Intentada, sin que se haya podido practicar, la notificación de la Resolución citada en el domicilio señalado a tales efectos por el interesado y mediante inserción en el tablón de edictos del Ayuntamiento de su último domicilio, se procede, conforme a lo establecido en el artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y mediante la publicación del presente anuncio, a la notificación a D. Domingo Ramón García López, de la resolución por la que se declara justificada la subvención concedida el día 15 de marzo de 2000 dictada por Resolución del Director del Instituto Canario de Formación y Empleo nº 01-38/3085, de fecha 8 de octubre de 2001, cuyo tenor literal es el siguiente:
"Visto el expediente de referencia, incoado a instancia de Domingo Ramón García López, en representación de la entidad Domingo Ramón García López, y con base en los siguientes
Antecedentes de hecho
Primero.- Mediante Resolución del Director del ICFEM nº 00-38/0748, dictada por delegación del Presidente del ICFEM, se concedió a Domingo Ramón García López una subvención por importe de seiscientas mil (600.000) pesetas (3.606,07 euros), de las previstas en la Resolución del Presidente del Instituto Canario de Formación y Empleo (ICFEM), de 14 de mayo de 1999 (B.O.C. nº 68, de 28.5.99), por la que se convoca la concesión de subvenciones para el fomento de la contratación para 1999.
Segundo.- La documentación aportada por la entidad beneficiaria a efectos de justificar la subvención concedida se estimó ajustada a las bases de la convocatoria y fue informada favorablemente por la Intervención Delegada en el ICFEM mediante escrito registrado de salida con nº 2474 (2 de octubre de 2001).
Fundamento jurídico
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 31.6 del Decreto Territorial 337/1997, de 19 de diciembre (B.O.C. nº 170, de 31.12.97), por el que se establece el régimen general de ayudas y subvenciones de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, según redacción dada por el Decreto Territorial 103/2000, de 12 de junio (B.O.C. nº 77, de 23.6.00), que modifica parcialmente al anterior, el órgano gestor deberá dictar resolución expresa declarando total o parcialmente justificada la subvención concedida una vez emitido el informe de fiscalización favorable por la Intervención correspondiente o, en su caso, se resuelva la discrepancia suscitada.
Vistos los preceptos legales citados y demás de general aplicación,
R e s u e l v o:
Declarar totalmente justificada la subvención concedida a Domingo Ramón García López, mediante Resolución del Director del ICFEM nº 00-38/0748, de fecha 15 de marzo de 2000, dictada por delegación del Presidente del ICFEM, por importe de seiscientas mil (600.000) pesetas (3.606,07 euros), de las previstas en la Resolución del Presidente del Instituto Canario de Formación y Empleo (ICFEM), de 14 de mayo de 1999 (B.O.C. nº 68, de 28.5.99), por la que se convoca la concesión de subvenciones para el fomento de la contratación para 1999, sin perjuicio de las actuaciones de comprobación previstas en el artículo 32 del Decreto Territorial 337/1997 ya citado y de las que puedan realizarse por la Audiencia de Cuentas de Canarias o el Tribunal de Cuentas.
Notifíquese al interesado la presente Resolución, con la indicación de que, contra ésta, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en el plazo de dos meses, o bien, con carácter potestativo, recurso de reposición ante el Presidente del Instituto Canario de Formación y Empleo (ICFEM) en el plazo de un mes, sin perjuicio de cualquier otro que pudiera formularse. El cómputo de los plazos indicados anteriormente, se iniciará a partir del día siguiente al de la notificación del presente acto."
Santa Cruz de Tenerife, a 17 de junio de 2002.- El Director, p.d., la Subdirectora de Empleo (Resolución nº 2.957, de 29.9.99), María Teresa Covisa Rubia.
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