Por Orden de 17 de marzo de 2002 (B.O.C. de 8 de julio) se modificó la Orden de 17 de febrero de 1998 por la que se estableció la regulación de los Programas de Garantía Social en la modalidad de Formación y Empleo (B.O.C. de 6 de abril), para posibilitar la homologación como programas de aquellas acciones de inserción laboral que, realizándose en colaboración con otras Administraciones Públicas distintas de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, incluyen una formación dual, básica y profesional, derivada de la necesidad de incluir en la formación, aquélla dirigida a facilitar a los alumnos los conocimientos y capacidades generales básicos que son necesarios para conseguir una inserción en la vida activa satisfactoria, cuando no hubieran alcanzado los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria.
Como se dice en el preámbulo de la Orden de 17 de marzo de 2002, cuando los elementos formativos de dichas acciones respondan a las exigencias contenidas en la Orden de 17 de febrero, parece conveniente la homologación de las mismas como Programas de Garantía Social, para de esta forma poder aplicar a las mismas las consecuencias positivas derivadas de la realización de dichos programas, que son, entre otras: posibilitar a los alumnos que las siguen, cuando son menores de 18 años, la reinserción educativa prevista a través de las pruebas de acceso a los Ciclos de Formación Profesional Específica de Grado Medio y; cuestión no menos importante, extender a esas acciones las particularidades del régimen laboral que para los contratos laborales de formación establece la legislación laboral cuando éstos son celebrados en el marco de los Programas de Garantía Social.
La equiparación de esas acciones como Programas, lo que supone poner a ambas actuaciones en una relación de igualdad en cuanto a sus efectos, requiere la comprobación, en todo caso, de que la estructura formativa diseñada responde a la necesidad de perseguir los objetivos propios de los Programas de Formación y Empleo, que son, como sabemos, facilitar la incorporación a la vida activa del alumno y su continuidad en otros estudios, fundamentalmente de Formación Profesional Específica de Grado Medio, mediante la superación de una prueba de acceso, lo que se consigue fundamentalmente facilitando una formación con componentes de Formación Básica, de Formación Profesional Específica y de Formación y Orientación Laboral.
Como quiera que en el desarrollo de estas acciones puede existir una mayor o menor tutela de la Administración Educativa, realizada a través de comisiones de seguimiento en las que la misma esté presente o de otra manera, la homologación de las mismas tendrá que partir del cumplimiento de requisitos diferentes según sea esa tutela. Así se ha considerado conveniente que la declaración de homologación tenga que demorarse a la finalización del proyecto formativo cuando no se haya realizado o no se tenga previsto realizar labor alguna de seguimiento que asegure que se ha ido ejecutando la programación en los términos inicialmente previstos.
Por otro lado, las condiciones en las que se ha producido el acceso de los alumnos a esos proyectos no pueden ser un obstáculo a su homologación como programas, cuando se trate de requisitos cuyo cumplimiento o incumplimiento para nada afectan a la capacidad del proyecto para conseguir los objetivos propuestos. En este sentido, exigir que medie informe favorable de la inspección de educación y autorización de los padres para poder considerar que se han dado las condiciones generales de acceso a los mismos, no parece ser necesario ni coherente con el contexto en que se desenvuelven estos proyectos.
Por lo que se refiere a las condiciones que ha de reunir el equipo educativo, se admite que el profesor de Formación Básica pueda serlo un titulado universitario distinto del maestro por cuanto que si bien la Orden de 17 de febrero de 1998 habla del maestro, lo hace para referirse a un cuerpo o categoría profesional y no a una determinada titulación.
En su virtud, en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto 305/1991, de 29 de noviembre, en relación a la Resolución de 26 de enero de 2000, de la Dirección General de Promoción Educativa, por la que se delega en la Dirección General de Centros materias de su competencia y de conformidad con la Disposición Final de la Orden de 17 de marzo de 2002,
R E S U E L V O:
Primero.- Aquellas entidades que estén desarrollando o vayan a desarrollar proyectos formativos de inserción laboral que incluyan una formación dual, básica y profesional, derivada de la necesidad de incluir en la formación, aquélla dirigida a facilitar a los alumnos, cuando no hubieran alcanzado los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria, los conocimientos y capacidades generales básicos que son necesarios para conseguir una inserción satisfactoria en la vida activa, podrán solicitar la homologación de dichas acciones como Programas de Garantía Social de Formación y Empleo, de conformidad con lo previsto en la Disposición Adicional Segunda de la Orden de 17 de febrero de 1998 por la que se estableció la regulación de los Programas de Garantía Social en la modalidad de Formación y Empleo, modificada por la Orden de 17 de marzo de 2002 y con lo establecido en esta Resolución.
Segundo.- Los proyectos deberán ser aprobados por una Administración Pública u Organismo de la Comunidad Autónoma de Canarias e ir dirigidos a facilitar la inserción laboral de jóvenes que no hayan titulado en la Educación Secundaria Obligatoria.
Tercero.- Los requisitos generales de acceso al proyecto deberán coincidir con los establecidos en el artículo 4 de la Orden de 17 de febrero de 1998 al que se remite el artículo 5 de dicha Orden. Para los alumnos menores de 18 años será necesaria la constancia de la desescolarización, lo que se acreditará mediante certificación del centro en el que radique el expediente académico del alumno expresiva de no estar matriculado en curso alguno.
Cuarto.- El proyecto deberá plantear una dualidad de objetivos: de inserción laboral y de reinserción educativa.
Quinto.- La estructura formativa será la prevista en la Orden de 17 de febrero de 1998.
Las horas que se dediquen a cada área permitirá la consecución de los objetivos propuestos. A estos efectos, se tomará como referente de valor orientativo la distribución prevista en la Resolución de 25 de julio de 2000, por la que se dictan instrucciones sobre la organización y funcionamiento de los Programas de Garantía Social, en las modalidades de Inserción Sociolaboral, Iniciación Profesional y Formación y Empleo (B.O.C. de 20 de agosto).
Sexto.- El equipo educativo estará compuesto, al menos, por un experto de la especialidad que impartirá el área de Formación Profesional Específica y un titulado universitario, preferentemente un maestro, que se encargará de impartir el área de Formación básica. Uno de los dos o un tercero en cuyo caso habrá de ser necesariamente titulado universitario, impartirá el área de Formación y Orientación Laboral.
Séptimo.- El proyecto deberá incluir un breve resumen estadístico, detallando las características y procedencia del alumnado y nivel académico, el horario asignado a cada una de las áreas y a las otras actividades que se desarrollen, así como los criterios pedagógicos establecidos para su elaboración, horario de dedicación del profesorado, la organización de los espacios y los recursos disponibles.
Las programaciones didácticas de cada área contendrán, al menos, objetivos o capacidades, contenidos, actividades de enseñanza-aprendizaje tipo y criterios de evaluación. Respecto a esta última se tendrá en cuenta lo siguiente:
1. La evaluación de los alumnos será personalizada, continua y formativa tomando como referencia los objetivos y criterios de evaluación establecidos por el equipo educativo en las programaciones didácticas, así como el grado de madurez alcanzado en relación con los mismos.
2. A lo largo del desarrollo del proyecto el proceso de evaluación se desarrollará en tres fases:
a) Evaluación inicial: tendrá por finalidad valorar previamente los conocimientos, las actitudes, motivación, destrezas y el grado de madurez de los alumnos.
b) Evaluación continua: en la que se realizará el seguimiento del proceso de aprendizaje de cada uno/a de los/as alumnos/as en cada uno de los componentes formativos.
c) Evaluación final: en la que se reflejará el resultado obtenido por cada uno/a de los/as alumnos/as al final del proceso de enseñanza aprendizaje, valorándose si el nivel de aprendizaje es o no suficiente.
Una vez finalizado el proyecto deberá existir una memoria que contendrá, al menos, aquellos aspectos a los que hace referencia el apartado décimo y anexo III de la Resolución de 25 de julio ya citada. A la memoria se le adjuntará fotocopia de los contratos de trabajo y/o convenios de colaboración formalizados en la segunda fase, e informe sobre su realización.
Octavo.- Los proyectos tendrán una duración de, al menos, un año dividida en dos fases:
- La primera de formación inicial en un perfil profesional, cuya duración será de, al menos, seis meses.
- La segunda de formación en alternancia con el trabajo en un puesto productivo de la rama profesional en la que los alumnos se estén formando. Su duración será de, al menos, seis meses.
La experiencia en el empleo deberá tener lugar de manera preferente a través de un contrato laboral. Cuando ésto no fuera posible y así quede acreditado, el proyecto podrá contemplar otras alternativas, como las prácticas en empresas, para llevar a cabo la experiencia laboral.
Noveno.- Con carácter previo a la solicitud de homologación, la entidad que desarrolle el proyecto deberá solicitar la adscripción administrativa del mismo a un Instituto de Enseñanza Secundaria dependiente de esta Consejería.
La solicitud de adscripción se dirigirá al Director del Instituto e indicará el tipo de proyecto que se quiere adscribir, y que la misma se solicita a efectos de homologación del proyecto como Programa de Garantía Social de Formación y Empleo.
Como consecuencia de la adscripción el centro resultará depositario del expediente académico del proyecto que incluirá:
- Fotocopia de la resolución administrativa de la Administración Pública o del Organismo que autorizó el proyecto.
- Certificación de la entidad que desarrolle el proyecto donde conste el nombre y apellidos, Documento Nacional de Identidad o su equivalente, domicilio y edad al tiempo de incorporarse al proyecto, de los alumnos matriculados. La preinscripción y matrícula se efectuará en la entidad que desarrolle el proyecto.
- Fotocopia del proyecto, programación general, si la hubiera, programaciones didácticas, actas de evaluación y memoria final con sus anexos.
- Resolución de homologación dictada por la Dirección General de Centros.
No se tendrá por producida la adscripción administrativa hasta tanto no obre en poder del centro toda la documentación anterior, excepto las actas de evaluación, la memoria final con sus anexos y la Resolución de homologación. Esta última documentación será necesaria para expedir las certificaciones a las que se hace referencia en esta Resolución.
Una vez obre en poder del centro toda la documentación necesaria según lo indicado en el párrafo anterior, el director acordará la adscripción administrativa y el secretario podrá certificar la misma.
Décimo.- La solicitud de homologación se dirigirá a la Dirección General de Centros. A dicha solicitud se le acompañará en cualquier caso:
- Certificación del Instituto acreditativa del acuerdo favorable sobre la adscripción administrativa.
- Fotocopia de la resolución administrativa de la Administración Pública o del Organismo que autorizó el proyecto.
- Certificación de la entidad que desarrolle el proyecto donde conste el nombre y apellidos, Documento Nacional de Identidad o su equivalente, domicilio y edad al tiempo de incorporarse al proyecto, de los alumnos matriculados.
- Fotocopia del proyecto, programación general, si la hubiera y programaciones didácticas.
- Cuando el proyecto se haya desarrollado sin un seguimiento de esta Consejería o la homologación se solicite una vez finalizado el proyecto, a la documentación anterior se le añadirá las actas de evaluación y la memoria final con sus anexos.
Undécimo.- La Dirección General de Centros dictará Resolución sobre la homologación solicitada en el plazo de 2 meses. Si transcurrido dicho plazo, contado a partir del día en que se presentó la solicitud, no hubiera recaído resolución expresa, se entenderá desestimada la misma sin perjuicio de la obligación de resolver de manera expresa.
Dicha Resolución será comunicada a la entidad solicitante y al centro de adscripción al objeto de que se puedan expedir los certificados a los que se hace referencia en el apartado siguiente.
Duodécimo.- A los alumnos que lo soliciten, el centro de adscripción, les expedirá un certificado acreditativo del nombre del proyecto cursado, de la circunstancia de estar homologado como Programa de Garantía Social de Formación y Empleo y de la Resolución de homologación. Dicho certificado contendrá las menciones a las que hace referencia el artículo 12 de la Orden de 17 de febrero de 1998.
La certificación de estar cursando un proyecto homologado o de haber cursado un proyecto homologado, tendrá el alcance previsto para las certificaciones relativas a los Programas de Garantía Social de Formación y Empleo.
Santa Cruz de Tenerife, a 30 de julio de 2002.- El Director General de Centros, Juan Magdalena Darias.
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