No teniendo constancia esta Dirección General del domicilio de las personas físicas y jurídicas que se relacionan, y siendo preciso notificarles las Resoluciones recaídas en los expedientes incoados contra las mismas, por infracción a la normativa en materia de consumo y conforme al artículo 59, apartado 4, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
R E S U E L V O:
1.- Notificar a las personas físicas y jurídicas que se citan, las Resoluciones recaídas en los expedientes que les han sido instruidos por infracción a la legislación en materia de consumo.
Los interesados podrán interponer recurso de alzada contra la Resolución del expediente, que no agota la vía administrativa, en el plazo de un mes, contado a partir de la fecha de la publicación de la presente Resolución, ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo del Gobierno de Canarias y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.
El pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía, Hacienda y Comercio.
2.- Remitir al Ayuntamiento de las poblaciones que se citan, las correspondientes Resoluciones para su publicación en el tablón de edictos.
RESOLUCIÓN
VISTO EL EXPEDIENTE Nº 38/155/2002.
INSTRUIDO A: Open English Master Spain, S.A.
D.N.I.-N.I.F.: A61553665.
MOTIVACIÓN
(Artº. 54 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común).
REFERENCIA DE HECHOS: el día 27 de noviembre de 2001, un Inspector de esta Dirección General realiza una inspección en el establecimiento del que es titular Open English Master Spain, S.A., con domicilio en calle San Cristóbal, 22, término municipal de La Laguna y extiende el acta nº 5530 procediendo a comprobar la reclamación nº 1.200/01, formulada por Dña. Nazareth González Pestano, siendo motivo de la misma las presuntas irregularidades cometidas por esta empresa con la que contrató un curso por importe de 479.760 pesetas, sin embargo los pagos mensuales que se le cobran son superiores a los inicialmente contratados, con lo que el precio total del curso asciende a la cantidad de 618.450 pesetas.
Personado el Inspector actuante se manifiesta por el compareciente en acta que existió un error de cálculo con el contrato de la reclamante y que ya se había procedido a reintegrarle las cantidades cobradas en demasía, por lo que se concede un plazo de 10 días para que remita a esta Dirección General Consumo de documento que acredite la devolución de tales cantidades.
Transcurrido el plazo otorgado sin que tal documentación se haya remitido, se incurre en infracción en materia de consumo, al no atender a la solicitud de los Servicios de Inspección.
FUNDAMENTOS DE DERECHO. ARTÍCULOS: resulta aplicable el artículo 5º, apartado 5.1, en relación con el artº. 14 del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con el artº. 34 la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (B.O.E. nº 176).
CUESTIONES PLANTEADAS EN EL EXPEDIENTE: el interesado en escrito con registro de entrada de la Dirección General de Consumo provisto de nº 212.792, de fecha 21 de mayo de 2002, sucintamente, manifiesta:
"Tras conversación con el Inspector, D. José Manuel González Gálvez, al respecto de la reclamación interpuesta por Dña. Nazaret González Pestano, se llega al acuerdo de extornar la parte que según la alumna se cobre de más en la financiación por la compra de un curso de inglés en nuestra academia.
Tras comprobar con la entidad financiera esta cantidad a fin de aclarar el posible error, se demostró que no existió error en la formalización de esa financiación, por lo tanto se aclaró con la alumna este hecho. Esta persona continúa asistiendo al centro en la actualidad.
Por lo tanto solicitamos se revise de nuevo el expediente y se exculpe a esta compañía de las infracciones a las que se hace referencia en el Acuerdo de iniciación de expediente sancionador, recibido en esta sucursal el día 16 del presente mes.
A fin de facilitar el trámite y demostrar lo anteriormente citado, adjuntamos copia de los documentos que amparan esta alegación."
CONTESTACIÓN A LAS CUESTIONES Y VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS PRACTICADAS: no se desvirtúan en modo alguno los hechos imputados en el Acuerdo de inicio, dado que el presente expediente se inicia por no haber aportado el interesado en tiempo la documentación requerida por los Servicios de Inspección, de tal forma que remitir estos documentos una vez iniciado el presente expediente no puede conllevar la modificación de responsabilidad de esa parte, quien no cumplió con su deber de colaborar con la Inspección en orden al esclarecimiento de los hechos denunciados.
Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo por el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.C. nº 154),
R E S U E L V O:
Imponer a Open English Master Spain, S.A. la sanción de multa de mil doscientos (1.200) euros.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de 1 mes desde su notificación, conforme a lo previsto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Santa Cruz de Tenerife, a 25 de octubre de 2002.- El Director General de Consumo, Gonzalo Olarte Cullen.
RESOLUCIÓN
VISTO EL EXPEDIENTE Nº 38/319/2002.
INSTRUIDO A: Carnicería Estefanía, S.L. Unipersonal.
D.N.I.-N.I.F.: B38438123.
MOTIVACIÓN
(Artº. 54 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común).
REFERENCIA DE HECHOS: el día 19 de marzo de 2002, un Inspector de esta Dirección General realiza una inspección en el establecimiento de rótulo Carnicería Estefanía del que es titular Carnicería Estefanía, S.L. Unipersonal, con domicilio en el Mercado Municipal Nuestra Señora de África, calle San Sebastián, locales 10 y 11, término municipal de Santa Cruz de Tenerife y extiende el acta 7.243 comprobándose que tiene expuestas para su venta al público, en expositor frigorífico, diferentes piezas de carne de vacuno y porcino, careciendo de los datos de etiquetado informativo relativos al código o número de referencia que garantiza la relación entre la pieza de carne y el animal o grupo de animales del que procede, nombre del país donde se encuentra el matadero en el que se sacrificó al animal y su número de autorización sanitaria, y el número de autorización sanitaria de la sala donde se despiezó la carne y nombre del país donde se encuentra esa sala. Este hecho es constitutivo de infracción en materia de consumo por vulnerar el derecho de información de los consumidores y usuarios.
FUNDAMENTOS DE DERECHO. ARTÍCULOS: resulta aplicable el artículo 3.3.4 del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en relación con el artº. 34.6 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (B.O.E. nº 176) y en concordancia con el Reglamento CE nº 1760/2000 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de julio de 2000, que establece el sistema de identificación y registro de animales de la especie bovina y relativo al etiquetado de la carne de vacuno y de los productos a base de carne de vacuno.
CUESTIONES PLANTEADAS EN EL EXPEDIENTE: existe constancia en actuaciones de que el Acuerdo de iniciación fue notificado al interesado el día 16 de agosto de 2002, mediante carta certificada con aviso de recibo, sin que en el plazo de quince días concedido al efecto formulara alegaciones.
Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo por el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.C. nº 154),
R E S U E L V O:
Imponer a Carnicería Estefanía, S.L. Unipersonal la sanción de multa de trescientos (300) euros.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de 1 mes desde su notificación, conforme a lo previsto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Santa Cruz de Tenerife, a 27 de enero de 2003.- El Director General de Consumo, Gonzalo Olarte Cullen.
RESOLUCIÓN
VISTO EL EXPEDIENTE Nº 38/353/2002.
INSTRUIDO A: Aluminios Condor, S.L.
D.N.I-N.I.F.: B38054896.
MOTIVACIÓN
(Artº. 54 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común).
REFERENCIA DE HECHOS: el día 5 de marzo de 2002, un Inspector de esta Dirección General realiza una inspección en el establecimiento de rótulo Aluminios Condor del que es titular Aluminios Condor, S.L., con domicilio en la calle de Los Afligidos, en La Montañeta, término municipal de Los Realejos y extiende el acta 6.027 para comprobar la reclamación nº 171/02 formulada por D. José David Suárez Rodríguez, provisto de D.N.I. nº 43.371.594, relativa a la comisión de supuestas irregularidades en la ejecución de un trabajo consistente en la colocación de metopas en puertas y ventanas, al diferir el color inicialmente pactado entre las partes.
Personado el Inspector actuante comprueba que tiene expuestas para su venta al público ventanas de aluminio, que carecen del preceptivo marcado de precios de venta al público. Asimismo se comprueba que este establecimiento carece de hojas de reclamaciones y no figura expuesto a la vista del público el cartel anunciador de su disponibilidad. Estos hechos son constitutivos de infracción en materia de consumo.
FUNDAMENTOS DE DERECHO. ARTÍCULOS: es de aplicación por carecer de p.v.p. el artículo 3º, apartado 3.3.4, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con los artículos 3 y 4 del Real Decreto 3.423/2000, de 15 de diciembre, por el que se regula la indicación de precios de los productos ofrecidos a los consumidores y usuarios (B.O.E. nº 311).
Por carecer de hojas de reclamaciones lo establecido en el artº. 34.10 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, introducido por la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre condiciones generales de contratación (B.O.E. nº 89), en relación con el artículo 3º, apartado 3.3.6, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio, que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria (B.O.E. nº 168), en concordancia con el artº. 10 de la Ley 4/1994, de 25 de abril, de ordenación de la actividad comercial de Canarias (B.O.C. nº 53), en concordancia con los artículos 1, 2 y 3 del Decreto 225/1994, de 11 de noviembre, por el que se regulan las Hojas de Reclamaciones de los consumidores y usuarios de la Comunidad Autónoma Canaria (B.O.C. nº 148).
CUESTIONES PLANTEADAS EN EL EXPEDIENTE: el interesado en escrito presentado en el registro de entrada de la Dirección General de Consumo provisto de nº 7.674, de fecha 12 de septiembre de 2002, sucintamente, manifiesta:
"Que se incurre en un error al pretender exigir responsabilidad por los hechos imputados, ya que las ventanas expuestas no son para su venta al público, sino que se exponen para que el consumidor tenga una referencia; el precio se establece por unidad de medida. Las ventanas expuestas sirven única y exclusivamente como punto de referencia para el cliente de las diferentes formas y modelos por los que puede optar, estableciéndose luego el precio en función del concreto modelo elegido y de la específica medida objeto de encargo, por lo que difícilmente se puede vender precisamente la ventana expuesta.
Respecto de la afirmación de la inexistencia de hojas de reclamaciones y del cartel anunciador de las mismas, no se ajustan a la realidad siendo lo cierto que el cartel anunciador según su criterio no se encontraba en lugar visible, extremo este que es muy relativo al depender del criterio del Inspector.
Dada la ausencia de intencionalidad no se justifica la imposición de la sanción en la cuantía que se propone, lo que unido a la inexistencia de reiteración y de perjuicio alguno causado, así como de reincidencia debería conducir en estricta aplicación del principio de proporcionalidad a que la sanción lo fuere en su mínima expresión, lo que desde luego no parece cumplirse con la imposición de 450 euros de multa.
Solicito dictar Resolución por la que con estimación de las presentes alegaciones, se deje sin efecto la sanción impuesta."
CONTESTACIÓN A LAS CUESTIONES Y VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS PRACTICADAS: no se desvirtúan en modo alguno los hechos imputados en el Acuerdo de inicio, por lo que no procede eximir de responsabilidad al interesado, en base a las siguientes consideraciones:
Primera: por lo que respecta a la alegación primera, relativa a que las ventanas expuestas servían únicamente como referencia para el cliente, se ha de precisar que todos los artículos expuestos para su venta al público, salvo que formen parte del decorado, han de incorporar el precio de venta para dar debido cumplimiento al derecho de información que asiste a todos los consumidores y usuarios de bienes y servicios. Con independencia de lo anterior, se pueden utilizar todo tipo de catálogos explicativos de los modelos y precios para los diferentes productos que venda cada establecimiento.
Segunda: de otra parte, esa parte no ha desvirtuado el valor probatorio del que gozan las actas de inspección, según prevé el artículo 137.3 de la Ley 30/1992, donde queda probado el hecho de que el establecimiento carecía de hojas de reclamaciones y que el cartel anunciador de su disponibilidad no se encontraba expuesto de manera visible al público.
Tercera: por lo que respecta a la supuesta vulneración del principio de proporcionalidad en la aplicación de la sanción propuesta, se ha de tener en cuenta la evidente falta de diligencia, en la conducta del interesado, quien, a sabiendas de conocer la obligatoriedad de exhibir los precios de los artículos expuestos para su venta, de tener a disposición del público las hojas de reclamaciones y exponer el cartel anunciador, no lo hizo. Esa circunstancia aparece claramente tipificada en los preceptos de aplicación, artículos 35 y 36 de la Ley 26/1984, señalados en el Acuerdo de inicio, que no se reproducen para evitar innecesarias reiteraciones.
Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo por el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.C. nº 154),
R E S U E L V O:
Imponer a Aluminios Condor, S.L. la sanción de multa de cuatrocientos cincuenta (450) euros.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de 1 mes desde su notificación, conforme a lo previsto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Santa Cruz de Tenerife, a 21 de enero de 2003.- El Director General de Consumo, Gonzalo Olarte Cullen.
RESOLUCIÓN
VISTO EL EXPEDIENTE Nº 38/405/2002.
INSTRUIDO A: Tecnoplaza, Sociedad cooperativa.
D.N.I.-N.I.F.: F38308474.
MOTIVACIÓN
(Artº. 54 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común).
REFERENCIA DE HECHOS: el día 13 de marzo de 2002, un inspector de esta Dirección General realiza una inspección en el establecimiento de servicio de asistencia técnica del que es titular Tecnoplaza, Sociedad Cooperativa, con domicilio en la calle Pérez de Rozas, 31 A, término municipal de Santa Cruz de Tenerife y extiende el acta 7232 para comprobar la reclamación nº 116/02 formulada por Dña. María Elena Díez Díaz, provista de D.N.I. nº 15.808.975, relativa a la entrega de un radio-casete de la marca Sony, para su reparación, indicándole un precio inicial de 6.500 pesetas que se vio incrementado posteriormente y sin justificación aparente, según el reclamante, hasta las 10.500 pesetas.
De las actuaciones inspectoras llevadas a cabo se comprueba que a la cliente no le fue elaborado presupuesto previo formalizado por escrito y no había renunciado a su elaboración, hecho que es constitutivo de infracción en materia de consumo.
FUNDAMENTOS DE DERECHO. ARTÍCULOS: resulta aplicable el artículo 3º, apartado 3.3.4, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de protección al consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con el artículo 3º del Real Decreto 58/1988, de 29 de enero (B.O.E. nº 29), sobre protección de los derechos del consumidor en el servicio de reparación de aparatos de uso doméstico.
CUESTIONES PLANTEADAS EN EL EXPEDIENTE: existe constancia en actuaciones de que el Acuerdo de iniciación fue notificado al interesado el día 20 de agosto de 2002, mediante carta certificada con aviso de recibo, sin que en el plazo de quince días concedido al efecto formulara alegaciones.
Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo por el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.C. nº 154),
R E S U E L V O:
Imponer a Tecnoplaza, Sociedad Cooperativa la sanción de multa de trescientos (300) euros.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de 1 mes desde su notificación, conforme a lo previsto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Santa Cruz de Tenerife, a 27 de enero de 2003.- El Director General de Consumo, Gonzalo Olarte Cullen.
RESOLUCIÓN
VISTO EL EXPEDIENTE Nº 38/424/2002.
INSTRUIDO A: Tecnoplaza, Sociedad Cooperativa.
D.N.I.-N.I.F.: F38308474.
MOTIVACIÓN
(Artº. 54 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común).
REFERENCIA DE HECHOS: el día 13 de marzo de 2002, un Inspector de esta Dirección General realiza una inspección en el establecimiento servicio de asistencia técnica del que es titular Tecnoplaza, Sociedad Cooperativa, con domicilio en la calle Pérez de Rozas, 31 A, Edificio Mijai, término municipal de Santa Cruz de Tenerife y extiende el acta 7233 para comprobar la reclamación nº 153/02 formulada por D. Baudilio Martín Fernández, provisto de D.N.I. nº 42.143.961, relativa a la entrega para su reparación de un televisor de la marca Sony, considerando elevado el coste de la misma, que superaba las diez mil pesetas.
Personado el Inspector actuante comprueba los siguientes hechos:
1º) El cliente había renunciado al presupuesto previo siempre que el importe de la reparación no superara el límite de 60,10 euros, según consta en el resguardo de depósito nº 00018, extendido el día 3 de enero de 2002.
2º) El coste total de la reparación fue por valor de 83,16 euros; por lo que al superar el límite pactado, debió elaborarse presupuesto previo escrito al Sr. Martín Fernández, antes de reparar el televisor. Esta omisión es constitutiva de infracción en materia de consumo.
FUNDAMENTOS DE DERECHO. ARTÍCULOS: resulta aplicable el artículo 3º, apartado 3.3.4, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de protección al consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con el artículo 3º del Real Decreto 58/1988, de 29 de enero (B.O.E. nº 29), sobre protección de los derechos del consumidor en el servicio de reparación de aparatos de uso doméstico.
CUESTIONES PLANTEADAS EN EL EXPEDIENTE: existe constancia en actuaciones de que el Acuerdo de iniciación fue notificado al interesado el día 12 de agosto de 2002, mediante carta certificada con aviso de recibo, sin que en el plazo de quince días concedido al efecto formulara alegaciones.
Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo por el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.C. nº 154),
R E S U E L V O:
Imponer a Tecnoplaza, Sociedad Cooperativa la sanción de multa de cuatrocientos cincuenta (450) euros.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de 1 mes desde su notificación, conforme a lo previsto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Santa Cruz de Tenerife, a 21 de enero de 2003.- El Director General de Consumo, Gonzalo Olarte Cullen.
RESOLUCIÓN
VISTO EL EXPEDIENTE Nº 38/717/2001.
INSTRUIDO A: Vela Murillo, S.L.
D.N.I.-N.I.F.: B38444667.
MOTIVACIÓN
(Artº. 54 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común).
REFERENCIA DE HECHOS: el día 21 de agosto de 2001, un Inspector de esta Dirección General realiza una inspección en el taller Oficial Alfa Romeo del que es titular Vela Murillo, S.L., con domicilio en Urbanización El Mayorazgo, nave 18, término municipal de Santa Cruz de Tenerife, y extiende el acta nº 3290, procediendo a comprobar la reclamación nº 806/01, formulada por Dña. Eva Marina Darias Esteban, siendo motivo de la misma las presuntas irregularidades cometidas por este taller en la reparación efectuada en la chapa del portón trasero, dado que tras recoger el vehículo, dicho portón no se mantiene por sí solo, avería que a juicio del reclamante no existía con anterioridad a la entrada del vehículo en el taller.
De las actuaciones inspectoras y de la documentación obrante en el expediente, se constata que la factura, emitida al reclamante, con referencia 205051, no contiene el desglose del tiempo de mano de obra empleada en la reparación. Siendo esta omisión constitutiva de infracción en materia de consumo.
FUNDAMENTOS DE DERECHO. ARTÍCULOS: resulta aplicable el artículo 3º, apartado 3.3.6, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con los artículos 15 y 19, apartado j), del Real Decreto 1.457/1986, de 10 de enero (B.O.E. nº 169), por el que se regula la actividad industrial y la prestación de servicios en los talleres de reparación de vehículos automóviles, de sus equipos y componentes.
CUESTIONES PLANTEADAS EN EL EXPEDIENTE: el interesado en escrito con registro de entrada de la Dirección General de Consumo provisto de nº 53.787, de fecha 15 de febrero de 2002, sucintamente, manifiesta:
"a) Que la factura a la que se hace referencia en ningún caso ha sido emitida al reclamante, puesto que claramente resulta de la misma que no ha sido emitida a Dña. Eva María Darias Estaban, ni aparece su dirección o N.I.F., sino muy al contrario, se consigna como cliente y como D.N.I./C.I.F., la cuenta de garantías, es decir, se ha realizado una reparación en garantía, y a efectos internos de administración y contabilización se emite el documento referido que recoge el coste de los trabajos, que además en este caso son subcontratados a terceros, y se carga a la cuenta de garantías siendo sufragada en la cuantía que corresponda por el fabricante y/o el concesionario, pero no por el cliente.
b) Por lo tanto el documento no es una factura emitida al consumidor ahora reclamante.
Entendemos que por Vela Murillo, S.L. no se ha infringido disposición legal alguna, ni el artículo 3, apartado 3.3.6, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio, en concordancia con los artículos 15 y 19.j) del Real Decreto 1.457/1986, de 10 de enero, por lo que se infringe el principio de tipicidad, no se pueden omitir especificaciones de la factura emitida al cliente, si tal factura no se ha emitido al cliente, sino a la cuenta de garantías.
Que la supuesta infracción no es imputable a una actuación intencionada o dolos de Vela Murillo, S.L., por lo que la sanción que se propone es contraria a un elemental principio de culpabilidad.
Que la sanción propuesta es contraria al principio de proporcionalidad. Este principio de proporcionalidad para la imposición de las sanciones se establece en el artículo 131 de la Ley 30/1992. Asimismo en el artº. 10.2 del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio.
Entendemos que ninguna de las circunstancias previstas en los artículos antes mencionados son de aplicación a los hechos imputados a Vela Murillo, S.L., al contrario concurren circunstancias que atenúan la responsabilidad en que pueda haber incurrido la empresa. Así pues, es un principio del derecho administrativo sancionador que ante la ausencia de circunstancias cualificadoras se debe imponer la sanción en su grado mínimo, ninguna de estas circunstancias concurren en el presente caso, o al menos no se ha probado que concurran, por lo que debe rebajarse la sanción, de acuerdo con un sentido de proporcionalidad.
Por lo expuesto, y de conformidad con las previsiones de los artículos 79 y 135, en relación con el 35 de la Ley 30/1992, solicito: que se admita a trámite este escrito de descargos y alegaciones, se proceda al sobreseimiento del expediente, por no ser los hechos consignados de este escrito, imputables a Vela Murillo, S.L., ni constitutivos de infracción en materia de consumo."
CONTESTACIÓN A LAS CUESTIONES Y VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS PRACTICADAS: no se desvirtúan en modo alguno los hechos imputados en el Acuerdo de inicio, por lo que no procede eximir de responsabilidad al interesado, en base a las siguientes consideraciones:
1.- Carecen de fundamento las alegaciones del interesado relativas a la inexistencia de infracción, al manifestar que la factura no se ha emitido al reclamante, sino a la cuenta de garantías. Pues resulta evidente que la actuación del imputado es contraria a los preceptos del Real Decreto 1.457/1986, que impone el deber de extender factura a todos los usuarios de los talleres de reparación de vehículos y con todos los requisitos establecidos en el artº. 15 de esta reglamentación, sin que se establezca excepción alguna al respecto. Por lo tanto el hecho de que el vehículo a reparar esté en garantía no exime al taller para entregar factura al consumidor, al que no han de afectar ni la administración, ni la contabilidad, ni las relaciones del taller con terceros.
De lo expuesto anteriormente queda patente que la conducta de Vela Murillo, S.L. está perfectamente tipificada en nuestro ordenamiento jurídico como infracción en materia de consumo.
2.- Tampoco se puede considerar vulnerado el principio de proporcionalidad, dado que la Ley 26/1984 prevé para las infracciones leves multa hasta 500.000 pesetas, por lo que el importe de 50.000 pesetas es ajustado a dicho principio.
Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo por el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.C. nº 154),
R E S U E L V O:
Imponer a Vela Murillo, S.L. la sanción de multa de trescientos euros con cincuenta y un céntimos (300,51 euros), cincuenta mil (50.000) pesetas.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de 1 mes desde su notificación, conforme a lo previsto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Santa Cruz de Tenerife, a 21 de junio de 2002.- El Director General de Consumo, Gonzalo Olarte Cullen.
RESOLUCIÓN
VISTO EL EXPEDIENTE Nº 38/724/2001.
INSTRUIDO A: Vela Murillo, S.L.
D.N.I.-N.I.F.: B38444667.
MOTIVACIÓN
(Artº. 54 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común).
REFERENCIA DE HECHOS: el día 21 de agosto de 2001, un Inspector de esta Dirección General realiza una inspección en el taller oficial Alfa Romeo, del que es titular Vela Murillo, S.L., con domicilio en Urbanización El Mayorazgo, nave 18, término municipal de Santa Cruz de Tenerife, y extiende el acta nº 3175 procediendo a comprobar la reclamación nº 1118/01, formulada por D. Miguel Ángel Martín León, siendo motivo de la misma las presuntas irregularidades cometidas por esta empresa por los numerosos defectos de origen de su vehículo, marca Alfa Romeo, modelo 146, 1400, 16 v, matrícula TF-8184-BX, entre los que destaca problemas con los frenos, pintura de la defensa delantera y trasera defectuosa, avería en la caja de la segunda velocidad, en la llave de contacto, así como defectos en los sillones, cinturones de seguridad y techo del vehículo.
De las actuaciones inspectoras y de la documentación obrante en el expediente, se constata que el resguardo de depósito nº 110530, emitido al reclamante, carece de la preceptiva fecha prevista de entrega el vehículo reparado. Así mismo la factura nº 604.370 no contiene el desglose del tiempo de mano de obra empleado en la reparación.
Las omisiones expuestas son constitutivas de infracción en materia de consumo.
FUNDAMENTOS DE DERECHO. ARTÍCULOS: resulta aplicable el artículo 3º, apartado 3.3.6, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con los artículos 14, 15 y 19, apartado j), del Real Decreto 1.457/1986, de 10 de enero (B.O.E. nº 169), por el que se regula la actividad industrial y la prestación de servicios en los talleres de reparación de vehículos automóviles, de sus equipos y componentes.
CUESTIONES PLANTEADAS EN EL EXPEDIENTE: el interesado en escrito con registro de entrada de la Dirección General de Consumo provisto de nº 53.787, de fecha 15 de febrero de 2002, sucintamente, manifiesta:
"a) En relación con la omisión de la fecha de entrega en el resguardo de depósito nº 107.120, hemos de manifestar que de conformidad con el artículo 14.7 "En todos los casos en que el vehículo quede depositado en el taller tanto para la elaboración de un presupuesto como para llevar a cabo una reparación previamente aceptada, el taller entregará al usuario un resguardo acreditativo del depósito". En el supuesto objeto de este expediente el vehículo en cuestión no quedó depositado, puesto que la reparación a efectuar no tenía cita previa y la avería a realizar "Ajustar el portón" no era ni mucho menos complicada, por lo que el ajuste fue realizado de inmediato y el vehículo fue entregado a su propietario en la misma fecha y al poco rato.
b) Que la factura a la que se hace referencia en ningún caso ha sido emitida al reclamante, puesto que claramente resulta de la misma que no ha sido emitida a D. Miguel Ángel Martín León, ni aparece su dirección o N.I.F., sino muy al contrario, se consigna como cliente y como D.N.I./C.I.F., la cuenta de garantías.
c) Por lo tanto el documento no es una factura emitida al consumidor ahora reclamante.
Que nos ha sido notificada Resolución por la que se acuerda la iniciación de expediente sancionador por infracción del artº. 3, apartado 3.3.6, del Real Decreto 1.945/1983, en concordancia con los artículos 14, 15 y 19.j) del Real Decreto 1.457/1986.
Entendemos que no se ha infringido ninguno de los preceptos citados puesto que no existe incumplimiento de las normas relativas a documentación, información, libros o registros establecidos obligatoriamente para el adecuado régimen de funcionamiento o, en concordancia con los artículos 14, 15 y 19.j) del Real Decreto 1.457/1986, en los que se establecen las especificaciones que deben contener el resguardo de depósito y la factura a emitir al cliente, puesto que como se ha acreditado 1º) el vehículo no quedó depositado en el taller y se entregó inmediatamente y 2º) el documento al que se hace referencia en el acta no es una factura emitida al cliente.
Que de los hechos descritos, resulta evidente la inexistencia de la supuesta infracción y en ningún caso es imputable a una actuación intencionada o dolosa de Vela Murillo, S.L.
Entendemos que por Vela Murillo, S.L. no se ha infringido disposición legal alguna, no es imputable a una actuación intencionada o dolos de Vela Murillo, S.L., por lo que la sanción que se propone es contraria a un elemental principio de culpabilidad.
Que la sanción propuesta es contraria al principio de proporcionalidad. Este principio de proporcionalidad para la imposición de las sanciones se establece en el artículo 131 de la Ley 30/1992. Asimismo en el artº. 10.2 del Real Decreto 1.945/1983.
Entendemos que ninguna de las circunstancias previstas en los artículos antes mencionados son de aplicación a los hechos imputados a Vela Murillo, S.L., al contrario concurren circunstancias que atenúan la responsabilidad en que pueda haber incurrido la empresa. Así pues, es un principio del derecho administrativo sancionador que ante la ausencia de circunstancias cualificadoras se debe imponer la sanción en su grado mínimo, ninguna de estas circunstancias concurren en el presente caso.
Solicito: que se admita a trámite este escrito de descargos y alegaciones, se proceda al sobreseimiento del expediente, por no ser los hechos consignados en el cuerpo de este escrito imputables a Vela Murillo, S.L., ni constitutivos de infracción en materia de consumo o subsidiariamente se rebaje la sanción en proporción adecuada con las circunstancias objetivas y subjetivas concurrentes."
CONTESTACIÓN A LAS CUESTIONES Y VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS PRACTICADAS: no se desvirtúan en modo alguno los hechos imputados en el Acuerdo de inicio, por lo que no procede eximir de responsabilidad al interesado, en base a las siguientes consideraciones:
1.- Carecen de fundamento las alegaciones del interesado relativas a la inexistencia de infracción, al manifestar que la factura no se ha emitido al reclamante, sino a la cuenta de garantías. Pues resulta evidente que la actuación del imputado es contraria a los preceptos del Real Decreto 1.457/1986, que impone el deber de extender factura a todos los usuarios de los talleres de reparación de vehículos y con todos los requisitos establecidos en el artº. 15 de esta reglamentación, sin que se establezca excepción alguna al respecto. Por lo tanto el hecho de que el vehículo a reparar esté en garantía no exime al taller para entregar factura al consumidor, al que no han de afectar ni la administración, ni la contabilidad, ni las relaciones del taller con terceros.
Igualmente carece de sentido no consignar en el resguardo de depósito la fecha prevista de entrega del vehículo ya reparado, pues tal requisito es imprescindible a tenor del artº. 14.7 del ya citado Real Decreto 1.457/1986, con independencia del tiempo que dure la reparación y siempre que el vehículo quede depositado se ha de emitir este documento con todos sus requisitos.
Máxime si se tiene en cuenta lo incierto de las manifestaciones del interesado, respecto a que el vehículo se entregó reparado el mismo día que se depositó, pues obra en el expediente factura nº 604.370, de fecha 22 de diciembre de 1999, en la que consta la reparación del portón con referencia nº 110.531, la misma referencia que se da para esta operación en el resguardo de depósito de fecha 13 de octubre del mismo año y en dicha factura se señala igualmente como fecha de recepción del vehículo la del 13 de octubre.
De lo expuesto anteriormente queda patente que la conducta de Vela Murillo, S.L. está perfectamente tipificada en nuestro ordenamiento jurídico como infracción en materia de consumo.
2.- Tampoco se puede considerar vulnerado el principio de proporcionalidad, dado que la Ley 26/1984 prevé para las infracciones leves multa hasta 500.000 pesetas, por lo que el importe de 50.000 pesetas es ajustado a dicho principio.
Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo por el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.C. nº 154),
R E S U E L V O:
Imponer a Vela Murillo, S.L. la sanción de multa de trescientos euros con cincuenta y un céntimos (300,51 euros), cincuenta mil (50.000) pesetas.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de 1 mes desde su notificación, conforme a lo previsto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Santa Cruz de Tenerife, a 21 de junio de 2002.- El Director General de Consumo, Gonzalo Olarte Cullen.
Santa Cruz de Tenerife, a 20 de marzo de 2003.-El Director General de Consumo, Gonzalo Olarte Cullen.
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