BOC - 2003/135. Martes 15 de Julio de 2003 - 2826

IV. ANUNCIOS - Administración Local - Ayuntamiento de Puntallana (La Palma)

2826 - ANUNCIO de 28 de mayo de 2003, relativo a la aprobación definitiva del Plan Parcial Hacienda Santa Lucía.

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Se hace público que, por el Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria de fecha 16 de abril de 2003, se adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

"PUNTO 1º: Acuerdo que proceda sobre revocación de acuerdo plenario en relación con la aprobación definitiva del Plan Parcial Hacienda Santa Lucía y reconocimiento del silencio positivo.

A continuación se da cuenta al Pleno del escrito presentado por D. Francisco Medina y Fernández Aceytuno y D. Luis Rodríguez Muñoz, en su calidad de Administradores Mancomunados de la Entidad Mercantil Haciendas La Palma, S.L., en el que solicitan la revocación del acuerdo de este Ayuntamiento de fecha 29 de enero de 2003, por el que se aprobaba definitivamente el Plan Parcial Hacienda Santa Lucía, y se reconociera la aprobación definitiva por silencio administrativo positivo.

Visto el informe jurídico aportado por la citada Entidad Mercantil.

Visto el informe de la Secretaria Accidental del Ayuntamiento, cuyo tenor literal es el siguiente:

"En relación con el escrito presentado por los representantes de la Empresa Haciendas La Palma, S.L., promotores del Plan Parcial Hacienda Santa Lucía, en el que solicitan la revocación del acuerdo aprobatorio del Plan Parcial de fecha 29 de enero, así como el reconocimiento del silencio administrativo positivo para la aprobación definitiva del Plan Parcial mencionado, la Secretaria Accidental que suscribe informa lo siguiente:

ANTECEDENTES

I.- El 2 de febrero de 2001, se solicita por la empresa Haciendas La Palma, S.L. la tramitación del Plan Parcial Hacienda Santa Lucía, aportándose la documentación correspondiente.

II.- Con fecha 18 de junio de 2001, se aprueba inicialmente el Plan Parcial mencionado, procediéndose a su información pública.

III.- Con fecha 12 de noviembre de 2001, se aprueba provisionalmente el Plan Parcial, remitiéndose a la Dirección General de Ordenación del Territorio para su informe.

IV.- En sesión de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias de 20 de febrero de 2002, se acordó suspender, a petición municipal, la emisión de informe sobre el Plan Parcial, en tanto no se emitiera otro informe por parte de la Dirección General del Servicio Jurídico del Gobierno de Canarias sobre la interpretación del artículo 4 de la Ley 6/2001, de 23 de julio, de Medidas Urgentes en materia de Ordenación del Territorio y del Turismo de Canarias, respecto de los Planes Parciales de nueva formulación, facultando a la Presidencia para que, una vez evacuada la consulta requerida, emitiera el informe pertinente.

V.- Con fecha 10 de mayo de 2002, y una vez elaborado el informe a que se hace referencia en el apartado anterior, el Consejero de Política Territorial y Medio Ambiente del Gobierno de Canarias, en uso de las facultades conferidas por la C.O.T.M.A.C. en la sesión de 20 de febrero de 2002, emite informe favorable, condicionado al cumplimiento del considerando que, literalmente, dice lo siguiente: "CONSIDERANDO que el Plan Parcial, desde el punto de vista urbanístico, cumple con las determinaciones que le son propias y que, desde el punto de vista estrictamente formal, la documentación referente a la Memoria Ambiental ha de completarse para dar cumplimiento al contenido fijado en el artº. 14 del Decreto 35/1995, de 24 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Contenido ambiental de los instrumentos de planeamiento."

VI.- Con fecha 1 de julio de 2002, se aporta por la empresa Haciendas La Palma, S.L. la documentación relativa a la Memoria Ambiental del Plan Parcial a que se hacía referencia en el Considerando anteriormente transcrito, que se remite por el Ayuntamiento a la C.O.T.M.A.C. con fecha 8 del mismo mes.

VII.- Se solicita por la empresa el reconocimiento del silencio administrativo, en base a lo establecido, en primer lugar, en el artº. 43.1 de la Ley 30/1992, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 4 de enero, y, en segundo lugar, a lo que establece el artículo 42.3 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000.

En cuanto al artº. 43.1 de la Ley 30/1992, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 4 de enero, dice que "En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, el vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa legítima al interesado o interesados que hubieran deducido la solucitud para entenderla estimada o desestimada por silencio administrativo, según proceda, sin perjuicio de la resolución que la Administración debe dictar en la forma prevista en el apartado 4 de este mismo artículo."

Por otra parte, el Decreto Legislativo 1/2000, en su artículo 42.3, dice: "En las disposiciones reglamentarias se regularán las normas de coordinación interadministrativa, la información pública y los informes de los órganos administrativos gestores de intereses que pudieran quedar afectados, los plazos a que deben someterse los distintos trámites, así como el silencio administrativo, que se entenderá positivo en caso de incumplimiento por parte de la Administración competente de los plazos previstos para la resolución definitiva, cuando se tratare de Planes Parciales de Ordenación o Estudios de Detalle, y negativo en el del resto de instrumentos de ordenación urbanística." Teniendo en cuenta que no hay Reglamento que desarrolle este Decreto Legislativo, especificando el plazo reglamentario, estimo que debemos acudir al Real Decreto 2.159/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento para el desarrollo de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, que, en su artículo 138.2, expresa: "La tramitación de los Planes Parciales se ajustará a las reglas establecidas en los artículos 127 a 130 y 132 a 134 de este Reglamento." En el artículo 133, dice: "1. Cuando hayan transcurrido seis meses desde el ingreso del expediente en el Registro del órgano competente para la aprobación definitiva y éste no hubiera comunicado resolución alguna a la Entidad u Organismo que otorgó la aprobación provisional, el Plan se entenderá aprobado por silencio administrativo."

VIII.- Teniendo en cuenta que había un plazo de un mes, según establece el Real Decreto L. 16/1981, para que la Comisión de Ordenación del Territorio emitiese el informe relativo a la documentación presentada, transcurrido el cual sin resolución expresa, el informe se consideraba favorable.

Teniendo en cuenta, además, que ha transcurrido el plazo de seis meses, que establece el Reglamento de Planeamiento en vigor a falta de Reglamento que desarrolle el Decreto Legislativo 1/2000, a contar desde el día 10 de mayo de 2002, en que se emitió el informe favorable del Consejero de Política Territorial y Medio Ambiente del Gobierno de Canarias, la Secretaria Accidental, INFORMA: que, en su opinión, puede reconocerse la aprobación definitiva del Plan Parcial Hacienda Santa Lucía, por silencio administrativo positivo, de conformidad con lo establecido en la legislación vigente, y con fecha de referencia de 10 de noviembre de 2002.

IX.- En cuanto a la revocación de actos, viene regulada en el artículo 105 de la Ley 30/1992, y siendo el acuerdo plenario de 29 de enero de 2003, contrario a lo establecido en el Decreto Legislativo 1/2000, modificado por Ley 2/2002, de fecha 23 de marzo, que dice: "6. Transcurrido el plazo señalado en el apartado 1 de esta disposición (31 de diciembre de 2002), en aquellos municipios que no hubieren adaptado el planeamiento urbanístico al contenido de este texto refundido, según se establece en los apartados 1 y 2 de este artículo, no se podrá aprobar ni continuar la tramitación de ningún plan de los denominados de desarrollo en el artículo 31 de este texto refundido, es decir, Planes Parciales de Ordenación, Planes Especiales de Ordenación o Estudios de Detalle. La aprobación de cualquiera de estos planes de desarrollo, sin previa adaptación del planeamiento urbanístico en la forma anteriormente indicada, debidamente aprobada por el órgano competente, será nula de pleno derecho.", procede, por tanto, su revocación.

Es cuanto la Secretaria Accidental que suscribe tiene el honor de informar. No obstante, el Ayuntamiento Pleno, con su superior criterio, decidirá lo más conveniente.- Puntallana, a 14 de abril de 2003."

El Ayuntamiento Pleno acuerda, por unanimidad de los ocho miembros presentes de los once que componen la Corporación, lo siguiente:

1º) Revocar, a petición de Haciendas La Palma, S.L., el acuerdo adoptado con fecha 29 de enero de 2003, relativo a la aprobación definitiva del Plan Parcial Hacienda Santa Lucía, por incumplir lo establecido en el Decreto Legislativo 1/2000, modificado por Ley 2/2002, de 23 de marzo.

2º) Reconocer la aprobación definitiva del mencionado Plan Parcial Hacienda Santa Lucía, por silencio administrativo positivo, de conformidad con lo establecido en la legislación vigente, y con fecha de referencia del 10 de noviembre de 2002."

Asimismo, se hace constar que contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse potestativamente recurso de reposición ante el mismo órgano que lo hubiere dictado o ser impugnado directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo. No se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto.

El plazo para la interposición del recurso de reposición será de un mes si el acto fuera expreso. Si no lo fuera, el plazo será de tres meses y se contará a partir del día siguiente a aquel en que de acuerdo con su normativa específica se produzca el acto presunto. Transcurrido dicho plazo únicamente podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, sin perjuicio, en su caso, de la procedencia del recurso extraordinario de revisión, todo ello de conformidad a lo dispuesto por los artículos 116 y 117 de la Ley 4/1999, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Asimismo podrá interponerse, si resulta procedente, recurso extraordinario de revisión (ante el Órgano administrativo que lo dictó), cuando concurra alguna de las circunstancias expresadas en el artículo 118.1, y en los plazos previstos en el mismo artículo 118, apartado 2 de la expresada Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999.

Si no se interpone recurso extraordinario de revisión o si éste ha sido resuelto de forma expresa, el plazo de interposición del recurso contencioso-administrativo será de dos meses, y deberá contarse:

a)Cuando el acto impugnado deba notificarse personalmente, desde el día siguiente al de la última publicación oficial del acto o disposición siguiente al de la notificación.

b)En el caso de que no proceda la notificación personal, desde el siguiente al de la última publicación oficial del acto o disposición.

No obstante, podrá interponerse cualquier otro recurso que se estime procedente en derecho.

Puntallana, a 28 de mayo de 2003.- El Alcalde, Leonardo Fajardo Muñoz.



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