Habiendo sido intentada la notificación de la Orden de 8 de agosto de 2002 de la Consejería de Sanidad y Consumo, por la que se acumulan e inadmiten los recursos de alzada interpuestos por D. Francisco Ramón García Díaz y 18 más, contra Resoluciones de la Dirección General de Recursos Humanos del Servicio Canario de la Salud de 21 y 22 de mayo de 2002 (B.O.C. números 72, 74 y 76, de 1, 4 y 6 de junio, respectivamente), sin que haya sido recibida por Dña. Josefa Martín Guerra, Dña. Concepción Martín Guerra, Dña. Teresa Santana Reyes, Dña. Víctar Alemán López, Dña. Inmaculada Cabrera Gil, Dña. Josefa Nieves Hernández Díaz, Dña. Isabel Hernández Tarajano, Dña. Graciana Díaz Díaz, Dña. Adela Moreno Santiago y D. Hilario Déniz Déniz, es por lo que de conformidad con lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se procede a su publicación, del tenor literal siguiente:
"Vistos los recursos de alzada interpuestos por D. Francisco Ramón García Díaz, Dña. Josefa Martín Guerra, Dña. Concepción Martín Guerra, Dña. Teresa Santana Reyes, Dña. Víctar Alemán López, Dña. Inmaculada Cabrera Gil, Dña. Josefa Nieves Hernández Díaz, Dña. Isabel Hernández Tarajano, Dña. Graciana Díaz Díaz, Dña. Adela Moreno Santiago, D. Hilario Déniz Déniz, Dña. Obdulia Esther Ramírez Vega, Dña. María del Mar Darias Linares, Dña. Arminda Ojeda Cárdenes, Dña. Adoración Gil Bolaños, Dña. María del Mar Reyes Perera, D. José Ángel Rodríguez Gómez, D. Francisco García Bada, y D. Marco Antonio Afonso Cáceres, contra las Resoluciones de la Dirección General de Recursos Humanos del Servicio Canario de la Salud de 21 y 22 de mayo de 2002 (B.O.C. números 72, 74 y 76, de 1, 4 y 6 de junio, respectivamente), por las que se convoca proceso extraordinario de consolidación y provisión de plazas básicas de las categorías de Médico de Familia de Servicios de Urgencia de Atención Primaria, Ayudantes Técnicos Sanitarios/Diplomados Universitarios en Enfermería, Fisioterapeutas, Técnicos Especialistas de Laboratorio, Grupo Administrativo de la Función Administrativa, Auxiliar de Enfermería, Auxiliar Administrativo, Gobernanta, Celadores, Telefonista, Electricista, Mecánico, Costurera, Jardineros, Pinche, Peón y Planchadora, en los órganos de prestación de servicios sanitarios del Servicio Canario de la Salud, y teniendo en cuenta los siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.- Que por la Dirección General de Recursos Humanos del Servicio Canario de la Salud se han dictado las siguientes Resoluciones:
- Resoluciones de 21 de mayo de 2002 (B.O.C. nº 72, de 1 de junio), por las que se convoca proceso extraordinario de consolidación y provisión de plazas básicas de las categorías de Médico de Familia de servicios de urgencia de atención primaria, Ayudantes Técnicos Sanitarios/Diplomados Universitarios en Enfermería, Fisioterapeutas, y Técnicos Especialistas de Laboratorio en los órganos de prestación de servicios sanitarios del Servicio Canario de la Salud.
- Resoluciones de 21 de mayo de 2002 (B.O.C. nº 74, de 4 de junio), por las que se convoca proceso extraordinario de consolidación y provisión de plazas básicas de las categorías de Grupo Administrativo de la Función Administrativa, Auxiliar de Enfermería, Auxiliar Administrativo, Gobernanta, Celadores y Pinche en los órganos de prestación de servicios sanitarios del Servicio Canario de la Salud.
- Resoluciones de 22 de mayo de 2002 (B.O.C. nº 76, de 6 de junio), por las que se convoca proceso extraordinario de consolidación y provisión de plazas básicas de las categorías de Telefonista, Electricista, Mecánico, Costurera, Pinche y Planchadora en los órganos de prestación de servicios sanitarios del Servicio Canario de la Salud.
Segundo.- Contra alguna o algunas de las Resoluciones indicadas en el Antecedente anterior interponen recurso de alzada los siguientes recurrentes:
a) Mediante escritos presentados el día 8 de julio de 2002 ante la Consejería de Economía, Hacienda y Comercio, con fecha de entrada en este Departamento el 10 de julio de 2002:
- Dña. Josefa Martín Guerra, recurre las convocatorias de Planchadora, Gobernanta, Celadores, Telefonista, Grupo Administrativo de la Función Administrativa y Auxiliar Administrativo (reg. nº 11054, 11055, 11056, 11057, 11058 y 11059).
- Dña. Concepción Martín Guerra, recurre las convocatorias de Gobernanta, Telefonista, Auxiliar Administrativo, Celadores y Planchadora (reg. nº 11060, 11061, 11062, 11063 y 11064).
- Dña. Teresa Santana Reyes, recurre las convocatorias de Costurera y Planchadora (reg. nº 11065 y 11066).
- Dña. Víctar Alemán López, recurre las convocatorias de Auxiliar de Enfermería, Celadores y Planchadora (reg. nº 11067, 11068 y 11069).
- Dña. Inmaculada Cabrera Gil, recurre las convocatorias de Planchadora y Celadores (reg. nº 11070 y 11071).
- Dña. Josefa Nieves Hernández Díaz, recurre las convocatorias de Pinche y Planchadora (reg. nº 11072 y 11073).
- Dña. Isabel Hernández Tarajano, recurre las convocatorias de Celadores, Auxiliar Administrativo y Planchadoras (reg. nº 11074, 11075 y 11076).
- Dña. Graciana Díaz Díaz, recurre las convocatorias de Planchadora y Celadores (reg. nº 11077 y 11078).
- Dña. Adela Moreno Santiago, recurre la convocatoria de Planchadora (reg. nº 11079).
- D. Hilario Déniz Déniz, recurre las convocatorias de Mecánico, Electricista, Celadores y Auxiliar Administrativo (reg. nº 11080, 11081, 11082 y 11083).
b) Mediante escritos presentados el día 4 de julio de 2002 ante la Dirección Gerencia del Hospital de Gran Canaria Doctor Negrín, con fecha de entrada en esta Consejería el 9 de julio de 2002:
- Dña. Obdulia Esther Ramírez Vega, recurre la convocatoria de Técnicos Especialistas de Laboratorio (reg. nº 21923).
- Dña. María del Mar Darias Linares, Dña. Arminda Ojeda Cárdenes, Dña. Adoración Gil Bolaños, Dña. María del Mar Reyes Perera, recurren la convocatoria de Fisioterapeutas (reg. nº 21924, 21925, 21926 y 21931, respectivamente).
c) D. José Ángel Rodríguez Gómez y D. Marco Antonio Afonso Cáceres, recurren la convocatoria de Ayudantes Técnicos Sanitarios/Diplomados Universitarios en Enfermería mediante escritos presentados el día 2 de julio de 2002, el primero ante la Consejería de Sanidad y Consumo (reg. nº 310075/4327) y el segundo ante la Subdelegación del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife (reg. nº 623840000006479), teniendo entrada este último en este Departamento el 6 de agosto de 2002.
d) D. Francisco García Bada recurre las convocatorias de Peón y Jardinero mediante escritos presentados el día 8 de julio de 2002 en el Registro General de la Consejería de Presidencia e Innovación Tecnológica (reg. nº 3070 y 3071), con entrada en esta Consejería el 6 de agosto de 2002.
e) D. Francisco Ramón García Díaz recurre la convocatoria de Médico de Familia de servicios de urgencia de atención primaria mediante escrito presentado el día 2 de julio de 2002 en una Oficina de Correos de Santa Cruz de Tenerife, con fecha de entrada en esta Consejería el 8 de julio de 2002.
Tercero.- Que por la Dirección General de Recursos Humanos del Servicio Canario de la Salud se emitió el correspondiente Informe-Propuesta.
A los citados hechos son de aplicación los siguientes
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- El artº. 73 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero, establece que "El órgano administrativo que inicie o tramite un procedimiento, cualquiera que haya sido la forma de su iniciación, podrá disponer su acumulación a otros con los que guarde identidad sustancial o íntima conexión", lo que ocurre en el presente caso, por lo que se ha procedido a acumular los recursos interpuestos por los recurrentes mencionados en el Antecedente de Hecho Segundo de esta Orden.
Segundo.- El artº. 30.1 del Decreto 32/1995, de 24 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Servicio Canario de la Salud (B.O.C. nº 32, de 15 de marzo), establece que "Los actos dictados por los órganos centrales del Servicio Canario de la Salud son susceptibles de recurso ordinario ante el Consejero competente en materia de sanidad, cuya resolución pondrá fin a la vía administrativa".
Al amparo de la Ley 4/1999, de 13 de enero, que modifica la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (en adelante LRJPAC), la referencia al recurso ordinario debe entenderse hecha al recurso de alzada, regulado en el artº. 114 de la mencionada Ley.
Tercero.- Los recurrentes se encuentran encuadrados dentro del concepto de interesados según lo previsto en el artº. 31 de la LRJPAC.
Cuarto.- El artº. 114.1 de la LRJPAC establece que "Las resoluciones y actos a que se refiere el artº. 107.1, cuando no pongan fin a la vía administrativa, podrán ser recurridos en alzada ante el órgano superior jerárquico del que los dictó".
Por su parte, el artº. 115.1, párrafo primero, dispone que "El plazo para la interposición del recurso de alzada será de un mes, si el acto fuera expreso".
En este sentido, la resolución recurrida, que no agota la vía administrativa, advierte, cumpliendo así con uno de los requisitos exigidos en el artº. 89.3 de la LRJPAC respecto del contenido de las resoluciones administrativas, que contra la misma "cabe recurso de alzada ante el Consejero de Sanidad y Consumo, a interponer en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su publicación, sin perjuicio de cualquier otro que se estime procedente".
Y en el párrafo tercero del citado artº. 115 de la LRJPAC se establece que "Transcurridos dichos plazos sin haberse interpuesto el recurso, la resolución será firme a todos los efectos". Dicho precepto debe entenderse sin perjuicio, en su caso, de la procedencia del recurso extraordinario de revisión, o de la posibilidad de incoarse los procedimientos de revisión de oficio, regulados en la Sección primera del Capítulo I del Título VII de la LRJPAC.
Quinto.- El artº. 47 de la LRJPAC, ubicado dentro del Capítulo II dedicado a los "Términos y plazos" del Título IV de la citada Ley, establece que "Los términos y plazos establecidos en ésta u otras Leyes obligan a las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas competentes para la tramitación de los asuntos, así como a los interesados en los mismos".
En cuanto al cómputo de los plazos, según el artº. 48.2 de la LRJPAC "Si el plazo se fija en meses o años, éstos se computarán a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate, o desde el siguiente a aquel en que se produzca la estimación o desestimación por silencio administrativo. Si en el mes de vencimiento no hubiera día equivalente a aquel en que comienza el cómputo, se entenderá que el plazo expira el último día del mes".
Por tanto, con la modificación de la LRJPAC por la Ley 4/1999, de 13 de enero, el legislador ha venido a resolver el problema creado con la anterior redacción de la Ley, que tratando de resolver la confusión existente en la materia, establecía que el plazo por meses se computaría de "fecha a fecha", y que dicho cómputo tratándose de plazos que no fueran por días, se realizaría a partir del día de la notificación o publicación del correspondiente acto.
En cualquier caso, y tal y como ha aclarado la Dirección General del Servicio Jurídico del Gobierno de Canarias, en la Circular 3/1999, el cómputo por meses o años opera de fecha a fecha, tal como se deduce del artº. 48.2 de la LRJPAC y establece el artº. 5 del Código Civil, aplicable con carácter supletorio. La circunstancia de que la Ley con la redacción actual no mencione el cómputo "de fecha a fecha" no obsta a su aplicación, ya que lo contrario significaría que los meses hayan de contarse computando específicamente los días que los integran (28, 29, 30, o 31 días), lo cual convertiría los plazos por meses en plazos por días, extremo que no contempla la Ley 4/1999 -que hace referencia a los plazos por meses o por años- razón por la cual ha de entenderse que se acoge el cómputo de fecha a fecha, siendo ésta, además, la norma general y supletoria contenida en el artº. 5 del Código Civil.
En materia de cómputo de los plazos, el Tribunal Supremo, en reiterados autos y sentencias, ha establecido una jurisprudencia considerada modélica por algunos autores (así, González Pérez y González Navarro).
A modo de ejemplo, el Auto de 25 de octubre de 1985 de la Sala Quinta del TS declara, en relación con el cómputo de un plazo de dos meses, que el mismo "fenecerá en el día cuyo ordinal coincida por segunda vez con el que sirvió de punto de partida", señalándose por ello, que "efectuada una notificación un 10 de abril, el plazo de dos meses vencía el 10 de junio siguiente. Se alude en el auto indicado a anteriores sentencias de 24 de noviembre de 1981 y 17 de diciembre de 1983".
También, la Sala Tercera, en Sentencia de 27 de enero de 1986, en la que se alude a las de 23 de diciembre y 4 de marzo de 1980, 21 de febrero y 20 de noviembre de 1979 y 1 de febrero de 1978, estableció que "el cómputo del plazo de fecha a fecha se inicia al día siguiente de la notificación o publicación y concluye el día correlativo al de la notificación o publicación, es decir, que si un mes comienza a contarse en determinada fecha, en la misma del mes siguiente comenzará un nuevo mes, o sea, que el último día del plazo es inmediatamente anterior, o lo que es igual, que la fecha final viene referida al día en que se produjo la notificación o publicación del acto o disposición".
De forma similar, el TS en Sentencia de 13 de febrero de 1998 señaló que "En síntesis, este criterio puede resumirse en los siguientes términos: en los plazos señalados por meses, y aunque el cómputo de fecha a fecha se inicie al día siguiente al de la notificación o publicación, el día final de dichos plazos será siempre el correspondiente al mismo número ordinal del día de la notificación o publicación del mes o año que corresponda. Por tanto, de acuerdo con este criterio unificador sentado por la jurisprudencia de esta sala, es claro que, notificado el acuerdo de que se trata el 16 de abril ..., el plazo concluyó el 16 de mayo siguiente, que no era inhábil, siendo, por tanto, extemporáneo el recurso de reposición que se interpuso el día 17 de dicho mes."
Esta doctrina ha sido reiterada en iguales términos en las Sentencias de la misma Sala Tercera de 20 de febrero y 25 de mayo de 1985. Asimismo conviene mencionar las STS de 2 de abril de 1990, de 28 de julio de 1997 y de 4 de abril de 1998, entre otras.
Sexto.- En el caso que nos ocupa, las Resoluciones impugnadas fueron publicadas en los Boletines Oficiales de Canarias nº 72, 74 y 76, de 1, 4 y 6 de junio, respectivamente. Teniendo en cuenta que el plazo para interponer el recurso de alzada era de un mes, computándose el mismo a partir del día siguiente al de la publicación de dichas Resoluciones (2, 5 y 7 de junio), entendemos que dichos plazos concluyeron el 1, 4 y 6 de julio.
Los interesados referidos en el apartado a) del Antecedente de Hecho Segundo, interpusieron sus recursos el día 8 de julio de 2002, cuando el plazo para interponer los mismos finalizaba el 4 de julio para las categorías de Gobernanta, Celadores, Grupo Administrativo de la Función Administrativa, Auxiliar Administrativo, Auxiliar de Enfermería (publicadas en el B.O.C. de 4 de junio), y el 6 de julio para las categorías de Planchadora, Telefonista, Costurera, Pinche, Mecánico y Electricista (publicadas en el B.O.C. de 6 de junio).
Los interesados referidos en el apartado b) del Antecedente de Hecho Segundo, interpusieron sus recursos el día 4 de julio de 2002, cuando el plazo para interponer los mismos finalizaba el 1 de julio tanto para la categoría de Ayudantes Técnicos Sanitarios/Diplomados Universitarios en Enfermería como para la de Técnicos Especialistas de Laboratorio (publicadas en el B.O.C. de 1 de junio).
D. José Ángel Rodríguez Gómez y D. Marco Antonio Afonso Cáceres interpusieron sus recursos el día 2 de julio de 2002, cuando en este caso el plazo para interponer el mismo finalizaba, como acabamos de ver, el 1 de julio al tratarse de la categoría de Ayudantes Técnicos Sanitarios/Diplomados Universitarios en Enfermería (publicada en el B.O.C. de 1 de junio).
D. Francisco García Bada interpuso sus recursos el día 8 de julio de 2002, cuando el plazo para interponer los mismos finalizaba el 6 de julio al tratarse de las categorías de Jardineros y Peón (publicadas en el B.O.C. de 6 de junio).
D. Francisco Ramón García Díaz, interpuso su recurso el día 2 de julio de 2002, cuando el plazo para interponer el mismo finalizaba el 1 de julio al tratarse de la categoría de Médico de Familia de servicios de urgencia de atención primaria (publicada en el B.O.C. de 1 de junio).
Por tanto, todos los recursos citados se pueden considerar como extemporáneos, al haber sido presentados fuera del plazo establecido para ello.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, en Sentencia de 8 de junio de 1999 (RJ 1999\4265) recuerda que "al ser los plazos para interponer los recursos una cuestión de orden público no susceptibles de ampliación, procede aceptar la alegación del Abogado del Estado relativa a la admisibilidad del presente litigio, al haber ganado firmeza la resolución administrativa impugnada".
En la misma sentencia, se cita la de 6 de diciembre de 1986 en la que se afirma que "el plazo establecido para la formulación del recurso es de orden público, es decir, de derecho necesario, y, por tanto, sometido al régimen de la causa de inadmisibilidad del artº. 82.c) de la Ley de la Jurisdicción".
Continúa la sentencia citada señalando que "no se trata como el recurrente pretende de una desestimación presunta de su petición y sí de la existencia de un acto administrativo firme y consentido, por no haber interpuesto el recurrente el recurso de alzada que procedía y era exigido, en el plazo de quince días que al efecto le fue ofrecido. Sin que sean de recibo las alegaciones sobre indefensión y sobre su clara intención de recurrir y de no dejar firme el acto administrativo impugnado, pues para recurrir las resoluciones o los actos administrativos, hay que observar y cumplir el régimen de recursos que el Legislador establece y en la forma que lo disponga, como así lo reconoce el Tribunal Constitucional en la Sentencia nº 50 de 16 de febrero de 1994, y ese régimen, como más atrás se ha expuesto, está establecido en garantía de los derechos del recurrente y también de los derechos de los demás afectados, entre ellos la parte demandada".
En términos similares se pronuncia la Sentencia de 4 de octubre de 1999 (RJ 1999\6981), también de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TS que establece que "En efecto, tal órgano autonómico es el superior jerárquico de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio de Zaragoza que dictó el acto objeto del recurso ordinario, como prescribe el artº. 114.1 de la Ley 30/1992, y la causa de la declaración de su inadmisibilidad radicó con todo acierto en que dicho recurso fue interpuesto tras haber transcurrido con exceso el plazo de un mes exigido en el artº. 114.2 de la propia ley, transcurrido el cual, y tal como prescribe el precepto, la resolución será firme a todos los efectos no siendo por tanto susceptible de posterior recurso. Hemos de recalcar que la extemporaneidad en la presentación del recurso ordinario se ha producido tanto respecto de la notificación personal del acto administrativo, efectuada con todos los requisitos legales, como de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, por lo que en ningún caso puede hablarse tampoco de infracción de los preceptos del artº. 48.4, 57.2 y 60.1 de la ley Procedimental Administrativa, referentes al cómputo del susodicho plazo en base a la notificación y publicación del acto".
La misma sentencia establece que "El simple transcurso del plazo fijado para la interposición del recurso ordinario administrativo contra un acto de la Administración hace firme al mismo -artº. 114.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre- lo cual a su vez deviene en causa de inadmisibilidad del recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la resolución administrativa que inadmitió tal recurso contra acto ya firme y consentido, de conformidad con lo dispuesto en el artº. 82.c) en relación con el 40.a) de la Ley jurisdiccional, que es precisamente lo que ha sido declarado en la resolución impugnada".
En su virtud, y vistas las demás normas de general y pertinente aplicación,
D I S P O N G O:
Primero.- Acumular los recursos de alzada interpuestos por los recurrentes a los que se refiere el Antecedente de Hecho Segundo de esta Orden.
Segundo.- Inadmitir los citados recursos de alzada.
Notifíquese el presente acto a los interesados, haciéndoles saber que contra el mismo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente a la fecha de la notificación, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en Las Palmas de Gran Canaria, pudiendo asimismo interponer cualquier otro recurso que estime procedente.- Santa Cruz de Tenerife, a 8 de agosto de 2002.- El Consejero de Sanidad y Consumo, José Rafael Díaz Martínez, firmado y rubricado."
Santa Cruz de Tenerife, a 31 de octubre de 2002.- El Secretario General Técnico, Carlos Mariano Martín Nieto.
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