Habiendo sido intentada sin que se pudiera practicar la notificación de Resolución, recaída en el expediente L-1/03, mediante carta certificada con acuse de recibo al domicilio consignado, y siendo necesario notificarle dicho trámite al ser parte interesada, y conforme a lo previsto en el artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
R E S U E L V O:
Notificar a D. Gregorio J. González García la Resolución de fecha 11 de marzo de 2003, obrante en el expediente sancionador de referencia, cuya parte dispositiva dice textualmente:
"- Requerir a D. Carmelo Santana Ramírez, en calidad de propietario de la vivienda objeto de este expediente, para que en el plazo de quince días, a contar desde la notificación de la presente, efectúe las reparaciones necesarias para subsanar las deficiencias de habitabilidad descritas en el Resultando cuarto anterior, con el apercibimiento que de no proceder a lo expuesto, se procederá a la imposición de sucesivas multas coercitivas hasta el total cumplimiento de lo ordenado.
Contra este acto, que no agota la vía administrativa, cabe recurso de alzada ante el Ilmo. Sr. Viceconsejero de Infraestructuras del Gobierno de Canarias, en el plazo de un mes desde la notificación/publicación de la presente Resolución, según establece el artº. 114 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común."
Las Palmas de Gran Canaria, a 26 de mayo de 2003.- El Director General de Vivienda, Miguel Ángel Pulido Rodríguez.
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