Habiendo sido intentada en repetidas ocasiones la notificación de la citada Resolución por la que se pone fin al procedimiento administrativo de reintegro en el domicilio que figura en el expediente incoado por el Instituto Canario de Formación y Empleo, sin que haya sido recibida por el interesado, es por lo que, conforme a lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre de 1992, se hace saber a la misma que con fecha 7 de marzo de 2002 fue efectuado requerimiento del tenor literal siguiente:
Resolución del Director del Instituto Canario de Formación y Empleo, por la que se pone fin al procedimiento administrativo de reintegro parcial de subvenciones, incoado a la entidad Cadena Acosta, S.A.
Examinado el expediente administrativo nº 96-15069, iniciado por la Dirección del Instituto Canario de Formación y Empleo a la citada entidad, referente a reintegro de subvención concedida, resultan los siguientes:
Antecedentes de hecho
Primero.- Por Resolución nº 2075, de fecha 18 de diciembre de 1997, del Instituto Canario de Formación de Empleo se concedió a Cadena Acosta, S.A., una subvención por importe de nueve mil trescientos sesenta y cuatro euros con veinticinco céntimos (9.364,25 euros) (1.558.080 pesetas), con cargo a la partida presupuestaria 103.322C.J.470.00 L.A./P.I. 23.4262.02, dentro del programa "Fomento a la creación de puestos de trabajo estables en las empresas radicadas en Canarias", de conformidad con lo establecido en el Decreto 69/1996, de 18 abril, por el que se regulan lo Programas para el fomento y el mantenimiento del empleo y de la economía social y demás normas reguladoras de las subvenciones públicas.
Segundo.- El objeto, contenido y finalidad de la subvención concedida era la conversión de dos puestos de trabajo temporales en indefinidos. La forma de acreditar su realización y el cumplimiento de las condiciones impuestas en la Resolución de concesión y en las normas reguladoras, quedó establecida en los artículos 14 y siguientes del Decreto 69/1996, de 18 abril, así como en la propia Resolución de concesión, el Decreto 6/1995, de 27 de enero, por el que se establece el Régimen General de Ayudas y Subvenciones de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, y demás normas de pertinente y general aplicación.
Tercero.- Mediante Acuerdos de inicio de procedimiento de reintegro nº 01-35/0139 y nº 01-35/0138, de 22 de enero de 2001, notificados al interesado el 12 de marzo de 2001, se inició procedimiento para el reintegro de la subvención, al haber incurrido el beneficiario en la causa determinante del reintegro que en el citado acuerdo se mencionaba, con la indicación de que en el plazo de diez días podía comparecer en el expediente, tomar audiencia y vista, proponer pruebas y alegar cuanto tuviera por conveniente en defensa de los derechos que pudieran corresponderle.
Cuarto.- Mediante escrito de 22 de marzo de 2001 y registro de entrada nº 57690, el beneficiario ha presentado alegaciones, manifestando su oposición al procedimiento de reintegro iniciado, y presentando documentación sobre la que pretende hacer basar su derecho.
Quinto.- Entendiéndose que, de la documentación que obra en el expediente de referencia, se desprende la justificación parcial del expediente, se procede a emitir informe en tal sentido a la Intervención Delegada del ICFEM, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 29.4 del Decreto 6/1995 citado, en relación con el artículo 14 del Decreto 28/1997, de 6 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de la Función Interventora, la cual, a través de informe de fecha 25 de febrero de 2002, con de registro de salida nº 272, procede a dar por justificada parcialmente la subvención que nos ocupa, en los siguientes extremos:
De acuerdo con la información remitida se observa que en lo referente al trabajador subvencionado D. José Luis Verona Suárez se cumple con lo previsto en la normativa aplicable y, por lo tanto, se da por justificada la totalidad de la subvención concedida por la contratación de dicho puesto. Pero, en cambio, por lo que respecta al otro puesto de trabajo objeto de la subvención, ocupado por D. Domingo Estupiñán Santana, se ha incumplido lo previsto en la mencionada normativa y, por lo tanto, este Centro fiscal informa negativamente lo relacionado con dicho puesto de trabajo, debiendo procederse al reintegro parcial de la subvención concedida, cuyo importe asciende a 779.040 pesetas por el mencionado trabajador, más los intereses de demora legales que correspondan.
Sexto.- Como consecuencia de dicho Informe, mediante Resolución del Director del ICFEM nº 02-35/0498, de fecha 5 de marzo de 2002, se procede a dar por justificada parcialmente la subvención de referencia.
A estos Antecedentes son de aplicación los siguientes
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- El órgano competente para acordar el reintegro parcial de la subvención concedida a Cadena Acosta, S.A., mediante Resolución de fecha 18 de diciembre de 1997, registrada al nº 2075, es el Director del ICFEM, a tenor de lo previsto en el artículo 33.2 del Decreto 6/1995, de 27 de enero, por el que se regula el régimen general de ayudas y subvenciones de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C. nº 19, de 13.2.95), en relación con la Disposición Transitoria 1ª del Decreto 337/1997, de 19 de diciembre, por el que se establece actualmente el régimen general de ayudas y subvenciones de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Segundo.- En los trámites seguidos para la iniciación, instrucción y resolución del procedimiento de reintegro han sido observadas las disposiciones contenidas en el Decreto 6/1995, de 27 de enero, citado, y las contenidas en la normativa reguladora de la respectiva Convocatoria, Decreto 69/1996, de 18 de abril.
Tercero.- Visto el expediente de referencia y observadas las disposiciones mencionadas, procede acordar el reintegro parcial de la subvención concedida, por cuanto de la documentación obrante en el expediente que nos ocupa se deriva el incumplimiento parcial de la normativa aplicable en materia de justificación de subvenciones (Decreto 69/1996, de 18 de abril), y ha quedado probado en los siguientes términos:
De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 13 y 15 del Decreto 69/1996, de 18 de abril, los beneficiarios de la subvenciones quedan obligados a tener cubierto el puesto de trabajo correspondiente a la subvención durante los tres años siguientes a la fecha de contratación como mínimo, de manera que si la relación laboral se extinguiera antes de los tres años, el beneficiario de la subvención estará obligado a cubrir el puesto de trabajo, en el plazo máximo de un mes contado desde que dicha extinción haya tenido lugar, con un nuevo trabajador contratado por tiempo indefinido. Teniendo en cuenta que el contrato temporal celebrado con el trabajador D. Domingo Estupiñán Santana, fue convertido en indefinido el día 2 de agosto de 1996, la empresa tenía la obligación de mantener cubierto dicho puesto de trabajo subvencionado como mínimo hasta el día 2 de agosto de 1999, Sin embargo, dicho trabajador causó baja en la empresa el día 10 de septiembre de 1998 y no fue sustituido por otro trabajador contratado por tiempo indefinido hasta el día 27 de mayo de 1999, fecha en que se convirtió en indefinido el contrato temporal celebrado con el trabajador D. Francisco González Rosa. Es decir, que la sustitución se produjo más de ocho meses después de la baja de D. Domingo Estupiñán.
Vistos los antecedentes mencionados, el Decreto 69/1996, de 18 abril, por el que se regulan los programas para el fomento y el mantenimiento del empleo y de la economía social, el Decreto 6/1995, de 27 de enero, por el que se establece el régimen general de ayudas y subvenciones de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, Ley 7/1984, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C. nº 131, de 14.12.84), el Real Decreto Legislativo 1.091/1988, de 23 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria (B.O.E. nº 234, de 29.9.88), y las demás disposiciones de general y pertinente aplicación, en ejercicio de las competencias que me atribuye el artículo 33.2 del Decreto 6/1995, citado,
PROPONE:
Primero.- Acordar el reintegro parcial de la subvención concedida a la entidad Cadena Acosta, S.A., mediante Resolución del Instituto Canario de Formación de Empleo, de fecha 18 de diciembre de 1997, registrada al nº 2075, al haber incurrido el beneficiario en las causas de incumplimiento de la normativa aplicable en materia de justificación de subvenciones, que han resultado probadas y descritas en los Fundamentos de Derecho de la presente resolución.
Segundo.- Comunicar al interesado que la cantidad a reintegrar asciende a cuatro mil seiscientos ochenta y dos euros con doce céntimos (779.040 pesetas) (4.682,12 euros), más novecientos seis euros con sesenta y seis céntimos (150.856 pesetas) (906,66 euros), en concepto de intereses legales de demora, en aplicación del artículo 33 del Decreto 6/1995, citado, en relación con el artículo 3, apartado 6º, punto d) de la Orden de 13 de septiembre de 1993 sobre tramitación de reintegros y pagos (B.O.C. nº 126, de 1.10.93), y devengados desde la fecha de pago de la subvención hasta la fecha de propuesta de la presente Resolución, calculados aplicando el tipo de interés a que se refiere el artículo 36 del Real Decreto Legislativo 1.091/1988, de 23 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria, y sin perjuicio de que se practique nueva liquidación de intereses por el tiempo transcurrido desde la fecha de propuesta de la presente Resolución, hasta la fecha de ingreso de la cantidad a reintegrar.
Tercero.- Fijar que la obligación de reintegro establecida en esta Resolución, no exime al interesado de las demás responsabilidades en que haya podido incurrir como consecuencia del incumplimiento denunciado y que se exigirán, en su caso, por los procedimientos que legalmente correspondan.
Cuarto.- Adjuntar a la presente documentos cobratorios (carta de pago y talón de cargo), para efectuar el ingreso de la deuda, conforme con los plazos descritos en el artículo 20 del Real Decreto 1.684/1990, de 20 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación, que establece:
- Recibida la notificación entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de notificación hasta el 5 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior.
- Recibida la notificación entre los días 16 y el último de cada mes, desde la fecha de notificación hasta el día 20 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior.
Dicho ingreso se realizará en las entidades financieras siguientes:
Para la provincia de Las Palmas:
Entidad: Caja Insular de Ahorros de Canarias CCC 2052 8130 24 3510002204.
Para la provincia de Santa Cruz de Tenerife:
Entidad: Caja General de Ahorros de Canarias CCC 2065 0118 81 1114001822.
Efectuado el ingreso se remitirá a la Tesorería del ICFEM el documento cobratorio (talón de cargo), con la certificación o diligencia del pago realizado en la entidad correspondiente.
El vencimiento de estos plazos, sin haberse satisfecho la deuda, determinará el inicio del período ejecutivo, exigiéndose la deuda con el recargo de apremio y de los intereses de demora hasta la fecha de ingreso.
Quinto.- Comunicar asimismo al interesado que, conforme al artículo 48 del Real Decreto 1.684/1990, de 20 de diciembre, citado, la deuda podrá aplazarse o fraccionarse, previa solicitud que habrá de presentarse en la Tesorería del Instituto Canario de Formación y Empleo, conforme a los modelos de solicitudes que se adjuntan a la presente Resolución.
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer el recurso de alzada al que aluden los artículos 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99), ante el Excmo. Sr. Consejero de Empleo y Asuntos Sociales, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su notificación, sin perjuicio, caso de ser desestimado, de establecer nueva cuantía en los intereses legales de demora que se establezcan en la Resolución subsiguiente y sin perjuicio de interponer cualquier otro recurso que se estime procedente, en aplicación de la normativa legal vigente.
Las Palmas de Gran Canaria, a 3 de septiembre de 2002.- El Director, Diego Miguel León Socorro.
© Gobierno de Canarias