BOC - 2003/057. Lunes 24 de Marzo de 2003 - 480

III. OTRAS RESOLUCIONES - Consejería de Presidencia e Innovación Tecnológica

480 - Dirección General de la Función Pública.- Resolución de 14 de marzo de 2003, por la que se aprueban y hacen públicos los listados provisionales de admitidos y excluidos de las ayudas de estudio del personal laboral al servicio de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y sus Organismos Autónomos, correspondiente al expediente del curso 2001/2002.

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Concluido el plazo de presentación de solicitudes para la concesión de ayudas de estudio correspondientes al expediente del curso 2001/2002, para el personal laboral de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y sus Organismos Autónomos y examinadas dichas solicitudes por la Comisión de Actividades Socio-Culturales, en su reunión del día 13 de marzo de 2003, acuerda aprobar los listados provisionales de admitidos y excluidos del citado expediente, de acuerdo con lo previsto en el Reglamento Regulador de dichas ayudas de estudio (B.O.C. nº 7, de 17.1.00),

R E S U E L V O:

Primero.- Aprobar y publicar en los tablones de anuncios de los Departamentos, Organismos y Oficinas de Información de los Cabildos Insulares, los listados provisionales de admitidos y excluidos de las ayudas de estudio del personal laboral de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y sus Organismos Autónomos correspondientes al expediente del curso 2001/2002, durante los diez días hábiles siguientes al de la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de Canarias.

Segundo.- Conceder un plazo de diez días hábiles para que los interesados presenten las reclamaciones que estimen pertinentes en relación con los listados que se publican y, en su caso, subsanen los defectos padecidos de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Santa Cruz de Tenerife, a 14 de marzo de 2003.- La Directora General de la Función Pública, Cristina de León Marrero.



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