consejería de Sanidad

3371 - Secretaría General Técnica.- Anuncio de 18 de agosto de 2003, relativo a notificación de la Orden de 14 de mayo de 2003, por la que se desestima el recurso de alzada interpuesto por D. José Miguel García Vázquez contra la Resolución de la Dirección General de Recursos Humanos del Servicio Canario de la Salud de 14 de enero de 2003, por la que se aprueba la relación definitiva de admitidos y excluidos al proceso extraordinario de consolidación y provisión de plazas básicas de personal estatutario de la categoría de Técnico Especialista de Radiodiagnóstico.

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Habiendo sido intentada la notificación de la Orden de 14 de mayo de 2003, de la Consejería de Sanidad y Consumo, por la que se desestima el recurso de alzada interpuesto por D. José Miguel García Vázquez contra la Resolución de la Dirección General de Recursos Humanos del Servicio Canario de la Salud de 14 de enero de 2003, sin que haya sido recibida por el interesado, es por lo que de conformidad con lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se procede a su publicación, del tenor literal siguiente:

"Visto el recurso de alzada interpuesto por D. José Miguel García Vázquez contra la Resolución de la Dirección General de Recursos Humanos del Servicio Canario de la Salud de 14 de enero de 2003, por la que se aprueba la relación definitiva de admitidos y excluidos al proceso extraordinario de consolidación y provisión de plazas básicas de personal estatutario de la categoría de Técnico Especialista de Radiodiagnóstico, y en atención a los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Por Resolución de la Dirección General de Recursos Humanos del Servicio Canario de la Salud de 21 de mayo de 2002 (B.O.C. nº 74, de 4 de junio), se convoca proceso extraordinario de consolidación y provisión de plazas básicas de personal estatutario de la categoría de Técnico Especialista de Radiodiagnóstico en los órganos de prestación de servicios sanitarios del Servicio Canario de la Salud.

Contiene tal Resolución asimismo las bases a que debe sujetarse tal procedimiento, disponiendo en concreto la base octava, apartado 3:

"El plazo de presentación de solicitudes será de quince días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta resolución en el Boletín Oficial de Canarias."

Por su parte, la base novena dispone:

"1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, este Órgano aprobará la relación provisional de admitidos y excluidos, con indicación del turno de acceso y de las causas de exclusión, en su caso. La resolución aprobatoria de la referida relación, junto con la misma, se publicará en la forma y lugares señalados en la base tercera.

2. Los aspirantes dispondrán de un plazo de diez días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la resolución indicada en el apartado anterior, para subsanar, en su caso, los defectos que motivaron la omisión o exclusión de los mismos, así como para formular las reclamaciones que tengan por conveniente. Los aspirantes que dentro del plazo señalado no subsanen los defectos o aleguen la omisión serán definitivamente excluidos de la participación en las pruebas.

3. Las reclamaciones que se formulen contra la relación provisional citada serán admitidas o rechazadas por medio de la resolución que apruebe la relación definitiva de admitidos y excluidos, que se publicará en la forma y lugares señalados en la base tercera. Esta publicación servirá de notificación a los interesados. Contra esta última resolución podrá interponerse recurso de alzada en los términos previstos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero."

De acuerdo a las bases transcritas, el plazo de presentación de solicitudes finalizó a fecha de 21 de junio de 2002, publicándose con fecha de 13 de diciembre, la Resolución de 5 de diciembre de 2002, por la que se aprueba la relación provisional de admitidos y excluidos, finalizando por tanto el plazo de presentación de reclamaciones a ésta a fecha de 26 de diciembre de 2002.

Segundo.- Con fecha de 17 de enero se publica la Resolución de la Dirección General de Recursos Humanos de 14 de enero de 2003 por la que se aprueba la relación definitiva de admitidos y excluidos al proceso extraordinario de consolidación y provisión de plazas básicas de personal estatutario de la categoría de Técnicos Especialistas de Radiodiagnóstico.

En ella, al igual que en la lista provisional identificada en el antecedente de hecho anterior, consta el recurrente como excluido por no firmar la solicitud, indicándose en la propia Resolución que contra ésta podrán los interesados interponer recurso de alzada ante el Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la publicación de la Resolución.

Tercero.- Con fecha de 6 de febrero de 2003, tiene entrada en la Dirección General de Recursos Humanos con registro de entrada nº 83642/SCS/8315, recurso de alzada interpuesto por D. José Miguel García Vázquez, en el que expone que habiendo presentado la solicitud para la OPE Extraordinaria 2002 en la categoría de TER, y habiéndosele olvidado la firma en la misma, suplica se tenga en cuenta que en las fechas de la resolución de la Dirección General de Recursos Humanos (5 de diciembre de 2002) se encontraba de baja laboral, por lo que le fue imposible comprobar si estaba admitido o excluido de dichas listas por lo que no pudo presentar ningún tipo de reclamación dentro del plazo fijado. El citado recurso de alzada, tuvo entrada en esta Consejería el 10 de marzo de 2003.

Cuarto.- Que por la Dirección General de Recursos Humanos del Servicio Canario de la Salud, se emitió Informe-Propuesta relativo al recurso de alzada interpuesto por D. José Miguel García Vázquez.

A los anteriores hechos le son de aplicación los siguientes:

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El escrito presentado, identificado como recurso de alzada, debe calificarse como recurso interpuesto frente a la Resolución de 14 de enero de 2003 de la Dirección General de Recursos Humanos por la que se aprueba la relación definitiva de admitidos y excluidos al proceso extraordinario, de acuerdo con el artículo 110.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común), que estipula que "El error en la calificación del recurso por parte del recurrente no será obstáculo para su tramitación, siempre que se deduzca su verdadero carácter", dada la fecha de interposición del recurso, 6 de febrero, y la falta de identificación de la Resolución contra la que se dirige el escrito, debiendo entenderse asimismo que solicita se le tenga como admitido al proceso selectivo de referencia.

Segundo.- La competencia para resolver el presente recurso de alzada corresponde al Consejero de Sanidad y Consumo, en virtud de lo establecido en el artículo 114 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en el artículo 30.1 del Decreto Territorial 32/1995, de 24 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Servicio Canario de la Salud (B.O.C. nº 32, de 15 de marzo), de acuerdo con el cual "los actos dictados por los órganos centrales del Servicio Canario de la Salud son susceptibles de recurso ordinario ante el Consejero competente en materia de sanidad, cuya resolución pondrá fin a la vía administrativa."

Tercero.- El recurrente se encuentra encuadrado dentro del concepto de interesado, según lo previsto en el artículo 31.1.a) de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Cuarto.- La causa de exclusión consignada tanto en la lista provisional como en la lista definitiva de admitidos y excluidos es la falta de firma de la solicitud.

Por lo que se refiere a la posibilidad de subsanación, la base novena transcrita dispone claramente, en su apartado segundo: "Los aspirantes dispondrán de un plazo de diez días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la resolución indicada en el apartado anterior (lista provisional de admitidos y excluidos), para subsanar, en su caso, los defectos que motivaron la omisión o exclusión de los mismos, así como para formular las reclamaciones que tengan por conveniente. Los aspirantes que dentro del plazo señalado no subsanen los defectos o aleguen la omisión serán definitivamente excluidos de la participación en las pruebas.

En este caso, finalizado el plazo de subsanación a 26 de diciembre de 2002, al haberse publicado la relación provisional de admitidos y excluidos a fecha de 13 de diciembre, no puede admitirse tal subsanación por extemporánea.

Quinto.- La única alegación contenida en el recurso interpuesto se refiere al hecho de haber estado de baja a la fecha de la relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos, 5 de diciembre de 2002, fecha en la que por otra parte, aún no se había producido la publicación, y era por tanto imposible conocerla, con lo que su situación de baja laboral a 5 de diciembre de 2002 en nada justifica la falta de presentación de reclamación en plazo.

Por otra parte, no especifica cual fuera la patología que determinó la baja laboral alegada, qué limitaciones le imponía que le impidieran estar al corriente de la publicación de la resolución provisional de admitidos y excluidos al proceso selectivo en el que pretendía participar, ni la duración de aquella, sin que aporte tampoco documentación acreditativa -parte de baja y alta- de la concurrencia de tal circunstancia.

Sexto.- Las bases por las que ha de regirse el proceso de consolidación y provisión, contenidas en la misma Resolución que lo convoca, van dirigidas a establecer las mismas condiciones y requisitos para la participación en él de todos los aspirantes, sin permitir excepciones que, de admitirse, supondrían una discriminación entre unos y otros, conculcando así el principio de igualdad que debe regir, a tenor del artículo 23 de la Constitución Española, el acceso a las funciones públicas.

Así, las reiteradas bases establecían un plazo idéntico para la presentación de reclamaciones a la relación provisional por parte de todos los aspirantes, esto es "Los aspirantes dispondrán de un plazo de diez días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la resolución indicada en el apartado anterior (lista provisional de admitidos y excluidos), para subsanar, en su caso, los defectos que motivaron la omisión o exclusión de los mismos, así como para formular las reclamaciones que tengan por conveniente. Los aspirantes que dentro del plazo señalado no subsanen los defectos o aleguen la omisión serán definitivamente excluidos de la participación en las pruebas", publicidad del plazo que debe entenderse suficiente para todos los aspirantes, sin poder acogerse el argumento que hace valer el hoy recurrente, referido al hecho de que su situación de baja laboral le impidió comprobar si estaba admitido o excluido en la relación provisional.

A estos efectos, el plazo de presentación de reclamaciones es un plazo preclusivo, expirado el cual, no puede el recurrente pretender que se le permita hacer uso de una potestad que debió necesariamente realizarse en ese plazo.

En este sentido, el artículo 47 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, dispone:

"Los términos y plazos establecidos en ésta u otras Leyes obligan a las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas competentes para la tramitación de los asuntos, así como a los interesados en los mismos."

Ello conlleva cuestionar si las causas alegadas por el recurrente justifican la interrupción de tal plazo.

Tiene establecido el Tribunal Supremo, entre otras en Sentencias de 20 de julio de 1988 y de 8 de julio de 1999, que:

"La doctrina científica y la jurisprudencia afirman como regla general la no interrupción de los plazos de caducidad. Sin embargo, admiten algunas excepciones, como cuando se da una situación de fuerza mayor o cualquier otra causa independiente de la voluntad de los interesados, siempre que el procedimiento se haya iniciado dentro de plazo (STS 25 mayo 1979 [RJ 1979\1893], en la que se citan las de 5 julio 1957 [RJ 1957\2554], 22 mayo 1965 [RJ 1965\3013]) y 8 noviembre 1983 [RJ 1983\6065]. También se desprende de la jurisprudencia de este Tribunal Supremo (STS de 10 de noviembre de 1994 [RJ 1994\8466], y las que en ella se citan) que el titular de la acción ha de ejercitarla dentro del plazo prefijado, pues si deja que éste transcurra sin haber utilizado las facultades o poderes jurídicos cuyo fin es promover un cambio de la situación jurídica, se produce la decadencia del derecho por exigencias de la seguridad jurídica. Entiende esta Sala que tal jurisprudencia es aplicable al supuesto enjuiciado."

En Auto del Tribunal Supremo de 22 de junio de 1988 se afirma:

"y que no pudo presentarse hasta el siguiente día 9 por encontrarse afectada ésta de cólico nefrítico agudo que le imposibilitó para el ejercicio de las funciones, acompañándose a tal efecto certificado médico y listado de transmisiones y llamadas telefónicas desde el despacho profesional del Letrado. Por ello, se arguye, el auto recurrido ocasiona indefensión y vulnera la tutela judicial efectiva en cuanto que, por una causa no imputable al recurrente, se ve éste privado del recurso de casación.

Esta argumentación no puede compartirse toda vez que los plazos de caducidad -y este carácter tiene el plazo fijado por el artículo 96.1 LJCA (RCL 1956\1890 y NDL 18435)- no son susceptibles de interrupción, salvo fuerza mayor, evento que no puede identificarse con una situación de enfermedad del Procurador, estando prevista, por otra parte, la sustitución del Procurador cuando concurra justa causa que le imposibilite para cualquier actuación judicial e, incluso, en el supuesto de enfermedad repentina -ÇexÈ artículos 33 y 34 del Estatuto General de los Procuradores de los Tribunales de 30 julio 1982 (RCL 1982\2238, 2562 y ApNDL 11201)-.

Por último, la interpretación favorable a la admisión del recurso tiene también el límite de ser jurídicamente aceptable, ya que el derecho a la tutela judicial efectiva es garantía de todas las partes del proceso, no sólo de una de ellas (STC 109/1987, de 29 junio (RTC 1987\109), por lo que no puede forzarse la interpretación de las normas al extremo de desconocer los límites que al recurso mismo impone el legislador."

Por su parte, en sentencia de 19 de septiembre de 2000, se manifiesta el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura en el siguiente sentido:

"Manifiesta en la demanda que ello fue debido a que se encuentra aquejado de una grave enfermedad que le impide el cumplimiento de la obligación concurriendo entonces a su juicio causa de fuerza mayor eximente.

Del examen del expediente administrativo se extrae que el 21 de febrero de 1996 el vehículo propiedad del recurrente fue denunciado cuando iba conducido, debidamente autorizada por el propietario, por Dña. María Consolación F. en el punto kilométrico 1,13 de la Carretera de Portugal.

El artº. 72.2 de la LTSV de 1990 (RCL 1990\578 y 1653) considera al titular del vehículo responsable de las infracciones derivadas del incumplimiento de las normas relativas a reconocimientos periódicos. Tales reconocimientos no se configuran como obligaciones personalísimas, razón por la que pudo encargarlas el titular del vehículo, que no consta se encuentre incapacitado judicialmente para regir su persona o bienes a otra persona, tal y como por ejemplo autorizó a un tercero su conducción."

Trasladada al presente caso la citada jurisprudencia, resulta que efectivamente pudo el hoy recurrente haber delegado en persona distinta la comprobación de la publicación de la relación provisional de admitidos y excluidos y su inclusión en ella como admitido, pudiendo haber así ejercido el derecho de subsanación por sí mismo o por medio de otra persona, máxime cuando alega que estaba en situación de baja laboral cuando se dicta la Resolución, 5 de diciembre de 2002, lo cual no afecta necesariamente al ejercicio de su derecho a presentar reclamación, puesto que no indica si tal situación de baja se prolongó hasta la fecha de finalización del plazo para presentar reclamaciones, 26 de diciembre, al haberse producido la publicación de la Resolución a 13 de diciembre.

Además, concurre en el presente caso, una de las cuestiones puestas de manifiesto en la jurisprudencia citada, referida al límite que debe operar en atención al resto de las partes interesadas, y ello dado que, tratándose de un procedimiento de concurrencia competitiva, no puede pretenderse un tratamiento distinto respecto de un solo aspirante.

En definitiva, no habiéndose acreditado concurrencia de fuerza mayor, ni de ningún otro impedimento durante el plazo de presentación de reclamaciones a la relación provisional de admitdos y excluidos, y disponiendo las bases transcritas de la convocatoria, que los aspirantes que dentro del plazo señalado no subsanen los defectos o aleguen la omisión serán definitivamente excluidos de la participación en las pruebas, procede en consecuencia la desestimación del presente recurso.

D I S P O N G O:

Único.- Desestimar el recurso de alzada interpuesto por D. José Miguel García Vázquez contra la Resolución de la Dirección General de Recursos Humanos del Servicio Canario de la Salud, de 14 de enero de 2003, por la que se aprueba la lista definitiva de admitidos y excluidos al proceso extraordinario de consolidación y provisión de plazas básicas de personal estatutario de la categoría de Técnico Especialista de Laboratorio en los órganos de prestación de servicios sanitarios del Servicio Canario de la Salud, convocado por Resolución del mismo órgano de de 21 de mayo de 2002 (B.O.C. nº 74, de 4 de junio).

Notifíquese el presente acto al interesado haciéndole saber que contra el mismo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a la fecha de la notificación, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, pudiendo asimismo interponer cualquier otro que estime procedente.

El Consejero de Sanidad y Consumo, Rafael Díaz Martínez, Firmado y Rubricado."

Santa Cruz de Tenerife, a 18 de agosto de 2003.- La Secretaria General Técnica, p.s., la Jefa de Servicio de Personal y Régimen Interior (Orden nº 217, de 6.8.03), Delia Rodríguez Lorenzo.



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