Visto el escrito interpuesto por D. José Agustín Espino Flores el día 7 de octubre de 2002, en su condición de Presidente de la Federación de Empresarios de Transportes, y
Resultando que por escrito de 23 de septiembre de 2002 de D. Pedro Moreno Romero, en nombre y representación de la Federación de Comunicación y Transporte de Comisiones Obreras Canarias, y en su calidad de Secretario General de la misma, se notificó y preavisó una convocatoria de huelga en el transporte discrecional de viajeros en la provincia de Las Palmas a iniciar el día 10 de octubre de 2002 a las 00,00 horas hasta las 24,00 horas del 14 de octubre de 2002, teniendo como objetivo de la misma la reducción de la jornada, la libranza semanal, el descanso entre jornadas, contrataciones, control de la nocturnidad e incrementos salariales.
Resultando que D. José Agustín Espino Flores, en su condición de Presidente de la Federación de Empresarios de Transportes, con fecha 7 de octubre de 2002, expone en su escrito de referencia que el preaviso de huelga, antes reseñalado, afectará a sectores importantísimos de la actividad social y económica de Canarias como el turismo y la actividad escolar, entre otros. Añade que el transporte discrecional de viajeros está encargado de la prestación de un servicio público de reconocida e inaplazable necesidad y constituye un servicio esencial para la comunidad de usuarios afectados; termina suplicando la determinación de unos servicios mínimos de la huelga del sector de transporte discrecional consistente en el 100% de los servicios de transporte escolar y el 60% del resto de los servicios. Del indicado escrito se da traslado a los convocantes de la huelga a los efectos de que formulen las observaciones pertinentes.
Considerando que el Real Decreto-Ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre relaciones de trabajo, previene en su artículo 10 párrafo dos que "cuando la huelga se declare en empresas encargadas de la prestación de cualquier género de servicios públicos o de reconocida e inaplazable necesidad, y concurran circunstancias de especial gravedad, la autoridad gubernativa podrá acordar las medidas necesarias, para asegurar el funcionamiento de los servicios", concepto de autoridad gubernativa que incluye a los órganos de Gobierno de las comunidades autónomas integrantes del Estado y dotadas de potestades de Gobierno (S. del T.C. 11/1981).
Teniendo la Comunidad Autónoma de Canarias transferidas las competencias en materia de huelga y cierres patronales, en virtud de lo previsto en el Real Decreto 1.053/1984, de 11 de abril, sobre traspaso en materia de trabajo, es esta Dirección General la competente para determinar los servicios mínimos, en virtud del Decreto 329/1995, de 24 de noviembre, que aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Empleo y Asuntos Sociales (artículo 10.3).
Considerando que si bien en nuestro ordenamiento jurídico no existe a priori ningún tipo de actividad productiva que en si misma pueda ser considerada como esencial, reiteradamente ha declarado el T.C. que la noción de servicios esenciales hace referencia antes que a determinadas actividades industriales y mercantiles de las que derivarían prestaciones vitales y necesarias para la vida de la comunidad, a la naturaleza de los intereses a cuya satisfacción la pretensión se endereza, entendiendo por tales los derechos fundamentales, las libertades públicas y los bienes constitucionalmente protegidos (S.T.C. 29.4.1993, S.T.C. 11/1981).
Considerando que aplicando tales criterios al caso que nos ocupa, que es el de transporte discrecional, no puede negarse que el transporte y la libre comunicación y circulación entre lugares de residencia temporal o vacacional y los establecimientos portuarios o aeroportuarios, constituyen un servicio esencial para la comunidad de usuarios afectados, hasta el punto que el no poder acceder a los puertos/aeropuertos impide el traslado a los lugares de residencia habituales en contra de la voluntad de tales afectados. Esta situación se agrava por efecto de la insularidad y la consiguiente merma de medios alternativos de transportes, de tal modo que la dificultad o imposibilidad de acceso a puertos/aeropuertos equivale a la dificultad o imposibilidad de salida/entrada a las islas, por lo que un simple transporte de carretera complementario de un viaje turístico combinado se sobredimensiona afectando al esencial derecho a la libertad de libre circulación de las personas.
Ello pone de manifiesto la conveniencia de determinar servicios mínimos en la huelga convocada por las empresas de transporte discrecional de Las Palmas, cuyo destino turístico de relevancia internacional no puede ser en modo alguno cuestionado, en aras a salvaguardar la tutela de los derechos fundamentales enfrentados, todo ello sin olvidar la importancia y esencialidad del transporte escolar, esencialidad que deriva del carácter de tal, en la enseñanza básica.
Vistos los preceptos legales citados y demás de general aplicación, esta Dirección General de Trabajo
R E S U E L V E:
I. Determinar, sin perjuicio de las necesarias adaptaciones que demanden los intereses generales, servicios mínimos en la huelga indefinida convocada por los trabajadores del servicio discrecional de transporte en la provincia de Las Palmas; fijándose en el 40% de las plantillas de las empresas afectadas por la huelga, procediéndose por las direcciones empresariales correspondientes a la distribución de dicho porcentaje.
II. Contra la presente resolución se puede interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, con sede en Las Palmas de Gran Canaria, dentro del plazo de diez días a contar del siguiente a la notificación expresa de esta resolución, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 114 y siguientes de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, pudiendo asimismo interponer recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Empleo y Asuntos Sociales en el plazo de un mes siguiente a la notificación.
Las Palmas de Gran Canaria, a 9 de octubre de 2002.- El Director General de Trabajo, Antonio Lorenzo Tejera.
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