Habiéndose intentado por esta Dirección General sin haberse podido practicar la notificación de la Propuesta de Resolución recaída en el expediente incoado con motivo de denuncias o Actas de Inspección formuladas contra los titulares de empresas y actividades turísticas que se relacionan, conforme al artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y siendo preciso su notificación a los efectos de que aleguen lo que a su derecho convenga,
R E S U E L V O:
1.- Notificar a los titulares de establecimientos y actividades turísticas que se citan, la Propuesta de Resolución recaída en el expediente que les ha sido instruido por infracción a la legislación en materia turística.
2.- Se le concede un plazo de 15 días, contados a partir del siguiente de esta notificación, para que aporte cuantas alegaciones estime convenientes o, en su caso, proponer prueba concretando los medios de que pretenda valerse.
3.- Se le indica la puesta de manifiesto del expediente, así como se le ofrece un plazo de 15 días, contados a partir del día siguiente a la recepción de la presente Propuesta, como trámite de audiencia según se establece en los artículos 14.3 y 15 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del Procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo (B.O.C. nº 103, de 21.8.96).
4.- En el caso de que Vd. sea representante, deberá acreditar esta representación, aportando Escritura de Poder para dejar constancia fidedigna, bien con copia simple notarial o previo cotejo o compulsa de la fotocopia con su original, a tenor de lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
5.- Podrá hacer efectiva la cuantía de la sanción en la Intervención Insular de la Consejería de Economía, Hacienda y Comercio, con la presentación de esta Propuesta de Resolución, debiendo remitir a esta Dirección General, copia del Mandamiento de Ingreso, para acordar la finalización del procedimiento, sin perjuicio del derecho a interponer los recursos procedentes, todo ello según se prevé en los artículos 7 y 9.e) del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del Procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo (B.O.C. nº 103, de 21.8.96).
6.- Remitir al Ayuntamiento de las poblaciones que se citan, la presente Resolución para su publicación en el tablón de edictos correspondiente.
Las Palmas de Gran Canaria, a 18 de marzo de 2003.- El Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, José Manuel Onieva Martell.
PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN QUE SE CITAN:
1º) PROPUESTA DE RESOLUCIÓN.
Vistas las alegaciones correspondientes al procedimiento sancionador nº 02/106, iniciado como consecuencia del acta de inspección nº 13.938, levantada el 23 de mayo de 2001, y seguido contra la empresa expedientada, Masrida Imagen, S.L., con C.I.F. B-35427202, titular del establecimiento denominado Apartamentos Vista Bonita, sito en Avenida de Neckerman, término municipal de San Bartolomé de Tirajana, de cuyas actuaciones resulta lo siguiente:
Con fecha 21 de noviembre de 2002, se dictó Resolución de iniciación del procedimiento sancionador, formulándose los siguientes hechos:
Estar abierto al público en general sin la autorización preceptiva para la entrada en servicio y el desempeño de la actividad turística reglamentada de bungalows, constando de 7 unidades alojativas.
FECHA DE INFRACCIÓN: 23 de mayo de 2001.
ALEGACIONES: la empresa expedientada en escrito de fecha 3 de febrero de 2003 recibido en esta Consejería el 5 de febrero de 2003, registro de entrada nº 78.656, en síntesis, ha alegado lo siguiente:
"Que en el acta de inspección 13.938, de 23 de mayo de 2001, se indica como único hecho indubitado y comprobado directa y personalmente por el Sr. Inspector, con referencia a los que denomina Bungalows Vista Bonita, que "En el día de hoy están todos desocupados".
Que el apartado 3 del artº. 137 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, sólo atribuye presunción de veracidad a los hechos que hayan sido directamente constatados por funcionarios y en el caso del acta de Inspección referida en la Resolución de incoación del expediente, el hecho de la supuesta "explotación turística" de los Bungalows Vista Bonita no fue constatado directamente por el Inspector.
Que la supuesta explotación turística se basa tan sólo en la manifestación de un particular, a la que no se puede dar mayor valor que una simple denuncia no comprobada y verificada por la autoridad, por lo que carece de virtualidad en contra del principio dimanante del artº. 24 de la Constitución y que si a esa manifestación de un particular pudiera dársele presunción de veracidad, la misma fuerza habría que otorgarle a este escrito, por el que se niega expresamente que aquélla se ajuste a la realidad, surgiendo una duda sobre la concurrencia de los presupuestos fácticos de la infracción imputada, en razón de la cual y en virtud del reiterado principio constitucional se debe concluir la procedencia el archivo del expediente, por ausencia de prueba de cargo suficiente.
Que lo anterior resulta de consolidada doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo haciendo referencia a diversas sentencias.
Que tan sólo procedería la calificación de la supuesta infracción como leve, de acuerdo con lo establecido en el apartado 7 del artº. 77 de la Ley 7/1995.
Solicitan se suscriba propuesta de resolución declarativa de no existencia de infracción o responsabilidad o subsidiariamente, con calificación de leve de la supuesta infracción e imposición de sanción en su mínima cuantía."
FUNDAMENTOS JURÍDICOS: examinadas las razones esgrimidas por la empresa expedientada y los documentos aportados, se considera que debe estimarse su responsabilidad administrativa por el hecho infractor imputado, sin que sus alegaciones lo desvirtúen ya que según consta en el acta de inspección nº 13.938, el Inspector actuante en el establecimiento consignado el día 23 de mayo de 2001, comprobó que el establecimiento Bungalows Vista Bonita no solo "estaba desocupado en la fecha de la Inspección" sino también que "Carece de la preceptiva autorización de apertura expedida por la Administración Turística Canaria, para ejercer la actividad en la modalidad de extrahotelero y que el complejo lo tiene en explotación turística la entidad Masrida Imagen, S.L. desde hace aproximadamente año y medio con turismo de nacionalidad alemana que lo solicita expresamente al tratarse de un pequeño edificio con 8 unidades de las que se explotan 7 según datos que facilitó el interviniente", hecho que no ha sido desvirtuado por la titular expedientada, por lo que dicha constatación tienen valor probatorio, significándose que no se trata de un juicio subjetivo del propio Inspector sino una comprobación objetiva, por lo que dicha actuación se ajusta a lo que se establece en el artº. 25 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del Procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la Inspección de turismo, de conformidad con lo que se prevé en el artº. 137.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Asimismo en el acta nº 16.176, de 16 de diciembre de 2002, de notificación de la Resolución de iniciación del expediente.
Por otra parte todas las reglamentaciones, estatales o autonómicas, que han regulado los establecimientos extrahoteleros y turísticos en general han condicionado el inicio de la explotación turística de aquéllos a la previa obtención de la preceptiva autorización administrativa de apertura. Por lo que a nuestro ámbito territorial se refiere, el Decreto 23/1989, de 15 de febrero, sobre Ordenación de Apartamentos Turísticos, viene a disponer en su artículo 8º que para ejercer la actividad, las empresas explotadoras de los establecimientos turísticos reguladas en dicha Ordenación requerirán la preceptiva alta administrativa, de tal modo que el titular del establecimiento consignado incurre en responsabilidad por mantener en funcionamiento los Bungalows Vista Bonita careciendo de la preceptiva autorización, que debió solicitar y obtener con anterioridad al inicio de la explotación turística del establecimiento señalado, responsabilidad que se le exige en virtud de lo establecido en el artº. 73 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, al constatarse y comprobarse la comisión de la infracción administrativa tipificada en el artº. 75.1 de la citada Ley.
Así mismo, a la hora de ponderar la sanción correspondiente al hecho infractor, se ha tenido en cuenta el principio de proporcionalidad que se regula en el artº. 131 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, así como los criterios previstos en el artº. 79 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, toda vez que la infracción es calificada como muy grave, para las que dicha Ley establece que serán sancionadas con multa entre 5.000.001 y 50.000.000 de pesetas (30.050,61 euros y 300.506,05 euros).
No obstante lo anteriormente expuesto, a la hora de considerar la cuantía de la sanción de multa inicialmente propuesta, debe tenerse en cuenta la carencia de antecedentes, comprobada mediante la consulta efectuada a los archivos correspondientes, por lo que procede atenuar la sanción.
El hecho imputado infringe lo preceptuado en los artículos 8º y 12.1 del Decreto 23/1989, de 15 de febrero, sobre Ordenación de Apartamentos Turísticos (B.O.C. números 46 y 60, de 3 y 28 de abril, respectivamente).
Dicho hecho viene tipificado en el artº. 75.1, en relación con el 76.18 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19 de abril).
CALIFICACIÓN JURÍDICA DE LAS INFRACCIONES: grave.
En base a la atenuación de la sanción antes referida por la carencia de antecedentes, corresponde imponer a la empresa expedientada una sanción en cuantía no superior a 30.050,61 euros (5.000.000 de pesetas), para cuya imposición es competente el Viceconsejero de Turismo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10.j) del Decreto 281/1995, de 11 de septiembre, del Reglamento Orgánico de la Consejería de Turismo y Transportes (B.O.C. nº 128, de 4.10.95).
Como consecuencia de todo lo anterior, se formula la siguiente
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
Imponer a Masrida Imagen, S.L. titular del establecimiento denominado Bungalows Vista Bonita, la sanción de multa de 25.242,51.- Las Palmas de Gran Canaria, a 17 de febrero de 2003.- La Instructora, Carmen Díaz Ferreira.
2º) Vistas las alegaciones correspondientes al procedimiento sancionador nº 2002/199, iniciado como consecuencia del acta de inspección nº 14.916/2002, levantada el 6 de marzo de 2002, y seguido contra D. Atilano de la Torre y Granados, con C.I.F. 41762836, titular de la unidad número 15 de los Apartamentos California, sito en la Avenida de Madrid, 21, término municipal de San Bartolomé de Tirajana.
Con fecha 16 de diciembre de 2002 se dictó Resolución de iniciación del procedimiento sancionador, formulándose los siguientes hechos:
Único.- Explotar turísticamente 1 unidad alojativa del establecimiento consignado, el cual consta de 16 unidades, incumpliendo el principio de unidad de explotación legalmente establecido.
FECHA DE INFRACCIÓN: 6 de marzo de 2002.
ALEGACIONES: por el titular se formula alegaciones mediante escrito de 2 de enero 2003, con registro de entrada en esta Consejería nº 73.167, el 3 de febrero, alegando en síntesis lo siguiente:
La falta de competencia del Director de General de Ordenación e Infraestructura Turística para iniciar expedientes sancionadores. La caducidad del expediente sancionador.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS: examinadas las razones esgrimidas por el expedientado no se desvirtúan los hechos imputados toda vez que:
Primero.- En relación con el órgano competente para iniciar los expedientes, tal como se notificó en la Resolución de iniciación del expediente sancionador, es el Director General de Ordenación e Infraestructura Turística a tenor de lo dispuesto en el artº. 11.p) del Decreto 281/1995, de 11 de septiembre, del Reglamento Orgánico de la Consejería de Turismo y Transportes (B.O.C. nº 128, de 4.10.95), en concordancia con el Decreto 190/1996, de 1 de agosto, y la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias. La interpretación, que sobre el artículo 11.p) del referido Decreto 281/1995, realiza el expedientado es incorrecta toda vez que el término "instrucción" en el contexto de dicha norma, y sus concordancias, se refiere a "iniciación y curso de un proceso", que es uno de los significados dado por Diccionarios de Lengua Española a dicho término, y distinto a la interpretación de la instrucción como fase de un procedimiento sancionador.
Segundo.- Sobre la caducidad, examinadas las razones esgrimidas por el expedientado, se señala que no se aprecia caducidad de la infracción objeto del expediente de referencia, pues para aplicar los cómputos de tiempo que se establecen para dicha figura, es necesario dilucidar cuándo se produce el inicio del expediente sancionador en cuestión. Tal como consta en el expediente consignado, el acta nº 14.916, de 6 de marzo de 2002, no reúne los requisitos formales previstos en la normativa vigente sobre el ejercicio de la potestad sancionadora, por lo que el órgano competente para iniciar el expediente es el Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, según se prevé en el artº. 11.p) del Decreto 281/1995, de 11 de septiembre, del Reglamento Orgánico de la Consejería de Turismo y Transportes y es a partir de la fecha de la notificación de la Resolución de iniciación desde donde se aplica el cómputo del plazo para el principio de la caducidad, según establece el artículo 4º del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del Procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo.
El hecho imputado infringe lo preceptuado en las siguientes normas sustantivas:
- Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación de Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19 de abril).
- Artº. 38, en relación con la Disposición Transitoria Única de la Ley 5/1999, de 15 de marzo, de modificación de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 36, de 24 de marzo) y el artº. 10.4 de la Ley 2/2000, de 17 de julio, de medidas económicas, en materia de organización administrativa y gestión relativas al personal de la Comunidad Autónoma de Canarias y de establecimiento de normas tributarias, por la que se añade una Disposición Adicional Quinta, a la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 94, de 28 de julio). Decreto 135/2000, de 10 de julio, por el que se regulan las agencias de viajes (B.O.C. nº 91, de 24 de julio).
Tipificación: por el hecho.
Único.- Artículo 76.13 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, en relación con el artº. 77.7 del mismo texto legal.
Calificado como: leve.
Corresponde imponer a la empresa expedientada una sanción en cuantía no superior a 1.502,53 euros (250.000 pesetas), para cuya imposición es competente el Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 11.p) del Decreto 281/1995, de 11 de septiembre, del Reglamento Orgánico de la Consejería de Turismo y Transportes (B.O.C. nº 128, de 4.10.95).
Como consecuencia de todo lo anterior, se formula la siguiente
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
Imponer a D. Atilano de la Torre y Granados, con C.I.F. 41762836, titular de la unidad número 15 de los Apartamentos California, sito en la Avenida de Madrid, 21, término municipal de San Bartolomé de Tirajana, sanción de multa como sigue:
Por el hecho único: 601,01 euros.
Se le indica la puesta de manifiesto del expediente, así como se le ofrece un plazo de 15 días, contados a partir del día siguiente a la recepción de la presente Propuesta, como trámite de audiencia según se establece en los artículos 14.3 y 15 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del Procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo (B.O.C. nº 103, de 21.8.96).- Las Palmas de Gran Canaria, a 21 de febrero de 2003.- El Instructor, Víctor Cabrera Vizcaíno.
3º) PROPUESTA DE RESOLUCIÓN.
Con fecha 10 de diciembre de 2002, se dictó Resolución de iniciación del procedimiento sancionador, con nº 02/210 iniciado como consecuencia de denuncia formulada a través de la Jefatura de Policía Local del Ayuntamiento de Las Palmas, de la que se adjunta copia, y del acta de inspección nº 15.074, levantada el 19 de abril de 2002, y seguido contra la empresa expedientada Dualisant, S.L., con C.I.F./N.I.F. B-35277979, titular del establecimiento denominado Discoteca Wilson, sito en La calle Franchi Roca, 20, en Las Palmas de Gran Canaria, término municipal de Las Palmas de Gran Canaria, formulándose el siguiente hecho:
No permitir el acceso al establecimiento de referencia sus clientes D. Rayco Rojas Acosta; D. Braulio Peña González y D. Cristhopher McDonald.
FECHA DE INFRACCIÓN: 16 de septiembre de 2001.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS: examinado el expediente de referencia y habida cuenta que a este Instructor, no le consta, al formular la presente Propuesta de Resolución, la titular consignada haya presentado alegaciones ni aportado prueba alguna que desvirtúe el hecho imputado por Resolución de iniciación de 10 de diciembre de 2002, notificada a través de correo certificado con acuse de recibo, el 18 de diciembre de 2002 y en aplicación de lo que se prevé en el artículo 9.4 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del Procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo (B.O.C. nº 103, de 21.8.96), se procede a formular la Propuesta de Resolución.
El hecho imputado infringe lo preceptuado en el artº. 15.3 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19 de abril), en relación con el artículo 8.1 de la Orden Ministerial de 17 de marzo de 1965, por la que se aprueba la Ordenación Turística de Restaurantes (B.O.E. de 29 de marzo), en aplicación del artículo 4º de la Orden Ministerial de 19 de junio de 1970 (B.O.E. de 23 de junio).
Dicho hecho viene tipificado en el artº. 76.4 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19 de abril).
Calificado como: grave.
Corresponde imponer a la empresa expedientada una sanción en cuantía no superior a 30.050,61 euros (5.000.000 de pesetas), para cuya imposición es competente el Viceconsejero de Turismo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10.j) del Decreto 281/1995, de 11 de septiembre, del Reglamento Orgánico de la Consejería de Turismo y Transportes (B.O.C. nº 128, de 4.10.95).
Como consecuencia de todo lo anterior se formula la siguiente
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
Imponer a Dualisant,S.L., titular del establecimiento denominado Discoteca Willson, la sanción de multa de 1.803,04 euros.- Las Palmas de Gran Canaria, a 20 de febrero de 2003.- La Instructora, Carmen Díaz Ferreira.
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