Habiendo sido intentada en repetidas ocasiones la notificación de la citada Resolución por la que se pone fin al procedimiento administrativo de reintegro en el domicilio que figura en el expediente incoado por el Instituto Canario de Formación y Empleo, sin que haya sido recibido por el interesado, es por lo que, conforme a lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre de 1992, se hace saber al mismo que con fecha 14 de noviembre de 2002 fue efectuado requerimiento del tenor literal siguiente:
Resolución del Director del Instituto Canario de Formación y Empleo, por la que se pone fin al procedimiento administrativo de reintegro de subvenciones, incoado a la entidad Obdulia María Pino Febles Santana.
Examinado el expediente administrativo nº 96-11776, iniciado por la Dirección del Instituto Canario de Formación y Empleo a la citada entidad, referente a reintegro de subvención concedida, resultan los siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.- Por Resolución nº 1449, de fecha 1 de diciembre de 1997, del Instituto Canario de Formación y Empleo se concedió a Obdulia María Pino Febles Santana, una subvención por importe de cuatro mil seiscientos ochenta y dos euros con doce céntimos (4.682,12) (779.040 pesetas), con cargo a la partida presupuestaria 103.322C.J.470.00 L.A./P.I. 23.4262.02, dentro del programa "Fomento a la creación de puestos de trabajo estables en las empresas radicadas en Canarias", de conformidad con lo establecido en el Decreto 69/1996, de 18 abril y demás normas reguladoras de las subvenciones públicas.
Segundo.- El objeto, contenido y finalidad de la subvención concedida era la conversión en indefinido. La forma de acreditar su realización y el cumplimiento de las condiciones impuestas en la Resolución de concesión y en las normas reguladoras quedó establecida en los siguientes términos: resuelvos 4º, 5º, 6º de la Resolución de concesión; el Decreto 69/1996, de 18 abril; el Decreto 6/1995, de 27 de enero, por el que se establece el régimen general de ayudas y subvenciones de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C. nº 19, de 13.2.95), y demás normativas de pertinente y general aplicación.
Tercero.- Mediante Acuerdo de inicio de procedimiento de reintegro nº 35/0909, de 19 de marzo de 2001, notificado al interesado el 11 de mayo de 2001, se inició procedimiento para el reintegro de la subvención, al haber incurrido el beneficiario en la causa determinante del reintegro que en el citado acuerdo se mencionaba, con la indicación de que en el plazo de diez días podía comparecer en el expediente, tomar audiencia y vista, proponer pruebas y alegar cuanto tuviera por conveniente en defensa de los derechos que pudieran corresponderle.
Cuarto.- Mediante escrito de 28 de mayo de 2001 y registro de entrada nº 125542, el beneficiario ha presentado alegaciones, manifestando su oposición al procedimiento de reintegro iniciado, y presentando documentación sobre la que pretende hacer basar su derecho.
Quinto.- Ante la documentación aportada por el interesado, y a la vista de la ya existente en el expediente de referencias, este Centro Gestor, en aplicación de la normativa aplicable en materia de justificación de subvenciones, procede a informar favorablemente la justificación de la subvención de referencias mediante Informe de fecha 18 de junio de 2001, entendiendo que se han cumplido todas las obligaciones inherentes a la justificación de la subvención concedida.
Sexto.- No obstante, mediante Informe de fiscalización de la Intervención Delegada competente, de fecha 3 de agosto de 2001, se procede a informar negativamente la justificación presentada, por cuanto entiende ese centro fiscalizador que "(...) este Centro Fiscalizador entiende que el trabajador que fue objeto de la subvención es D. Francesco Dallago y no Dña. Esmeralda Mejías Quintero, ya que hasta el momento en el que se concede la subvención no se puede hablar de sustituciones, sino de cambios o modificaciones producidos en la solicitud. Teniendo en cuenta que la fecha de conversión en indefinido del trabajador inicial se produjo en fecha 23 de enero de 1997, la obligación de justificación se extiende hasta el 23 de enero de 2000. Sin embargo el trabajador en cuestión causa baja en la empresa en fecha 11 de septiembre de 1999, no produciéndose su sustitución en tiempo y forma, incumpliéndose lo previsto en el artículo 15 del Decreto 69/1996, de 18 de abril".
Séptimo.- No estando de acuerdo con los términos de dicho Informe, este Centro Gestor, mediante escrito de fecha 20 de marzo de 2002, vuelve a informar favorablemente la justificación del expediente de referencias, al entender que el primer trabajador que ocupa el puesto subvencionado, y por tanto, cuya conversión indefinida da inicio al período de tres años objeto de justificación, debe ser D. Francisco Dallago, y no Dña. Esmeralda Mejías, alegando diferentes consideraciones jurídicas que intentan avalar dicha postura.
Octavo.- Sin embargo, la Intervención competente vuelve, mediante escrito de fecha 29 de abril de 2002, a informar negativamente el expediente de referencias, reiterándose en su postura inicial, y dejando abierta la vía de discrepancia ante la Intervención General de la Comunidad Autónoma, según lo dispuesto en el artículo 25 del Decreto 28/1997, de 6 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de la Intervención General.
Noveno.- Mediante Informe de discrepancia, de fecha 10 de mayo de 2002, este Centro Gestor eleva a la consideración de la Intervención General de la Comunidad Autónoma el expediente de referencias, manifestando diferentes consideraciones jurídicas que intentan avalar la postura defendida por el ICFEM, relativa al primer trabajador subvencionado y, por tanto, a la fecha que debe tomarse como inicial del período de justificación.
Décimo.- La Intervención General, mediante su Informe de fecha 10 de julio de 2002, informa negativamente el expediente de referencias, confirmando en todos sus extremos la postura mantenida por la Intervención Delegada competente, basándose en diferentes argumentaciones jurídicas que contradicen la postura mantenida por este Centro Gestor.
A pesar de la elevación de un nuevo Informe, en fecha 16 de julio de 2002, la Intervención General se reitera en la postura, ya expuesta.
A estos antecedentes, son de aplicación los siguientes
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- El órgano competente para acordar el reintegro de la subvención concedida a Obdulia Febles Santana, mediante Resolución de fecha 1 de diciembre de 1997, registrada al nº 1449, es el Director del ICFEM, a tenor de lo previsto en el artículo 33.2 del Decreto 6/1995, de 27 de enero, citado, en relación directa con la Disposición Transitoria 1ª del Decreto 337/1997, de 19 de diciembre, por el que se regula actualmente el régimen general de ayudas y subvenciones de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Segundo.- En los trámites seguidos para la iniciación, instrucción y resolución del procedimiento de reintegro han sido observadas las disposiciones contenidas en el Decreto 6/1995, de 27 de enero, citado, y las contenidas en la normativa reguladora de la respectiva convocatoria, Decreto 69/1996, de 18 abril.
Tercero.- Visto el expediente de referencia y observadas las disposiciones mencionadas, procede acordar el reintegro de la subvención concedida, por cuanto de la documentación obrante en el expediente que nos ocupa se deriva el incumplimiento de la normativa aplicable en materia de justificación de subvenciones (Decreto 69/1996, de 18 abril), y ha quedado probado en los siguientes términos:
Del examen de la documentación aportada por el interesado, así como de los diferentes Informes y actuaciones realizadas, se deriva el incumplimiento de lo establecido en el artículo 15 del Decreto 69/1996, de 18 de abril "Si la relación laboral que dio origen a la subvención, se extinguiera antes de los tres años, contados desde la fecha en que comenzó a surtir efectos, el beneficiario de la misma estará obligado a cubrir el puesto de trabajo con un nuevo trabajador indefinido, debiendo proceder a la sustitución en el plazo máximo de un mes contado desde que dicha extinción haya tenido lugar (...)", resultando que, a la vista del Informe de la Intervención Delegada competente, y ya referido, el trabajador que fue objeto de la subvención es D. Francesco Dallago y no Dña. Esmeralda Mejías Quintero, ya que hasta el momento en el que se concede la subvención no se puede hablar de sustituciones, sino de cambios o modificaciones producidos en la solicitud. Teniendo en cuenta que la fecha de conversión en indefinido del trabajador inicial se produjo en fecha 23 de enero de 1997, la obligación de justificación se extiende hasta el 23 de enero de 2000. Sin embargo el trabajador en cuestión causa baja en la empresa en fecha 11 de septiembre de 1999, no produciéndose su sustitución en tiempo y forma, incumpliéndose lo previsto en el artículo 15 del Decreto 69/1996, de 18 de abril.
Vistos los antecedentes mencionados, el Decreto 69/1996, de 18 de abril, el Decreto 6/1995, de 27 de enero, por el que se establece el régimen general de ayudas y subvenciones de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias; la Ley 7/1984, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C. nº 131, de 14.12.84), el Real Decreto Legislativo 1.091/1988, de 23 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria (B.O.E. nº 234, de 29.9.88) y las demás disposiciones de general y pertinente aplicación, en ejercicio de las competencias que me atribuye el artículo 33.2 del Decreto 6/1995, citado
PROPONE:
Primero.- Acordar el reintegro de la subvención concedida a la entidad Obdulia María Pino Febles Santana, mediante Resolución del Instituto Canario de Formación de Empleo, de fecha 1 de diciembre de 1997, registrada al nº 1449, al haber incurrido el beneficiario en las causas de incumplimiento de la normativa aplicable en materia de justificación de subvenciones, que han resultado probadas y descritas en los Fundamentos de Derecho de la presente.
Segundo.- Comunicar al interesado que la cantidad a reintegrar asciende a cuatro mil seiscientos ochenta y dos euros con doce céntimos (4.682,12), más novecientos cincuenta y un euros con noventa y ocho céntimos (951,98), en concepto de intereses legales de demora, en aplicación del artículo 33 del Decreto 6/1995, citado, en relación con el artículo 3, apartado 6º, punto d) de la Orden de 13 de septiembre de 1993 sobre tramitación de reintegros y pagos (B.O.C. nº 126, de 1.10.93), y devengados desde la fecha de pago de la subvención hasta la fecha de propuesta de la presente Resolución, calculados aplicando el tipo de interés a que se refiere el artículo 36 del Real Decreto Legislativo 1.091/1988, de 23 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria, y sin perjuicio de que se practique nueva liquidación de intereses por el tiempo transcurrido desde la fecha de propuesta de la presente Resolución, hasta la fecha de ingreso de la cantidad a reintegrar.
Tercero.- Fijar que la obligación de reintegro establecida en esta resolución no exime al interesado de las demás responsabilidades en que haya podido incurrir como consecuencia del incumplimiento denunciado y que se exigirán, en su caso, por los procedimientos que legalmente correspondan.
Cuarto.- Adjuntar a la presente los documentos cobratorios (carta de pago y talón de cargo), para efectuar el ingreso de la deuda, conforme con los plazos establecidos en el artículo 20 del Real Decreto 1.684/1990, de 20 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación, que establece:
- Recibida la notificación entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de notificación hasta el 5 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior.
- Recibida la notificación entre los días 16 y el último de cada mes, desde la fecha de notificación hasta el día 20 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior.
Dicho ingreso se realizará en las entidades financieras siguientes:
Para la provincia de Las Palmas:
Entidad: Caja Insular de Ahorros de Canarias CCC 2052 8130 24 3510002204.
Para la provincia de Santa Cruz de Tenerife:
Entidad: Caja General de Ahorros de Canarias CCC 2065 0118 81 1114001822.
Efectuado el ingreso, se remitirá a la Tesorería del ICFEM el documento cobratorio (talón de cargo), con la certificación o diligencia del pago realizado en la entidad correspondiente.
El vencimiento de estos plazos, sin haberse satisfecho la deuda, determinará el inicio del período ejecutivo, exigiéndose la deuda con el recargo de apremio y de los intereses de demora hasta la fecha de ingreso.
Quinto.- Comunicar asimismo al interesado que, conforme al artículo 48 del Real Decreto 1.684/1990, de 20 de diciembre, citado, la deuda podrá aplazarse o fraccionarse, previa solicitud que habrá de presentarse en la Tesorería del Instituto Canario de Formación y Empleo, conforme a los modelos de solicitudes que se adjuntan a la presente Resolución.
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer el recurso de alzada al que aluden los artículos 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99), ante el Excmo. Sr. Consejero de Empleo y Asuntos Sociales, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su notificación, sin perjuicio, caso de ser desestimado, de establecer nueva cuantía en los intereses legales de demora que se establezcan en la resolución subsiguiente, y sin perjuicio de interponer cualquier otro recurso que se estime procedente, en aplicación de la normativa legal vigente.
Las Palmas de Gran Canaria, a 29 de enero de 2003.- El Director, Diego Miguel León Socorro.
© Gobierno de Canarias