Habiendo sido intentada sin que se pudiera practicar la notificación de Propuesta de Resolución, recaída en el expediente sancionador S-37/01, mediante carta certificada con acuse de recibo al domicilio consignado, y siendo necesario notificarle dicho trámite al ser parte interesada, y conforme a lo previsto en el artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (B.O.E. nº 285, de 27 de noviembre, R. 1.992, 2.512), de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
R E S U E L V O:
Notificar a la empresa D. José Torres García la Propuesta de Resolución de fecha 23 de octubre de 2002, obrante en el expediente sancionador de referencia, cuya parte dispositiva dice textualmente:
"Sancionar a la empresa Sociedad Cooperativa de Viviendas Hoya Andrea y a la empresa Obrascon Huarte Laín, S.A., con multa de mil seiscientos (1.600) euros, a cada una como autoras de una falta muy grave al régimen legal de viviendas de protección oficial, tipificada en el artº. 153.C), apartado 6, del Decreto 2.114/1968, de 24 de julio.
- Requerir a Sociedad Cooperativa de Viviendas Hoya Andrea en virtud del artº. 155 "in fine" del Decreto 2.114/1968, de 24 de julio, para que en el plazo de un mes a contar desde la notificación/publicación de la presente Propuesta, realice las obras de reparación y las necesarias para subsanar los defectos existentes, que se contraen a lo contenido y transcrito en el Pliego de Cargos, con el apercibimiento que de no acceder a ello, se impondrán sucesivas multas coercitivas hasta el total cumplimiento de lo ordenado.
Se apercibe a la requerida, que de no proceder conforme a los requerimientos, se le irrogarán los perjuicios a que hubiere lugar en Derecho."
Contra esta Propuesta de Resolución, podrán los interesados formular las alegaciones que en su derecho convengan, ante esta Dirección General de Vivienda, en el plazo de ocho días hábiles, contados a partir del siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias y tablón de edictos, respectivamente.
Las Palmas de Gran Canaria, a 15 de enero de 2003.- El Director General de Vivienda, Miguel Ángel Pulido Rodríguez.
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