Habiendo sido intentada, mediante carta certificada con acuse de recibo, la notificación al D. José Manuel Álvarez Álvarez y Dña. Elena Rodríguez García, la notificación de orden incoación expediente y designación del Instructor y Secretario que se tramita en el expediente sancionador S-10/02, y no teniendo constancia de su recepción, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99), esta Dirección General
R E S U E L V E:
Notificar a D. José Manuel Álvarez Álvarez y Dña. Elena Rodríguez García, lo siguiente:
"De orden del Instructor, por el presente oficio se les notifica a Uds. a la vista que, con fecha del 27 de diciembre de 2001, acompañando solicitud de descalificación, aporta Certificado del Alcalde del Ayuntamiento de la Villa de La Victoria de Acentejo, con fecha 21 de diciembre de 2001, por el que se informa que en la vivienda "sita en Carretera Vieja nº 57 vivienda D-2 del Edificio Acentejo, actualmente se encuentra deshabitada".
El Sr. Jefe del Servicio de Promoción Privada, en virtud de las atribuciones conferidas por Resolución de la Dirección General de Vivienda y Aguas de fecha 24 de enero de 1990, en relación con el Decreto 161/1996, de 4 de julio, del Gobierno de Canarias, (B.O.C. nº 84, de 12 de julio), ha acordado la incoación de expediente sancionador bajo la nomenclatura anteriormente referenciada a D. José Manuel Álvarez Álvarez y Dña. Elena Rodríguez García, por desvirtuar el destino de domicilio habitual y permanente en la vivienda de protección oficial, promoción privada sita en Carretera Vieja, nº 57, Edificio Acentejo, vivienda D-2, en La Victoria de Acentejo, conforme a lo dispuesto en la sección 3ª, del capítulo VIII (artículos 157 y siguientes) del Reglamento de Viviendas de Protección Oficial de 24 de julio de 1968 (B.O.E. nº 216, de 7 de septiembre), por posible infracción al régimen legal de Viviendas de Protección Oficial, en concreto la tipificada en el artículo 56 del Real Decreto 3.148/1978 (B.O.E. nº 14, de 16.1.79), calificada de muy grave, susceptible de sanción, al amparo del artículo 57 del Real Decreto 3.148/1978, con multa por importe de 1.502,53 a 6.010,12 euros y a tenor del artículo 155.d) del Decreto 2.114/1968, descalificación de la vivienda con carácter de sanción. Habiendo sido designados, respectivamente, Instructor y Secretaria del mismo: D. Pablo Montoro Martín y Dña. Magdalena Izquierdo Villar.
Lo que notifico para su conocimiento y efectos, pudiendo de conformidad con lo prevenido en el artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en relación con los artículos 28 y 29 de la misma Ley, efectuar en el plazo de diez días las alegaciones que estime oportunas.
Asimismo, se comunica conforme lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 285, de 27.11.92, y B.O.E. nº 12, de 14.1.99), en relación con el artículo 20.6 del Real Decreto 1.398/1993 (B.O.E. nº 189, de 9.8.93), que el plazo máximo para la resolución y notificación de este procedimiento será de seis meses, contado desde la fecha de este acuerdo. Informándole igualmente que transcurrido el referido plazo sin que se emita resolución expresa, según lo previsto en el artículo 44.2 de la misma Ley procedimental, se producirá la caducidad del expediente, ordenándose el archivo de las actuaciones con los efectos prescritos en el artículo 92."
Santa Cruz de Tenerife, a 4 de noviembre de 2002.- El Director General de Vivienda, Miguel Ángel Pulido Rodríguez.
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