BOC - 2002/137. Lunes 14 de Octubre de 2002 - 3293

IV. ANUNCIOS - Administración Local - Cabildo Insular de Tenerife

3293 - ANUNCIO de 4 de septiembre de 2002, relativo a notificación del Decreto que resuelve el recurso de alzada planteado en expediente sancionador nº TF-42723-O-00 en materia de transportes.

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Providencia de 4 de septiembre de 2002, del Jefe de Servicio de Carreteras, Vivienda y Transportes, del Decreto de la Presidencia de este Excmo. Cabildo Insular de Tenerife resolutorio de recurso de alzada planteado en expediente sancionador de transportes nº TF-42723-O-00.

Dando cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 59, apartado 4º, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero, sobre notificación a interesado intentada y no practicada,

D I S P O N G O:

Notificar al recurrente que se cita el Decreto de la Presidencia de este Excmo. Cabildo Insular de Tenerife resolutorio del recurso de alzada planteado en el expediente sancionador de transportes nº TF-42723-O-00.

Contra este Decreto, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados desde el día de la publicación del presente Decreto, ante el Juzgado de lo Contencioso-administrativo.

"La Presidencia de este Excmo. Cabildo Insular, con fecha 26 de marzo de 2002, ha dictado, entre otros el siguiente Decreto:

Visto escrito presentado por D. José Luis Vidal Sobral, por el que se interpone recurso de alzada contra la resolución dictada por el Sr. Consejero Insular del Área de Carreteras, Vivienda y Transportes de fecha: 9 de julio de 2001 recaída en el expediente de referencia, y,

Resultando que con fecha y hora: 15 de mayo de 2000 12,45,00, por la Guardia Civil de Tráfico se formuló denuncia contra el vehículo matrícula: TF-8765-BS, del que es titular D. José Luis Vidal Sobral, por:

Circular transportando 30 perfiles de pladur, desde Los Cristianos a Granadilla, careciendo de autorización de transportes.

Resultando que el día: 15 de junio de 2001 se notificó al interesado la citada denuncia y la incoación del expediente sancionador nº TF-42723-O-2000, mediante su publicación en el Boletín Oficial de Canarias nº 2001/74.

Resultando que por el expedientado no se presentó descargo alguno en defensa de sus intereses.

Resultando que por el Consejero del Área de Carreteras, Vivienda y Transportes se dictó resolución, que ahora se impugna, de fecha: 9 de julio de 2001 que venía a sancionar a: D. José Luis Vidal Sobral con multa que ascendía a: 300,51 euros (50.000 pesetas), por infracción de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres y Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre, Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, artículos 103 y 141.b) Ley 16/1987, de 30.7; artículos 158 y 198.b) Real Decreto 1.211/1990 y en base al artículo 143 de la Ley 16/1987 y artículo 201 Real Decreto 1.211/1990.

Notificándose dicha Resolución en fecha: 5 de septiembre de 2001, mediante su publicación en el Boletín Oficial de Canarias nº 2001/117.

Resultando que con fecha: 24 de septiembre de 2001, D. José Luis Vidal Sobral interpuso recurso de alzada, en súplica de que se deje sin efecto la Resolución y sanción impuesta, alegando, en síntesis, que se ha prescindido total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido para ello, conculcando el artículo 134 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, puesto que concurre un motivo de nulidad de la resolución recurrida, dado que no se ha formulado propuesta de resolución, infringiendo el artículo 18 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, citando las Sentencia de la Sala 3ª del Tribunal Supremo de 31 de octubre de 1991, Sentencia de la Sala 3ª, Sección 5ª, del Tribunal Supremo de 19 de diciembre de 1991, jurisprudencia fundamentada en la doctrina del Tribunal Constitucional, en su Sentencia 29/1989, de 6 de febrero. Que el derecho a conocer la propuesta de resolución forma parte de las garantías que establece el artículo 24.2 de la Constitución, pues sin él no hay defensa en el ámbito del procedimiento. Que la iniciación del procedimiento sancionador no cumple con los requisitos de contenido mínimo que establece el artículo 13 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, ya que no se les ha comunicado de manera expresa el régimen de recusación del instructor y, en su caso, del Secretario del procedimiento. Así, el instructor no ha acordado la apertura del período de prueba, por un plazo no superior a treinta días ni inferior a diez, como establece el artículo 80.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en relación con el artículo 17 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, cual es el de la defensa y de unos medios de prueba clara y sin ninguna duda, en un sentido o en otro, la comisión de la presunta infracción. Es incuestionable que en el presente procedimiento se han de apreciar tres motivos de nulidad de pleno derecho de la resolución recurrida, causas encuadrables en el artículo 62.1.a), e) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que obligan declararla nula. Que el agente denunciante no ha ratificado su denuncia, sin que pueda por tenerse por tal ratificación el documento que se le ha notificado. Cuando es la Administración quien impone una obligación o aplica una sanción es a ella a quien corresponde el onus probandi sobre los hechos constitutivos del nacimiento de la obligación, con la particularidad de que en los supuestos en los que se ejercitan potestades sancionadoras, la atribución de la carga de la prueba a la Administración, no sólo desprende del principio de igualdad de armas, sino que además del derecho a la presunción de inocencia proclamado por el artículo 24 de la Constitución Española. El Tribunal Constitucional ha sentado el principio de la aplicabilidad de las garantías establecidas en el orden penal, también en el procedimiento administrativo sancionador, tal y como reclama la jurisprudencia del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos (SSTEDH de 8 de junio de 1976 y de 24 de febrero de 1984). Que el acto administrativo notificado no reúne los requisitos establecidos en el artículo 54 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, al no ser motivado con sucinta referencia a los fundamentos de derecho, citando la Sentencia del Tribunal Constitucional 146/1995, de 16 de octubre. El Tribunal Supremo, en Sentencias de 30 de septiembre de 1995 y 19 de enero de 1996 exige que la motivación suponga "justificación objetiva y razonable" y "suficiente".

Considerando que el presente recurso observa los requisitos de índole objetiva determinantes de su admisión a trámite, tales como: capacitación, legitimación suficiente, e interposición en plazo.

Considerando el expediente se ha tramitado de forma correcta, cumpliéndose los trámites recogidos en el Capítulo IV del Título VI del Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre, Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, que regula, dada su especificidad, el procedimiento sancionador que ha de seguirse en la substanciación de las infracciones a la normativa de transportes por carretera, habiéndose procedido, de conformidad con lo preceptuado en su artículo 210, a la vista de la documentación obrante en el referido expediente y en el Registro de Salida de esta Administración insular, a publicar en el Boletín Oficial de Canarias la resolución de iniciación del presente expediente sancionador, dado los intentos frustrados de notificación domiciliaria del acto, devueltos por el servicio de correos con la leyenda de "ausente", de conformidad con lo estipulado en el artículo 59 de Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; resolución donde se contenía el hecho infractor de: "Realizar transporte privado complementario de mercancías careciendo de autorización", donde se contenía, a su vez, la tipificación de la infracción en los artículos reseñados, que recogen las infracciones graves, la sanción que, en su caso, habría de serle impuesta y la identidad de la instructora del procedimiento, del órgano competente para resolver el procedimiento sancionador y la norma que atribuya tal competencia, advirtiéndole que disponía de quince días para manifestar lo que a su derecho convenga, aportando, o proponiendo las pruebas de que, en su caso, intente valerse. Igualmente, dada la imposibilidad de la notificación domiciliaria, fue publicada en el Boletín Oficial de Canarias nº 2001/117, de 5 de septiembre de 2001 la resolución sancionadora impugnada, contra la que el interesado interpuso el presente recurso de alzada, por lo no resulta procedente alegar ausencia de medios de defensa, dado que en ningún momento se ha visto privado de los mismos en el actual procedimiento.

Considerando: en relación con las argumentaciones del recurrente con la nulidad por falta de notificación de la propuesta de resolución, el artículo 212 del Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre, Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, según la redacción efectuada por el Real Decreto 1.772/1994, de 5 de agosto, ha previsto la audiencia del interesado, cuando sea necesario, según el artículo 84.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, tras lo cual se elevará la propuesta de resolución y se notificará al interesado la resolución del procedimiento sancionador. El trámite de audiencia no es preceptivo en todos los casos a tenor del artículo 13.2 (de no efectuar alegaciones sobre el contenido de la iniciación del procedimiento) y 19.2 (cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidas en cuenta otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas, en su caso, por el interesado) del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora sino cuando en fase instructora resulten (artículo 13.1.b) nuevos hechos fácticos o normativos (artículo 16.3) distintos de los alegados por los interesados. En el presente caso, publicada la resolución de incoación en el Boletín Oficial de Canarias, dictándose a continuación la resolución sancionadora, contra la que se interpuso el oportuno recurso de alzada. En consecuencia, habiendo tenido el recurrente sobradas oportunidades para el ejercicio de su derecho de defensa, no se aprecia motivo de anulación alguno en el expediente, a tenor de lo dispuesto en el artículo 63.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Considerando: en relación con la afirmación del dicente sobre la falta de motivación de la resolución sancionadora impugnada, se ha cumplido con la obligación genérica consignada en el artículo 54 de la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los actos administrativos que deben ser motivados o fundados, cumpliendo con el concepto legal de motivación del acto, al contar con una estructura de hechos y fundamentos de derecho determinantes de la decisión administrativa como unidad de sentido o significado; así como con el punto de vista formal: al resultar una exteriorización de los fundamentos por cuya virtud se dicta el acto administrativo, constituyendo así, una garantía para el administrado, que puede, como se hizo en el presente caso, impugnar el acto administrativo si considera que el mismo ha discurrido fuera de los márgenes legales y jurídicos, con posibilidad de criticar las bases en que se funda. Resultando, en consecuencia, suficientemente probado el hecho infractor por el boletín de denuncia formulado por agente de la Guardia Civil, Agrupación de Tráfico, que, de conformidad con el artículo 32.2 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, prestan la cooperación necesaria para el eficaz cumplimiento de las funciones de la Inspección del Transporte Terrestre, documento público, cuya validez probatoria "iuris tantum" no ha sido desvirtuada mediante prueba en contrario por el recurrente; constatándose, por tanto, que el día de la denuncia, el vehículo matrícula: TF-8765-BS realizaba un transporte privado complementario de mercancías,

Considerando que el artículo 1 del Decreto 53/1999, de 8 de abril, sobre otorgamiento, modificación y extinción de autorizaciones de transporte público y privado complementario de viajeros y mercancías, en vigor en la fecha de la denuncia, prevé la obligación de contar con una autorización administrativa a cada vehículo que se dedique a los transportes referidos, obligación que viene confirmada por los artículos 103.1 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres y 41.1 y 158 del Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre, Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, para el supuesto de los transportes privados complementarios de mercancías o viajeros, constituyendo su incumplimiento una infracción grave a la normativa de transportes, debidamente tipificada en los artículos 141.b) de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres y 198.b) del Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre, Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres.

Considerando: del análisis de los elementos probatorios consignados en el expediente sancionador que examinamos, queda suficientemente acreditado que el vehículo TF-8765-BS realizaba en el momento de ser denunciado un transporte privado complementario de mercancías sin autorización de transportes y sin acreditar la reunión del conjunto de los requisitos reglamentarios para el otorgamiento de la misma, habiendo incurrido la entidad expedientada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 138.1.b) de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, en responsabilidad administrativa, sin que lo alegado o aportado por la entidad recurrente haya desacreditado la presunción de veracidad "iuris tantum" de los hechos infractores consignados en el boletín de denuncia (artículos 137.3 y 46.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común), formulado por agente de la Guardia Civil, Agrupación de Tráfico, que, de conformidad con lo establecido en el artículo 32.2 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres prestan la cooperación necesaria a los miembros de la inspección de transporte terrestre para un eficaz cumplimiento de sus funciones.

Por la presente, vistos los preceptos citados, concordantes y demás de general y pertinente aplicación, en base a lo anteriormente expuesto y de conformidad con lo establecido en el artículo 22 del Reglamento Orgánico de esta Corporación Insular, vengo en desestimar el recurso de alzada interpuesto por: D. José Luis Vidal Sobral confirmando la Resolución del Consejero Insular del Área de Carreteras, Vivienda y Transportes, de fecha: 9 de julio de 2001, que determinó la imposición de una sanción de: 300,51 euros (50.000 pesetas) manteniéndose, en consecuencia, en todos sus pronunciamientos.

Contra este Decreto, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso- administrativo en el plazo de dos meses, contados a partir del siguiente a su notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo."

Santa Cruz de Tenerife, a 4 septiembre de 2002.- El Jefe de Servicios de Transportes, Pedro Luis Campos Albarrán.



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