BOC - 2002/157. Miércoles 27 de Noviembre de 2002 - 3860

IV. ANUNCIOS - Administración Local - Cabildo Insular de Tenerife

3860 - ANUNCIO de 29 de octubre de 2002, relativo a notificación del Decreto que resuelve el recurso de alzada planteado en expediente sancionador nº TF-44259-O-00 en materia de transportes.

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Providencia de 29 de octubre de 2002, del Jefe de Servicio de Carreteras, Vivienda y Transportes, del Decreto de la Presidencia de este Excmo. Cabildo Insular de Tenerife resolutorio de recurso de alzada planteado en expediente sancionador de transportes nº TF-44259-O-00.

Dando cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 59, apartado 4º, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, sobre notificación a interesado intentada y no practicada,

D I S P O N G O:

Notificar al recurrente que se cita el Decreto de la Presidencia de este Excmo. Cabildo Insular de Tenerife resolutorio del recurso de alzada planteado en el expediente sancionador de transportes nº TF-44259-O-00.

La cuantía de la sanción deberá ser ingresada en la cuenta corriente de CajaCanarias nº 2065 0000 01 1114005082, haciendo constar en el documento de ingreso el número de expediente sancionador y presentando copia justificativa del mismo en el Área de Transportes de esta Corporación, personalmente o por correo. Por ello dispondrá de un plazo, en el supuesto de recibir la notificación de la presente resolución entre los días 1 y 15 de cada mes, ambos inclusive, hasta el día 5 del mes siguiente. Caso de recibirla entre los días 16 y último de cada mes, ambos inclusive, dispondrá hasta el día 20 del mes siguiente. Si vencidos los plazos de ingreso no se hubiere satisfecho la deuda, se procederá a su cobro por la vía administrativa de apremio con el recargo correspondiente al 20% del débito.

Contra este Decreto, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados desde el día de la publicación del presente Decreto, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo.

La Presidencia de este Excmo. Cabildo Insular, con fecha 2 de septiembre de 2002, ha dictado, entre otros el siguiente Decreto:

"Visto escrito presentado por D. Adolfo Díaz González Peral, en nombre y representación de D. Camilo Álvarez Sánchez, por el que se interpone recurso de alzada contra la resolución dictada por el Sr. Consejero Insular del Área de Carreteras, Vivienda y Transportes de fecha 25 de enero de 2002 recaída en el expediente de referencia, y,

Resultando: que con fecha y hora: 13 de diciembre de 2000, 7,35 por la Guardia Civil de Tráfico se formuló denuncia contra el vehículo matrícula: TF-7330-AM, del que es titular: D. Camilo Álvarez Sánchez por:

Circular transportando residuos desde depuradora de Arona hasta Pirs Arico, realizando un transporte discrecional pesado de mercancías, careciendo de autorización administrativa de transporte MDP. Carece de distintivos.

Resultando: que el día: 13 de diciembre de 2001 se notificó al interesado la citada denuncia y la incoación del expediente sancionador nº TF-44259-O-2000.

Resultando: que por el expedientado no se presentó descargo alguno en defensa de sus intereses.

Resultando: que por el Consejero del Área de Carreteras, Vivienda y Transportes se dictó resolución, que ahora se impugna, de fecha: 25 de enero de 2002 que venía a sancionar a: D. Camilo Álvarez Sánchez con multa que ascendía a: 1.502,53 euros (250.000 pesetas), por infracción de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres y Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre, Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, artículos 90 y 140.a) Ley 16/1987, artículos 41 y 197.a) Real Decreto 1.211/1990 (B.O.E. de 8.10.90), y en base al artículo 143 de la Ley 16/1987 y artículo 201 Real Decreto 1.211/1990.

Notificándose dicha Resolución en fecha: 1 de febrero de 2002.

Resultando: que con fecha: 7 de febrero de 2002, D. Adolfo Díaz González Peral, en nombre y representación de: D. Camilo Álvarez Sánchez interpuso recurso de alzada, en súplica de que se deje sin efecto la Resolución y sanción impuesta.

Considerando: que el presente recurso observa los requisitos de índole objetiva determinantes de su admisión a trámite, tales como: capacitación, legitimación suficiente, e interposición en plazo.

Considerando: que el artículo 1 del Decreto 53/1999, de 8 de abril, sobre otorgamiento, modificación y extinción de autorizaciones de transporte terrestre, en vigor en la fecha de la denuncia, prevé la obligación de contar con una autorización administrativa a cada vehículo que se dedique a los transportes referidos, obligación que viene confirmada por los artículos 90.1 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres y 41.1 y 109.1 del Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre, Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, para el supuesto de los transportes públicos discrecionales de mercancías o viajeros; constituyendo su incumplimiento, en el supuesto de un servicio de transporte público de mercancías realizado en vehículo pesado, una infracción muy grave a la normativa de transportes, debidamente tipificada en los artículos: 140.a) de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres y 197.a) del Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre, Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres.

Considerando: del análisis de los elementos probatorios consignados en el expediente sancionador que examinamos, queda suficientemente acreditado que el vehículo TF-7330-AM realizaba en el momento de ser denunciado un servicio público de mercancías en vehículo pesado, careciendo de autorización administrativa de transportes (M.D.P.) y sin acreditar la reunión de los requisitos reglamentarios para el otorgamiento de la misma, habiendo incurrido el interesado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 138.1.b) de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, en responsabilidad administrativa, sin que lo alegado o aportado por el recurrente haya desacreditado la presunción de veracidad "iuris tantum" de los hechos infractores consignados en el boletín de denuncia (artículos 137.3 y 46.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común), formulado por agente de la Guardia Civil, Agrupación de Tráfico, que, de conformidad con lo establecido en el artículo 32.2 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres prestan la cooperación necesaria a los miembros de la inspección de transporte terrestre para un eficaz cumplimiento de sus funciones; habida cuenta, que el recurrente no ha acreditado el carácter privado complementario del transporte realizado (transporte de residuos desde la depuradora de Arona hasta el Pirs de Arico), sin que lo alegado constituya alguna de las causas de inimputabilidad de responsabilidad consignadas en los artículos 138 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres y 193 y 194 del Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre, Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres.

Por la presente, vistos los preceptos citados, concordantes y demás de general y pertinente aplicación, en base a lo anteriormente expuesto y de conformidad con lo establecido en el artículo 22 del Reglamento Orgánico de esta Corporación Insular, vengo en desestimar el recurso de alzada interpuesto por: D. Adolfo Díaz González Peral, en nombre y representación de: D. Camilo Álvarez Sánchez confirmando la Resolución del Consejero Insular del Área de Carreteras, Vivienda y Transportes, de fecha: 25 de enero de 2002, que determinó la imposición de una sanción de: mil quinientos dos euros con cincuenta y tres céntimos (1.502,53 euros) (250.000 pesetas), manteniéndose, en consecuencia, en todos sus pronunciamientos.

Contra este Decreto, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados a partir del siguiente a su notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo."

Santa Cruz de Tenerife, a 29 de octubre de 2002.- El Jefe de Servicios de Transportes, Pedro Luis Campos Albarrán.



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