BOC - 2002/159. Sábado 30 de Noviembre de 2002 - 1727

III. OTRAS RESOLUCIONES - Consejería de Presidencia e Innovación Tecnológica

1727 - DECRETO 169/2002, de 29 de noviembre, por el que se deja sin efecto el Decreto 115/2002, de 9 de agosto, por el que se ratifica la aprobación de la segunda fase del proyecto de ejecución de la línea aérea de alta tensión de 220 KV (Central Granadilla-Subestación Isora-Tijoco), otorgada por la Dirección General de Industria y Energía, mediante Resolución de 16 de marzo de 2000, y el Decreto 116/2002, de 9 de agosto, por el que se declara la urgente ocupación de los bienes y derechos afectados por la instalación de la línea de transporte de energía eléctrica a 220 KV de tensión que discurre entre la Central de Granadilla y la Subestación Los Olivos (Tijoco), afectando a los términos municipales de Granadilla, Vilaflor y Adeje.

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El pasado 9 de agosto de 2002, el Gobierno aprobó dos Decretos: el primero de ellos, el Decreto 115/2002, ratifica la aprobación de la segunda fase del proyecto de ejecución de la línea aérea de alta tensión de 220 KV (Central de Granadilla-Subestación Isora-Tijoco), acuerda la ejecución del proyecto, declara la improcedencia de someterlo a licencia urbanística, y ordena la modificación de los planeamientos afectados en todo lo que se oponga a la ejecución del referido proyecto.

El segundo, el Decreto 116/2002, declara la urgente ocupación de los bienes y derechos afectados por la instalación de la referida línea de transporte de energía eléctrica a 220 KV.

La actuación del Gobierno obedecía, tal y como consta en la parte expositiva del Decreto 115/2002, a las razones de interés público y urgencia apreciadas en ese momento, que demandaban una pronta instalación de la línea de transporte ante el riesgo de saturación del sistema eléctrico insular y el posible colapso a corto plazo de la red de transporte, con grave perjuicio social y económico de la isla de Tenerife. Ante la situación de riesgo existente, y previa ponderación de los intereses en conflicto, se consideró prevalente el interés público inherente a la necesidad de garantizar el suministro de un servicio tan esencial para el funcionamiento de nuestra sociedad como es la electricidad.

Sin embargo, el pasado 8 de noviembre el Gobierno aprobó un Decreto que vino a alterar la situación fáctica que constituía el presupuesto de la actuación anterior: el Decreto 160/2002, por el que se acuerda la suspensión del Plan General de Ordenación Urbana de Arona, en la zona de Montana de Oroteanda, y se aprueban las normas sustantivas transitorias de ordenación.

Este Decreto ha permitido acelerar los trámites administrativos necesarios para iniciar las obras de ampliación de la estación transformadora que Unelco posee en el municipio de Granadilla de Abona, mediante la instalación de dos turbinas de gas de 24 MW, con las cuales se solucionan temporalmente los problemas de abastecimiento que padece la zona sur de la isla de Tenerife.

La próxima instalación y puesta en funcionamiento de las dos turbinas de gas soluciona provisionalmente los problemas de saturación en las redes, con lo cual puede decirse que ha desaparecido la urgencia que motivó la primera intervención del Gobierno y que, el riesgo inicialmente apreciado se ha visto, cuanto menos, atenuado o diferido. Estas circunstancias nos llevan a efectuar una nueva ponderación de los intereses públicos en presencia, de manera que si inicialmente se consideró prevalente el interés público inherente a la garantía de la calidad y continuidad en el suministro de energía eléctrica; en este momento, garantizado transitoriamente ese suministro, aquella prevalencia se ha visto desplazada por otros intereses también de gran relevancia pública, que han de ser igualmente atendidos, como son los intereses medioambientales.

En este sentido, paliados los problemas de saturación en las redes, y ante la alarma y el rechazo social que suscita el proyecto actual por sus repercusiones ambientales, es necesario abrir un período transitorio en el que puedan realizarse los estudios complementarios que sean necesarios para determinar definitivamente cuál es la alternativa que mejor satisface al interés general en todos sus aspectos.

En la misma línea, la empresa suministradora ha manifestado su voluntad coincidente en un comunicado del día 26 de noviembre de 2002, en el que Unelco ha hecho pública su voluntad de asumir, de acuerdo con lo dispuesto en la legislación vigente, la decisión que la Administración Autonómica adopte para dar una solución definitiva al problema de suministro eléctrico existente en el sur de la isla de Tenerife.

A la luz de las consideraciones anteriormente expuestas, el Gobierno, en sesión celebrada en esta misma fecha aprobó el Decreto por el que se inicia el procedimiento encaminado a dejar sin efecto los Decretos 115/2002 y 116/2002. A tal fin, se concedió el correspondiente trámite de audiencia a la empresa Unelco, en su condición de interesada en el referido procedimiento.

Mediante escrito presentado el mismo día, Unelco formula alegaciones en las que manifiesta su conformidad con la revocación pretendida.

En definitiva, habiendo variado las exigencias del interés publico inicialmente apreciadas, que llevaron al Gobierno a aprobar los Decretos 115/2002 y 116/2002, y habiendo manifestado la empresa interesada su conformidad con la revocación de tales actos en este procedimiento, es por lo que procede dejar sin efecto los referidos Decretos.

En su virtud, a propuesta conjunta de los Consejeros de Presidencia e Innovación Tecnológica y de Política Territorial y Medio Ambiente, y previa deliberación del Gobierno en sesión extraordinaria celebrada el día 29 de noviembre de 2002,

D I S P O N G O:

Dejar sin efecto el Decreto 115/2002, de 9 de agosto, por el que se ratifica la aprobación de la segunda fase del proyecto de ejecución de la línea aérea de alta tensión de 220 Kv (Central de Granadilla-Subestación Isora-Tijoco), otorgada por la Dirección General de Industria y Energía, mediante Resolución de 16 de marzo de 2000, y el Decreto 116/2002, de 9 de agosto, por el que se declara la urgente ocupación de los bienes y derechos afectados por la instalación de la línea de transporte de energía eléctrica a 220 KV de tensión que discurre entre la Central de Granadilla y la Subestación Los Olivos (Tijoco), afectando a los términos municipales de Granadilla, Vilaflor y Adeje.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso potestativo de reposición ante el Gobierno, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su notificación o publicación, o directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala competente de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notificación o publicación; significando que, en el caso de presentar recurso de reposición, no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que se resuelva expresamente el recurso de reposición o se produzca la desestimación presunta del mismo, y todo ello sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.

Dado en Las Palmas de Gran Canaria, a 29 de noviembre de 2002.

EL PRESIDENTE

DEL GOBIERNO,

Román Rodríguez Rodríguez.

EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA

E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA,

Julio Bonis Álvarez.

EL CONSEJERO DE POLÍTICA

TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE,

Juan José González Santana.



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