Examinado el expediente tramitado por el Servicio de Infraestructura Turística de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística en relación con el desistimiento y archivo, así como la denegación de distintas solicitudes de subvención formuladas al amparo de la Orden Departamental de fecha 10 de abril de 2002, para la rehabilitación y acondicionamiento de inmuebles con destino a turismo rural en las islas de Tenerife, La Palma, El Hierro, Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote.
Vista la propuesta formulada por el Director General de Ordenación e Infraestructura Turística.
Teniendo en cuenta los siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.- Que el plazo de presentación de solicitudes se fijó en treinta días naturales contados a partir de la entrada en vigor de la Orden, hecho que tuvo lugar a través de la publicación en el Boletín Oficial de Canarias nº 54, de 29 de abril de 2002.
Segundo.- Que dentro del término conferido, tienen entrada, entre otras, las solicitudes de subvención formuladas por las sociedades mercantiles y empresarios individuales que se reseñan en los anexos I y II de la presente Orden.
Tercero.- Que examinadas las solicitudes relacionadas y visto que de las mismas se deduce la ausencia o insuficiencia de la documentación requerida, se procede en cumplimiento a lo dispuesto en la base séptima de la convocatoria, al requerimiento, mediante publicación en el Boletín Oficial de Canarias nº 95, de fecha 12 de julio de 2002, para que en el término de diez (10) días, a contar desde la publicación, se subsanen las faltas o acompañe los documentos preceptivos, ello de conformidad con lo dispuesto en el artº. 59.5.b) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y en relación con los artículos 71.1 y 76.2 de la misma Ley.
Cuarto.- Que ha transcurrido el término conferido, sin que por los interesados que figuran en el anexo I se haya procedido a subsanar los defectos apreciados, razón por la que hay que entender desistidas las solicitudes presentadas, procediendo a su declaración y consecuente archivo en atención a lo dispuesto en la base séptima de la Orden de la Consejería de Turismo y Transportes de fecha 10 de abril de 2002, por la que se dispone la aprobación, con vigencia indefinida de las bases para la concesión de subvenciones para la rehabilitación y acondicionamiento de inmuebles con destino a turismo rural y se convocan las del presente ejercicio 2002 (B.O.C. nº 54, de 29.4.02).
Igualmente se aprecia que las solicitudes presentadas por los interesados relacionados en el anexo II, incumplen las bases que rigen la convocatoria por concurrir alguno de los motivos que se expresan en el mismo, circunstancia que determina su denegación.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
1º)La Orden de la Consejería de Turismo y Transportes de fecha 10 de abril de 2002, por la que se dispone la aprobación, con vigencia indefinida de las bases para la concesión de subvenciones para la rehabilitación y acondicionamiento de inmuebles con destino a turismo rural (B.O.C. nº 54, de 29.4.02), en cuanto al plazo de presentación de solicitudes, lo dispuesto en la base 1ª en cuanto al objeto subvencionable, y en la base séptima, en cuanto a la presentación de documentación.
2º) La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
Por lo expuesto,
R E S U E L V O:
Primero.- Declarar el desistimiento y archivo de las solicitudes de subvención formuladas por las sociedades mercantiles y empresarios individuales que se reseñan en el anexo I de la presente Orden, presentadas al amparo de la Orden Departamental de fecha 10 de abril de 2002, para la rehabilitación y acondicionamiento de inmuebles con destino a turismo rural en las islas de Tenerife, La Palma, El Hierro, Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote.
Segundo.- Denegar las solicitudes de subvención formuladas por las sociedades mercantiles y empresarios individuales que se reseñan en el anexo II de la presente Orden, presentadas al amparo de la Orden Departamental de fecha 10 de abril de 2002.
Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer potestativamente recurso de reposición ante este mismo órgano, en el plazo de un mes, o directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, a interponer en el plazo de dos meses desde el día siguiente a su notificación, conforme se establece en el artº. 116 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, recientemente modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
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