Providencia de 29 de octubre de 2002, del Jefe de Servicio de Carreteras, Vivienda y Transportes, del Decreto de la Presidencia de este Excmo. Cabildo Insular de Tenerife resolutorio de recurso de alzada planteado en expediente sancionador de transportes nº TF-43774-O-00.
Dando cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 59, apartado 4º, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero, sobre notificación a interesado intentada y no practicada,
D I S P O N G O:
Notificar al recurrente que se cita el Decreto de la Presidencia de este Excmo. Cabildo Insular de Tenerife resolutorio del recurso de alzada planteado en el expediente sancionador de transportes nº TF-43774-O-00.
La cuantía de la sanción deberá ser ingresada en la cuenta corriente de CajaCanarias nº 2065 0000 01 1114005082, haciendo constar en el documento de ingreso el número de expediente sancionador y presentando copia justificativa del mismo en el Área de Transportes de esta Corporación, personalmente o por correo. Por ello dispondrá de un plazo, en el supuesto de recibir la notificación de la presente resolución entre los días 1 y 15 de cada mes, ambos inclusive, hasta el día 5 del mes siguiente. Caso de recibirla entre los días 16 y último de cada mes, ambos inclusive, dispondrá hasta el día 20 del mes siguiente. Si vencidos los plazos de ingreso no se hubiere satisfecho la deuda, se procederá a su cobro por la vía administrativa de apremio con el recargo correspondiente al 20% del débito.
Contra este Decreto, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados desde el día de la publicación del presente Decreto, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo.
La Presidencia de este Excmo. Cabildo Insular, con fecha 12 de septiembre de 2002, ha dictado, entre otros el siguiente Decreto:
"Visto escrito presentado por D. Jacinto Hidalgo Hoyos, en nombre y representación de la entidad mercantil Alexcar Canarias, S.A., por el que se interpone recurso de alzada contra la resolución dictada por el Sr. Consejero Insular del Área de Carreteras, Vivienda y Transportes de fecha 7 de febrero de 2002 recaída en el expediente de referencia, y,
Resultando: que con fecha y hora: 14 de septiembre de 2000, 16,50 por la Guardia Civil de Tráfico se formuló denuncia contra el vehículo matrícula: TF-2544-BD, del que es titular: Alexcar Canarias, S.A. por:
Circular transportando nueve pasajeros incluido el conductor desde el Puerto de la Cruz a diversas zonas del norte de la isla realizando distinta actividad a la autorización. Circula formando caravana jeep safari junto a otros siete vehículos de la misma empresa. Ocupantes manifiesta abonar 3.800 pesetas por persona. Contrato nº 002315.
Resultando: que el día: 20 de octubre de 2001 se notificó al interesado la citada denuncia y la incoación del expediente sancionador nº TF-43774-O-2000.
Resultando: que por el expedientado se presentó escrito de descargo alegando lo que entendió conducente a la defensa de sus intereses, en síntesis, que no es cierto que realizara un transporte de jeep safari careciendo de autorización el día de la denuncia, y que sólo se dedicaba al arrendamiento de vehículos sin conductor, según se desprende de su alta en el I.A.E. y en los modelos TC-1 y TC-2 de la fecha de la denuncia, y confirmado por las cláusulas 1ª, 8ª y 9ª de los contratos suscritos, y que la infracción debía haberse calificado, según el artículo 142.a) como leve, puesto que el último párrafo del artículo 140.a) dispone claramente que cuando el infractor cumpla los requisitos exigidos para el otorgamiento de la correspondiente autorización administrativa, la que podía haber sido obtenida por el mismo, la carencia de dicha autorización se sancionará conforme a lo previsto en el artículo 142.a) como infracción leve y que realmente no ejerce la actividad denunciada, ya que no se da el requisito fundamental de tener un conductor o un guía enviado por parte de la empresa arrendadora, nulidad de pleno derecho por infracción del artículo 25.1 de la Constitución Española de 27 de diciembre de 1978, y que se infringe el principio de proporcionalidad y el principio de legalidad, al no recoger la notificación ninguna de las circunstancias del artículo 143 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, por lo que se debe imponer la sanción en su grado mínimo.
Nulidad de pleno derecho por vulneración del principio de responsabilidad recogido en el artículo 130 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, porque en ningún caso subarrendó el vehículo a Ecosafari, S.L. con la finalidad de hacer la actividad de jeep safari. Por ello, en todo caso, la responsabilidad habría de recaer sobre la entidad subarrendataria y no sobre Alexcar.
Que el presente expediente es copia idéntica del incoado bajo los números 43849, 43774, 43843, 43852, 43840, 43853 vulnerándose el principio non bis in idem, por todo ello, se impone aventurar que, como tal duplicidad se produce en un órgano de una misma Administración, habrá de buscarse una solución, que puede ser: bien la suspensión del procedimiento más moderno, bien la del procedimiento donde se esté enjuiciando una infracción de mayor entidad.
La supuesta infracción ha prescrito, al haber transcurrido más de 12 meses entre la misma y la notificación de la denuncia, sin que se haya recibido ninguna notificación en el domicilio de su representación, que pueda considerarse haya interrumpido válidamente el plazo de tres meses conforme a los artículos 145 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres y 203 del Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre, Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres.
Que concurre en el sustituto del instructor causa de inhabilidad específica, tipificada en el artículo 210 del Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre, Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, al ser la persona encargada de dictar la resolución sancionadora. El artículo 134.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común impone la obligación de separar debidamente al órgano de la fase instructora y la sancionadora, encomendándose a órganos distintos, todo ello, en aras del cumplimiento del derecho constitucional de legalidad, seguridad jurídica, no indefensión, al que ha de acatarse cualquier actuación de la Administración, en cumplimiento del artículo 131 de la Constitución Española de 27 de diciembre de 1978. Un calco de ello se ha realizado en el artículo 210 del Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre, Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres. En el presente procedimiento por el órgano instructor se ha obviado dar cumplimiento total del contenido del artículo 210 del Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre, Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, y más concretamente, en lo relativo a dar "traslado de la identidad del órgano encargado para resolver el procedimiento sancionador". En efecto, menciona únicamente quien es el órgano instructor y su sustituto, pero infringe el procedimiento establecido al no mencionar el órgano sancionador. Llama la atención que quien firma la notificación de incoación del presente procedimiento sancionador sea D. Pedro Campos Albarrán, Jefe de Servicio, quien, seguramente, y por casualidad, ejercerá durante todo el procedimiento su auto-nombramiento de sustituto de Soledad Gómez Fernández. Obviamente, esta táctica obscurantista ha de ser subsanada antes de dictar propuesta de resolución para que se cumpla, conforme a lo establecido en la legalidad vigente, los principios constitucionales que todo administrado posee en todo procedimiento sancionador.
Resultando: que fue solicitado informe complementario del Agente denunciante el cual se afirmaba y ratificaba en los hechos denunciados, en los siguientes términos: habiendo iniciado la ruta en el Puerto de la Cruz hasta diferentes zonas de la isla, y que los ocupantes de los vehículos habían abonado la cantidad de 3.800 pesetas por persona, según propia manifestación, y que de los siete vehículos, al menos tres de ellos eran conducidos por personas de la empresa titular y ejercían labores de guía de los demás vehículos, circulando uno en primer lugar de la caravana, otro intercalado y el tercero cerrando la misma, por lo que se afirma y ratifica en la denuncia formulada.
Resultando: que se confirió período de audiencia al interesado, remitiéndole el informe emitido por el agente denunciante, siendo cumplimentado por el mismo, aportando escrito en el que, en suma, que si bien la rúbrica que obra al pie del informe es la del agente denunciante, y que la persona que ha de certificar la legalidad del informe es exclusivamente el Jefe de la Unidad Policial del Destacamento, cuya firma no consta, y que la falta de firma y número de placa del Jefe de la Unidad, así como la del Agente, y que el texto del informe le causa indefensión, ya que no consta en el expediente prueba alguna de que se estuviese formando la caravana, y se ha acreditado que los conductores no tienen ningún tipo de relación laboral con la empresa.
Resultando: que por el Consejero del Área de Carreteras, Vivienda y Transportes se dictó resolución, que ahora se impugna, de fecha: 7 de febrero de 2002 que venía a sancionar a: Alexcar Canarias, S.A. con multa que ascendía a: 1.502,53 euros, por infracción de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, y Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre, Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, artº. 140.a) de la Ley 16/1987, de 30 de julio, artº. 197.a) del Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre (8.10.90), Decreto 125/1995, de 11 de mayo de 1995 (B.O.C. de 19.6.95) y en base al artículo 143 de la Ley 16/1987, y artículo 201 del Real Decreto 1.211/1990.
Notificándose dicha Resolución en fecha: 26 de febrero de 2002.
Resultando: que con fecha: 18 de marzo de 2002, D. Jacinto Hidalgo Hoyos, en nombre y representación de: Alexcar Canarias, S.A. interpuso recurso de alzada, en súplica de que se deje sin efecto la Resolución y sanción impuesta, alegando, en síntesis, que no es cierto que realizara un transporte de jeep safari careciendo de autorización el día de la denuncia. Que a tenor del artículo 62.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la presente notificación incurre en defecto de nulidad de pleno derecho, al haberse dictado la resolución sancionadora sin resolver expresamente sobre el pliego de descargos presentado en tiempo y forma por esa parte. Que la falta de propuesta de resolución constituye una irregularidad invalidante que priva al denunciado de conocer los hechos que se le imputan, de las infracciones que tales hechos puedan constituir y de las sanciones que se le proponen de cara a su defensa, lo que tiene aparejado, no ya sólo el incumplimiento de la específica normativa reglamentaria, sino también de lo previsto en el artículo 135 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Que el artículo 212 del Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre, Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, en su redacción introducida por el Real Decreto 1.772/1994, establece la obligatoriedad de elevar dicha propuesta al órgano que ostente la competencia sancionadora, citando las STSJ de Canarias de 4 de febrero de 2000 nº 190/00 y la STSJ de Aragón, de 8 de junio de 2000, nº 387/00. Si bien el agente denunciante afirmaba unos hechos en el boletín de denuncia, por parte de su representada se han desvirtuado los mismos al aportar diversa documentación que obra en el expediente, y reseñada al final del resultando 1º de la resolución sancionadora. Además, los mismos no fueron desvirtuados con el extraño informe aportado por otro agente denunciante, ajeno a los hechos objeto de ratificación, por lo que, afirma, existe vicio de nulidad por infracción del artículo 24.1 de la Constitución Española de 27 de diciembre de 1978 y artículo 62.1.a) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Que el 1 de febrero de 2002 solicitó la nulidad de pleno derecho del informe preceptivo evacuado por el agente denunciante, al dudar plenamente sobre su validez, aunque el órgano instructor se ha negado tácitamente a dicha petición. Todo ello incrementa aún más la existencia de dudas fundadas sobre el correcto funcionamiento de la Administración al dictar la resolución sancionadora, citando la STSJ de Canarias de 10 de marzo de 2000, dictada en el recurso nº 197/00. Es obvio que el órgano instructor confunde los conceptos que versan sobre el régimen jurídico existente en todo procedimiento sancionador, ya que, además de no constar la existencia de propuesta de resolución, sólo hay un trámite de audiencia cuando en realidad deberían haber habido dos, sin perjuicio de que en todo caso, el órgano que se ha de ratificar es el mismo agente denunciante, sin que quepa la delegación de firma ni la suplantación de personalidad. Anulabilidad por defecto formal (artículo 63.1 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común). Igualmente la resolución impugnada incurre en vicio de anulabilidad debido al existente defecto de forma que produce indefensión sobre las alegaciones formuladas, ya que además de ser una enjundia las afirmaciones realizadas no le da la forma establecida en la Ley 30/1992, que impone la obligación de separar los hechos de los fundamentos de derecho. Además, esta resolución no resuelve todas las alegaciones formuladas, ya que no hay mención alguna a la supuesta vulneración del principio de proporcionalidad alegado en el punto quinto del escrito de descargos.
Por parte del mismo órgano instructor (D. Pedro Campos Albarrán) se ha instruido y resuelto el presente procedimiento sancionador, haciendo caso omiso a la alegación octava del escrito de descargos presentado. Sin perjuicio de que haya actuado siempre como sustituto de Dña. María Soledad Gómez Fernández. Si, como se afirma en la presente resolución sancionadora se trata de una delegación de firma, habrá de mencionar la normativa en virtud de la que ha sido transferida dicha competencia y la fecha de su publicación en el Boletín Oficial de Canaria. La presente notificación incurre en defecto grave de forma por infringir el artículo 58.2 de la Ley 30/1992, en cuya virtud se formula protesta, considerando sin efecto la presente notificación, debiendo retrotraerse al procedimiento y practicarse notificación en forma y tiempo legal, y ello con vicio de anulabilidad del artículo 63 de la Ley 30/1992, dicho acto debe ser anulado y repuesto a la fase anterior a la propuesta de resolución. Anulabilidad al no subsanarse los defectos formales en la notificación del informe, alegados en el trámite de Audiencia, en concreto del precepto contenido en el artículo 211 del Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre, Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres. También, ha prescrito la acción de la Administración para sancionar.
Considerando: que el presente recurso observa los requisitos de índole objetiva determinantes de su admisión a trámite, tales como: capacitación, legitimación suficiente, e interposición en plazo.
Considerando: el expediente se ha tramitado de forma correcta, cumpliéndose los trámites recogidos en el Capítulo IV del Título VI del Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre, Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, que regula, dada su especificidad, el procedimiento sancionador que ha de seguirse en la substanciación de las infracciones a la normativa de transportes por carretera, habiéndose procedido, de conformidad con lo preceptuado en su artículo 210, a la vista de la documentación obrante en el referido expediente y en el Registro de Salida de esta Administración insular, a notificar al sujeto interesado el acuerdo de incoación del presente expediente sancionador, donde se contenía el hecho infractor de: "realizar un transporte de jeep safari careciendo de autorización", comunicándole, a su vez, la tipificación de la infracción en los artículos reseñados, que recogen las infracciones graves, la sanción que, en su caso, habría de serle impuesta y la identidad de la instructora del procedimiento, del órgano competente para resolver el procedimiento sancionador y la norma que atribuya tal competencia, advirtiéndole que disponía de quince días para manifestar lo que a su derecho convenga, aportando, o proponiendo las pruebas de que, en su caso, intente valerse, comunicación recibida por el interesado el 20 de octubre de 2001, como así consta en acuse de recibo firmado adjunto al expediente de referencia; igualmente, fue requerido informe complementario al agente denunciante, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 211 del Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre, Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, según su redacción dada por el Real Decreto 1.772/1994, de 5 de agosto, así como se dio traslado del mismo así como de su solicitud a la entidad mercantil interesada, de conformidad con lo previsto en el artículo 42.5.c) de la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, confiriéndole período de audiencia a la interesada que fue cumplimentada por la misma, mediante escrito de alegaciones aportado al presente expediente administrativo el día 1 de febrero de 2002, en consecuencia, ha sido observado el principio del procedimiento sancionador recogido en el artículo 135 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, según el cual, como presupuesto de una defensa eficaz, el presunto responsable tiene derecho, en un procedimiento sancionador, a ser notificado de los hechos que se le imputen, así como de su calificación jurídica, y la sanción que, en su caso, se podría imponer, así como de la identidad del instructor, de la autoridad competente para imponer la sanción y de la norma que atribuya tal competencia, por tanto resulta inoperante la indefensión alegada, dado que, en tiempo y forma, el interesado presentó el oportuno pliego de alegaciones en descargo, alegaciones en audiencia y en su momento, también el correspondiente recurso de alzada.
Considerando: resultan de improcedente admisión las argumentaciones esgrimidas por la recurrente acerca de que la notificación de las resoluciones del expediente sancionador estaban viciadas de nulidad por incumplimiento de lo preceptuado en el artículo 58.2 de la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, dado que lo que prescribe el mencionado precepto es que toda notificación deberá ser cursada dentro del plazo de diez días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado, y así, en el expediente que analizamos, tanto la notificación de la resolución de iniciación como la notificación de la resolución sancionadora fueron cursadas dentro del referido plazo, en cumplimiento estricto de la legalidad.
Considerando: a tenor de lo dispuesto en los artículos 4 y siguientes del Reglamento Orgánico de esta Corporación Insular, así como del Acuerdo Plenario de 11 de julio de 1995 y siguientes y Decreto de la Presidencia de la misma fecha y posteriores, el órgano competente para ejercer la potestad sancionadora en el expediente que nos ocupa es el Consejero Insular del Área de Carreteras, Vivienda y Transportes, que es el órgano que dictó la resolución sancionadora impugnada en el mismo, de fecha 7 de febrero de 2002, sin que tal competencia fuera desvirtuada por la Comunicación de la citada resolución, firmada por el Jefe de Servicio de Transportes, que es recibida por el sujeto interesado, con fecha 26 de febrero de 2002. El mismo Jefe de Servicio aparecía en la resolución de incoación del actual expediente como instructor sustituto del procedimiento sancionador, resolución notificada a la empresa recurrente el 20 de octubre de 2001.
Considerando: al tener la Comunidad Autónoma de Canarias, de acuerdo con el artículo 29.13 del Estatuto de Autonomía competencia exclusiva en materia de transportes, hay que estar a lo que establece la legislación territorial o autonómica correspondiente, que está constituida, entre otras disposiciones, por el Decreto Territorial 125/1995, de 11 de mayo, regulador de la actividad y régimen de autorizaciones de arrendamiento con conductor de vehículos todo terreno que circulen formando caravanas, que fue publicado en el Boletín Oficial de nuestra Comunidad Autónoma el día 19 de junio de 1995.
Considerando: los artículos 1 y 2 del Decreto 125/1995, de 11 de mayo, regulador de la actividad y régimen de autorizaciones de arrendamiento con conductor de vehículos todo terreno que circulen formando caravanas prevén la obligación de contar con una autorización administrativa de transportes, de ámbito regional, referida a cada vehículo a las personas físicas o jurídicas que se pretendan dedicar a la actividad de arrendamiento con conductor de vehículos todo terreno que circulen formando caravanas, constituyendo su incumplimiento una infracción muy grave a la normativa de transportes vigente, debidamente tipificada en los artículos 140.a) de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres y 197.a) del Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre, Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, habida cuenta que ese artículo considera infracción muy grave: la realización de transportes públicos o actividades auxiliares o complementarias de los mismos para las cuales la normativa reguladora de los transportes terrestres exija título administrativo habilitante, careciendo de la preceptiva concesión o autorización para el transporte o la actividad de que se trate.
Considerando: tras ponderada valoración de los elementos probatorios consignados en el expediente sancionador que examinamos, queda suficientemente acreditado que el vehículo matrícula: TF-2544-BD circulaba junto con otros siete más, realizando en el momento de ser denunciado un transporte de Jeep Safari, careciendo de autorización administrativa de transportes, y sin acreditar la reunión de los requisitos reglamentarios para el otorgamiento de la misma, habiendo incurrido la empresa expedientada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 138.1.b) de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, en responsabilidad administrativa, sin que lo alegado por la entidad recurrente haya desacreditado la presunción de veracidad "iuris tantum" de los hechos infractores consignados en el boletín de denuncia (artículos 137.3 y 46.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común) suscrito por agente de la Guardia Civil, Agrupación de Tráfico, que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32.2 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres prestan la cooperación necesaria a los miembros de la inspección de transporte terrestre para un eficaz cumplimiento de sus funciones; habida cuenta que, a tenor de lo dispuesto en el artículo 2.1 del Decreto 125/1995, de 11 de mayo, las autorizaciones habilitantes para el arrendamiento con conductor de vehículos todo terreno que circulen formando caravanas se otorgan a cada vehículo que se dedique a ese servicio, no suponiendo el hecho de que vayan circulando formando caravanas, un atentado contra el principio non bis in idem, si se incoa un expediente por cada carencia de tarjeta A.J.S. de los vehículos integrantes de esa caravana.
Considerando: en relación con las argumentaciones del recurrente referente con la nulidad por falta de notificación de la propuesta de resolución, el artículo 212 del Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre, Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, según la redacción efectuada por el Real Decreto 1.772/1994, de 5 de agosto, ha previsto la audiencia del interesado, cuando sea necesario, según el artículo 84.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, tras lo cual se elevará la propuesta de resolución y se notificará al interesado la resolución del procedimiento sancionador. El trámite de audiencia no es preceptivo en todos los casos a tenor del artículo 13.2 (de no efectuar alegaciones sobre el contenido de la iniciación del procedimiento) y 19.2 (cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidas en cuenta otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas, en su caso, por el interesado) del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora sino cuando en fase instructora resulten (artículo 13.1.b) nuevos hechos fácticos o normativos (artículo 16.3) distintos de los alegados por los interesados. En el presente caso, notificada la resolución de incoación, la parte actora negó los hechos infractores y solicitó el archivo del expediente, habiéndose requerido informe al agente denunciante y conferido plazo de alegaciones a la entidad mercantil interesada, dictándose a continuación la propuesta de resolución y seguidamente la resolución sancionadora contra la que se interpuso el oportuno recurso de alzada. En consecuencia, habiendo tenido el recurrente sobradas oportunidades para el ejercicio de su derecho de defensa, no se aprecia motivo de anulación alguno en el expediente, a tenor de lo dispuesto en el artículo 63.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico.
Considerando: resultan de improcedente admisión la afirmación del dicente sobre la falta de motivación de la resolución sancionadora impugnada, dado que en la misma ha cumplido con la obligación genérica consignada en el artículo 54 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de los actos administrativos que deben ser motivados o fundados, cumpliendo con el concepto legal de motivación del acto, al contar con una estructura de hechos y fundamentos de derecho determinantes de la decisión administrativa como unidad de sentido o significado; así como con el punto de vista formal: al resultar una exteriorización de los fundamentos por cuya virtud se dicta el acto administrativo, constituyendo así, una garantía para el administrado, que puede, como se hizo en el presente caso, impugnar el acto administrativo si considera que el mismo ha discurrido fuera de los márgenes legales y jurídicos, con posibilidad de criticar las bases en que se funda. Resultando, en consecuencia, suficientemente probado el hecho infractor por las propias alegaciones del dicente y por el boletín de denuncia formulado por agente de la Guardia Civil, Agrupación de Tráfico, que no ha sido desvirtuada mediante prueba en contrario por el recurrente.
Considerando: en relación a las argumentaciones esgrimidas por el recurrente relativas a la falta de proporcionalidad de la sanción impuesta, teniendo en cuenta que la potestad sancionadora de la Administración es del tipo reglada, de aplicación del tipo legal al hecho infractor, así, en la graduación de la sanción que se impone a cada tipo, el órgano administrativo debe, dentro de los criterios de graduación que concreta el legislador en las normas sancionadoras (artículo 143 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres y 201.1 del Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre, Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres) buscar, en atención a las circunstancias que operan en cada caso, de entre las sanciones posibles, la más proporcionada al desvalor antijurídico del comportamiento cometido, así, la infracción cometida por el sujeto expedientado es considerada por el artículo 140.a) de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres como de carácter muy grave, encontrándose la cuantía de la sanción impuesta, por su comisión, dentro de los límites fijados por el artículo 143 de la citada ley y el 201 de su Reglamento, para este tipo de infracciones, señalando, por demás, que la proporcionalidad es principio informador y de aplicación general a la actividad administrativa de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Considerando: a tenor de la normativa sobre prescripción vigente al tiempo de la comisión de los hechos infractores, la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y de orden social (Disposición Adicional Undécima): "Las infracciones de la legislación reguladora de los transportes terrestres prescribirán en los plazos y condiciones establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, salvo cuando se trate de infracciones leves, en cuyo caso, el plazo de prescripción será de un año". Determinándose en el artículo 132.1 de la mencionada ley procedimental el plazo de tres años para considerar la prescripción de las infracciones muy graves, como la que nos ocupa; y dado que entre las actuaciones sucesivas practicadas procedimentalmente no ha sido superado el plazo prescriptorio preceptuado, al no constatarse inactividad administrativa ni presunción de abandono por parte de la Administración en este tiempo, exigido por el Tribunal Supremo para configurar la prescripción, es por lo que resulta inoperante en el presente caso, no pudiendo estimarse que la potestad sancionadora se haya extinguido o haya decaído.
Por la presente, vistos los preceptos citados, concordantes y demás de general y pertinente aplicación, en base a lo anteriormente expuesto y de conformidad con lo establecido en el artículo 22 del Reglamento Orgánico de esta Corporación Insular, vengo en desestimar el recurso de alzada interpuesto por: D. Jacinto Hidalgo Hoyos, en nombre y representación de la entidad mercantil: Alexcar Canarias, S.A. confirmando la Resolución del Consejero Insular del Área de Carreteras, Vivienda y Transportes, de fecha: 7 de febrero de 2002, que determinó la imposición de una sanción que ascendía a 1.502,53 euros (250.000 pesetas), manteniéndose, en consecuencia, en todos sus pronunciamientos.
Contra este Decreto, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados a partir del siguiente a su notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo."
Santa Cruz de Tenerife, a 29 de octubre de 2002.- El Jefe de Servicios de Transportes, Pedro Luis Campos Albarrán.
© Gobierno de Canarias